El blog de MS Risk

La hiperinflación en Venezuela: eventos recientes y perspectivas actuales

Diciembre no fue un buen mes para el pueblo Venezolano. Las reverberaciones políticas de la muerte del ex presidente Hugo Chávez han alcanzado un nuevo clímax en el último mes de 2016. Una crisis financiera generalizada provocada por la mala administración gubernamental; La hiperinflación y la fuerte caída de los precios del petróleo han llevado a una gran agitación civil y violencia pública. La situación actual llevó a la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido y al Departamento de Estado de Estados Unidos a emitir avisos de viaje para un país que no ha estado en tanta agitación durante mucho tiempo. El mes comenzó con una mala nota luego de que Venezuela fuera expulsada del MERCOSUR, el bloque comercial regional. Después de una década en la que el fuerte crecimiento y las políticas izquierdistas en América del Sur llevaron al bloque a abrazar a Venezuela, la suspensión ahora subraya la división ideológica en una región que lucha con los precios de las materias primas y el debilitamiento de las economías. También aísla la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de agravar las crisis políticas, económicas y humanitarias que azotan al país. Mientras tanto, Maduro envió a su canciller Delcy Rodríguez a Buenos Aires para asistir a una reunión del bloque. Como Venezuela fue expulsado, Rodríguez fue físicamente impedido de entrar en una sala de reuniones. Maduro dijo que esto causó graves heridas a Rodríguez. La retirada del MERCOSUR puso el Bolivar, la moneda nacional, bajo una presión creciente. La devaluación y el alza de la inflación llevaron a la emisión de nuevas notas de mayor valor. Una mochila llena de efectivo a menudo se requiere para pagar las facturas en un restaurante o supermercado. El banco central dijo que seis nuevas billetes de banco que van de 500 a 20.000 bolívares entrarían en circulación a mitad de mes. La nota más grande solía tener 100 bolívares y valía alrededor de dos centavos de dólar. Durante el mes pasado, la moneda ha caído un 60% frente al dólar en el mercado negro. Con el fin de facilitar el uso de denominaciones más altas, Maduro sacó la nota de 100 bolívares creando una escasez de efectivo nacional en la cima de la brutal crisis económica. Después de dos días de disturbios sobre la medida – incluyendo una muerte y decenas de tiendas saqueadas – Maduro pospuso la medida hasta el 2 de enero. Eso ayudó a detener la violencia, aunque todavía había informes de más saqueos en otras partes del país. La frontera entre Venezuela y Colombia fue cerrada por 72 horas para evitar el flujo de efectivo fuera del país. La crisis venezolana también ha empeorado sus relaciones con países y negocios aliados. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que pidió al gobierno venezolano que tome medidas para proteger al pueblo chino y sus propiedades. Múltiples negocios dirigidos por China han sufrido saqueos. Ford Motor Company ha detenido la producción de automóviles en Venezuela y no la reanudará hasta abril: «Es una medida para ajustar la producción a la demanda en el país». Las presiones sobre el pueblo y la economía venezolana no van a aliviar pronto, aunque es una posibilidad realista ver una extensión del actual aumento de los precios del petróleo en el próximo año, tal vez la única esperanza del país en medio de un desbordamiento de malas noticias.

Colombia retrasa conversaciones de paz con ELN

Colombia ha anunciado que está retrasando las conversaciones de paz con los rebeldes del Ejército Nacional de Liberación (ELN) hasta que liberen a un político que ha sido retenido cautivo durante seis meses. El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio el 27 de octubre mientras luchaba por salvar un acuerdo de paz con las FARC que fue rechazado en un referéndum.

 Reiterando una condición que estableció meses atrás, el Presidente Santos reveló que el ELN, el segundo grupo insurgente más grande del país, debe liberar a Odin Sánchez ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes de que se inicien las conversaciones en Ecuador. La ceremonia de apertura estaba programada para tener lugar en la capital de Ecuador el 27 de octubre a las 6 PM ED (2200 GMT) sin embargo fue cancelada en el último minuto.

