Cartel de Sinaloa lavaba dinero en Colombia usando textiles: Informe
agosto 1, 2016 en México
El cartel de drogas más poderosos de México lavaba ganancias ilícitas en Colombia, usando ropa y calzado, asegura un nuevo informe, para aprovecharse de la dificultad que enfrentan las autoridades para detener el lavado de dinero en actividades comerciales.
En un artículo del 27 de julio, Portafolio explica cómo el Cartel de Sinaloa en México cooperó con lo que el medio de noticias colombiano llama “una de las bandas de contrabando más grandes del mundo» para blanquear una parte de los miles de millones de dólares que obtiene el grupo de los estupefacientes en ingresos anuales estimados.
(Escrito por Mike LeSusa articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)
La operación explotaba un vacío en la regulación colombiana que estipula los aranceles a la importación de textiles. Según Portafolio, los países que han firmado acuerdos de libre comercio con Colombia están exentos de dichos gravámenes.
Al saber esto, los traficantes de contrabando comenzaron a comprar productos textiles con el dinero de procedencia ilícita y a falsificar las declaraciones de origen de los productos importados a Colombia. Esto le permitió al grupo lavar dineros mal habidos y de paso evadir el pago de aranceles.
Una manera como los contrabandistas lograban esto era comprando manufacturas textiles de países con los que Colombia no tenía tratados de libre comercio, y despacharlos a países con los que hay dichos tratados, entre ellos México, Honduras, Ecuador, Perú y Estados Unidos.
En el caso de Estados Unidos, los contrabandistas explotaban otro vacío regulatorio en materia comercial. Según Portafolio, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia permite a las empresas autocertificar el país de origen de los productos que exportan.
El grupo adquiría manufacturas de Asia, las desviaba mediante empresas fachada en el distrito de la moda de Los Ángeles, y aseveraba falsamente que habían sido elaborados en Estados Unidos.
El distrito de moda de Los Ángeles tenía una contrapartida, que implicaba el uso de ganancias del narcotráfico para la compra de ropa de China, luego enviaban ilegalmente esos productos al otro lado de la frontera, hacia México, donde se revendían para que pareciera que las ganancias eran resultado de actividades lícitas.
Un operativo federal a gran escala contra el distrito de moda de Los Ángeles comenzó a finales de 2014, pero las autoridades han dicho que buscan mantenerse alertas para detectar el avance de esquemas similares.
El informe de Portafolio indica que la cooperación de la policía colombiana y las autoridades aduaneras con sus contrapartes en Estados Unidos llevó a desmantelar la red de contrabando de textiles que ejecutó el operativo ya descrito. El medio de noticias también señala que el gobierno colombiano adelanta conversaciones con socios regionales sobre cómo manejar el problema del lavado de dinero en actividades comerciales.
Como ya lo había señalado InSight Crime, muchos expertos consideran el lavado de dinero en actividades comerciales, o TBML, una de las formas de lavado de dinero más difíciles de combatir, pues permite que se oculten transacciones ilícitas dentro el complejo y masivo sistema de los flujos legítimos de comercio global.
Una posible solución que se ha planteado incluye el desarrollo de un sistema que permita el seguimiento en tiempo real de mercancías importadas. Esto podría permitir a las autoridades aduaneras ejercer una mejor vigilancia de transacciones sospechosas. Por ejemplo, una de las maneras como los investigadores descubrieron el esquema textil fue la observación de un incremento acelerado e inusual de artículos de ropa y calzado importados a Colombia desde países que anteriormente no habían sido grandes exportadores de dichos productos.
Portafolio también informa que las autoridades buscan desarrollar mejor control e intercambio de información respecto al verdadero país de origen de los productos comerciados en la región. Mejorar estas capacidades haría más difícil que los lavadores de dinero se aprovecharan de los vacíos legales en materia de comercio, como los explotados por la red de contrabando ligada a Sinaloa.
Manifestaciones diarias subrayan la frustración con el gobierno mientras que los niveles de violencia siguen aumentando
julio 29, 2016 en MéxicoDurante los últimos cuatro años, la estación de verano mexicana ha estado marcada por manifestaciones contra la ley educativa del gobierno, organizadas por el sindicato nacional de profesores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a la reforma en el sector educativo.
