El blog de MS Risk

Lula acepta ser ministro en el gobierno de Dilma quedando blindado de acusación

El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva asumirá un ministerio en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Con esta acción, Lula quedará blindado de las denuncias de corrupción que pesan en su contra. Una vez que este acepte el puesto, Lula evitará la justicia ordinaria y solo podrá ser juzgado por la Corte Suprema de Brasil. El nombramiento de Lula es visto como un intento de Rousseff para mantener unida a la coalición de Gobierno.

El 13 de Marzo, miles de Brasileros salieron a la calle para protestar contra el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Los manifestantes acusaron a Rousseff de una severa recesión que atraviesa el país i un escándalo de corrupción que envuelve a su predecesor, Luiz Inacio da Silva. La manifestación fue la más grande registrada desde Abril de 1984, en contra de la dictadura militar de Brasil. Según datos policiales, tres millones de personas participaron en la manifestación en 200 ciudades, incluyendo un millón en Sao Paulo. Probablemente, las movilizaciones de este domingo darán pie a que más legisladores reconsideren su apoyo a Rousseff, acelerando su destitución.

Las multitudinarias protestas ocurren después de la reciente detención del mentor político de Rousseff, Luiz Inacio da Silva dentro del marco de una investigación por corrupción en la estatal Petrobras. La policía sospecha que el exmandatario del Partido de los Trabajadores recibió sobornos en relación a la energética estatal brasilera Petrobras. Lula, el cual fue puesto en libertad después de tres horas de interrogación, niega las alegaciones de corrupción. Durante la operación policial, los agentes registraron la residencia de Lula en la ciudad de Sao Bernardo do Campo y la sede del Instituto Lula en Sao Paulo.

En una investigación paralela, fiscales del estado de Sao Paulo presentaron cargos contra Lula da Silva en el marco de una investigación por lavado de dinero. La fiscalía sospecha que Lula es dueño de un apartamento no declarado en la localidad costera de Guaruja. Lula niega las acusaciones y afirma que los cargos tienes motivaciones políticas.

Las investigaciones del caso Petrobras han conducido a la detención de docenas de políticos, algunos de ellos miembros del Partido de Trabajadores de Rousseff. El tesorero del partido, Joao Vaccari Nieto, fue condenado a 15 años de prisión por corrupción y blanqueo de capital. El 22 de Febrero, un juez emitió una orden de busca y captura para el estratega de la campaña electoral de Rousseff, Joao Santana. La fiscalía dice que Rousseff no está siendo investigada en el escándalo de corrupción. Sin embargo, la oposición pone en duda que Rousseff no fuera consciente del escándalo en Petrobras mientras era ministra de Minas y Energía durante los años 2003-2010.

Caso de 28 mineros ‘desaparecidos’ conmociona a Venezuela

Funcionarios venezolanos investigan la presunta desaparición de 28 mineros, después de que salieran a la luz informes de que fueron masacrados en una confrontación por una venta de oro.

(Escrito por Michael Lohmuller. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí)

El 6 de marzo, el fiscal general de Venezuela envió a dos investigadores al sitio de la presunta masacre, ocurrida en el municipio de Sifontes, en el estado sureño de Bolívar, según una nota de la BBC.

Los 28 mineros desaparecieron el 4 de marzo, y sus familiares informan que no volvieron a casa desde que salieron a trabajar en una mina artesanal de oro cerca de la población de Tumeremo.

Los testigos afirman que una banda criminal dirigida por un colombiano conocido como Hendry Norberto Bonalde, alias «El Topo» —arrestado en mayo de 2015— mató a los 28 para hacerse al control de una veta de oro recién descubierta.

Según un informe aparte de la BBC, algunos lugareños dicen que depositaron los cuerpos en la mina, mientras que otros afirman que fueron desmembrados y tirados en tierra de propiedad del cabecilla de la banda.

Francisco Rangel, gobernador del estado de Bolívar y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desestimó los informes calificándolos de «rumores». Él aseguró que los soldados enviados a la escena no hallaron evidencia que apoyara las denuncias de una masacre, y culpó de las denuncias a «políticos irresponsables» que quieren atizar el malestar.

