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Evaluación de la Alerta Estadounidense para Cinco Estados Mexicanos

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Resoluciones principales:

  • La legalización de la marihuana en diversos estados de los Estados Unidos llevará a los cárteles a desplazar su producción hacia drogas más duras como la metanfetamina, la heroína o el fentanilo, lo que provocará un aumento de la demanda de opio. En el corto y medio plazo, es altamente probable el aumento de la violencia en Guerrero, donde se concentra la producción de opio.
  • El descabezamiento del Cártel del Golfo y de los Zetas Vieja Escuela en Tamaulipas augura una probable división de ambas organizaciones en bandas más pequeñas, lo que incrementaría la violencia en dicho estado, aunque daría mayor poder al recién creado Cártel del Noreste para controlar el territorio.
  • El descabezamiento de los grandes cárteles ha llevado a una descentralización de la actividad criminal, provocando un aumento descontrolado de la violencia.
  • La aparición y rápido crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación supone una de las claves para entender el repentino aumento de violencia de los últimos años, por la lucha abierta entre este y el Cártel de Sinaloa.

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el 10 de enero de 2018 sus recomendaciones de viaje para todo el globo. A pesar de que gran parte de los estados de México han formado parte de la lista, es la primera vez en la historia que cinco de sus territorios obtienen el mayor grado de peligrosidad por el Departamento de Estado estadounidense, 4 de 4, poniendo a dichas regiones en el mismo nivel de peligrosidad que países en guerra como Afganistán, Siria o Yemen. La recomendación del Gobierno estadounidense es evitar visitar los cinco estados afectados, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

CONTEXTO

El ascenso de estos cinco estados al mayor nivel de peligrosidad del sistema de recomendaciones de viaje estadounidense obedece a un gran aumento de la violencia en dichos territorios provocada por enfrentamientos entre pequeñas bandas criminales y las luchas territoriales entre los grandes cárteles de la droga existentes y los remanentes de extintos cárteles. Desde que en diciembre de 2006 el expresidente Felipe Calderón lanzase la «Guerra contra el narcotráfico», y que ha durado ya dos sexenios, se han producido más de 234 000 muertos y ha llevado al descabezamiento de la mayor parte de los cárteles existentes al inicio de la guerra. Sin embargo, la eliminación de las cúpulas de los cárteles no ha llevado a su disolución, sino a su descentralización, dando lugar a centenares de pequeñas bandas criminales con intereses confrontados, lo cual ha disparado los niveles de violencia en México.

ANÁLISIS

Para comprender mejor las razones que han llevado a Estados Unidos a aplicar el mayor grado de peligrosidad a cinco estados mexicanos, es conveniente analizar cada uno de los estados por separado.

Colima

A pesar de ser el estado menos poblado de México, Colima cuenta con uno de los puertos más importantes de la zona pacífica de México, Puerto Manzanillo, por donde pasan dos millones de contenedores al año. Dicho puerto es un punto estratégico para el narcotráfico porque es un punto de entrada de cocaína y efedrina procedentes de Colombia y China. La violencia en Colima se disparó cuando el Cártel de Sinaloa llegó para combatir a sus antiguos aliados, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que posee el control del estado, y disputarles el control de Puerto Manzanillo. Esta disputa es la razón del aumento de la violencia en Colima y el motivo por el que este pequeño estado posee la mayor tasa de homicidios de todo el país, con 70,6 asesinatos por cada 100 000 habitantes.

Guerrero

El estado de Guerrero fue antaño un paraíso turístico, donde las mayores estrellas de Hollywood veraneaban y donde los Kennedy celebraron su luna de miel, pero la violencia en el estado se disparó cuando las fuerzas de seguridad mataron al líder del cártel de Beltrán y Levya, que ostentaba el control del estado, lo que llevó a su disgregación en más de una veintena de bandas criminales que a día de hoy se disputan el territorio, algunas de ellas son Guerreros Unidos, Los Tequileros, Los Rojos o los Ardillos. Guerrero es zona de producción de opio, materia prima para la producción de heroína, y su proximidad con las rutas de contrabando hacia la frontera con Estados Unidos hacen de Guerrero un objetivo para las bandas y cárteles.