Sin embargo, este verano las manifestaciones se han vuelto más violentas y han aumentado en intensidad. Han habido enfrentamientos violentos en el sud del país, concretamente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Las protestas están polarizando la sociedad mexicana entre los defensores de los profesores y las personas que están sufriendo los bloqueos de CNTE en las carreteras principales de muchos estados.
Entre el 19 y 20 de junio, hubo un aumento de los niveles de violencia cuando 7 protestantes fueron asesinados y decenos heridos por las fuerzas de seguridad durante un bloqueo en la vía en Nochixtlán, Oaxaca. Hay muchas cuestiones pendientes relativas al origen de la violencia en Nochixtlán, un pueblo normalmente tranquilo. Al principio, las autoridades (Policía Federal y Gendarmería) se negaron a utilizar la fuerza contra los manifestantes, pero después de la publicación de material en redes sociales, estos fueron forzados a cambiar su posición.
El debate se ha centrado en por qué la Policía Federal atacó a los ciudadanos de Nochixtlán, reporta el periódico La Jornada. El Ombudsman de Oaxaca se cuestiona por qué la PF “el 20 de noviembre intervino en una colonia en donde solo hay niños y mujeres y a que se debió el desproporcionado uso de gas lacrimogeno por parte de los agentes”. Entre la creciente desconfianza en el gobierno y el aumento de los niveles de violencia en el país, el Ministro de Seguridad Osorio Chong se reunirá con las familias de Nochixtlán para clarificar los alterados ocurridos e intentar pacificar la población local.
Sin embargo, los enfrentamientos violentos no solo se han producido en Oaxaca. En el estado de Chiapas, el día 20 de julio, agentes de la Policía Federal disolvieron una protesta en la carretera principal entre San Cristonbal y Tuxtla Gutiérrez. Hubo graves enfrentamientos entre las autoridades y los protestantes cuando agentes de la Policía Federal desalojaron a los maestros que bloqueaban el km 45 de la autopista. Después de que los protestantes se replegaran en la plaza central de los Altos de Chiapas, la policía quemo los campamentos de los maestros.
En la Ciudad de México, hay manifestaciones diarias en la avenida principal Reforma, la mayor parte de ellas se producen por la tarde, en la hora punta, colapsando los puntos de entrada y salida de la ciudad. El día 28 julio se movilizan cerca de dos mil educadores disidentes en el centro histórico de la ciudad pidiendo que el gobierno tomara en “serio” las demandas presentadas en la mesa de negociación.
En el estado de Michoacán, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aprobó el bloqueo de la vía férrea realizada por integrantes de la CNTE. Sin embargo, después de la violencia en Oaxaca y Chiapas, las negociaciones entre las autoridades y los protestantes se han centrado en conseguir que la PF no porte armas de fuego.
Las manifestaciones ponen de manifiesto que el gobierno se enfrenta cada vez más a una crisis cada vez peor, no solamente con el sindicato CNTE sino con la ciudadanía en general, los cuales están hartos de los abusos de los derechos humanos y el aumento de los niveles de violencia. Enfrentado el ultimo terció del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, nuestro pronostico es que las manifestaciones aumentaran en todo el país, aumentando presión civil sobre los candidatos de las elecciones del 2018. Para los que administran negocios en México, las cosas van a seguir complicándose en los próximo meses – y probablemente van a aumentar en intensidad en el próximo año.
¿Seguridad privada en Guatemala beneficia al crimen organizado?
julio 26, 2016 en GuatemalaEl creciente número de firmas de seguridad privada en Guatemala es un síntoma de la incapacidad del estado de brindar protección a sus ciudadanos, pero esta pujante industria es vulnerable a la cooptación criminal y podría generar problemas de seguridad por sí misma.
Guatemala tiene actualmente más de 200 firmas de seguridad privada y 150.000 guardias de seguridad —cinco veces más que la fuerza policial del país con un pie de fuerza de 30.000 agentes, según la BBC. Menos de 100 de esas firmas tienen registro legal.
(Escrito por Mimi Yagoub Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)
Estos servicios privados han florecido en el país como resultado de la desconfianza pública en los organismos estatales, como la policía, afirmó a la BBC la experta en seguridad para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés) Adriana Beltrán. Los directores de las empresas de seguridad privada dicen que la demanda para estos servicios sigue creciendo.