Sin embargo, Carlos Chancellor, alcalde del municipio de Sifontes, calificó de «ilógico» e «irracional» que Rangel afirmara que nada había ocurrido. «El hecho de que no hayan aparecido los cadáveres no significa que no haya pasado nada», declaró a Reuters.

Según El País, la minería artesanal de oro es una actividad económica clave en esta región de Venezuela, y se sabe que también atrae a trabajadores extranjeros. Según se dice, no son raras las confrontaciones armadas por vetas de oro.

La Asamblea Nacional de Venezuela debe reunirse el 8 de marzo a discutir la desaparición de los mineros.

Análisis de InSight Crime

Por las contradicciones de los informes y las investigaciones que se adelantan sobre las desapariciones sin confirmar, es difícil asegurar los posibles motivos del crimen y sus perpetradores. Sin embargo, hay varias posibilidades.

Una de ellas es que la nacionalidad colombiana de El Topo podría motivar especulaciones sobre la relación entre los grupos criminales colombianos y el negocio de la minería artesanal en Venezuela. Aunque los grupos criminales colombianos operan a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia, parece improbable que penetraran tanto en el interior de Venezuela. Esto se deben en parte a la presencia de grupos insurgentes colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los estados venezolanos de Amazonas y Apure, que efectivamente constituyen un tapón entre Colombia y el estado de Bolívar.

Sin duda, Marcos Tarre Briceño, analista de seguridad venezolano y coautor de «Estado Delincuente», declaró a InSight Crime que era más probable que las desapariciones estuvieran asociadas al fenómeno de las “megapandillas” en Venezuela.

La banda criminal de El Topo es una de las cuatro que operan en Bolívar, y los rumores indican que opera en complicidad con funcionarios regionales y miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas  CICPC). Varios testigos denunciaron que el SEBIN y el CICPC estuvieron implicados en la desaparición de los mineros.

La desaparición ocurrió poco después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro creara el «Arco Minero del Orinoco», que busca desmontar las redes ilegales de minería e imponer mayor control gubernamental en el estado de Bolívar que permita compensar las pérdidas de ingresos del petróleo.

Escrito por Michael Lohmuller. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí. No necesariamente refleja la opinión de MS Risk.

Escándalo frente a presencia de las FARC en la Guajira Colombiana

El pasado 18 de febrero de 2016 varios de los miembros del equipo de negociación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participaron en una jornada realizada en el corregimiento de El Conejo, en el municipio de Fonseca en la Guajira colombiana. Según varias fuentes, los miembros identificados como ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Rodrigo Granda’ y ‘Joaquín Gómez’ estuvieron presentes. Los cuatro son miembros del equipo negociador de las FARC en la Habana, Cuba, donde esta guerrilla se encuentra negociando con el gobierno nacional de Colombia un acuerdo de paz que se espera firmar este año y finalizar más de 50 años de conflicto armado entre las dos partes.

Su participación en un evento realizado en el norte del país ha generado una gran polémica en Colombia, en parte, porque la presencia de miembros de las FARC en esta localidad estuvo marcada por la presencia de un número hasta el momento indefinido de guerrilleros que escoltaban a los líderes. La noticia fue primero reportada en la cuenta de twitter de un diario local, y luego fue motivo de comentarios del grupo del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien es un fuerte opositor a las actuales negociaciones de paz.

A raíz del escándalo mediático que se desató a las pocas horas, en lo que fue condenado como un ejercicio de política armada y violación al derecho internacional humanitario, el presidente colombiano Juan Manuel Santos prohibió a las FARC el ejercicio de cualquier tipo de ‘pedagogía para la paz’. Una semana después fue convocada una reunión en Cuba entre el gobierno y los delegados de las FARC que terminó con un nuevo acuerdo sobre los protocolos de seguridad a ser utilizados por los líderes guerrilleros para sus ejercicios pedagógicos.