Michoacán

Michoacán es un estado clave para entender la guerra contra el narcotráfico en México. Estado natal del expresidente Felipe Calderón, con el inicio de la guerra contra el narcotráfico cerca de 7 000 soldados fueron mandados a Michoacán para combatir al cártel dominante en la región, la Familia Michoacana. Michoacán es el mayor productor de metanfetamina para su posterior exportación a Estados Unidos, y posee el puerto más importante de la costa del pacífico mexicana, el puerto de Lázaro Cárdenas. Desde que miembros de la Familia Michoacana se escindieran para formar el cártel de Los Caballeros Templarios, la impunidad en el estado ha estado generalizada. La ineficacia el Gobierno en combatir a los cárteles llevó a la creación de las primeras milicias de autodefensa en La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista. Estas milicias han supuesto un problema para el Gobierno mexicano, por los continuos enfrentamientos entre ellas, por la incapacidad de las autoridades para controlarlas, y por la negativa de las mismas a desarmarse voluntariamente. Tras el descabezamiento de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, en Michoacán quedan remanentes de ambos cárteles, las milicias de autodefensa enfrentadas entre sí, y el recién creado cártel La Nueva Familia Michoacana, en guerra con el CJNG por el control de Michoacán y del puerto de Lázaro Cárdenas.

Sinaloa

Estado originario del famoso Cártel de Sinaloa, no es el principal productor de ninguna droga, aunque posea amplias plantaciones de marihuana y de opio. Pero en lo que se especializaron en el Cártel de Sinaloa es en la organización de sus rutas de contrabando, especialmente a través de la frontera con Estados Unidos. Desde la extradición el 19 de enero de 2018 del Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo Guzmán», se originó una lucha interna dentro del cártel entre el jefe de seguridad de El Chapo, Dámaso López Núñez, alias «El Licenciado» y los dos hijos de El Chapo. Esta disputa interna aumentó los índices de violencia en el estado de Sinaloa, y aún tras la detención de Núñez, los hijos de El Chapo aún se enfrentan a obstáculos para controlar plenamente el cártel.

Tamaulipas

El estado más próximo a Estados Unidos, pues comparte frontera con Texas, es sede del cártel más antiguo de México, el Cártel del Golfo, cuyo fundador, Juan Nepomuceno Guerra, traficó con alcohol durante los años de la ley seca para después crear el cártel en los 80. En 1999 el exmilitar Arturo Guzmán Decena empezó a trabajar para el líder del cártel, Osiel Cárdenas Guillén, y comenzó a reclutar exmilitares de las fuerzas especiales para crear los Zetas, el brazo armado del cártel que se encargaría de la protección de los líderes y los territorios, así como de ejecuciones y secuestros. Eventualmente, y tras un aumento de su peso dentro de la organización, los Zetas se escindieron del Cártel del Golfo en 2010 y comenzó una sangrienta guerra contra el mismo por el control del territorio que dura hasta la actualidad. Con los años, tanto los Zetas como el Cártel del Golfo han sufrido varias fracturas internas y existen diversas facciones en ambos bandos, que continúan la guerra entre ellas principalmente en el estado de Tamaulipas, y en menor medida en Nuevo León y Coahuila. La irrupción del Cártel del Noreste ha sido clave en el aumento de la violencia en Tamaulipas, pues es un actor adicional a los ya existentes. Las fuerzas de seguridad mexicanas consiguieron abatir a los líderes de dos de las facciones más importantes de la zona, a Pancho Carreón de los Zetas Vieja Escuela, y a Juan Manuel Loza, conocido como el Comandante Toro, líder del Clan del Golfo.

PRONÓSTICO

En Colima, la irrupción del Cártel de Sinaloa para disputarle el control del Puerto de Manzanillo al CJNG amenaza con mantener a Colima como el estado más mortífero de México, pues la importancia de dicho puerto para la entrada de estupefacientes es de vital interés para los cárteles. Las crecientes hostilidades entre ambos cárteles atraerán a bandas menores, lo que supondrá un aumento de la criminalidad en el territorio de Colima.

El aumento de la demanda de opio por los cárteles para compensar sus pérdidas por la legalización de marihuana en ciertos estados de Estados Unidos, harán de Guerrero el centro de batalla de los cárteles para controlar la producción de opio, abundante en el estado, por lo que es altamente probable un aumento de las hostilidades en el estado y la incursión de cada vez más bandas criminales.