Empresas y personas pagan cuotas de US$545 mensuales para la mantener vigilancia de un guardia de seguridad, y US$1.500 al mes por guardaespaldas personales. Seguridad Integral, una firma de seguridad privada fundada en 1990, cobra hasta US$26.000 por el servicio de seguridad en eventos. Otros servicios incluyen la contratación de carros de patrulla para acompañar envíos de productos a un precio de US$2 por kilómetro.
Un propietario de una firma de seguridad dijo a la BBC que los años noventa, sus clientes pensaban que la mayor amenaza para ellos era el secuestro. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad han aumentado con el tiempo, y en años recientes ha habido un incremento en la extorsión.
Con grados de inseguridad tan altos en la región, las firmas privadas son consideradas una opción preferible y, en algunos casos, necesaria para quienes pueden pagar sus servicios. Pero estas empresas de seguridad pueden plantear problemas por su misma naturaleza, pues muchas no están reguladas y son susceptibles de ser infiltradas por grupos criminales.
Guatemala y sus vecinos centroamericanos asisten a un crecimiento acelerado de la industria de seguridad privada como respuesta a unas de las tasas de homicidios más altas del mundo, la extorsión generalizada y la percepción de debilidad y corrupción en las fuerzas de seguridad. Según algunos estimativos, la fuerza de seguridad privada en Honduras, con 90.000 operativos, es tres veces mayor que la de la policía y el ejército juntos. El número de agentes de policía en El Salvador también se ve superado por los 24.100 guardias de seguridad privada del país.
La seguridad privada también gana fuerza en Venezuela, que sufre de escasez de productos básicos, como resultado de una grave crisis económica. Los agentes de policía son blanco cada vez más de criminales, y ven el trabajo en el sector privado como una opción más segura y mejor paga.
La industria, sin embargo, se ha mostrado vulnerable al crimen organizado. Firmas guatemaltecas se han visto afectadas por acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, colaboración con grupos ilegales vinculados al narcotráfico, y como compradores importantes de armas ilegales. Las firmas de seguridad en El Salvador han sido infiltradas por pandilleros, y se sabe que algunas ofrecen directamente o desvían una gran cantidad de armas a la criminalidad en el país y en el exterior, en países como Honduras y Brasil.
La naturaleza informal de esa industria permite explicar el cruce relativamente fácil entre lo legal y lo ilegal. La mayoría de las firmas de seguridad en Centroamérica no tienen registro, y funcionarios del gobierno guatemalteco informaron en 2014 que 99 por ciento de los guardias de seguridad trabajaban sin la documentación reglamentaria.
La manifestación social en Colombia pone de relieve la existencia de diferentes proyectos de desarrollo económico y social en el país
julio 22, 2016 en ColombiaPara mediados de julio, el gobierno y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular han reportado que los acuerdos a los que llegaron en junio en materia de derechos humanos, derechos de las víctimas, política agraria y de propiedad de la tierra en Colombia se han cumplido con éxito.
Al final de mayo, la Cumbre Agraria organizó un paro nacional que presionó al gobierno nacional a comprometerse con estos acuerdos. Sin embargo, el paro de conductores de camiones que hoy en día tiene lugar en Colombia no ha recibido mismo trato con el gobierno nacional argumentando que este gremio está utilizando estrategias violentas de presión y ha declarado ilegal la protesta. La suerte diferente que han tenido las dos manifestaciones lleva a pensar que las tensiones sociales que existen entre las medidas económicas del gobierno y las agendas de las organizaciones sociales en el país no se solucionan de un modo simple. Es más, estas tensiones tienen importantes impactos en el ambiente de inversión en el país y ofrecen un panorama que debe ser tenido en cuenta por inversionistas en Colombia.
Las protestas de 2016
El 30 de mayo de 2016, diferentes organizaciones sociales y políticas en Colombia de campesinos que se dedican a las economías de subsistencia, afrocolombianos y distintos grupo étnicos, se reunieron en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y convocaron a un paro nacional que significó que durante varias semanas en el país se hicieran marchas y manifestaciones públicas, y bloqueos en diferentes carreteras en Colombia que impidieron el paso de mercancías, comida y suministros en el noroccidente y el suroriente del país. Los eventos estuvieron marcados por los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los manifestantes, la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía colombiana (ESMAD), no sólo en las vías y carreteras donde se presentaron los bloqueos, sino también en las zonas urbanas de Cali, Medellín, Manizales y Bogotá, entre otras, donde tuvieron lugar diferentes manifestaciones. Con más de 100 puntos de concentración, las actividades se extendieron por más de 7 departamentos, con una concentración de 10.000 personas en el departamento del Cauca alrededor de la Vía Panamericana, una de las conexiones comerciales más importantes del país y la única que comunica el suroccidente de Colombia.
