El blog de MS Risk

Elecciones presidenciales en Perú dejan preguntas sobre el futuro de la guerra contra las drogas

El domingo 5 junio peruanos vuelvan a las urnas para eligir su presidente. Las actuales elecciones presidenciales en Perú han causado mucha controversia, no solo en el país sudamericano, sino también en varios rincones del globo. El hecho de que la hija de un ex presidente que hoy se encuentra encarcelado por delitos de lesa humanidad y corrupción sea una de las candidatas que pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial ha dado mucho de que hablar.

El Contexto

Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, es hoy una de las candidatas con mayores probabilidades de ocupar la presidencia de Perú y desde su campaña ha tenido que enfrentar la desaprobación de varios peruanos que no están de acuerdo con su postulación. Tal como se hizo evidente en la marcha que se organizó en contra de su candidatura el pasado 5 de abril, sus intenciones políticas no son bien respaldadas por grupos de víctimas de los crímenes llevados a cabo por el Estado peruano en el marco de su guerra contra grupos guerrilleros en los años 90, y, en su mayoría, jóvenes que no consideran ético que ella se postule dados sus antecedentes familiares.

Narcotrafico – la ausencia  del tema en la campaña electoral

Aunque el debate que se está dando en Perú parece tener más que ver con la legitimidad de la postulación de una de las candidatas, hay varios temas de fondo que también han despertado muchas dudas, y no sólo desde la candidatura de la hija de Fujimori. La ausencia del narcotráfico como tema de las elecciones ha sido de lo más destacado. Por más de un lustro, y hasta el año pasado, Perú fue considerado el país número uno en cultivo de coca. Según el reporte publicado en 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, Perú es un ejemplo exitoso de la implementación de una política anti drogas que se destaca por ofrecer alternativas productivas para que las personas que se dedican a su cultivo puedan encontrar otras opciones económicas, expandir los planes de prevención y tratamiento en el abuso de drogas y controlar el comercio de precursores y aumentar el número de incautaciones de materiales.

Sin embargo, las reducciones en los cultivos en Perú no indican que hayan desaparecido los cultivadores de coca en el país. Aún quedan más de 42000 hectáreas cultivadas y Perú, aunque no ocupe el primer lugar en área cultivada, sigue siendo uno de los países con mayores cultivos (ahora ocupa el segundo puesto, sólo superado por Colombia) y, como fue mencionado en el reporte que lanzó el departamento de Estado de Estados Unidos en el 2015, Perú sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Y el tema no ha dejado de tener impacto en las elecciones.

Así, por ejemplo, el actual director de Transparencia Internacional, José Ugaz, ha declarado que los traficantes y productores de drogas en Perú hoy por hoy y cuentan con una amplia influencia en partidos políticos, en el congreso, en el sistema de justica y la policía. Entre los escándalos más sonados en el momento, y como ha sido mencionado por Avelino Guillén, que es miembro del equipo anticorrupción del partido que se opone a Fujimori en la segunda vuelta, existe una investigación de la DEA en contra del ex secretario del partido de la hija de expresidente por el dudoso origen de ciertos fondos en la campaña de Keiko. Eso, por un lado.

Por otra parte, la campaña electoral no ha hecho énfasis en el tema. Ninguno de los candidatos ha mencionado dentro de sus propuestas el tema, y eso que la mayoría de ellos ya ha trabajado con el gobierno peruano o ha tenido alguna relación cercana con él.  El tema de la coca ha sido uno de los que más ha demando la atención de los últimos gobiernos, incluidos, el del actual presidente Ollanta Humala, el de Alán García y Alejandro Toledo. Vale recordar que tanto García como Toledo fueron candidatos a la presidencia durante la primera vuelta y que el competidor de Fujimori para la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski, fue primer ministro durante el gobierno de Toledo. Así que el tema no era extraño para muchos de los candidatos desde la primera vuelta.

Una de las únicas oportunidades en las que los candidatos expresaron sus propuestas en el tema del narcotráfico y cultivo de coca, fue cuando en la primera vuelta el diario peruano El Comercio trato de conocer sus planes en el tema. Para la convocatoria, el equipo de Fujimori no envió ningún comunicado, mientras que Kuczynski y su partido, el PPK, sí. Dentro de sus propuestas incluyó la inversión en infraestructura en las zonas involucradas en el cultivo y la continuación de medidas como la implementación de cultivos alternativos y el establecimiento de límites para la adquisición de insumos fundamentales para la producción de cocaína. Sorpresivamente, el candidato del PPK también sugirió que desmantelaría el Devida, la institución encargada de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, porque no había exhibido los resultados esperados y debía ser reformada.