Además, las recientes declaraciones de los miembros del ELN han representado un revés para las conversaciones. Miembro del Equipo Negociador del ELN Pablo Beltran ha revelado que el grupo tiene el derecho de «privar a la libertad» de las personas en el conflicto armado en Colombia, lo que significa que el grupo afirma que el secuestro es su derecho legal. Las declaraciones de Pablo Beltrán también han causado problemas para las negociaciones para liberar al Sr. Sánchez.

El ELN, que es considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), secuestró a cientos de personas durante sus 52 años de insurgencia para recaudar fondos y usar rehenes como barcos de negociación con el gobierno colombiano .

Es probable que las conversaciones con el ELN sean similares a las que se celebraron con las FARC. El acuerdo de paz fue firmado el 26 de septiembre con las FARC y aunque fue alabado internacionalmente, fue criticado por muchos en Colombia por ser demasiado indulgente con los rebeldes. El ex presidente Álvaro Uribe ahora lidera el esfuerzo por cambiar el acuerdo que habría otorgado a las FARC la garantía de asientos en el Congreso y la inmunidad frente a las penas de cárcel tradicionales.

Reciente fallo de tribunal en Estados Unidos en el caso de Chevron en Ecuador sugiere la necesidad de estrategias integrales de relación con las comunidades en el largo plazo

En el mes de agosto, Chevon le ganó a la comunidad de Lago Agrio una de las batallas en la guerra legal que tiene con los habitantes de esta región de Ecuador desde el año 1993. En más de 20 ocasiones, distintos jueces, en diferentes instancias legales y países han fallado el caso en el que la comunidad de Lago Agrio en el oriente ecuatoriano le reclama a Chevron por la contaminación de suelos y fuentes hídricas que protagonizó la empresa Texaco entre 1964 (cuando se descubrió petróleo en la región) y 1992 (año en el que la empresa se retiró del país suramericano).

A finales del año 2012, una corte ecuatoriana decidió que Chevron debía pagarles a las comunidades afectadas la suma de 18 billones de dólares por costos de limpieza en las localidades que fueron contaminadas. Aunque el valor a pagar se redujo, y la empresa estaría obligada a pagar aproximadamente 9 billones, Chevron ha insistido en que el fallo del tribunal ecuatoriano no es válido ya que el abogado de las comunidades que demandaron a la empresa y su grupo de trabajo, operó de manera ilegal para obtener el apoyo del juez. La última decisión, tomada en una corte estatal en Manhattan, Estados Unidos, le da razón a Chevron en ese punto.

Una disputa legal de dos décadas

La defensa de la compañía, nunca ha negado que hasta 1992 tuvieron lugar episodios de contaminación, pero ha insistido en que no son de su responsabilidad. Por un lado, los eventos de contaminación tuvieron lugar en Ecuador cuando en el país operaba Texaco, no Chevron. Sin embargo, Texaco fue comprada en el año 2001 por Chevron y se convirtió en una de sus filiales. Chevron argumenta que en su momento Texaco había llegado a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano y se había encargado de limpiar los ecosistemas contaminados. Su responsabilidad, entonces, ya había terminado.

Además, la empresa alega que los procedimientos por medio de los que se aprobó la decisión en las cortes de ecuador involucra un gran escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Con estas consideraciones, la empresa se niega a pagar la suma demandada por la justicia ecuatoriana.

Las estrategias

En el 2015, las comunidades afectadas en Ecuador elevaron sus peticiones ante la Corte Suprema de Canadá para que, dado que Chevron no ha mostrado señales de acceder a pagar la cifra demandada, puedan usarse sus bienes en este país para pagar la cifra que definieron los tribunales en Ecuador. La corte canadiense le dio la razón a los reclamos de las comunidades en una decisión que hacía virtualmente posible utilizar las propiedades de la filial Chevron Canada para cubrir la deuda de la empresa principal, Chevron, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.