Los eventos, produjeron desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible en las ciudades de Pasto y Popayán. Con 3 manifestantes muertos y más de 200 heridos, el día 12 de junio, los líderes de la Cumbre y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo que establecía el desbloqueo de las vías y varios mecanismos para que el gobierno nacional garantizara que no iba a interrumpir su interlocución con la Cumbre y que el establecimiento de varios mesas y espacios de trabajo entre el gobierno y la Cumbre Agraria para que se cumpliera lo acordado en temas de víctimas, paz, propiedad de la tierra y derechos humanos.
Las manifestaciones del paro nacional recogieron las inquietudes de varias organizaciones sociales en el país quienes protestaron por el modelo de desarrollo económico que se adelanta en el país, en especial el que ha venido impulsando el gobierno nacional con la aprobación de iniciativas como la ley ZIDRES (de la que ya hemos hablado en otros informes), el licenciamiento y financiación de proyectos agroindustriales y mineros, entre otras acciones. En el pliego de peticiones que hizo la Cumbre, se incluían otras peticiones como la evolución del ESMAD, el reconocimiento del derecho a la protesta y la existencia de garantías de protección a los derechos humanos para los movimientos sociales y la protesta social y política en el país. Las protestas del año 2016 fueron una consecuencia del anterior paro agrario convocado por la misma Cumbre Agraria en el año 2013, y frente a la que el gobierno nacional se había comprometido a trabajar para apoyar la consolidación de las zonas de reserva campesina, los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y las consultas previas que deben realizarse de manera obligatoria en los territorios donde se llevan a cabo proyectos extractivos o agrícolas de gran envergadura. Es importante tener en cuenta que Colombia es parte de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta previa a pueblos indígenas.
El debate y los acuerdos
Lo que para la Cumbre Agraria consistía en un rampante incumplimiento del gobierno, para los altos cargos de la administración central había sido un compromiso constante por parte del gobierno en cumplir con lo pactado en 2013. La diferencia entre las dos posturas significaba, básicamente, que mientras que para el gobierno central su participación en las reuniones con la Cumbre cubría la mayoría de sus obligaciones, para la Cumbre el asunto el cumplimiento de los compromisos del Estado consistía en una transformación en su postura y el modo en el que venía implementando su actual programa de desarrollo económico y social.
Los acuerdos del 12 de junio incluyen varios elementos que vale la pena tener presentes:
• En el tema del reconocimiento a la protesta social y la protección de derechos humanos,el gobierno nacional junto a la Cumbre estableció mecanismos detallados para hacer una revisión profunda de la normatividad colombiana respecto a la protección de defensores de derechos humanos y activistas sociales, y para evaluar la situación de las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas y manifestaciones sociales del paro nacional de 2013 y 2016. En términos concretos, el Estado colombiano se comprometió a seguir estos casos concretos y a investigar y a juzgar a las personas detenidas para evitar que quedaran en limbos judiciales. Del mismo modo se comprometió a enviar comunicaciones a todas las oficinas del gobierno con instrucciones claras de respeto a las manifestaciones sociales.
• Frente a los puntos del pliego de la Cumbre en temas relativos a los proyectos impulsados por el gobierno central, el Estado se comprometió a revisar los procesos de legalización de predios que están pendientes y a establecer una comisión junto a la Cumbre Agraria para analizar los títulos, los contratos y las autorizaciones que se dan en el sector minero energético en el país. El gobierno nacional también se comprometió a organizar con su propio presupuesto varios foros de trabajo en todo el país para escuchar diferentes propuestas locales para el desarrollo del sector minero-energético. Del mismo modo, entre los acuerdos que se establecieron se decidió por la instalación de mecanismos particulares para la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina, zonas que no pueden ser parte de los proyectos agrícolas y energéticos del gobierno nacional y que son especialmente protegidas.