Según las acusaciones que existen sobre la infiltración de los narcotraficantes en los escenarios políticos de Perú y la falta de una propuesta consistente que aborde la producción y tráfico de coca y cocaína, parece que en el corto plazo la política antidrogas está fuera del radar político.  Tres dinámicas están pasando por debajo de cuerda.

1. Como lo menciona Ricardo Soberón, ex director de Devida y defensor de la despenalización, y Jaime Antezana, un analista que ha insistido en la infiltración del narcotráfico en diferentes niveles políticos en Perú, durante las pasadas elecciones en más de 15 estados se podían rastrear dineros del narcotráfico financiando la candidatura de distintos políticos regionales, varios de ellos militantes del partido de Fujimori.
2. En Perú ha existido una aplicación diferencial en las políticas antinarcóticos que no se han concentrado en las zonas de mayor influencia del narcotráfico. Es decir, todavía han quedado fuera de la agenda las intervenciones que se harían en el sur de las amazonas peruano donde se concentra la mayoría de los cultivos y donde sólo han llego los planes de erradicación voluntaria de planta de coca. ¿Qué pasará con estas zonas?
3. Analistas como Antezana han insistido en que la falta de atención a este problema se junta a las supuestas nuevas dinámicas que exhibe el mercado de drogas peruano, ahora más dispuesto a organizarse en forma de carteles que controlan toda la cadena de producción y tráfico internacional.

OJO

El 31 de mayo se llevó a cabo una nueva manifestación en contra de Fujimori en la que distintos sectores del espectro político en Perú se unieron para declarar que aún había tiempo para ganarle las alecciones a la candidata votando por Kuczynski. Incluso Verónica Mendoza, quien fue la candidata de izquierda en la primera vuelta de las elecciones, ha llamado a votar por Kuczynski, un candidato con quien tiene poca afinidad ideológica. Unidos en contra de un mal peor, o el llamado a “cerrarle el paso a Fujimori” parece ser la única opción política que se le opone a Keiko.

Sin duda, esta elección cambiará el panorama político del país, ya sea con Fujimori que lidera las encuestas y cuya elección generará de por sí una gran oposición y tensiones en el país para reconciliarse su pasado, o con Kuczynski quien disfruta por ahora de un apoyo momentáneo como el candidato que se opone a Fujimori.

En cualquiera de los casos, el futuro de la política que liderará Perú en temas de producción y tráfico de coca y cocaína no es para nada claro y va a generar muchas novedades en los próximos años ya que no parece que en alguno de los nuevos gobiernos vaya haber mayor novedad en sus políticas frente al tema. Ya veremos que puede traer este panorama para Perú y los debates que se están dando actualmente sobre la reformulación de la política antidrogas en el nivel global. La severidad de la política antidrogas en Perú ha llamado la atención de varios analistas quienes observan que está política ha llevado al extremo las fallidas estrategias utilizadas la guerra antidrogas que ha liderado Estados Unidos en las últimas cuatro décadas y por tanto ha significado en el fondo un rotundo fracaso. Y justo ahora, que una iniciativa de carácter internacional por terminar la guerra contra las drogas debido a sus terribles resultados y consecuencias ha ganado momemtum, el debate no aparece por ningún lado en el escenario político de uno de los países donde más impactos tendría este cambio de estrategia.

Falta de fondos financieros limitarían nuevas medidas de seguridad para implementar en el triángulo norte

¿Y el secuestro? Una comprensión compleja del secuestro como estrategia del ELN resalta la necesidad de entender los impactos locales de las negociaciones de paz

El 23 mayo el diario español El Mundo confirmó  la desaparación de su corresponsal en Colombia supuestamente por parte del ELN en Catatumbo en la frontera con Venezuela, donde operan  guerrillas y otros grupos ilegales. 

La periodista Salud Hernández-Mora viajó la semana pasada a esa zona para realizar un reporte sobre los cultivos de coca y según El Mundo fue vista por última vez en la zona de El Tarra el sábado 21 mayo. El Tarra es una zona controlada por el ELN y difícil de acceder. Hernández-Mora, originalmente española, lleva muchos años viviendo en Colombia y es una figura bastante controversial, conocida por sus posturas contra los guerrilleros y el proceso de paz entre el gobierno y el FARC.