Este año, sin embargo, Chevron insistió en no cumplir con la sentencia y continúa apelando y, como lo ha hecho en su estrategia de defensa en los últimos años, insistió en poner bajo la consideración del sistema de justicia de Estados Unidos sus alegaciones por la corrupción de los abogados y jueces ecuatorianos. Incluso, la empresa sigue defendiendo que la justicia ecuatoriana y las comunidades que piden compensación no han acatado las decisiones de otros tribunales como la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya quien, basada en el tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, ordenó que no se hiciera efectiva la sanción. De hecho, el tribunal al final ordenó que el gobierno de Ecuador pagase a la empresa alrededor de 96 millones de dólares por el incumplimiento en el tratado bilateral de inversiones entre los dos países. La sentencia fue confirmada en Estados Unidos y todavía es sujeto de apelaciones por parte del gobierno de Ecuador.

Este lio legal parece no tener fin, en especial porque con el tiempo cada vez más actores se ven involucrados. Incluso, como ya fue mencionado, el gobierno ecuatoriano, que originalmente no tenía que ver en el caso, ahora ha sido también declarado culpable y hasta una corte en La Haya y en Canadá han emitido conceptos al respecto.

Las consecuencias

Las consecuencias para las comunidades en Ecuador por la contaminación que generó la operación de Texaco incluyen, entre otros fenómenos, un aumento en la incidencia de enfermedades y el deterioro de las condiciones de vida en la región de Lago Agrio que han puesto a una parte de la opinión en contra de Chevron. En 2015, la disputa con Ecuador sirvió para que Chevron se ganara el premio del Public Eye Award a la empresa más irresponsable del mundo. El “premio” se lo dieron los votantes en internet que decidieron el nombre del ganador ese año. Es claro que la reputación de la empresa se ha visto dañada. Además, la disputa ha puesto en juego las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador y, en varias oportunidades, ha generado discusiones entre representantes del sector privado y los miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil e incluso del sistema judicial en varios países.

OJO

Aunque el reciente fallo a favor de Chevron fue positivo para la empresa, este no termina la larga disputa legal entre las comunidades ecuatorianas afectadas, Chevron y el gobierno de Ecuador. Lo que podemos destacar del caso es que las implicaciones de la operación de una compañía pueden extenderse por varios años, incluso décadas. Dependiendo del sector y el tipo de inversión, las relaciones que se establecen con las comunidades pueden tener una mayor o menor duración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las relaciones con ellas siempre se extienden desde antes y hasta después de que se realicen y se ejecuten inversiones en el nivel local. En tanto, es importante que se tengan en cuenta marcos temporales largos cuando se establecen relaciones con las comunidades locales.

Del mismo modo, es fundamental destacar que, aunque una empresa no se haya visto envuelta directamente en algún tipo de incidente, las empresas con las que se involucra, y en este caso, las que la compran, pueden socialmente ser vistas como responsables de las acciones de otros actores, aunque legalmente puedan no tener ninguna relación. Las deudas sociales también son transferibles y pueden tener un costo altísimo en términos de reputación. Por tanto, la relación de una compañía y sus inversiones con las comunidades e instituciones en países debe tener en cuenta las implicaciones sociales y políticas de sus acciones y las de sus socios para evitar incrementar el riesgo. De la misma manera, deben responder de manera transparente y adecuada a los reclamos de sus grupos de interés, que no son sólo sus inversionistas y socios comerciales.

Finalmente, la existencia de instituciones políticas y sociales débiles o corruptas no deben servir como justificación para no tomar acciones concretas que alivien las tensiones y consecuencias que genera la operación. Asumir la responsabilidad social frente a las comunidades puede resultar más importante que ganar un juicio legal, y en últimas, puede resultar mucho menos costoso en términos económicos.

Juegos olímpicos de Rio muestran las tensiones políticas y económicas que enfrenta Brasil

La clausura de los juegos olímpicos de Rio de Janeiro 2016 destacó por la ausencia de Michel Temer, el presidente provisional de Brasil que por el momento reemplaza a Dilma Rousseff en el cargo mientras se completa un juicio de destitución en contra de la presidenta. La ausencia de Temer, como lo han anotado varios periodistas y analistas políticos, quería evitar que la ceremonia de clausura fuera una oportunidad para las protestas que en su contra, y en contra de los escándalos de corrupción que hoy han llevado a varios de los miembros del gabinete provisional a ser investigados, han tenido lugar durante los juegos.

