El blog de MS Risk

Las continuidades en las estrategias de los grupos armados y el crimen organizado en Colombia dejan una lección agridulce para el post-conflicto

Pablo Escobar es un personaje que es conocido en distintas partes del mundo como un exitoso narcotraficante colombiano que lideraba el cartel de Medellín hace más de 30 años. Una de las estrategias que los hizo particularmente famosos fue el llamado ‘plan pistola’ que consistía en ofrecer una cantidad de dinero a sicarios por cada policía que dieran de baja.

En las últimas semanas, esta estrategia ha vuelto a ser noticia en Colombia, pero no porque el cartel de Medellín esté de nuevo en operación, sino porque las Bandas Criminales (BACRIM) han implementado una estrategia similar en el país. Desde el mes de marzo, el Clan Úsuga (o Autodefensas Gaitanístas de Colombia, como los miembros del grupo se presentan a sí mismos), empezaron a ofrecen dos millones de pesos colombianos (670 dólares aprox.) por cada policía muerto. Según lo que informó el mismo Clan Úsuga, esta estrategia es una respuesta al reciente asesinato de uno de los líderes de la organización: Jairo de Jesús Durango, alias Guagua. Al parecer, las estrategias y trayectorias de distintos grupos armados y organizaciones criminales en Colombia reflejan más continuidades de las que se podrían haber pensado.

Pero esta no es la única estrategia que parece repetirse en el país. Justo al inicio de Abril, el clan Úsuga declaró un paro armado en el norte del país que incluyo a varios departamentos, en especial el de Antioquia y Córdoba donde ejercen mayor influencia. Esta no es la primera vez que el Clan Úsuga utiliza una estrategia de este tipo. Por ejemplo, en el año 2012, este grupo también ordenó el cierre de establecimientos comerciales por toda la costa atlántica del país después de que Juan de Dios Úsuga, antiguo líder de la organización, fue dado de baja por la policía.

El paro de este año se extendió por dos días, el 31 de marzo, y el 1 de abril, y dejó, según la investigación que realizó el Centro de Recursos para el análisis de conflictos, 36 municipios en 8 departamentos fueron afectados directamente. Con 27 acciones violentas, 4 asesinatos, la quema de 8 vehículos y 9 enfrentamientos con la policía y el ejército registrados, el paro hizo que varias poblaciones, incluida Montería la capital del departamento de Córdoba con unos 430.000 habitantes y una de las ciudades más importantes de la región, quedaran paralizadas. Los resultados de la orden de paro armado fueron diferentes en cada municipio de la costa caribe, lo que significa que aunque el clan reclame autoridad sobre toda la región, el nivel en el que tienen influencia en los distintos municipios es muy diferente de uno al otro, aunque los miembros de este grupo hay distribuido panfletos y usado redes sociales para declarar el paro armado en más municipios que los que el paro se hizo realidad.

Por ejemplo, en Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, no se presentó ningún cierre ni en las universidades, ni en el comercio local entre el día jueves y viernes, mientras que Montería, la capital del departamento de Córdoba, cerró en su totalidad el día viernes luego de que el Clan Úsuga manifestara que se encontraba inconforme con los habitantes de la ciudad por no hacer caso al paro armado el jueves. La complejidad de las zonas de influencia del Clan Úsuga y la capacidad y disposición de los gobiernos locales y la fuerza pública para responder a las acciones de este grupo ofrecen un panorama complicado que debe verse al nivel local para que sea entendido de un modo más adecuado.

La región de Urabá en el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba fueron de las áreas más afectadas por el paro, precisamente regiones en donde el Clan Úsuga empezó sus operaciones y donde, antes de su desmovilización, los paramilitares tenían una presencia importante. Parece que las geografías de influencia paramilitar que se establecieron al principio en la zona con el objetivo de combatir a la guerrilla y consolidar rutas de narcotráfico son hoy un factor fundamental en el nivel de influencia tiene el clan Úsuga hoy en día en diferentes municipios.