Relaciones entre el ELN y el gobierno

Al final del mes de abril, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció que la fase pública de las conversaciones que ya habían sido anunciadas entre el gobierno y el ELN no se llevarían a cabo si el grupo guerrillero no devolvía todos los secuestrados que tenía en su poder y dejaba de una vez por todas de secuestrar. Frente al llamado, el ELN respondió que ese punto no era negociable y que la posición del gobierno sólo era un cambio de última hora en las condiciones que ya se habían negociado.

La respuesta del ELN parece responder más a cuestiones de estrategia política: atenerse a los acuerdos que previamente se habían negociado. La agenda que fue propuesta incluía cinco grandes temas más la implementación de los acuerdos: participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y el fin del conflicto armado. Según el comunicado que fue emitido por el ELN en la edición 528 de su revista Insurrección, las ‘retenciones’ o secuestros se discutirían como parte del quinto punto de la agenda. Como también agrega el texto, la condición de detener las retenciones es percibida como una imposición unilateral del gobierno nacional quien, durante las conversaciones que ya han tenido con el ELN, insistió en empezar las negociaciones sin un cese bilateral del fuego y de las hostilidades. Contrario a las FARC que durante las fases exploratorias de las actuales negociaciones en La Habana decidieron renunciar al secuestro extorsivo, el ELN ha decido que no hará ningún gesto unilateral de estas características.

Con un inicio de negociaciones congelado, el gobierno nacional envió a varios delegados para hablar con delegados del ELN en Caracas, Venezuela, de donde se espera llegar a un acuerdo que permita que las negociaciones formales empiecen a llevarse a cabo.

¿Por qué el secuestro?

El secuestro no es un punto menor en las negociaciones del Estado con el ELN, más cuando las ‘retenciones” (como el grupo ha denominado los secuestros que realiza) son una de sus fuentes principales de financiación. Contrario a las FARC, el ELN nunca ha admitido oficialmente que está envuelto en actividades de producción o tráfico de narcóticos por lo que la extorsión y el secuestro siguen siendo unos de sus principales modos de financiación. Junto a otras actividades como el tráfico de gasolina y la extorsión, el secuestro le sirve al ELN para financiar hoy en día por sus operaciones en ciertas regiones del país (especialmente en el nororiente y el suroccidente de Colombia).

Según la Fiscalía General de la Nación, hasta el año 2015, al ELN se le atribuyen aproximadamente 4900 secuestros. Desde 1969, que es el año en la que según el mismo ELN el grupo empezó a secuestrar para recaudar fondos, este grupo ha sostenido que el secuestro es un modo efectivo para hacer que dueños de empresas y tierras pagaran por sus actividades en una narrativa que se parece a la de Robin Hood: hacer que los ricos paguen por la lucha de los oprimidos y excluidos. En esa medida, los secuestros les han servido para obtener rescates o como un modo para garantizar que las contribuciones, impuestos y extorsiones que imponen sean pagadas. Pero ¿Cómo funcionan las dinámicas de secuestro del ELN?