La inauguración que tuvo lugar el 5 de agosto presenció dos eventos importantes: por un lado, las protestas que tuvieron lugar en la zona de Copacabana, y por otro los abucheos que recibió Temer cuando declaró los juegos abiertos. Los eventos en torno a los olímpicos no fueron de menor importancia, las protestas en Copacabana obligaron a los organizadores del recorrido de la antorcha a desviarse, justo en la parte del recorrido en la que participarían personajes como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y varios líderes del sector empresarial en Brasil.

Sin embargo, este no fue ni el primero ni último incidente. El uso de los espacios de las competencias para manifestaciones en contra del gobierno Temer no fue extraño. De hecho, el Comité Olímpico Internacional presentó una petición ante un tribunal en Rio de Janeiro para que prohibiera las protestas en los eventos y espacios deportivos y fueran desalojadas por la policía. Aun así, el juez que decidió sobre el proceso mencionó que tal acción era imposible, ya que impedir la protesta era un modo de restringir el derecho a la libre expresión. Frente a esta decisión el Comité Olímpico y los medios de comunicación decidieron que ignorarían a los protestantes, como pasó el día de la competencia de la maratón femenina cuando, durante los últimos 10 kilómetros del recorrido, se exhibieron pancartas que exigían la salida de Temer del poder y se le acusaba de ser el protagonista de un golpe de Estado contra Rousseff. Las cámaras que cubrían el evento rápidamente evitaron las pancartas, aunque varias de ellas fueron exhibidas por manifestantes que se metieron sin autorización en el carril de la competencia.

¿Son sólo los olímpicos?

Los eventos en los olímpicos son una muestra de la situación política y económica de Brasil. El país enfrenta una de las devaluaciones más importantes de su moneda en toda su historia, y una reducción significativa en el porcentaje anual de crecimiento del PIB. Con la economía en recesión, un PIB en retroceso, el desempleo en aumento y una inversión privada a la baja, el panorama en el país ha cambiado en el último año, en particular para el gobierno del Partido de los Trabajadores liderado por Dilma Rousseff y su coalición.

De protestas en contra de las medidas de reducción del gasto público del gobierno de Rousseff, especialmente algunas que negaban un aumento en los salarios de los funcionarios públicos, y estipulaban un aumento de impuestos, ahora las manifestaciones se ofrecen en contra del régimen provisional envuelto en varios escándalos de corrupción. Temer ha sido acusado de recibir grandes sumas en un multimillonario caso de corrupción al interior de la empresa nacional de petróleos de Brasil – Petrobras y varios de los ministros que fueron nombrados en el mes de mayo para ocupar el gobierno provisional están siendo investigados.

Esta situación se suma a las protestas que habían tenido lugar en el país durante el mundial de futbol que tuvo lugar en el país en 2014, en contra de las medidas económicas del gobierno nacional en cabeza en el momento de Rousseff al final de su primer gobierno, de las grandes inversiones en infraestructura exclusiva para el evento y publicidad que acompañaron el campeonato y los aumentos en los costos de vida para los brasileños durante ese periodo.

Los olímpicos han sido protagonistas de este tipo de manifestaciones incluso antes del escándalo de la destitución de la presidenta, algunas potencialmente relacionas con violaciones de derechos humanos. Durante la construcción de la villa olímpica de Rio, varios de los habitantes de la zona de Vila Autodromo, protestaron por la presión que ejerció el gobierno de la ciudad de Rio para que los habitantes de esta zona deprimida se mudaran a otras zonas de la ciudad. Del mismo modo, durante los días anteriores a la ceremonia de apertura, la policía de Rio se declaró en huelga por retrasos en el pago sus salarios y la escasez de insumos, mientras que la misma policía fue acusaba de reprimir violentamente las protestas en contra de los juegos y los escándalos de corrupción en Rio y otras ciudades como Sao Paolo. Pero todos estos eventos están íntimamente relacionados con las contradicciones que atraviesa Brasil en el momento.

