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Venezolanos Cruzan a Colombia en Busca de Comida

Miles de venezolanos han cruzado a Colombia para comprar bienes básicos tras la abertura de la frontera. El Presidente Venezolano Nicolás Maduro autorizó una apertura de 12 horas del puente que conecta Tachira, Venezuela, y Cucuta, Colombia. Según el director del cuerpo fronterizo de Colombia, se estima que alrededor de 35.000 venezolanos han llegado a Cucuta. La frontera se cerró en Agosto de 2015 como una medida de reducción del crimen. El Presidente Nicolás Maduro ordeno su clausura porque la región había sido infiltrada por bandas y paramilitares colombianos.

Los venezolanos que quieren cruzar a Colombia en estados en los que la frontera ha sido cerrada necesitan un permiso especial. Pero a medida que la escasez de comida aumenta en Venezuela, muchos han cruzado la frontera de forma ilegal. El 6 de Julio, alrededor de 500 venezolanas en busca de comida i medicina asalto los controles fronterizos que separan el estado de Tachira del de Cucuta. Después de comprar comida y otros bienes primarios no disponibles en Venezuela, el grupo de mujeres cruzó nuevamente la frontera. Alimentos como el arroz, el azúcar, la harina, o el aceite son difíciles de encontrar en una Venezuela golpeada por una profunda crisis económica.

Los ministros de defensa de Colombia y Venezuela se encontraron a principios de este mes para discutir la reapertura de la frontera que separa los dos países. El Presidente Colombiano Juan Manuel Santos y su ministro de defensa Maria Angela Holguin también visitaron Cucuta la semana pasada con el objetivo de reabrir la frontera.

Manifestantes pidiendo comida se han enfrentado a la policía en distintas ciudades Venezolanas en las recientes semanas. El pasado mes, las fuerzas de seguridad venezolanas lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes que cantaban “queremos comida” cerca del palacio presidencial en Caracas. La Guardia Nacional y la policía bloqueo una calle cerca de palacio de Miraflores después de que los manifestantes intentaran acercarse al edificio.

El Presidente Venezolano Nicolás Maduro y su gabinete acusan a la oposición de la grave recesión que sufre el país. Por su lado, la oposición venezolana afirma que la causa real de la crisis es el sistema estatal defendido por el líder de izquierdas Hugo Chávez. Después de ganar el control del Parlamento en Enero, la oposición concentró sus esfuerzos en revocar al Presidente Maduro.

70% de la minería en Colombia es ilegal: Estudio

Una investigación que se extendió por varios años ha revelado que más del 70% de la minería en Colombia es ilegal, una estadística que recuerda la importancia de atacar esta industria criminal como parte del proceso de construcción de paz en el país.

Las cifras, consultadas por El Tiempo, provienen de una publicación de cinco volúmenes hecha por laUniversidad Externado de Colombia, realizada por 93 investigadores durante dos años y medio. De acuerdo con El Tiempo, es considerada una de las investigaciones más profundas de este tipo enColombia.

(Escrito por Mimi Yagoub Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)

Según El Tiempo, el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, dijo que los principales problemas de la minería ilegal son de tipo financiero, ya que los minerales extraídos ilegalmente no son gravados, y medioambientales, dado que cada año se desechan 180 toneladas métricas de mercurio.

Henao también dijo que esta industria criminal, que involucra a múltiples actores armados ilegales, será un reto importante para el “posconflicto” en Colombia. El gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) llegaron a un acuerdo a finales de junio con respecto al cese bilateral al fuego, con lo cual las dos partes están cada vez más cerca de un acuerdo final de paz

Investigadores académicos le dijeron a El Tiempo que atacar la industria de la minería ilegal requerirá un cambio a largo plazo en la mentalidad de las comunidades mineras, así como la educación de las autoridades locales acerca de las respuestas policiales más adecuadas.

Las cifras de la universidad son una nueva señal de que la minería ilegal será uno de los retos de seguridad más grandes de Colombia si el gobierno y las FARC logran firmar un acuerdo final de paz. Las FARC tienen fuertes conexiones con la industria de la minería ilegal, ya que es una de las principales fuentes financieras ilícitas del grupo guerrillero.