• Aunque no sean muchos los secuestros que se le atribuyen directamente (los medios y la Defensoría del Pueblo estiman que en total el grupo tendría en su poder más o menos a cuatro personas), las sumas de dinero que representan los secuestros son significativas. A finales de marzo, Ramón José Cabrales, alto consejero de la gobernación del departamento de Norte de Santander, fue liberado por el ELN luego de que su familia pagara su rescate. El grupo pidió 4000 millones de pesos (1,3 millones de dólares) originalmente por su liberación y, aunque la familia después declaro que negociaron por una cifra muy inferior a esa, el grupo recibió su parte.
• El secuestro también sirve para garantizar por medio de la amenaza y el castigo el pago de las contribuciones que el ELN impone a ciertos grupos en sus zonas de influencia. El secuestro en abril de dos conductores de bus de la compañía Flota Occidental en Chocó sirve de ejemplo, cuando la razón detrás de él que la compañía se negaba a pagar un impuesto de tránsito que esta guerrilla había impuesto para las empresas de transporte en la región.
• Ni siempre es público o visible la forma en la que funcionan las operaciones de secuestro. En algunas ocasiones, los secuestros se terminan sin una causa clara y han llevado a pensar que el ELN puede negociar de manera indirecta con los secuestrados, con empresas o empresarios más allá de lo que se llega a hacer público. Sin embargo, muchas veces, las operaciones del ELN parecen llevarse a cabo sin que el grupo esté formalmente involucrado y a veces se le imputan secuestros que ellos niegan. El secuestro y liberación de Melissa trillo en Santander este año dan cuenta de eso, por ejemplo, cuando el ejército nacional alega que fue secuestrada por las redes de apoyo del ELN aunque en ningún momento ese grupo declaró tenerla en su poder. El argumento del Ejército dice que es imposible que un secuestro se lleve a cabo en un lugar que es controlado por el ELN sin que ellos lo noten.
• El gobierno nacional no sabe cuál es la identidad y menos el número de todos los secuestrados por el ELN, pero los secuestros que han sido públicamente atribuidos y asumidos por el ELN en los últimos años incluyen a miembros del Ejército Nacional y la Policía, trabajadores de empresas que operan en sus regiones de influencia (incluidos trabajadores calificados y no calificados de compañías del sector petrolero, de construcción y la agroindustria), líderes de organizaciones de mineros, políticos, terratenientes y empresarios.

EL futuro del secuestro

El secuestro, como hemos visto, no es tan simple como una actividad criminal que debe suspenderse sin más. Lo que gira alrededor de él un complejo grupo de prácticas y experiencias que nos da pistas para entender el panorama de Colombia en los próximos años. El acuerdo de paz que el gobierno de Colombia está acabando de negociar con las FARC en La Habana ha abierto la posibilidad para transformar las fuerzas sociales y políticas de muchas regiones del país donde el conflicto colombiano ha tenido lugar durante las últimas seis décadas. A pesar de eso, varios elementos deben tenerse en cuenta.

1. La apertura de nuevas regiones viene con el riesgo de hacer que esas fuerzas alimenten más actividades violentas o haga más agudos los problemas de desigualdad. Como referencia, podemos tomar la zona del Catatumbo, que es todavía área de influencia del ELN y se contempla como una de las áreas en las que el gobierno espera implementar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico donde se realizarían grandes proyectos agroindustriales. Esa implica que, en estas zonas, las iniciativas económicas que se instalen se podrían enfrentar a las presiones que la extorsión y el secuestro ofrecen. Es más, la desmovilización de las FARC sin un proceso de paz paralelo con el ELN ha llevado a pensar que existe la posibilidad de que las filas del ELN se engrosen con excombatientes de las FARC, lo que complicaría aún más el panorama.
2. En términos generales, la ausencia de un gesto bilateral, es decir que venga del estado colombiano y del ELN, de un cese al fuego de ambas partes no permite que el ELN acepte el abandono permanente del secuestro y, debido a su importancia, es poco probable que fuera del proceso de paz este proceso se deje de lado. Es más, dado que en muchas ocasiones los secuestros que le zona tribuidos al ELN no son realizados directamente por el grupo, estas actividades muchas veces pueden o atribuírsele falsamente o llevarse a cabo sin que las personas extorsionadas sepan que están interactuando con esta guerrilla.
3. En el caso de que el ELN acordara un cese del secuestro, es probable que, sin un alto al fuego, esta guerrilla recurra con más intensidad a otras actividades para garantizarse una fuente de financiación. Existe la posibilidad de que el ELN entonces intensifique su participación en actividades de cobro de contribuciones, extorsión y contrabando

OJO

Los secuestros o ‘retenciones’ que se han registrado en los últimos meses exhiben que la continuidad de esta práctica es casi una garantía sino se llega a un tipo de acuerdo bilateral entre el Estado y el ELN en los próximos meses. El panorama que pintan los futuros años con la implementación de los acuerdos de La Habana con las FARC significa que varios retos van a hacerse evidentes frente a las estrategias de financiación de los grupos guerrilleros y la implementación de proyectos productivos en distintas regiones del país. Aunque en la legislación colombiana esté tipificado que actividades como el secuestro son ilegales, la manera en la que pueden afectar diferentes proyectos de desarrollo exige que se entienda más allá de una simple actividad criminal. El secuestro también es una estrategia política y económica.