La economía de Brasil, seguridad y desigualdad

El actual gobierno de Temer está interesado en promover reformas para superar el déficit que consisten en la venta de activos y propiedades del Estado brasileño, y la reducción sostenida del gasto público que disminuiría el tamaño de la deuda del país, y promovería el crecimiento del país en contra de la recesión que experimenta desde hace dos años. Estas políticas, que han sido cuestionadas por su diametral oposición a las iniciativas económicas y sociales de los gobiernos de izquierda de de Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, pretenden devolverles la confianza a los inversionistas en el país y de paso fortalecer al Real brasilero frente al proceso de intensa devaluación que enfrenta.

Si bien este tipo de políticas implementadas por el gobierno Temer parecen haber tenido un efecto inmediato, con el Real lentamente en recuperación (su valor ha subido en un 25% en lo que va del año) y una proyección de aproximadamente 1,6% en el crecimiento del PIB de Brasil, los impactos de estas medidas y los escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno actual ponen en duda la capacidad institucional del gobierno de Brasil. Incluso, no es claro si estos resultados son atribuibles a Temer o a las medidas que había implementado Rousseff. La sesión para votar por la permanente destitución de Rousseff que se llevará acabo el último jueves del mes de agosto definirá en parte el tipo de políticas que implementará el gobierno de Brasil en los próximos años y la dirección que tomará el país latinoamericano que durante las últimas décadas ha sido un ejemplo en el subcontinente por su exitosa cruzada contra la pobreza por medio de fuertes políticas de protección social. A fin de cuentas, los resultados en términos de crecimiento del PIB de Brasil y del valor de la moneda nacional frente al dólar no dicen mucho sobre la situación económica del país si no se entiende el modo en que esos resultados son logrados y sostenidos y sus impactos sociales y políticos. La seguridad no es sólo asunto de los inversionistas cuya confianza pretende ganar el gobierno de Temer.

Las reducciones en los programas de protección social, las grandes inversiones en infraestructura para eventos internacionales, la depreciación de la moneda, los enfrentamientos periódicos entre la policía y los manifestantes y el aumento en los costos de vida, son síntomas que afectan en especial a los grupos sociales que han estado excluidos del boom económico brasilero de los últimos años. El modelo de crecimiento de Brasil centrado en aumentar la capacidad de consumo de los hogares y en la provisión de servicios sociales no ha escapado de los fenómenos de desigualdad que siguen siendo protagonistas en Latinoamérica. En Brasil, la exclusión de grupos de minorías, incluyendo indígenas y afrodescendientes y, de poblaciones vulnerables en el campo y la ciudad, está también cobrando factura.

Para tener en cuenta

Los escándalos de corrupción en Brasil, la marcada desigualdad regional y social, la tendencia a la baja en el precio internacional del petróleo, y el fortalecimiento del dólar americano, entre otros factores, han sido elementos importantes en la actual situación económica y política en Brasil. Parece que, como el mundial de futbol de 2014, los olímpicos sirvieron como oportunidad para pasarle una cuenta de cobro al gobierno de Brasil sobre las acciones del gobierno anterior y el gobierno provisional y hacerla visible frente al mundo entero. Es claro que la estrategia de utilizar las competencias deportivas internacionales como espacios propicios para evadir las discusiones políticas no ha sido útil en Brasil.

Es fundamental que las compañías e inversionistas interesados en Brasil tengan en mente que los resultados económicos del país no son el único elemento a tener en cuenta cuando se lleva a cabo algún tipo de inversión, sino también las prácticas institucionales y la posición de las comunidades locales frente a los proyectos de desarrollo. Así lo supo el sector de infraestructura que se vio envuelto en las protestas urbanas en contra de los juegos olímpicos de 2016 y el mundial de fútbol de 2014. El sector extractivo es particularmente vulnerable a poner su reputación en riesgo, ya que es la empresa nacional de petróleos de Brasil la que está relacionada con los mayores escándalos de corrupción que han afectado a los gabinetes presidenciales durante los últimos meses.