A las ya existentes confrontaciones en el estado de Michoacán hay que sumarle la aparición de un nuevo cártel, autodenominado La Nueva Familia Michoacana, que ha declarado la guerra al CJNG por el control del territorio, lo cual aumentará la tasa de violencia del estado.

La violencia en Sinaloa obedece a las luchas internas que vivió el Cártel de Sinaloa tras la captura y extradición a Estados Unidos de El Chapo Guzmán. Es probable que una vez que los hijos de Guzmán recuperen el control del cártel la violencia disminuya tras un periodo de transición.

La irrupción del Cártel del Noreste en el estado de Tamaulipas fue el motivo del drástico aumento de la violencia en dicha región, pero el descabezamiento de los Zetas Vieja Escuela y del Cártel del Golfo podría disminuir la actividad de ambos en favor del Cártel del Noreste o, por el contrario, provocar la desintegración de dichas facciones en otras más pequeñas que aumenten la conflictividad en el estado.

Ninguna de las dos grandes guerras contra el narcotráfico emprendidas por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos hace más de 45 años, y por Felipe Calderón en 2006, han podido frenar la violencia creciente en México. La guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón tuvo como misión principal acabar con los cabecillas de los cárteles, que poseían una jerarquía basada en lazos familiares, y ascensos y recompensas basados en la lealtad; algo que llevó a pensar a las autoridades que, descabezando a los cárteles, estos desaparecerían. Esto no ocurrió, sino que llevó a la descentralización de su actividad criminal, dando lugar a la creación de multitud de bandas criminales de pequeño tamaño que se adaptaron a la guerra que el gobierno mantenía contra ellas; ahora el crimen organizado no se basa en los antiguos lazos de sangre, sino que se divide en diversas células que colaboran entre sí, pero que actúan independientemente y sin mostrar lealtad hacia organizaciones mayores, por lo que el efecto de perder una célula por la acción policial no repercute en la red criminal, y la cantidad de información que dicha célula podría aportar a la policía es menor.

La irrupción del CJNG en el escenario mexicano ha supuesto un drástico aumento de la violencia, debido a la guerra abierta entre este y el único otro gran cártel en pie, el de Sinaloa, por el control de todas las regiones de México, lo que ha llevado la guerra a lugares que nunca han sido testigos de la violencia del resto del país como Cancún.

La prueba de que todos estos factores han disparado la violencia en México es que 2017 ha sido el año con mayor número de asesinatos registrados, 23 101 a falta de los datos de diciembre. Otro dato escabroso es el número de periodistas asesinados en México que en 2017 asciende a 81 fallecidos, menos de los 120 de 2016, pero que sitúan al país como el más peligroso del planeta para ejercer la profesión periodística.

Cartel de Sinaloa lavaba dinero en Colombia usando textiles: Informe

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El cartel de drogas más poderosos de México lavaba ganancias ilícitas en Colombia, usando ropa y calzado, asegura un nuevo informe, para aprovecharse de la dificultad que enfrentan las autoridades para detener el lavado de dinero en actividades comerciales.

En un artículo del 27 de julio, Portafolio explica cómo el Cartel de Sinaloa en México cooperó con lo que el medio de noticias colombiano llama “una de las bandas de contrabando más grandes del mundo» para blanquear una parte de los miles de millones de dólares que obtiene el grupo de los estupefacientes en ingresos anuales estimados.

(Escrito por Mike LeSusa articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)

La operación explotaba un vacío en la regulación colombiana que estipula los aranceles a la importación de textiles. Según Portafolio, los países que han firmado acuerdos de libre comercio con Colombia están exentos de dichos gravámenes.

Al saber esto, los traficantes de contrabando comenzaron a comprar productos textiles con el dinero de procedencia ilícita y a falsificar las declaraciones de origen de los productos importados a Colombia. Esto le permitió al grupo lavar dineros mal habidos y de paso evadir el pago de aranceles.

Una manera como los contrabandistas lograban esto era comprando manufacturas textiles de países con los que Colombia no tenía tratados de libre comercio, y despacharlos a países con los que hay dichos tratados, entre ellos México, Honduras, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

En el caso de Estados Unidos, los contrabandistas explotaban otro vacío regulatorio en materia comercial. Según Portafolio, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia permite a las empresas autocertificar el país de origen de los productos que exportan.