El sector de minería ilegal se ha vuelto además uno de los más grandes generadores de ingresos para otros grupos armados ilegales. Es una industria que puede producir US$2.4 mil millones al año, según cálculos del gobierno, y el año pasado Juan Manuel Santos sugirió que la minería criminal es más lucrativa que el tráfico de drogas.

Dados estos altos márgenes de beneficio, no es sorprendente que los grupos colombianos ya se estén disputando el control de las áreas de minería que las FARC presuntamente abandonarán una vez se llegue a un acuerdo de paz, especialmente en los departamentos de Antioquia y Chocó.

Uno de estos grupos son Los Urabeños, la organización criminal más poderosa del país.Los Urabeños han sido recientemente vinculados a los homicidios de por lo menos 17 líderes comunitarios en el municipio de El Bagre, Antioquia, en los últimos seis meses. El Bagre es, a su vez, un centro de minería ilegal y de cultivos de coca, y ya se ha vistoafectado por disputas territoriales entre Los Urabeños y las FARC.

(Escrito por Mimi Yagoub Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)

La agenda del nuevo presidente de Perú enfrenta retos instituciones y sugiere utilizar estándares de operación más exigentes

A finales del mes de julio, el recién electo presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski será proclamado en su cargo en la ciudad de Lima. Las recientes elecciones presidenciales en Perú habían estado marcadas por la presencia de Keiko Fujimori como la candidata que tuvo la mayor cantidad de votos en la priemra vuelta. Fujimori, es la hija del expresidente Alberto Fujimori quien después de dejar su cargo en los años 90, fue acusado y puesto en prisión por diferentes cargos de corrupción y violación de derechos humanos durante su presidencia.

La elección de Kuczynski no fue una sorpresa en ese escenario, cuando fuerzas de todo el espectro político se unieron, no entorno al programa de Kuczynski, sino en un esfuerzo por evitar que Fujimori llegara a la presidencia. Kuczynski ganó la presidencia por un pequeño margen de aproximadamente 43000 votos. Lo que es necesario destacar es que después de las elecciones del 5 de junio lo que parecía una alianza en las urnas, se ha deshecho y va a significarle importantes retos para el nuevo presidente en su objetivo de avanzar su agenda.

Los planes de gobierno de Kuczynski se verán retos en el congreso, cuando la mayoría del congreso compuesto por 130 parlamentarios está en manos del partido Fuerza Popular que encarna las ideas de Keiko Fujimori. Sin embargo, este no es el único reto a la vista. Verónika Mendoza, líder del partido Frente Amplio quien apoyó a Kuczynski al final de la segunda vuelta de las elecciones, ha dicho que su partido se mantendrá en la oposición y no será parte del gobierno del nuevo presidente. Durante el mes de junio, después de las elecciones, se ha especulado sobre el papel de Fujimori en la oposición y varios congresistas de Fuerza Popular han ofrecido opiniones encontradas sobre el futuro de la mesa directiva del congreso, en las que el partido ha declarado que presidirá el parlamento, pero no es claro si van a invitar al partido del presidente a la mesa.

Los retos para Kuczynski son más marcados en los primeros días de gobierno, en los que el presidente ya ha mencionado que priorizará dos temas: economía y seguridad ciudadana. Según el plan de gobierno propuesto en campaña, el énfasis en economía procurará darle un espaldarazo al crecimiento del país, y en seguridad a fortalecer a la policía y el ejército en sus labores. Como se pudo observar durante la campaña electoral, el narcotráfico no tendrá un papel protagónico. Sin embargo, si lo tendrán las medidas que refuerzan la confianza en la policía, las mejoras en el funcionamiento del sistema carcelario en el país y el desarrollo de habilidades de inteligencia en las ciudades y los centros de comercio más importantes del país (incluyendo los puertos, por donde, por ejemplo, pasan las rutas de tráfico de drogas). La declaración del nuevo presidente criticó las medidas que había propuesto Fujimori y su partido en campaña, como la construcción de cárceles a más de 4000 metros de altura y alegó que ese tipo de medidas eran insuficientes.