La coca en Bolivia y su positivo modelo de erradicación ofrece alternativas de seguridad en países involucrados en los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico

Bolivia es el tercer productor de cocaína en el mundo, después de Perú y Colombia, y es un país que cuenta con uno de los programas de reducción de cultivos que ha ofrecido más inconformidades por parte del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. En Bolivia, como en Perú, el cultivo de coca no es ilegal, por el contrario la coca es considerada un producto tradicional y su cultivo también. Esta particularidad, que tiene varias implicaciones en las políticas de desarrollo alternativo que incentiva el país, ha significado que Bolivia establezca un máximo de hectáreas que pueden existir para ser utilizadas con fines industriales, medicinales y culturales.

En el mes de julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe en el que mostraba que los cultivos de coca en Bolivia habían disminuido en un 2% en el último año. Esto significa que entre el 2014 y 2015, el área total cultivada sólo disminuyo en 200 hectáreas y pasó de 20,400 a 20200. Actualmente, la legislación boliviana establece que el máximo de hectáreas que se pueden cultivar legalmente asciende a 12,000, lo que deja al país con más de 8000 hectáreas extra que pueden considerarse ilegales. Si bien, esta cifra no se acerca a las más de 40,000 hectáreas que la ONU reportó en Perú para el mismo periodo o las 96,000 en Colombia, Bolivia ha venido creciendo en protagonismo no sólo como productor sino como una zona de paso importante para el tráfico de drogas a Brasil, Argentina, e incluso países del medio oriente y África Occidental.

Las cifras sobre la producción de cocaína en Bolivia hablan sobre los cambios que está experimentando el narcotráfico en Sudamérica y el crimen organizado en la región, pero más importante, de la relevancia de transformar la lucha contra los cultivos de cocaína que hoy están en el centro de las políticas antidrogas, en planes de desarrollo alternativo.

La coca hoy en Bolivia

El que parece un casi insignificante movimiento en el número de hectáreas en Bolivia, esconde un cambio en las dinámicas de la industria en el país. Durante el mismo periodo de tiempo, las incautaciones de hoja de coca que se iban a destinar a finales ilegales, disminuyó en un 38% pasando a menos de 400 toneladas en 2015, mientras que la cantidad de cocaína (es decir, coca procesada) incautada en 2015 se duplicaron y pasaron de 4.5 toneladas en 2014 a 9.5 en 2015. Aunque la cantidad de drogas incautadas no es un indicador definitivo de la efectividad de la acción antidrogas del gobierno ni del aumento en la actividad criminal, nos da una idea cercana de la magnitud del tráfico en Bolivia.

En Bolivia, con el reciente anuncio de una modificación de la legislación antidrogas, ahora existiría una división importante entre el uso y tráfico de coca y cocaína de modo que las sanciones y las medidas para ambas partes de la cadena de producción de drogas se hace de forma diferenciada. En Bolivia, la política antidrogas se basa en un modelo experimental que no ha recibido un apoyo contundente de países como Estados Unidos que puso al país sudamericano en la lista negra por su falta de cooperación en la lucha antinarcóticos y la falta de controles sobre los mercados ilícitos de coca (lo que sacó a Bolivia de la lista de países que se beneficiaban de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA))  y desde el 2009 tuvo que retirar a la DEA del país suramericano por decisión del gobierno boliviano.

Mientras las relaciones con la política de lucha contra las drogas que defiende Estados Unidos se congelan, Bolivia se ha beneficiado de un aumento en la ayuda que recibe de la Unión Europea en el tema y fortalecer proyectos como el del desarrollo de cultivos alternativos. Aun así, el reciente aumento del tráfico de drogas en Bolivia y la presencia del crimen organizado de otros países como Colombia y México en el territorio boliviano en el control de la producción y el tráfico ha presionado para que se endurezcan las medidas en contra de esta industria.

Las medidas adoptadas, por cierto, incluyen operativos para controlar el tráfico aéreo en el país (con radares y la autorización de derribar aeronaves), las fronteras, en especial las que tiene Bolivia con Brasil y Perú (con iniciativas como la inauguración en junio del Centro de Inteligencia Policial para combatir el tráfico de drogas), y la intensificación en las tareas de erradicación de las hectáreas que se cultivan para la producción de narcóticos en lugares como parques naturales y reservas forestales.