El grupo adquiría manufacturas de Asia, las desviaba mediante empresas fachada en el distrito de la moda de Los Ángeles, y aseveraba falsamente que habían sido elaborados en Estados Unidos.

El distrito de moda de Los Ángeles tenía una contrapartida, que implicaba el uso de ganancias del narcotráfico para la compra de ropa de China, luego enviaban ilegalmente esos productos al otro lado de la frontera, hacia México, donde se revendían para que pareciera que las ganancias eran resultado de actividades lícitas.

Un operativo federal a gran escala contra el distrito de moda de Los Ángeles comenzó a finales de 2014, pero las autoridades han dicho que buscan mantenerse alertas para detectar el avance de esquemas similares.

El informe de Portafolio indica que la cooperación de la policía colombiana y las autoridades aduaneras con sus contrapartes en Estados Unidos llevó a desmantelar la red de contrabando de textiles que ejecutó el operativo ya descrito. El medio de noticias también señala que el gobierno colombiano adelanta conversaciones con socios regionales sobre cómo manejar el problema del lavado de dinero en actividades comerciales.

Como ya lo había señalado InSight Crime, muchos expertos consideran el lavado de dinero en actividades comerciales, o TBML, una de las formas de lavado de dinero más difíciles de combatir, pues permite que se oculten transacciones ilícitas dentro el complejo y masivo sistema de los flujos legítimos de comercio global.

Una posible solución que se ha planteado incluye el desarrollo de un sistema que permita el seguimiento en tiempo real de mercancías importadas. Esto podría permitir a las autoridades aduaneras ejercer una mejor vigilancia de transacciones sospechosas. Por ejemplo, una de las maneras como los investigadores descubrieron el esquema textil fue la observación de un incremento acelerado e inusual de artículos de ropa y calzado importados a Colombia desde países que anteriormente no habían sido grandes exportadores de dichos productos.

Portafolio también informa que las autoridades buscan desarrollar mejor control e intercambio de información respecto al verdadero país de origen de los productos comerciados en la región. Mejorar estas capacidades haría más difícil que los lavadores de dinero se aprovecharan de los vacíos legales en materia de comercio, como los explotados por la red de contrabando ligada a Sinaloa.

(Escrito por Mike LeSusa articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)

Manifestaciones diarias subrayan la frustración con el gobierno mientras que los niveles de violencia siguen aumentando

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Durante los últimos cuatro años, la estación de verano mexicana ha estado marcada por manifestaciones contra la ley educativa del gobierno, organizadas por el sindicato nacional de profesores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a la reforma en el sector educativo.

Sin embargo, este verano las manifestaciones se han vuelto más violentas y han aumentado en intensidad. Han habido enfrentamientos violentos en el sud del país, concretamente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Las protestas están polarizando la sociedad mexicana entre los defensores de los profesores y las personas que están sufriendo los bloqueos de CNTE en las carreteras principales de muchos estados.

Entre el 19 y 20 de junio, hubo un aumento de los niveles de violencia  cuando 7 protestantes fueron asesinados y decenos heridos por las fuerzas de seguridad durante un bloqueo en la vía en Nochixtlán, Oaxaca. Hay muchas cuestiones pendientes relativas al origen de la violencia en Nochixtlán, un pueblo normalmente tranquilo. Al principio, las autoridades (Policía Federal y Gendarmería) se negaron a utilizar la fuerza contra los manifestantes, pero después de la publicación de material en redes sociales, estos fueron forzados a cambiar su posición.

El debate se ha centrado en por qué la Policía Federal atacó a los ciudadanos de Nochixtlán, reporta el periódico La Jornada. El Ombudsman de Oaxaca se cuestiona por qué la PF “el 20 de noviembre intervino en una colonia en donde solo hay niños y mujeres y a que se debió el desproporcionado uso de gas lacrimogeno por parte de los agentes”. Entre la creciente desconfianza en el gobierno y el aumento de los niveles de violencia en el país,  el Ministro de Seguridad Osorio Chong se reunirá con las familias de Nochixtlán para clarificar los alterados ocurridos e intentar pacificar la población local.

