Manifestación en contra de la minería en el departamento del Tolima muestra que es necesario transformar las aproximaciones de las empresas del sector extractivo con las comunidades locales

¿Por qué marchar en contra de la minería? Para diferentes comunidades y organizaciones en Ibagué, una ciudad intermedia y capital regional del departamento del Tolima en Colombia, las razones sobran. Desde el año 2011, en Ibagué tiene lugar la marcha carnaval por Marcha Carnaval por el agua, la vida y la soberanía. Desde su primera versión, una de las voces protagonistas del evento reclama las irregularidades y los impactos negativos de la operación de la minería en su región. La marcha no sólo se ha hecho en Ibagúe, sino que también ha tenido lugar en otras ciudades del país como Armenia y Medellín.

Los puntos de la marcha son concretos: los proyectos de gran minería no son bienvenidos en el departamento del Tolima. Un proyecto en especial centró la atención en la manifestación: La Colosa, una mina de oro a cielo abierto que será operada por la firma AngloGold Ashanti en el municipio de Cajamarca, Tolima. El debate a nivel regional sobre estos proyectos ha estado a la orden del día en diferentes espacios en Colombia.

Este año, la corte constitucional, uno de los tribunales judiciales más importantes de Colombia, le dio camino libre a que los municipios y las autoridades locales puedan ahora rechazar o impedir que un proyecto minero se realice en sus jurisdicciones. La noticia generó revuelo en el departamento del Tolima y mientras que la corte constitucional modificaba el código de minas, en el departamento se habló de hacer una consulta popular para prohibir de manera permanente en todo el departamento los grandes proyectos de minería. Y aunque aún no se ha realizado la consulta, la marcha carnaval de junio de 2016 estaba pensada para darle un espaldarazo.

El escenario ha puesto de relieve que la implementación de proyectos de minería o de carácter extractivo en general tiene mucho que ver con las dinámicas locales y comunitarias de los lugares donde se implementan. El sector de minería ha crecido de manera consistente en el departamento en los últimos 15 años y no ha dejado de generar polémica. En el año 2014, Anglogold Ashanti tuvo que enfrentarse ya al descontento de la población local en el municipio de Piedras en el mismo departamento donde, incluso antes de que se iniciaran las operaciones de extracción, los habitantes locales votaron en una consulta popular para que la operación minera en el municipio de detuviera del todo la operación de la empresa.

Anglogold Ashanti aún no ha empezado a extraer oro en ningún lugar del país, pero los escándalos en los lugares donde ha realizado estudios para estimar la cantidad y el tipo de minerales que se extraerían son varios. Al día de hoy, sólo una de sus exploraciones, que se realizó en el departamento de Antioquia ha exitosamente sido aprobada por la Agencia Nacional de Licencia Ambientales y empezará a ser explotada en la próxima década. Sin embargo, los habitantes del Tolima consideran que la reputación de la empresa justifica que prohíba su actividad de exploración en La Colosa, siguiendo el ejemplo de Piedras.

Este caso pone en evidencia varias situaciones:

• En Piedras, la firma Anglogold Ashanti demandó la pregunta que se hizo en la consulta popular que se organizó el año 2013 para prohibir todo proyecto de minería en el municipio. Anglogold perdió la demanda, aunque el proceso inició un debate en el país sobre estos proyectos. Los argumentos que ofreció AngloGold Ashanti insistían en que la consulta había violado el debido proceso y, junto a autoridades nacionales como la Agencia Nacional Minera y el Ministerio del interior, que las licencias ambientales y las decisiones de explotación de minería le correspondían al gobierno nacional y no al gobierno regional. La exploración y explotación minera no es solo una cuestión de cumplir condiciones legales, hacer estudios de prefactibilidad técnica o la inversión en los municipios y comunidades cercanos para que tengan mejor acceso a servicios públicos. La minería requiere una licencia social en el nivel local.