Tal como en su tiempo hizo el cartel de Medellín, el clan Úsuga ahora está presionando al gobierno nacional para, por un lado, mostrar que su capacidad de acción no se ha visto afectada, y por otra, exigir que sean reconocidos como un grupo político. Miembros de organizaciones como la Defensoría del pueblo en Córdoba, han destacado que la posición del clan Úsuga tiende más a hacer lo mismo que el Cartel de Medellín: presionar al gobierno nacional para que inicie algún tipo de conversación política con ellos.

En su tiempo, el cartel de Medellín puso en práctica estrategias como el ‘plan pistola’ para, entre otros objetivos, presionar al gobierno para negociar con ellos, prohibir la extradición y, en un segundo plano de la agenda, legalizar el tráfico de drogas en el país. En el contexto actual, el clan Úsuga estaría más interesado en que sus opiniones sean consideradas en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC en la Habana. Como lo demuestran las interceptaciones que hizo la fiscalía a líderes del clan, esta organización estaba apoyando en términos logísticos la marcha que el pasado 2 de abril lideró el expresidente Álvaro Uribe en contra del proceso de paz, lo que parece mostrar que existe un interés de fondo en participar de los debates políticos en el país.

OJO

Durante la primera semana de abril, las FARC han manifestado que una de las condiciones para la firma del acuerdo final es que el gobierno nacional atienda el problema de las BACRIM en el país. El control que al parecer tienen varias de ellas en el país ha preocupado hasta a los miembros de las FARC quienes sienten que su seguridad no estaría garantizada si no se desarticulan estos grupos herederos del paramilitarismo. La misma preocupación que tienen las FARC es la preocupación de varios habitantes locales y sería la preocupación de potenciales inversionistas en el país luego de la firma del proceso de paz.

Las rutas del narcotráfico que todavía operan en el norte y noroccidente de Colombia en las que se encuentran involucradas organizaciones como el clan Úsuga y las FARC no dejarán de operar en estas regiones con la firma de este acuerdo y la desmovilización de la guerrilla. En el mismo sentido, las prácticas de ejercicio de control sobre las regiones que hoy hace este clan en relación al narcotráfico tampoco van a evaporarse. Esta situación le interesa, en general a dos tipos de compañías interesadas en Colombia. Por un lado, las empresas del sector agroindustrial quienes tendrán la posibilidad de invertir en esta región del país y, por otro lado, para las empresas del sector extractivo que tendrán mayores posibilidades para extraer crudo porque, según lo ha declarado el presidente de la empresa estatal de petróleos de Colombia ECOPETROL, regiones como Caquetá, Putumayo y Catatumbo serán más accesibles para la exploración y explotación después de la firma del acuerdo de paz.

La persistencia de las economías del narcotráfico y el carácter bien localizado de la influencia de las BACRIM exige que las empresas interesadas en invertir en Colombia presten mucha atención a como se estructuran las relaciones entre las instituciones del Estado y los grupo armados en el nivel local y municipal. Por ejemplo, en ciertos municipios del departamento de Antioquia y en Montería, parece que los impactos del paro armado fueron más altos por el nivel de penetración que tiene el clan Úsuga en el gobierno local y la respectiva falta de respuesta de la fuerza pública. Entender esa relación e identificar las instituciones del Estado en el nivel regional, local y nacional en las que se puede confiar es crucial para el establecimiento de operaciones.

Pero también, es importante que las compañías hagan un análisis de riesgos responsable y exhaustivo para que entiendan como sus operaciones pueden tener impactos en los intereses y operaciones de los grupos que pueden llegar a operar u operan en la región y como las operaciones de esos grupos pueden impactar sus operaciones. En ese sentido, es necesario que entiendan como operan la autoridad en el nivel local y establezcan relaciones sólidas con la comunidad, quien está al tanto de las dinámicas en la región. Las compañías pueden servir como actores que son útiles a estos grupos para presionar al gobierno en su agenda política y económica, por eso es muy importante que la empresa entiende sus relaciones e impactos en su entorno de operaciones.

La Policía de Panamá Registra la Sede de Mossack Fonseca

La Fiscalía de Panamá ha registrado las oficinas de del bufete Mossack Fonseca como parte de la investigación abierta a raíz del escándalo conocido como los Papeles de Panamá. Este martes, las unidades policiales de combate al crimen organizado rodearon la sede central de la compañía en la Ciudad de Panamá mientras la fiscalía registraba las oficinas en busca de documentos. Según la oficina de la Fiscalía General de Panamá, el objetivo de la operación ha sido la obtención de documentación relacionada con la información publicada en la prensa que establece el uso de la firma en actividades no licitas.