• En lo que refiere al proceso de paz que actualmente está finalizando exitosamente con las FARC en La Habana, y los esfuerzos de construcción de paz que se desprenden de su aprobación y discusión, la Cumbre logró que el gobierno se comprometiera a diseñar una estrategia de comunicación sobre el tema con las comunidades indígenas en el país y los campesinos y sus organizaciones. Del mismo modo, la Cumbre Agraria y el Estado serán miembros de la comisión que conforme un Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para influir y definir la estrategia de inversiones para las atenciones de diferencias comunidades étnicas en el país. La exitosa implementación de los acuerdos de paz depende en gran parte de medidas de difusión y participación ciudadana como las que se propone con los acuerdos entre la Cumbre y el gobierno colombiano.
OJO
El paro agrario puso sobre la mesa la importancia de escuchar y considerar las posiciones de las organizaciones sociales en el momento de planear y ejecutar planes de desarrollo económico y social. Más que eso, el paro también muestra la necesidad de cumplir con los compromisos que se adquieren con estas organizaciones, ya sea por parte del gobierno o las empresas, ya que, por un lado, su influencia parece ser cada más creciente y, por otro, demuestra que hay distintos proyectos de desarrollo en el país que requieren ser escuchados. La ejecución de proyectos productivos no sólo depende de decisiones técnicas o avales políticos, sino de la aprobación y participación de las comunidades involucradas, más cuando en varios lugares del país existen organizaciones sociales que después de varios años de trabajo han creado sus propias agendas y expectativas frente a este tipo de iniciativas.
Por otra parte, hay que destacar que la Cumbre Agraria y sus reclamos al gobierno nacional están relacionados con la consolidación de los reclamos de diferentes comunidades étnicas en el país que reclaman sus territorios para que, bien delimitados, les permita tener incidencia en la realización de proyectos económicos en las zonas cercanas a sus tierras. Lo mismo sucede con las Zonas de Reserva Campesina, otra figura legal que deberá ser reconocida y tenida en cuenta, como parte de los reclamos de las comunidades locales. En definitiva, el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana, y su importancia para diferentes grupos sociales en Colombia se ha transformado en exigencias para que el diseño de los planes de desarrollo económico y social en el país y su implementación cuenten con una fuerte participación de diferentes actores sociales, incluyendo pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos. Es fundamental queen este escenario las iniciativas de inversión en Colombia tengan en cuenta los reclamos y posiciones de las comunidades locales, ya que en esa dirección es en la que avance el clima de inversión en el país
Tercer asesinato de una activista ambiental en Honduras aumenta presión para que EEUU investigue homicidios y abusos de derechos humanos antes de continuar con sus planes de ayuda económic
julio 19, 2016 en HondurasHonduras es un país centroamericano que se caracteriza por tener una de las tasas de homicidios más altas en el mundo, contar con la presencia de varias bandas criminales, un régimen débil de protección de derechos y la alta desconfianza de los ciudadanos en la capacidad de las autoridades de seguridad del Estado para llevar a cabo sus tareas de protección. Aunque este sea el balance usual de la situación de seguridad en el país, los recientes asesinatos a líderes sociales y políticos en el país han llamado la atención sobre el papel que estarían jugando las autoridades frente a esta creciente forma de violencia.
El 6 de julio, las autoridades confirmaron la muerte de Lesbia Janeth Urquía, una reconocida activista ambiental y miembro del Consejo Cívico del Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El COPINH es una organización social y política, indigenista y plurista de la zona sur-occidental de Honduras. Es una instancia que facilita el reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos (DESC) y lucha para mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas en el país.
Lesbia era una activa militante y dirigente comunitaria que trabajaba en la defensa de los derechos indígenas y el medioambiente. En los meses que precedieron su asesinato, la lideresa había protestado en en contra la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 en el municipio de San José, un proyecto en el que está directamente involucrada la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.
Según la prensa, Urquía desapareció el 5 de julio en la mañana, cuando fue secuestrada en su pueblo mientras se ejercitaba. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un basurero en la municipalidad de Marcala, en el departamento de La Paz, aproximadamente a 120 kilómetros de la capital del país, Tegucigalpa. Según la evidencia, Urquía sufrió de un trauma en el cráneo y fue torturada. El 7 de julio el ministerio público de Honduras anunció que una comisión selecta investigaría el homicidio.