En Colombia, el fin de la confrontación con las FARC ha puesto sobre la mesa un debate sobre el futuro de los proyectos de desarrollo en el país. Desde las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos hasta la de los Ministros de Minas y Hacienda o el presidente de la empresa nacional de petróleos ECOPETROL, se ha insinuado que el país pondrá un gran énfasis en dos sectores: el agroindustrial y el extractivo. El sector extractivo ha sido uno de los que más se ha visto afectado por las actividades del ELN, en especial por su impacto en todas las actividades que se llevan a cabo entorno a la extracción y transporte de petróleo. El secuestro ha afectado a empleados de compañías petroleras, pero también a los de las empresas de transporte que trabajan para ellas y a otros contratistas. En el caso de que el proceso de paz con el ELN siga en marcha, pero el secuestro continúe siendo una práctica sistemática de la organización, todas las actividades económicas que girarán en torno a estos nuevos proyectos, podrían ser afectadas por esta estrategia. Del mismo modo, el proceso de paz con el ELN tendrá que ver las tensiones que van a aparecer con los que se opongan al proceso y puedan realizar secuestros a nombre de esta guerrilla sin que esta guerrilla esté involucrada, aunque el ELN decidan negociar el cese del secuestro antes de que empiecen las negociaciones.

En este orden de ideas, los inversionistas que potencialmente quieran invertir en las regiones del país que serán priorizadas por el gobierno nacional, usualmente donde se han presentado históricamente enfrentamientos armados, deben tener muy claros los impactos que tienen sus inversiones en las economías locales. El objetivo es que se hagan responsables de los impactos directos o indirectos de su operación y eviten acrecentar las tensiones en las regiones que pueden ir en contravía de un exitoso proceso de paz.

Las Fuerzas de Seguridad Venezolanas Impiden la Protesta de la Oposición en Caracas

El miércoles, las fuerzas de seguridad venezolanas se enfrentaron con miles de manifestantes que intentaban llegar a la sede central del cuerpo electoral de Venezuela para solicitar un referéndum para retirar al Presidente Nicolás Maduro. Los enfrentamientos tuvieron lugar después de que la policía bloqueara el acceso al Centro Electoral Nacional y usara gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Según diversos testigos, la policía arrestó a 4 persones y un manifestante que quedó inconsciente tuvo que ser evacuado. Los líderes de la oposición han advertido que Venezuela es una “bomba con temporizador” y han dicho que bloqueando las vías constitucionales para retirar a Maduro los venezolanos incrementarían sus protestas en las calles.

Las protestas de la oposición se producen días después de que el Presidente Nicolás Maduros haya declarado un estado de emergencia debido a lo que é ha llamado complots desde el país y desde los Estados Unidos para derrumbar su gobierno de izquierdas. El decreto otorga al gobierno y a las fuerzas de seguridad autorización para ignorar muchos de los preceptos constitucionales con el objetivo de mantener el orden y garantizar el suministro de comida y servicios básicos. Las medidas tendrán efecto 60 días con la opción de renovar el decreto 60 días más. El Presidente Nicolás Maduro también dijo que el ejército venezolano llevaría a cabo entrenamientos para estar preparado para cualquier escenario posible.

Hace dos semanas, el cuerpo electoral recibió la petición signada por 1.85 millones de personas pidiendo un referéndum para retirar al Presidente Nicolás Maduro. La constitución establece que se convocara un referéndum para decidir si el presidente permanece en el poder si una segunda petición es firmada por almenos el 20 por ciento del electorado, o casi cuatro millones de personas. El gobierno, por su parte, ha dejado claro que el referéndum no será convocado. El Vice-Presidente venezolano Aristóbulo Istúriz dijo que el referéndum no sería convocado debido a errores procesales. Isturiz dijo que la oposición “había actuado demasiado tarde, lo había hecho mal, y había cometido fraude.” La oposición teme que las autoridades estén retrasando el referéndum hasta el 2017, cuando – según la Constitución – la presidencia seria asumida por el vice-presidente.

El viernes, analistas de inteligencia americanos advirtieron que la crisis económica y el caos político en Venezuela probablemente conducirían a un aumento de violencia callejera, supresión militar de los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos, y a un posible golpe de estado para retirar al Presidente Nicolás Maduro. Según encuestas recientes, la aprobación del Presidente Maduro cayó un 33 por ciento, con dos terceras partes de venezolanos convencidos de que la presidencia de Maduro debería terminarse este año. El descontento emana de una profunda crisis económica, un aumento de la inflación, y escasez de comida y servicios básicos.