La filtración masiva de más de 11.5 millones de documentos ha provocado revuelvo mediático a nivel mundial. Los papeles de Panamá han vinculado a más de 12 jefes de estado. Más de 60 familiares y asociados de jefes de gobierno y otros políticos han sido involucrados.

Los documentos de Mossack Fonseca apuntan a un entramado de sociedades ocultas relacionadas con personas de máxima confianza del Presidente ruso Vladimir Putin. Los documentos también mencionan al cuñado del Presidente chino Xi Jinping, al Presidente de Ucrania Petro Poroshenko, al Presidente argentino Mauricio Macri, al padre del Primer Ministro británico David Cameron y tres de los cuatro hijos de Primer Ministro pakistaní Nawaz Sharif.

Las autoridades francesas, alemanas, australianas y de Corea del Sud han abierto investigaciones para determinar posibles actividades ilícitas, desde blanqueo de capitales hasta evasión de impuestos. El ministro de finanzas francés, Michel Sapin, comunico al Parlamento que el gobierno ha puesto de nuevo a Panamá en una lista negra de refugios para evasores de impuestos.

El 4 de Abril, el presidente de la rama chilena de Transparencia Internacional renunció a su puesto después de que documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca revelaran que estaba relacionado con al menos cinco empresas. Aunque no haya sido acusado de ninguna actividad ilegal, las filtraciones ponen en duda su posición en Transparencia Internacional, una organización que tiene por objetivo monitorizar corrupción política y empresarial a nivel mundial.

El 5 de Abril, el Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson renunció a su cargo después de que documentos filtrados revelaran que compro una sociedad offshore llamada Wintris en 2007 junto con su mujer pero no la declaro como interés cuando entro en el parlamento en 2009. Gunnlaugsson vendió su 50 por ciento de la compañía a su mujer por un dólar ocho meses más tarde. Un documento signado por su mujer en 2015 revela que Wintris fue usada pare invertir millones de dólares que habían heredado. A Gunnlaugsson se le acusa de ocultar millones de dólares procedentes de activos familiares. El ministro ha dicho que no ha vulnerado ninguna ley y ha negado que él o su mujer se hayan beneficiado económicamente de tal comportamiento.

Debido a la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca, el gobierno de Panamá ha anunciado la creación de una comisión independiente para analizar las prácticas económicas del país. El Presidente Juan Carlos Varela ha dicho que la comisión evaluará las prácticas actuales y propondrá la adopción de medidas para fortalecer la transparencia del sistema financiero y legal.

Aumento de cultivos de coca en Colombia alertan sobre las economías políticas del post-conflicto

Si un tema ha sido importante para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas, es el cultivo de coca en Colombia. De hecho, uno de los principales objetivos de Plan Colombia fue reducir su número. Por eso, si hay un cambio importante en las cifras del área cultivada en Colombia, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos realice un comunicado sobre el tema. El reciente aumento en la cantidad de hectáreas de coca cultivadas en Colombia llevo precisamente a que el embajador de Estados Unidos en el país se refiriera al tema en marzo. Pero, más allá de las reacciones que generó en la prensa lo comunicado por el gobierno estadounidense, el cambio en las cifras de coca en Colombia, nos da más bien ideas sobre la economía política del narcotráfico que prevalece y crece en Colombia aún con la futura firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

el embajador de los Estados Unidos, las cifras de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca muestran que entre 2013 y 2015 la cantidad de hectáreas sembradas ha aumentado en un 42%. Según la cifra presentada, de las aproximadamente 80.000 hectáreas sembradas en 2013, pasamos a 159.000. Además de que los cultivos se han duplicado, según lo estimado por el gobierno estadounidense la producción potencial de cocaína ha aumentado de 250 toneladas métricas como se registró en 2014, a 420 toneladas métricas en 2015. Es decir, Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína en el mundo, de donde es exportada a Europa y Estados Unidos.