En la declaración con la que apunto a que priorizaría estos temas, Kuczynski también destacó que utilizará la estrategia que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez utilizó durante su gobierno en lo que tiene que ver con las reuniones con los pobladores y las autoridades en las distintas regiones del país.

Los puntos que ha planteado el nuevo presidente del Perú implican que el congreso, después de que el presidente empiece a ejercer sus labores luego del 28 de julio, tenga que entregarle algunas potestades especiales, que aún no ha especificado. Con un congreso con mayoría fujimorista y tensas relaciones con otras fuerzas políticas importantes, no será fácil avanzar su agenda. De acuerdo a su plan de gobierno y al panorama institucional, varios elementos serán relevantes en las acciones del gobierno peruano en los meses que vienen.

• Como específico el PPK, partido de Kuczynski, en su plan de gobierno, las prioridades estarán en disminuir los incidentes de delincuencia y el crimen violento en el país por medio de actividades de policía comunitaria y la organización de programas de vecinos vigilantes. Se aumentaría el número de policías y se reforzarían las actividades de escuchas legales. Además, el programa del nuevo presidente incluirá reformas en el Dirección Nacional de Inteligencia que se dedicará al acopio de información estratégica y operará un Sistema Nacional de Inteligencia (que debe ser creado) y se encargaría de articular inteligencia militar y policial. Esta actividad implicará que se hagan transferencias de equipos de interceptación de comunicaciones a la policía nacional para combatir el crimen organizado. Del mismo modo, se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera extienda sus capacidades y abra investigaciones en contra de personas y empresas involucradas en actividades de delincuencia y corrupción.
• La disputa institucional que tiene lugar en este momento en Perú entre el partido de gobierno, el fujimorismo, la izquierda y las otras corrientes políticas que llegaron al congreso, ha dado lugar a una novedad. ¿Quién ocupará y liderará la comisión de fiscalización del congreso? Esta comisión es un comité del parlamento que se encarga de hacer investigaciones a los parlamentarios y al gobierno, recientemente ha adquirido notoriedad su trabajo investigativo sobre el papel del narcotráfico en la política peruana. Varios de los congresistas elegidos por el partido Fuerza Popular han insistido en que esa comisión debería ser liderada por ellos, ya que como mayoría en el congreso constituyen la oposición al futuro gobierno de Kuczynski. Puede resultar extraño que Fuerza popular se proponga para esta posición cuando el partido es todavía investigado por posible lavado de activos y el origen de ciertos fondos que financiaron la campaña de Keiko Fujimori a la presidencia de 2011.

OJO

El balance que dejó las elecciones presidenciales en Perú significa que, en el mediano y largo plazo, el presidente electo tendrá que trabajar en la creación de consensos en el congreso peruano para avanzar su agenda. Aunque en el fondo los programas de los partidos políticos más grandes del país no difieren de manera significativa (entre Fuerza Popular y el PPK), las disputas dentro del parlamento dominado por Fuerza Popular permitirán, o no, que Kuczynski consolide su proyecto político. En lo que se ha podido saber hasta el momento del gobierno del nuevo presidente, se han dado señales de que habrá una fuerte presencia de tecnócratas y expertos, como lo refleja el hecho de que la comisión electa por Kuczynski para la transición presidencial esté en manos de técnicos externos a la campaña.

Todavía no es claro si el congreso peruano aprobará las facultades que va a pedir el presidente para hacer reformas en el sector seguridad y económica en el corto plazo. Se espera que, en los primeros meses, se observen resultados en la reducción de los crímenes violentos y una transformación en la legislación económica en el país. Como especificó PPK en su programa, su intención es la de aumentar la competitividad de la economía, promover la competencia y a la diversificación con medidas que incluye la eliminación de cierta regulación y la formalización del mercado laboral.