Asignación de licencias ambientales anima debate sobre las actividades del sector energético en Colombia después de firma de paz con las FARC

¿Por qué a mediados de abril el gobierno colombiano asignó una licencia para exploración de hidrocarburos y un mes después la suspendió? Esa es la pregunta que ronda en distintos círculos en Colombia que, por el momento, han tenido opiniones divididas sobre la asignación y la posterior suspensión de la licencia ambiental que había sido otorgada a Hupecol Operating Co. LLC. Pero el tema no se ha quedado sólo en una discusión sobre las aparentes contradicciones que se presentan en las decisiones que toma el gobierno colombiano. El debate de fondo, más bien, tiene que ver con el proyecto y modelo de desarrollo que el gobierno nacional pretende implementar en distintas regiones del país luego de la firma de los acuerdos de paz que se están negociando entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Para empezar, hay que mencionar que la zona en la que se presentó el sonado escándalo ha sido ni más ni menos que una de las zonas de mayor influencia de las FARC en sus 60 años de existencia. Es más, la zona se encontraba en San Vicente del Caguán, uno de los municipios que formaba parte del área que fue despejada por los militares colombianos y ocupada exclusivamente por las FARC durante el proceso de paz que tuvo lugar a finales de la década de 1990. La influencia del grupo en la zona, aún después del fin de ese proceso de paz hace 15 años y el inicio del proceso actual, sigue siendo alta y es tal que hoy en día todavía los pobladores locales del municipio de La Macarena (también parte de la zona de despeje de finales de los 90) están obligados a pagar una contribución a las FARC. Incluso, todavía se respetan ciertas reglas que fueron impuestas por las FARC como el hecho que el día de descanso de la semana sea el miércoles y no el domingo.

El reciente gesto del gobierno nacional de evaluar e incluso conceder una licencia para la exploración de hidrocarburos en la zona indicaría que este tiene importantes planes para las áreas que, con la aparentemente cercana desmovilización de los guerrilleros de las FARC, serían accesibles de manera segura para las empresas del sector extractivo. De hecho, el presidente de la compañía nacional de petróleos de Colombia, ECOPETROL,

Fue precisamente tres semanas antes de la fecha en la que el presidente de ECOPETROl hizo estas declaraciones, el 18 de marzo, que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA entidad encargada de entregar autorizaciones y permisos para el sector extractivo) autorizó a Hupecol para hacer exploración en zonas que hacen parte de la Serranía de la Macarena, en los municipios de La Macarena, (departamento del Meta) y San Vicente del Caguán, (departamento de Caquetá). Un mes después, el 15 de abril, el Ministerio de Medio Ambiente pidió que la licencia fuera revocada porque su asignación había desconocido que la zona hacía parte de un área en la existe una prohibición de la extracción de hidrocarburos  impuesta por la entidad encargada de la conservación ambiental en la región, la Corporación Autónoma Regional de la Macarena CORMACARENA. Cuatro días después, la ANLA revocó el permiso.

Durante el mes que transcurrió entre la emisión de la licencia y su cancelación, los habitantes de los municipios incluidos en la zona de exploración propuesta manifestaron constantemente su preocupación por las consecuencias que tendrían las perforaciones en los niveles de agua de los nacimientos y cuencas de los ríos Guayabero, Duda, Losada y Caño Cristales. Incluso, la gobernadora del departamento del Meta, se manifestó en contra de la exploración en la zona ya que el área es una de las de mayor diversidad en microclimas y ecosistemas en el país. Al final, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que todos estos reclamos eran sustentados y la asignación de la licencia fue sólo un error de la ANLA.

El debate que despertó la asignación y cancelación de la licencia provocó la indignación de la firma Hupecol, que insistió en que el revocamiento tenía que ver con un tema político y no con decisiones técnicas, y que no descartaban la posibilidad de demandar al Estado. La firma argumenta que con la revocatoria no toma en consideración los 3.000 millones de pesos (1 millón de dólares) que fueron invertidos en un estudio que tardó 5 años y declaraba que era viable la explotación petrolera en la zona. El presidente de la Asociación Colombiana de petróleo y varios analistas en el tema de minería se sumaron a la posición de Hupecol y también añadieron que tal posición pone en riesgo la confianza de inversionistas en el país en el futuro.