Los ejercicios pedagógicos llevados a cabo por la guerrilla de las FARC como reconoció uno de los comisionados de paz Humberto de la Calle, se han llevado con regularidad en los últimos meses por parte de las FARC con el objetivo de mantener informadas a sus tropas sobre los avances en las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba. De acuerdo a la misma fuente, en el último año los delegados de las FARC han realizado un total de cinco visitas que habían sido autorizadas previamente con este objetivo.

Instituciones como el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz y miembros del partido Polo Democrático Alternativo han afirmado que las jornadas pedagógicas son fundamentales, no sólo para socializar la información que se discute en La Habana, sino también para contribuir a la reducción de la incertidumbre en las bases guerrilleras y la tensión que pueda existir en la relación entre los miembros de la guerrilla y la población civil.

El escándalo mediático y las respectivas reacciones y acuerdos que se desprendieron de él llaman la atención sobre los retos que enfrentan estas negociaciones, no solo para su ciclo final sino también para los modos en los que su contenido es y será socializado y sus implicaciones políticas. Por un lado, y como destacó el alcalde del municipio de Fonseca, la falta de información proporcionada a las autoridades locales sobre la presencia de miembros de las FARC implica que la aplicación de los acuerdos debe tener en cuenta a los actores locales involucrados y a las formas institucionales que están presentes en cada localidad.

Si bien el evento se realizó luego de que una organización civil solicitara en las oficinas del gobierno local permiso para hacer una jornada de información sobre los acuerdos de paz, nunca se mencionó la presencia de camuflados de las FARC y mucho menos de los líderes de la organización. Además, y según sugieren diferentes medios y la investigación que recientemente abrió la Procuraduría General de la Nación en contra del Ministerio de Defensa, el gobierno nacional tenía conocimiento de la manifestación política (pero no de sus asistentes) en cuanto, al aparecer, las fuerzas armadas y la policía dejaron de hacer presencia en El Conejo durante las fechas cercanas al evento. Sin embargo, las autoridades locales, al parecer, nunca fueron informadas.

Por otra parte, es importante destacar que la manifestación sugiere que con el cercano fin de las negociaciones de paz entre las partes que acaban de culminar su ciclo número 47, las FARC han empezado a vislumbrar su rol político en Colombia realizando actividades que corresponden con las que realizan otros políticos tradicionales en época de elecciones, tal como sugieren medios de análisis del país como la Silla Vacia. La capacidad de convocatoria y la logística de la jornada podrían sugerir que, en el periodo posterior a la firma del acuerdo, las FARC le apostarán a conformarse como una alternativa política seria desde el momento en que las conclusiones de la negociación sean sometidas a referendo nacional o una constituyente para ser refrendados.

El ya cercano fin de las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las FARC exige que las empresas estén atentas a las modificaciones en el ambiente institucional en Colombia y, en particular, procuren mantener relaciones claras con las autoridades y poblaciones locales. Las potenciales dificultades que significan la ausencia de vías formas de comunicación de socialización por vía estatal de lo que se discute en La Habana no puede servir de excusa para que los actores privados no diseñen estrategias que contemplen las discusiones que se dan en el ámbito nacional y las aterricen a sus operaciones en las distintas localidades del país. Por otra parte, el interés que reflejan los miembros de las FARC en participar de las formas políticas tradicionales llama la atención para que las actividades del sector privado y sus relaciones con las autoridades locales sean cuidadosas y estén atentas, para no promover dinámicas de exclusión política que cierren los espacios de participación que diferentes grupos sociales reclamarán en el escenario del post-acuerdo.

Lecciones para México en la baja de la violencia en dos estados fronterizos

Escrito por Patrick Corcoran. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí

Un nuevo estudio que analiza la evolución de la seguridad en los estados mexicanos de Nuevo León y Chihuahua puede ofrecer lecciones para el resto del país, aunque muchos de los éxitos pueden no ser fáciles de replicar.