Aunque las cifras que se han presentado podrían llevar a pensar que la lucha antidrogas ha sido fallida, el aumento tiene que ver más con el cambio en la distribución de las plantaciones en el país. Es cierto que, desde mayo de 2015, el gobierno colombiano prohibió la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos y, desde entonces, como lo mencionó el embajador norteamericano en su comunicado, se han privilegiado otras estrategias como la erradicación manual. Pero esta prohibición correspondió más a consideraciones del impacto del glifosato para la salud y a una reformulación en la política antidrogas que al fin de la lucha contra los cultivos ilícitos en el país. En ese orden, los datos que publicó la Casa Blanca, nos dicen mucho sobre los retos que aparecerán en Colombia en los próximos años en regiones afectadas por el conflicto y vinculadas al narcotráfico. Es probable que las zonas donde los cultivos de coca han estado en aumento, van a ser las más afectadas por la presencia de economías ilegales y otras dinámicas después de la firma del acuerdo de paz.

Desde octubre de 2015, una nueva política antidrogas ha venido a reformular la estrategia que se había venido utilizando en los últimos años para disminuir el número de hectáreas cultivadas en el país. Uno de los seis puntos de esa estrategia incluye un capítulo de sustitución de cultivos y de erradicación voluntaria que, en últimas, quiere incentivar el desarrollo de otro tipo de cultivos y de otras apuestas productivas gobierno nacional con otras medidas como la aprobación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), la articulación de iniciativas agrícolas y agroindustriales en el país es parte de la agenda económica del post-acuerdo. La política antidrogas que ahora está siendo implementada estaría articulada a estos esfuerzos del Estado colombiano y, lo que genera más inquietud, se estaría poniendo en marcha en zonas del país que ahora se consideran de interés para otros proyectos agroindustriales como lo es Norte de Santander y ciertas áreas de la Orinoquía.

Según los datos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en 2015, para el año 2014 la mayoría de los cultivos en el país se encuentran concentrados en el sur del país, especialmente en los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, y en el Catatumbo. Según la misma oficina, la presencia de cultivos en estas zonas no es nueva, más bien lo que se ha visto es que la mayoría de los cultivos siguen presentes en los mismos lugares que en años anteriores y ahora se han venido cruzando con actividades de minería ilegal. Esto significa que en los últimos años ha aumentado la concentración de los cultivos, pero no su extensión por todo el país, justo en regiones con alta presencia de BACRIM, guerrillas y organizaciones de narcotraficantes.

Los actuales cultivos que le han servido a las guerrillas, los paramilitares y muchos otros grupos armados para financiar sus actividades armadas en Colombia son todavía un tema pendiente en la agencia política del país. Aún con la firma de los acuerdos de paz, la existencia de estos cultivos solo nos dice que las negociaciones de paz no van a dar paso al final de la economía del narcotráfico. Varias consideraciones deben hacerse al respecto:

• Por un lado, aunque la nueva política antidrogas pueda considerarse un triunfo para diferentes asociaciones campesinas y autoridades políticas del sur de Colombia que desde la década pasada habían estado proponiendo métodos de erradicación manual, el escenario en el que se implementa puede terminar teniendo efectos negativos para las comunidades locales. La fuerte presencia de grupos armados en el sur del país y la potencial aplicación de medidas de construcción de infraestructura y de legalización de tierras para los habitantes locales genera escenarios en los que es posible y existen incentivos para la expropiación de tierras y la retaliación armada.

• Por otro lado, las consideraciones de la nueva política antidrogas ofrecen la posibilidad de hacer grandes inversiones en las zonas afectadas por estos cultivos. Las disputas por las rutas del narcotráfico, la expansión de los cultivos y el control de la minería ilegal que se esperan con la retirada de las FARC en varios municipios del país va a generar grandes tensiones y transformaciones en las relaciones que existen entre las instituciones del gobierno nacional y local, los grupos armados en la región y las poblaciones locales. Hace varios años durante el gobierno del presidente Uribe se implementaron medidas similares de consolidación de presencia del Estado y el involucramiento de los campesinos en redes de seguridad y control, que provocaron, en parte como un resultado inesperado, la movilización de los cultivos a regiones más remotas a donde se han movilizado los grupos involucrados en el narcotráfico. Este tipo de efectos expansivos pueden ser de esperar, más cuando uno de los actores armados involucrados, las FARC, quedará fuera del escenario.