En medio de semejante discusión, varias voces se alzaron para decir que la idea ya generalizada de que la explotación de hidrocarburos sólo trae consecuencias negativas no es cierta y por tanto es errado basarse en esa generalización para llevar a cabo evaluaciones ambientales o informar las decisiones del Estado colombiano. Otras, como la del Alcalde del municipio de la Macarena, insistieron en que la asignación de esta licencia iba en contravía de los esfuerzos que ya han hecho los gobiernos locales para consolidar la región como de interés turístico y ambiental, que es el tipo de proyectos que otros altos funcionarios del gobierno, como el Ministro de Hacienda, consideran es indispensable incentivar en Colombia para el post-conflicto. De todo el debate, varios puntos deben destacarse:

1. Existen potenciales conflictos entre las decisiones que se toman en el nivel local y el nacional en Colombia. Si bien, CORMACARENA llevaba varios años en el diseño de un plan de protección del área, al parecer sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por el gobierno nacional en la asignación de la licencia.
2. Los diseños organizacionales en las instituciones ambientales del nivel nacional y la legislación colombiana pueden estar afectando la toma de decisiones a la hora de asignar licencias. Los cambios en las regulaciones para obtener licencias ambientales que redujeron el tiempo de 24 a solo 3 meses junto al sistema de contratación en la ANLA que hace pagos por obra terminada a sus empleados estarían estimulando que las licencias se aprueben sin una prudente consideración y evaluación.
3. La asignación de licencias ambientales y la distribución de las zonas de exploración petrolera en el país no sólo puede corresponder a evaluaciones técnicas sobre los tipos de usos del suelo, el control de los potenciales impactos ambientales o el cumplimiento de requisitos legales. Las actividades económicas y de inversión en distintas regiones del país tiene que tener en cuenta los reclamos y preocupaciones de las autoridades y comunidades locales y no pueden llevarse a cabo sin tener en cuenta sus opiniones y consideraciones.

OJO

La historia de Hupecol Operating Co. LLC en Colombia les proporciona varias pistas a las empresas interesadas en invertir e iniciar operaciones en el país. Como parece claro con las actividades del gobierno nacional, existente un interés en promover la asignación de licencias de exploración petrolera en zonas en las que el conflicto armado colombiano no la había permitido antes. Sin embargo, los nuevos escenarios a los que enfrenta la implementación de estos proyectos están configurados por las relaciones, tensiones, reclamos y expectativas ya presentes en estas regiones y que, en parte, se deben a las dinámicas locales que adquirió el conflicto colombiano en la localidad. Una de las líneas que ha marcado la posición de guerrillas como el ELN y las FARC en Colombia es su oposición a la puesta en marcha de proyectos de desarrollo basados en la extracción de hidrocarburos en el país, y esa posición recoge las inquietudes de muchos líderes, organizaciones y comunidades.

Esta situación implica que las compañías e inversionistas interesados en el país deben tener en cuenta las implicaciones políticas de sus actividades en Colombia. Aunque muchos miembros del sector petrolero han señalado que la revocatoria de la licencia manda una señal negativa, la revocatoria es más bien una señal sobre la falta de comprensión de las dinámicas políticas en las distintas localidades donde se hace o pretende hacer explotación petrolera. Como también lo muestra el debate técnico en el que Hupecol, el Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA se involucraron, todas las partes ofrecieron argumentos técnicos suficientes para sustentar sus posiciones, pero ese no es el punto central de la controversia. El punto versa sobre los aspectos políticos en juego. Sin duda, la falta de comunicación con las comunidades y autoridades regionales y locales en el momento del licenciamiento no permitió que Hupecol identificara que en la región ya se encontraba en trámite un proyecto para excluir su zona de interés de las áreas de posible explotación petrolera.

La ejecución de un proyecto económico, especialmente en zonas profundamente afectadas por el conflicto, depende de que en ella se encuentran articulados los intereses locales y se reconozcan no solo las decisiones del nivel nacional, sino también los intereses y dinámicas sociales, políticas y económicas del nivel local. Si bien, hay retos para el gobierno colombiano para armonizar las decisiones e intereses de los niveles nacional, regional y local, esto no implica que las empresas den sólo relevancia a los procedimientos del nivel nacional. Mantener buenas relaciones con las comunidades y una reputación adecuada que le de legitimidad y genere confianza entre las instituciones locales, las comunidades y las empresas e inversionistas interesados es imprescindible y una condición obligatoria.