El estudio salió publicado en la edición de febrero de la revista mexicana Este País. Como lo destacan los autores Arturo Ramírez Verdugo y Reyes Ruiz González, los recientes avances en seguridad en ambos estados comparten algunas semejanzas. Ambos enfrentaron un deterioro extremo de su seguridad después de la separación de aliados criminales de larga data, durante la presidencia de Felipe Calderón. A esto le siguió una caída importante en la violencia en años recientes.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los homicidios en Chihuahua alcanzaron su punto más alto en 2010 con casi 4.000. La cifra llegó al tope al año siguiente en Nuevo León con 2.003 asesinatos. Aun así, en 2015 los asesinatos en Chihuahua y Nuevo León habían caído a 945 y 451, respectivamente, con bajas de más de 75 por ciento en ambos casos. El análisis de Este País busca revelar qué hay detrás de esta baja en los homicidios.

Tanto Chihuahua como Nuevo León comparten varias características básicas que influyeron en porqué se deterioró la seguridad y porqué, de algunas maneras, luego comenzó a mejorar.

Ambos son grandes estados fronterizos donde una ciudad domina la economía y la demografía — Juárez en el caso de Chihuahua, y Monterrey en Nuevo León. En ambos casos, el incremento en el derramamiento de sangre se precipitó en gran medida por una división entre dos viejos aliados que habían cooperado en el control de lucrativas rutas de narcotráfico. Después de años de tensión, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Juárez y sus respectivos servidores declararon una guerra abierta contra el otro en 2008, con Juárez como punto focal del enfrentamiento. El Cartel del Golfo y Los Zetas disolvieron su alianza en 2010, y Nuevo León surgió como eje clave del conflicto.

Según el análisis de Este País, tal como ambos estados compartían varios factores que contribuyeron a la desmejora, también varias características comunes ayudaron a su notable cambio de rumbo.

Una de esas características es una activa sociedad civil, dirigida por líderes empresariales y comunitarios locales, que apoyan los cambios gubernamentales. Otro es el interés en fortalecer y mejorar el rol del gobierno local en la protección de la seguridad pública, en particular los tribunales y la policía locales. Algo crucial fue que las autoridades locales en ambos estados trabajaron para coordinar con sus homólogos federales y estatales, de modo que los esfuerzos oficiales tienen un efecto multiplicador, en lugar de trabajar con fines encontrados de manera que se afecte la seguridad.

Ninguna de estas observaciones es por completo original, en particular en lo que concierne a Juárez. La participación de la comunidad local en Todos Somos Juárez ha sido objeto de muchos comentarios, así como la ampliación de las operaciones del departamento de policía local, especialmente bajo la dirección del exjefe Julián Leyzaola. Más aún, se han derramado océanos de tinta en la discusión del impacto de los deficientes gobiernos locales en la exacerbación de los problemas de seguridad en todo México.

Pero la importancia del gobierno local y una comunidad ciudadana comprometida se ha menospreciado ampliamente, ya que es mucho más factible que la atención pública se decida por las actividades del presidente. Por tal razón, los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto por crear una gendarmería nacional han atraído mucho más despliegue en los medios que cualquier innovación en los municipios, pese al limitado mandato de la gendarmería y su minúsculo tamaño en relación con la nación en general. Lo que se ha ignorado en gran parte en Nuevo León y Chihuahua es un reflejo de lo que se ha dejado pasar en el resto del país.

Los autores del artículo de Este País también destacan otros muchos factores. Uno es la implementación del nuevo sistema de juzgamiento derivado de la reforma judicial de 2008, y las consiguientes mejoras en la tasa de sentencias locales, así como la capacidad del sistema de respaldar la integración de los criminales liberados a la sociedad general. Otros logros incluyeron aumentos sustanciales en los presupuestos para las autoridades judiciales de mayor rango en el ámbito estatal, quienes tienen a su cargo el enjuiciamiento de muchos de los llamados “crímenes de alto impacto” asociados con los grupos criminales, incluyendo homicidio, secuestro y extorsión.