OJO

Los proyectos agroindustriales que ha venido proponiendo y regulando el gobierno colombiano, los esfuerzos de sustitución de cultivos que están siendo implementados con la nueva política antidrogas y la presencia constante de grupos armados en estas zonas de cultivo son una fórmula explosiva para las regiones donde estas tres dinámicas se juntan.

Tal como lo ha manifestado el actual ministro para el post-conflicto Rafael Pardo, la sustitución de cultivos en Colombia va a estar articuladas con las políticas de paz que se están implementando y se implementarán en el país. El aumento de los cultivos muestra como las economías ilegales que han estado relacionadas con el conflicto colombiano en las últimas décadas van a continuar siendo un reto para las empresas que quieran hacer inversiones en proyectos agrícolas en el país o quieran participar de proyectos de minería. Cabe recordar que la existencia de cultivos ilícitos no es el único elemento que hace parte de estas economías sino también el comercio de armas, y el establecimiento de laboratorios de procesamiento y de corredores de seguridad a los que hay que prestar especial atención.  Otro tipo de actividades como la minería ilegal, que se llevan ahora a cabo en las regiones de cultivo de coca, tienen graves impactos sociales y ambientales que se traducen en falta de confianza hacia empresas del sector extractivo que en el futuro estén interesadas en trabajar en la zona.

Existen altos incentivos para que estos grupos sigan haciendo presencia en estas regiones, aunque el Estado promueva políticas territoriales para sustituir los cultivos y hacer mayor presencia institucional las regiones. Es importante entonces que las empresas tengan un conocimiento claro de cómo funcionan esas economías ilegales locales y que en lo posible se mantengan en alerta para no involucrarse en ellas. Sin embargo, vale mencionar que los procesos de sustitución ofrecen una posibilidad para empresas interesadas en el país para apoyar e invertir en las cooperativas locales que se crearán para ayudar a que estos campesinos puedan vender sus nuevos productos en el mercado. Los términos de esos acuerdos de cooperación serían fundamentales para la actividad de cualquier empresa en Colombia.

Expresidente de Guatemala culpa a Estados Unidos de sus líos legales

Ley de ZIDRES y los potenciales riesgos de las iniciativas agroindustriales en Colombia

La demanda que acaba de ser puesta en Colombia en contra de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) por varios congresistas nos da una idea de los potenciales retos que una iniciativa como esta tendría en Colombia. Desde que la ley fue discutida en el congreso colombiano, ONGs como OXFAM, CODHES, Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones se opusieron a que fuera aprobada.  

Pero la controversia no ha terminado ahí. La ley Zidres pretende transformar las dinámicas económicas y uso de la tierra en diferentes regiones del país que se consideran o consideraban improductivas. El modo: la creación de unas iniciativas productivas en la que participan campesinos y empresas. Sin embargo, este argumento no sigue convenciendo a muchos en el país porque, según los senadores de los partidos polo democrático y de la alianza verde que demandaron la ley al inicio de marzo para que fuera inaplicable, los campesinos en Colombia se verían seriamente perjudicados.

Una de las principales figuras consideradas en la ley, y que es la que causa más polémica, es que el uso y explotación de Zidres se hará por medio de proyectos que serán presentados al Ministerio de Agricultura de Colombia por parte de empresas de distinto tipo. Estas empresas deberán tener en cuenta dentro de sus propuestas distintas consideraciones de sostenimiento ambiental, de seguridad y participación de comunidades de campesinos y propietarios individuales en la zona del proyecto, y de legalidad de los títulos de propiedad de las tierras que participarían de la iniciativa. El problema radica en que la manera en la que están pensados estos proyectos entraría en abierta contradicción con las iniciativas alimentarias y de uso de la tierra que han venido adelantando de manera independiente diferentes campesinos y asociaciones de campesinos en el país durante las últimas décadas. Tres puntos causan gran preocupación.