Sin embargo, los enfrentamientos violentos no solo se han producido en Oaxaca. En el estado de Chiapas, el día 20 de julio, agentes de la Policía Federal disolvieron una protesta en la carretera principal entre San Cristonbal y Tuxtla Gutiérrez. Hubo graves enfrentamientos entre las autoridades y los protestantes cuando agentes de la Policía Federal desalojaron a los maestros que bloqueaban el km 45 de la autopista. Después de que los protestantes se replegaran en la plaza central de los Altos de Chiapas, la policía quemo los campamentos de los maestros.

En la Ciudad de México, hay manifestaciones diarias en la avenida principal Reforma, la mayor parte de ellas se producen por la tarde, en la hora punta, colapsando los puntos de entrada y salida de la ciudad. El día 28 julio se movilizan cerca de dos mil educadores disidentes en el centro histórico de la ciudad pidiendo que el gobierno tomara en “serio” las demandas presentadas en la mesa de negociación.

En el estado de Michoacán, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aprobó el bloqueo de la vía férrea realizada por integrantes de la CNTE. Sin embargo, después de la violencia en Oaxaca y Chiapas, las negociaciones entre las autoridades y los protestantes se han centrado en conseguir que la PF no porte armas de fuego.

Las manifestaciones ponen de manifiesto que el gobierno se enfrenta cada vez más a una crisis cada vez peor, no solamente con el sindicato CNTE sino con la ciudadanía en general, los cuales están hartos de los abusos de los derechos humanos y el aumento de los niveles de violencia. Enfrentado el ultimo terció del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, nuestro pronostico es que las manifestaciones aumentaran en todo el país, aumentando presión civil sobre los candidatos de las elecciones del 2018. Para los que administran negocios en México, las cosas van a seguir complicándose en los próximo meses – y probablemente van a aumentar en intensidad en el próximo año.

Lecciones para México en la baja de la violencia en dos estados fronterizos

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Escrito por Patrick Corcoran. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí

Un nuevo estudio que analiza la evolución de la seguridad en los estados mexicanos de Nuevo León y Chihuahua puede ofrecer lecciones para el resto del país, aunque muchos de los éxitos pueden no ser fáciles de replicar.

El estudio salió publicado en la edición de febrero de la revista mexicana Este País. Como lo destacan los autores Arturo Ramírez Verdugo y Reyes Ruiz González, los recientes avances en seguridad en ambos estados comparten algunas semejanzas. Ambos enfrentaron un deterioro extremo de su seguridad después de la separación de aliados criminales de larga data, durante la presidencia de Felipe Calderón. A esto le siguió una caída importante en la violencia en años recientes.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los homicidios en Chihuahua alcanzaron su punto más alto en 2010 con casi 4.000. La cifra llegó al tope al año siguiente en Nuevo León con 2.003 asesinatos. Aun así, en 2015 los asesinatos en Chihuahua y Nuevo León habían caído a 945 y 451, respectivamente, con bajas de más de 75 por ciento en ambos casos. El análisis de Este País busca revelar qué hay detrás de esta baja en los homicidios.

Tanto Chihuahua como Nuevo León comparten varias características básicas que influyeron en porqué se deterioró la seguridad y porqué, de algunas maneras, luego comenzó a mejorar.

Ambos son grandes estados fronterizos donde una ciudad domina la economía y la demografía — Juárez en el caso de Chihuahua, y Monterrey en Nuevo León. En ambos casos, el incremento en el derramamiento de sangre se precipitó en gran medida por una división entre dos viejos aliados que habían cooperado en el control de lucrativas rutas de narcotráfico. Después de años de tensión, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Juárez y sus respectivos servidores declararon una guerra abierta contra el otro en 2008, con Juárez como punto focal del enfrentamiento. El Cartel del Golfo y Los Zetas disolvieron su alianza en 2010, y Nuevo León surgió como eje clave del conflicto.

Según el análisis de Este País, tal como ambos estados compartían varios factores que contribuyeron a la desmejora, también varias características comunes ayudaron a su notable cambio de rumbo.