Este tipo de noticias no son novedosas en Honduras, y han sido recibidas con bastante cinismo tanto fuera como dentro del país. Según el ONG Global Witness, en la última década, aproximadamente 115 defensores ambientales fueron asesinados por estar en contra de algún tipo de proyecto hidroeléctrico, extractivo o agro-industrial. Muchos de estos proyectos cuentan con el apoyo de miembros del Congreso Nacional, como el de Gladys Aurora López. Honduras está convirtiéndose en un campo de muerte para los ecologistas y para los defensores de los derechos territoriales, culturales y sociales en distintas localidades del país. En la mayoría de los casos los homicidios quedaron impunes. En junio, el periódico británico The Guardian, publicó un artículo en el que una de las fuentes citadas acusaba a una rama del ejército de estar directamente vinculada con los homicidios.
La situación ya ha llegado a los pasillos de Washington. Desde 2010 los EEUU ha enviado USD200 millones en ayuda financiera para las fuerzas militares y la policía hondureña. Según las condiciones del acuerdo en el que se enmarca la provisión de estas ayudas, es primordial que el país cumpla con sus obligaciones de protección y defensa de derechos humanos y DESC. Hasta hoy los EEUU no ha investigado los asesinatos en contra de líderes sociales en Honduras, y en 2015 se comprometió a enviar más fondos para apoyar las acciones del Estado hondureño en contra de las bandas criminales y la violencia en el país. Sin embargo, la presión política ha llegado a las altas esferas el EEUU y en junio la congresista Georgia Hank Johnson propuso la ley Berta Cáceres sobre los derechos humanos en Honduras en el congreso de ese país, en la que se estipula que los EEUU deberá suspender su asistencia financiera a Honduras hasta que se investigue a fondo y se halle a los culpables de los recientes homicidios.
Cáceres
Las amenazas contra los defensores de derechos humanos ganaron notoriedad en marzo cuando la entonces lideresa del COPINH, Berta Cáceres, fue asesinada en su casa en la Esperanza. Cáceres fue una luchadora infatigable por los derechos de la tierra en el país, y desde su trabajo se opuso particularmente a la construcción de una represa hidroeléctrica y otros planes que pretendían vaciar el río Gualcarque, sagrado para varios grupos indígenas en la región. Su muerte causó indignación global y llamó la atención de diferentes actores acerca de las duras condiciones que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras. Su caso fue único en cuanto las investigaciones para dar con los responsables avanzaron muy rápidamente, probablemente por la presión internacional, y en mayo fueron detenidos el gerente de DESA (la empresa hidroeléctrica en contra de la que se encontraba Cáceres), un mayor del ejército y dos sicarios. El caso subraya la complejidad de la situación de seguridad en el terreno, y los vínculos que existen entre empresas privadas, el Estado hondureño y los grupos de criminales presentes.
El ambiente
La violencia contra las ecologistas ha empeorado desde 2009, particularmente después del golpe de estado – apoyado por los EEUU – contra el presidente Manuel Zelaya. Desde entonces el gobierno ha intentado mostrar un ambiente pro-negocio, abriendo la puerta a inversionistas sobre todo en el sector extractivo y agro-industrial. En este sentido, el gobierno hondureño ha aprobado la ejecución de proyectos en zonas ambientales sensibles sin los requisitos, controles y contrapesos que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos sociales, ambientales, culturales y económicos en las regiones afectadas.
Muchos inversionistas internacionales, tanto del sector privado como de instituciones internacionales, como los bancos de desarrollo, se han retirado de Honduras después de la presión que han recibido de sus propios accionistas y de la sociedad civil en general frente a los abusos de derechos humanos que yacen detrás de muchos proyectos. Invertir en proyectos donde no hay una estrategia que incorpora las comunidades locales ni una comprensión adecuada de la situación actual puede afectar gravemente la implementación de cualquier proyecto y la reputación de cualquier inversionista.
El Estado en Honduras está al punto de bancarrota y se encuentra desesperado por aumentar la inversión, con miras a cumplir con sus objetivos económicos y sociales. Aun así, la persecución a defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país está poniendo al Estado en peligro de perder su única fuente de fondos provenientes de EEUU, de impactar negativamente la imagen de los inversionistas que ya se encuentran presentes en el país y de desincentivar nuevas inversiones.