En estos dos primeros puntos, las empresas con inversiones en territorio peruano o con la intención de hacerlas tienen que prestar atención a estos cambios. Las compañías que trabajan en el sector minero serán, aparentemente, impulsadas en los primeros días de gobierno. Sin embargo, no parece que se promoverá una mejora en los estándares de operación o la regulación en este sector. Por tanto, las empresas deberán utilizar los más altos estándares laborales (en términos de contratación y bienestar de los trabajadores) y de operación (en términos de los impactos en las comunidades aledañas y las relaciones con las instituciones del Estado) más allá de los mínimos exigidos por la ley y las regulaciones del gobierno peruano.

Mantener la licencia social en el corto y mediano plazo implica ir más allá del cumplimiento de estándares mínimos, implica tener relaciones cercanas con las comunidades donde operan y entender esos contextos. Finalmente, las investigaciones en narco política y el protagonismo de Fuerza Popular pueden hacer que la atención pública se volqué a la comisión de fiscalización. Es sí mismos, los potenciales nexos entre narcotráfico y política en Perú sugieren que las empresas deben prestar especial atención a las actividades de sus contratistas e inversionistas y sus relaciones con entidades del Estado Peruano para evitar que desprevenidamente se vean involucrados en escándalos de corrupción, lavado de activos o, incluso, narcopolítica. De nuevo, es importante que los estándares de operación sean los más altos, teniendo en cuenta las regulaciones y prácticas que se aceptan como adecuadas en el nivel internacional y desarrollándolas con el fin de mejorar y hacer transparentes y claras las relaciones con las comunidades e instituciones del nivel local y nacional.

Manifestación en contra de la minería en el departamento del Tolima muestra que es necesario transformar las aproximaciones de las empresas del sector extractivo con las comunidades locales

¿Por qué marchar en contra de la minería? Para diferentes comunidades y organizaciones en Ibagué, una ciudad intermedia y capital regional del departamento del Tolima en Colombia, las razones sobran. Desde el año 2011, en Ibagué tiene lugar la marcha carnaval por Marcha Carnaval por el agua, la vida y la soberanía. Desde su primera versión, una de las voces protagonistas del evento reclama las irregularidades y los impactos negativos de la operación de la minería en su región. La marcha no sólo se ha hecho en Ibagúe, sino que también ha tenido lugar en otras ciudades del país como Armenia y Medellín.

Los puntos de la marcha son concretos: los proyectos de gran minería no son bienvenidos en el departamento del Tolima. Un proyecto en especial centró la atención en la manifestación: La Colosa, una mina de oro a cielo abierto que será operada por la firma AngloGold Ashanti en el municipio de Cajamarca, Tolima. El debate a nivel regional sobre estos proyectos ha estado a la orden del día en diferentes espacios en Colombia.

Este año, la corte constitucional, uno de los tribunales judiciales más importantes de Colombia, le dio camino libre a que los municipios y las autoridades locales puedan ahora rechazar o impedir que un proyecto minero se realice en sus jurisdicciones. La noticia generó revuelo en el departamento del Tolima y mientras que la corte constitucional modificaba el código de minas, en el departamento se habló de hacer una consulta popular para prohibir de manera permanente en todo el departamento los grandes proyectos de minería. Y aunque aún no se ha realizado la consulta, la marcha carnaval de junio de 2016 estaba pensada para darle un espaldarazo.

El escenario ha puesto de relieve que la implementación de proyectos de minería o de carácter extractivo en general tiene mucho que ver con las dinámicas locales y comunitarias de los lugares donde se implementan. El sector de minería ha crecido de manera consistente en el departamento en los últimos 15 años y no ha dejado de generar polémica. En el año 2014, Anglogold Ashanti tuvo que enfrentarse ya al descontento de la población local en el municipio de Piedras en el mismo departamento donde, incluso antes de que se iniciaran las operaciones de extracción, los habitantes locales votaron en una consulta popular para que la operación minera en el municipio de detuviera del todo la operación de la empresa.