En Nuevo León, el gasto del ministerio de justicia del estado saltó de 2.300 millones de pesos (mexicanos) en 2010 a 4.500 millones de pesos en 2014. En Chihuahua, el incremento correspondiente fue de 2.100 millones a 4.100 millones de pesos. En otras palabras, un incremento de casi 100 por ciento en ambos casos en solo cuatro años, durante los cuales la economía mexicana solo aumentó en un 12 por ciento aproximadamente.

Los autores concluyen que las razones que hay detrás de la caída en los crímenes en Nuevo León y Chihuahua equivalen a una mejoría institucional sustancial. Si se acepta esto, esos avances en Nuevo León y Chihuahua son genuinamente históricos. Los organismos de seguridad de México, corruptos e ineficaces, ha resistido por mucho tiempo cualquier iniciativa de reforma, en detrimento de todo el país. Ramírez Verdugo y Ruiz González parecen insinuar que los dos estados al fin encontraron la solución al superar esto.

Algunas de las conclusiones en el artículo de Este País están mejor sustentadas que otras. La mejoría institucional es en extremo difícil de medir, y apoyar una conclusión así simplemente señalando la cantidad de dinero que se gastó puede llevar a un argumento circular.

Además, los autores posiblemente van demasiado lejos al restar énfasis a los cambios ocurridos en el panorama del crimen organizado, que en cierto modo están aislados de las acciones del gobierno. Tampoco es claro hasta qué grado la estrategia en estos dos estados es replicable: Nuevo León y Chihuahua son dos de los estados más ricos de México, con sociedades civiles muy comprometidas. Las circunstancias en, por nombrar alguno, Guerrero, son muy distintas.

Sin embargo, el análisis de Este País busca la especie de análisis preciso que con demasiada frecuencia falta en los análisis de la seguridad en México. De igual manera, la mayor virtud de sus autores en la realización del estudio es muy simple en términos conceptuales, pero en cierto modo muy rara: en lugar de lamentarse de todo lo que anda mal, intentan identificar porqué ciertas cosas han ido bien. Refinar y difundir este conocimiento podría traer un mundo de beneficios en México.

Escrito por Patrick Corcoran. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí, pero no necesariamente refleja la opinión de MS Risk.

Referendo en Bolivia: Resultados preliminares muestran la primera derrota por Morales, y Bolivia se queda divido debido a la modificación de la constitución

El 21 Febrero Bolivia acudió a las urnas para decidir si el Presidente Evo Morales, presidente desde 2006, puede buscar su cuarto mandato oficial como líder del país en 2019 para prorrogar su presidencia hasta 2025.

Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral señalan el lunes 22 Febrero la primera derrota de Morales en su década como presidente. Con más de 72 % del voto contado, el campamiento ‘No’ tiene 56.5% mientras los del si tiene 43.2%. Mientras que los líderes de la oposición ya realizaron una prensa celebrando los resultados, Morales se quedó sorprendentemente en silencio. Según BBC Mundo el vicepresidente García Luna consideró que los festejos son prematuros, que las cifras se modificaron “ de una manera drástica”. Altas tensiones por la ansiedad provocada por la situación con el gobierno que respeta las decisiones del voto.

Después de una década de éxitos por Morales, el referéndum se ha convertido en la gran oportunidad para la oposición, aunque no han podido encabezar un liderazgo visible, y el único factor que les une a la oposición es su “no” a la reelección de Morales. A través de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) en gobierno desde 2006 Morales, ha celebrado épicos cambios sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los presidentes más populares.

Durante su década en el poder el ex dirigente sindicalista cocolero ha ofrecido estabilidad social y política, antes de su gestión entre 2001-2005, Bolivia tuvo 5 presidentes.

Pero el referendo subraya por tanto, que Bolivia apoya esta escéptica de una presidencia que pudiera durar casi dos décadas. Mientras tanto, el MAS está se enfrentando a una crisis de sucesión y también está perdiendo su apoyo en la región con el giro hacia la derecha. Con la victoria de Mauricio Macri en Argentina, y la crisis que está sucediendo en Venezuela, Morales se ha convertido en unos de los últimos bastiones de la izquierda en Latinoamerica, pero este referéndum señala que aun este presidente carismático y popular tiene límite.