• En primer lugar, el modelo que se implementaría en las iniciativas a desarrollar en las Zidres sería asociativo, en el que los campesinos participarían como trabajadores, beneficiarios de programas de formación y apoyo técnico y de soporte para acceder a créditos para la compra de tierras. Con base en esta disposición, la demanda argumenta que los campesinos perderían su autonomía frente a las empresas que se encargaran de ejecutar los proyectos.

• En segundo lugar, la ley establece que los territorios de propiedad de la nación, denominados baldíos, podrían ser utilizados en estos proyectos con la condición de que su título no sea transferido a la empresa que lleva a cabo la iniciativa productiva. Sin embargo, la demanda argumenta que el contenido de la ley ofrece a las empresas la posibilidad de hacerse a la propiedad de una gran cantidad de estas tierras. Como también lo establece la ley, campesinos podrán acceder a la propiedad de la tierra involucrada en el proyecto, incluidas zonas de tierra consideradas baldíos sobre los que estos campesinos pueden reclamar propiedad. Con la titulación de las tierras, estas podrían ser compradas por las empresas en el marco de la ejecución del proyecto. Es más, como lo considera la ley, los campesinos que participen de estas iniciativas pueden entregar sus tierras como aporte al proyecto si así lo quieren. En términos prácticos, estos procesos de uso y titulación de la tierra abren la posibilidad para procesos de acumulación de tierra en el país, una de las causas principales del conflicto armado en Colombia.

• En tercer lugar, las Zidres estarían ubicadas en zonas con alta tensión social y política. de acuerdo a lo que ha declarado el superintendente de Notariado y Registro de Colombia, estarían distribuidas en cinco regiones del país: La Guajira, Chocó, Norte de Santander, la Orinoquía y la Amazonía. Lo problemático con esta distribución es que en estas regiones del país se mezclan los reclamos por tierra de distintos grupos campesinos y las dinámicas del conflicto armado colombiano. De acuerdo a un análisis presentado por Verdad Abierta con datos de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones sociales en el país, en las cinco regiones, hacen presencia tanto la guerrilla como los miembros de bandas criminales y existen reclamos para la titularización colectiva de la tierra como Zonas de Reserva Campesina y otras como zonas agroalimentarias. Según lo dispuesto en la ley, no existe una restricción para que las zonas agroalimentarias o las Zonas de Reserva Campesina aún no constituidas no sean incluidas dentro de las Zidres, lo que las pondría dentro del mapa de las zonas donde tentativamente se implementarían estos proyectos productivos. La potencial implementación de estos proyectos y su choque con las iniciativas de organizaciones de campesinos locales por la propiedad y uso de la tierra junto a la presencia de grupos armados en las regiones suma a la tensión que existe frente a la posible implementación de la ley.

OJO

La ley Zidres abre la posibilidad para que empresas nacionales y extranjeras inviertan en diferentes proyectos productivos agroindustriales. Es importante que las empresas y organizaciones interesadas en participar de estas iniciativas consideren con cuidado los potenciales impactos de estas actividades en las regiones donde se llevarían a cabo. Aunque la ley sea declarada inconstitucional, el gobierno nacional ha insistido en su esfuerzo por implementar iniciativas agroindustriales en el país.

En el marco de un posible acuerdo de paz, es importante que, ya sea con la figura de las Zidres o de otra iniciativa que pueda ser implementada en el futuro, las inversiones de empresas extranjeras estén atentas en dos frentes desde la planeación de sus iniciativas. Por un lado, es indispensable que procuren mantener unas buenas relaciones con las comunidades y las organizaciones de campesinos que viven y trabajan en las regiones. Cada una de ellas tiene historias distintas de tenencia y uso de la tierra y es importante respetar los procesos sociales y políticos que están detrás de ellas para no poner a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad o subordinación frente a las decisiones que tome la empresa sobre el proyecto.

Por otro lado, es importante que las compañías presten mucha atención a las acciones de los actores armados en la zona. Algunos pueden aprovechar para que los procesos de titulación de la tierra les sirvan para acumular una gran cantidad de propiedades y luego re venderlas o, incluso, a ofrecer servicios o recibir solicitudes para que presionen a los campesinos que viven en la zona para que compren o vendan su propiedad.