Anglogold Ashanti aún no ha empezado a extraer oro en ningún lugar del país, pero los escándalos en los lugares donde ha realizado estudios para estimar la cantidad y el tipo de minerales que se extraerían son varios. Al día de hoy, sólo una de sus exploraciones, que se realizó en el departamento de Antioquia ha exitosamente sido aprobada por la Agencia Nacional de Licencia Ambientales y empezará a ser explotada en la próxima década. Sin embargo, los habitantes del Tolima consideran que la reputación de la empresa justifica que prohíba su actividad de exploración en La Colosa, siguiendo el ejemplo de Piedras.

Este caso pone en evidencia varias situaciones:

• En Piedras, la firma Anglogold Ashanti demandó la pregunta que se hizo en la consulta popular que se organizó el año 2013 para prohibir todo proyecto de minería en el municipio. Anglogold perdió la demanda, aunque el proceso inició un debate en el país sobre estos proyectos. Los argumentos que ofreció AngloGold Ashanti insistían en que la consulta había violado el debido proceso y, junto a autoridades nacionales como la Agencia Nacional Minera y el Ministerio del interior, que las licencias ambientales y las decisiones de explotación de minería le correspondían al gobierno nacional y no al gobierno regional. La exploración y explotación minera no es solo una cuestión de cumplir condiciones legales, hacer estudios de prefactibilidad técnica o la inversión en los municipios y comunidades cercanos para que tengan mejor acceso a servicios públicos. La minería requiere una licencia social en el nivel local.

• Cuando en el año 2013 se votó la consulta popular de Piedras, AngloGold Ashanti puso como ejemplo de su trabajo las tareas de reforestación y de protección de nacimientos de agua en Cajamarca, el lugar donde se establecería el proyecto de La Colosa. Según la empresa, en Cajamarca se habían ejecutado iniciativas de arreglo de vidas, desarrollo agropecuario, mejoras en las escuelas, apoyo al desarrollo de eventos culturales e incluso al equipo de futbol del departamento. Sin embargo, ese tipo de iniciativas no han sido suficientes para cambiar la opinión de los habitantes del municipio que se preocupan por las implicaciones ambientales y económicas que tienen los trabajos de explotación en las minas. Por una parte, existe una extendida preocupación por los riesgos de contaminación y, por otra, por el consumo masivo de agua que implica y que puede afectar la producción de productos de agricultura como el arroz.

• Lo que pasó en Piedras y hoy pasa en Cajamarca no tiene que ver con los impactos reales que ya haya tenido la actividad minera, sino con la reputación de la compañía y los potenciales impactos negativos que otros estudios ambientales han señalado. El área que le fue asignada originalmente a la empresa en Cajamarca incluye zonas de páramos que son ecosistemas especialmente protegidos por la legislación colombiana por su importancia para los suministros de agua en el país. La empresa ha dicho que renuncia a las licencias en los páramos, pero todavía los estudios no han dado la última palabra en los impactos indirectos que la explotación minera tendría en los páramos. De igual modo, el proyecto afectaría al río Magdalena que una de las fuentes hídricas más importantes del país.
• AngloGold Ashanti ha estado recientemente involucrada en varios escándalos judiciales por las relaciones de sus empresas afiliadas con bandas criminales formadas por antiguos paramilitares quienes han amenazado a líderes locales que se oponen a la minería ilegal en Antioquia. Por otro lado, la empresa ha tenido que enfrentar una demanda en el departamento del Cauca por la muerte de 13 mineros que ilegalmente hacían explotación en un área que se le había asignado a la compañía. La entidad de control ambiental en el Cauca condenó a AngloGold a pagar 60.000 millones de pesos (20 millones de dólares americanos) por daños ambientales que la empresa alega no tienen nada que ver con sus operaciones. Los líos jurídicos en los que está envuelta la empresa refuerzan la gran oposición que existe en Tolima.

OJO

La Colosa hoy en día es considerado uno de los 10 proyectos más grandes de minería en el mundo. Según el ministerio de minas en Colombia este proyecto aumentaría en más de seis veces la participación de la minería legal (es decir con licencias ambientales) en la producción de oro, que se hace en su mayoría sin licencias. En Colombia las políticas, leyes e instituciones que regulan la actividad minera aún están en proceso de construcción, lo que en el caso de La Colosa se ha unido a la mala reputación que tiene Anglogold Ashanti en el mundo y las preocupaciones que tienen los habitantes locales frente a los impactos de la operación de un proyecto de minería de gran escala para las otras actividades económicas de la comunidad y el vital acceso a agua.