• Cuando en el año 2013 se votó la consulta popular de Piedras, AngloGold Ashanti puso como ejemplo de su trabajo las tareas de reforestación y de protección de nacimientos de agua en Cajamarca, el lugar donde se establecería el proyecto de La Colosa. Según la empresa, en Cajamarca se habían ejecutado iniciativas de arreglo de vidas, desarrollo agropecuario, mejoras en las escuelas, apoyo al desarrollo de eventos culturales e incluso al equipo de futbol del departamento. Sin embargo, ese tipo de iniciativas no han sido suficientes para cambiar la opinión de los habitantes del municipio que se preocupan por las implicaciones ambientales y económicas que tienen los trabajos de explotación en las minas. Por una parte, existe una extendida preocupación por los riesgos de contaminación y, por otra, por el consumo masivo de agua que implica y que puede afectar la producción de productos de agricultura como el arroz.

• Lo que pasó en Piedras y hoy pasa en Cajamarca no tiene que ver con los impactos reales que ya haya tenido la actividad minera, sino con la reputación de la compañía y los potenciales impactos negativos que otros estudios ambientales han señalado. El área que le fue asignada originalmente a la empresa en Cajamarca incluye zonas de páramos que son ecosistemas especialmente protegidos por la legislación colombiana por su importancia para los suministros de agua en el país. La empresa ha dicho que renuncia a las licencias en los páramos, pero todavía los estudios no han dado la última palabra en los impactos indirectos que la explotación minera tendría en los páramos. De igual modo, el proyecto afectaría al río Magdalena que una de las fuentes hídricas más importantes del país.
• AngloGold Ashanti ha estado recientemente involucrada en varios escándalos judiciales por las relaciones de sus empresas afiliadas con bandas criminales formadas por antiguos paramilitares quienes han amenazado a líderes locales que se oponen a la minería ilegal en Antioquia. Por otro lado, la empresa ha tenido que enfrentar una demanda en el departamento del Cauca por la muerte de 13 mineros que ilegalmente hacían explotación en un área que se le había asignado a la compañía. La entidad de control ambiental en el Cauca condenó a AngloGold a pagar 60.000 millones de pesos (20 millones de dólares americanos) por daños ambientales que la empresa alega no tienen nada que ver con sus operaciones. Los líos jurídicos en los que está envuelta la empresa refuerzan la gran oposición que existe en Tolima.

OJO

La Colosa hoy en día es considerado uno de los 10 proyectos más grandes de minería en el mundo. Según el ministerio de minas en Colombia este proyecto aumentaría en más de seis veces la participación de la minería legal (es decir con licencias ambientales) en la producción de oro, que se hace en su mayoría sin licencias. En Colombia las políticas, leyes e instituciones que regulan la actividad minera aún están en proceso de construcción, lo que en el caso de La Colosa se ha unido a la mala reputación que tiene Anglogold Ashanti en el mundo y las preocupaciones que tienen los habitantes locales frente a los impactos de la operación de un proyecto de minería de gran escala para las otras actividades económicas de la comunidad y el vital acceso a agua.

La licencia social no se obtiene con simples acercamientos o aportes en infraestructura o donaciones, sino en la planeación y realización de proyectos que beneficien a las comunidades locales, no sólo aumentando los ingresos totales del municipio o de la región o generando más empleo, sino teniendo en cuenta otras inquietudes que parecen más importantes para las comunidades. Esto incluye, el acceso a comida con precios justos o a recursos hídricos no sólo para su supervivencia, sino también para los cultivos que hay en la región. La debida diligencia no sólo consiste en evaluar los impactos ambientales de un proyecto o cumplir con las normas, sino la construcción de proyectos productivos que desde su planeación hasta su ejecución beneficien directamente a la comunidad desde sus inquietudes, más cuando en Colombia se abre la posibilidad para que los gobiernos y comunidades locales impacten directamente e incluso detengan la ejecución y planeación de cualquiera actividad extractiva. En contextos complejos como en los que operan las industrias extractivas y la minería en Colombia, las empresas están llamadas a entender como funcionan las relaciones políticas en el nivel local y estar dispuestas a negociar y ceder.