Una de esas características es una activa sociedad civil, dirigida por líderes empresariales y comunitarios locales, que apoyan los cambios gubernamentales. Otro es el interés en fortalecer y mejorar el rol del gobierno local en la protección de la seguridad pública, en particular los tribunales y la policía locales. Algo crucial fue que las autoridades locales en ambos estados trabajaron para coordinar con sus homólogos federales y estatales, de modo que los esfuerzos oficiales tienen un efecto multiplicador, en lugar de trabajar con fines encontrados de manera que se afecte la seguridad.

Ninguna de estas observaciones es por completo original, en particular en lo que concierne a Juárez. La participación de la comunidad local en Todos Somos Juárez ha sido objeto de muchos comentarios, así como la ampliación de las operaciones del departamento de policía local, especialmente bajo la dirección del exjefe Julián Leyzaola. Más aún, se han derramado océanos de tinta en la discusión del impacto de los deficientes gobiernos locales en la exacerbación de los problemas de seguridad en todo México.

Pero la importancia del gobierno local y una comunidad ciudadana comprometida se ha menospreciado ampliamente, ya que es mucho más factible que la atención pública se decida por las actividades del presidente. Por tal razón, los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto por crear una gendarmería nacional han atraído mucho más despliegue en los medios que cualquier innovación en los municipios, pese al limitado mandato de la gendarmería y su minúsculo tamaño en relación con la nación en general. Lo que se ha ignorado en gran parte en Nuevo León y Chihuahua es un reflejo de lo que se ha dejado pasar en el resto del país.

Los autores del artículo de Este País también destacan otros muchos factores. Uno es la implementación del nuevo sistema de juzgamiento derivado de la reforma judicial de 2008, y las consiguientes mejoras en la tasa de sentencias locales, así como la capacidad del sistema de respaldar la integración de los criminales liberados a la sociedad general. Otros logros incluyeron aumentos sustanciales en los presupuestos para las autoridades judiciales de mayor rango en el ámbito estatal, quienes tienen a su cargo el enjuiciamiento de muchos de los llamados “crímenes de alto impacto” asociados con los grupos criminales, incluyendo homicidio, secuestro y extorsión.

En Nuevo León, el gasto del ministerio de justicia del estado saltó de 2.300 millones de pesos (mexicanos) en 2010 a 4.500 millones de pesos en 2014. En Chihuahua, el incremento correspondiente fue de 2.100 millones a 4.100 millones de pesos. En otras palabras, un incremento de casi 100 por ciento en ambos casos en solo cuatro años, durante los cuales la economía mexicana solo aumentó en un 12 por ciento aproximadamente.

Los autores concluyen que las razones que hay detrás de la caída en los crímenes en Nuevo León y Chihuahua equivalen a una mejoría institucional sustancial. Si se acepta esto, esos avances en Nuevo León y Chihuahua son genuinamente históricos. Los organismos de seguridad de México, corruptos e ineficaces, ha resistido por mucho tiempo cualquier iniciativa de reforma, en detrimento de todo el país. Ramírez Verdugo y Ruiz González parecen insinuar que los dos estados al fin encontraron la solución al superar esto.

Algunas de las conclusiones en el artículo de Este País están mejor sustentadas que otras. La mejoría institucional es en extremo difícil de medir, y apoyar una conclusión así simplemente señalando la cantidad de dinero que se gastó puede llevar a un argumento circular.

Además, los autores posiblemente van demasiado lejos al restar énfasis a los cambios ocurridos en el panorama del crimen organizado, que en cierto modo están aislados de las acciones del gobierno. Tampoco es claro hasta qué grado la estrategia en estos dos estados es replicable: Nuevo León y Chihuahua son dos de los estados más ricos de México, con sociedades civiles muy comprometidas. Las circunstancias en, por nombrar alguno, Guerrero, son muy distintas.

Sin embargo, el análisis de Este País busca la especie de análisis preciso que con demasiada frecuencia falta en los análisis de la seguridad en México. De igual manera, la mayor virtud de sus autores en la realización del estudio es muy simple en términos conceptuales, pero en cierto modo muy rara: en lugar de lamentarse de todo lo que anda mal, intentan identificar porqué ciertas cosas han ido bien. Refinar y difundir este conocimiento podría traer un mundo de beneficios en México.

Escrito por Patrick Corcoran. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí, pero no necesariamente refleja la opinión de MS Risk.