La licencia social no se obtiene con simples acercamientos o aportes en infraestructura o donaciones, sino en la planeación y realización de proyectos que beneficien a las comunidades locales, no sólo aumentando los ingresos totales del municipio o de la región o generando más empleo, sino teniendo en cuenta otras inquietudes que parecen más importantes para las comunidades. Esto incluye, el acceso a comida con precios justos o a recursos hídricos no sólo para su supervivencia, sino también para los cultivos que hay en la región. La debida diligencia no sólo consiste en evaluar los impactos ambientales de un proyecto o cumplir con las normas, sino la construcción de proyectos productivos que desde su planeación hasta su ejecución beneficien directamente a la comunidad desde sus inquietudes, más cuando en Colombia se abre la posibilidad para que los gobiernos y comunidades locales impacten directamente e incluso detengan la ejecución y planeación de cualquiera actividad extractiva. En contextos complejos como en los que operan las industrias extractivas y la minería en Colombia, las empresas están llamadas a entender como funcionan las relaciones políticas en el nivel local y estar dispuestas a negociar y ceder.

Cientos de Personas Arrestadas en el Norte de Venezuela por Saqueos

La policía Venezolana ha arrestado más de 400 personas en la ciudad de Cumana después de los disturbios y los saqueos de numerosos comercios. Más de 100 comercios fueron saqueados y almenos una persona murió durante los disturbios. Otra muerte ha sido también reportada en el estado de Mérida fruto de la agitación social que experimenta el país. Autoridades locales han dicho que los incidentes fueron inspirados por una facción de extrema derecha dentro de la oposición Venezolana.

La escasez de comida y medicamentos registrados en el país ha conducido a un aumento de protestas callejeras y los saqueos. Según el Observatorio de Violencia Venezolano, un grupo local de monitoreo, más de 10 saqueos ocurren diariamente en la nación de 30 millones de personas, la cual sufre de una profunda recesión y la peor tasa de inflación del mundo. Roberto Briceno León, director del Observatorio de Violencia Venezolano, ha explicado que los saqueos continuaran debido al hambre. Briceno León ha dicho que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente y politizada, así que la gente ha recurrido al robo.

A principios de este mes, las fuerzas de seguridad venezolanas dispararon gas lacrimógeno a manifestantes cantando “Queremos comida” cerca del palacio presidencial de Caracas. Cientos de venezolanos que se dirigían al palacio Miraflores fueron bloqueados por la Guardia Nacional, la cual corto la carretera. El Presidente Nicolás Maduro tenía programado un meeting cerca del palacio.

Venezuela también se enfrenta a una severa crisis energética. En Abril, el Presidente Nicolás Maduro decidió reducir la semana laboral a dos días con el objetivo de ahorrar energía y electricidad. La presa El Guri, la fuente más importante de electricidad del país, ha registrado bajos niveles de agua.

La oposición Venezolana dice que el Presidente Nicolás Maduro y su predecesor Hugo Chávez son los culpables de las desastrosas políticas económicas. La oposición ha convocado un referendo revocatorio del Presidente Maduro. El pasado martes, la policía venezolana disparo balas de goma y gas lacrimógeno a los estudiantes de la Universidad de Venezuela en Caracas, los cuales pedían un referendo sobre el revocamiento de Maduro.

Pero el gobierno dice que la escasez de comida, medicinas y electricidad son parte de una guerra económica destinada a revocar al Presidente Nicolás Maduro. Funcionarios del gobierno han dicho que no hay suficiente tiempo para organizar un referendo. Con el objetivo de evitar la amenaza de agitación social asociada con largas colas para obtener comida, el gobierno ha asignado a las juntas de vecinos relacionadas con el partido socialista el cometido de distribuir comida en los distintos vecindarios. La medida ha enfurecido a la oposición, la cual ha calificado la acción de intento forzado de incrementar la lealtad de los venezolanos.