Las tensiones de un modelo alternativo

El cambio en la política del gobierno boliviano ha estado acompañado de tensiones, especialmente en los casos en los que el gobierno ha empezado a erradicar forzosamente ciertos cultivos cuando se encuentran presentes en zonas que no están autorizadas para el cultivo. Como sucedió en el parque nacional Carrasco en diciembre del 2014, hoy no resulta extraño que el gobierno utilice a las fuerzas armadas y la policía para eliminar los árboles de coca. En el caso del Parque Nacional Carrasco, la decisión provocó una animada protesta por parte de las familias cocaleras presentes en los cultivos. Este tipo de enfrentamientos se pueden esperar cuando es el gobierno el que decide los límites entre el carácter legal e ilegal de los cultivos.

En su mayoría, el modelo de erradicación de drogas en Bolivia se concentra en las actividades de autocontrol que hacen los mismos cultivadores de coca y el sindicato local de cocaleros para deshacerse de los excedentes de producción y evita que el cultivo se propague y sea utilizado para la producción de cocaína. Por su parte, la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización se encarga de registrar los productos y certificar su legalidad. La apuesta, en gran medida, está puesta en aumentar los procedimientos de control burocrático mientras que se evita la fuerte presencia de programas agresivos y represivos de erradicación, como los que vio el país al principio del siglo.

Sin embargo, la cifra actual de cultivos que se consideran legales parece no ser suficiente para satisfacer el consumo de coca en Bolivia, lo que implicaría que deben aumentarse la cantidad de hectáreas legales de coca. Según lo que reportó el gobierno boliviano en el 2013 en un informe que pretendía reevaluar el tope de 12,000 hectáreas que habían sido definido en el año 2004, la cantidad debería aumentarse en casi 3,000, para alcanzar las 14,705 hectáreas que producirían suficiente para el mercado boliviano de coca. Las tensiones sobre el número de hectáreas que se necesitan en el sector legal ha tenido enfrentados al gobierno y al gremio cocalero en varias ocasiones, cuando los primeros han tratado de garantizar que la cifra llegue a 20,000.

En este panorama, el modelo que ha implementado el gobierno boliviano ha tenido que enfrentar diferentes presiones políticas en el país, de los cocaleros, por una parte, que exigen un aumento en las hectáreas, y de la oposición a su gobierno, que exige medidas más severas de erradicación. A pesar de estas tensiones, el esfuerzo ha sido valioso en cuanto ha disminuido los enfrentamientos violentos entre los agricultores y las fuerzas armadas y ha disminuido los incentivos para la aparición de complejas organizaciones criminales de gran escala tipo cartel en el país.

OJO

La estrategia de lucha contra las drogas en Bolivia que reconoce la legalidad de la coca ha sido reconocida en distintos niveles, incluso en la Organización de las Naciones Unidas en donde en el año 2013 aceptó que el país hiciera una excepción a lo contemplado en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (según la que el cultivo de coca es ilegal). Es muy importante reconocer que Bolivia es un país en el que el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas ha venido adquiriendo una gran importancia debido a la apertura de nuevas rutas hacia el atlántico por Brasil y el aumento del consumo dentro de Sudamérica.  Sin embargo, el modelo boliviano ha permitido que el control sobre la oferta de coca mantenga los precios de la hoja estables y haga menos rentable la producción de cocaína en el país, lo que se ha considerado un logro importante. Aun así, esta política no ha prevenido que el país se vuelva un corredor estratégico del narcotráfico y con el tiempo un mayor productor.

Los cambios en las rutas del narcotráfico ofrecen un reto para los negocios y empresas en Bolivia quienes deben enfrentarse a nuevos controles migratorios y de seguridad que están conectados con las nuevas políticas antidrogas en el país. Además, la presencia del crimen organizado, que ha venido reemplazando en pequeña escala a las pequeñas familias y grupos involucrados en el tráfico anteriormente, puede generar situaciones de seguridad en cuanto existe la posibilidad de que los grupos se instalen en el país y recurran a otras fuentes de financiación como la extorsión y el secuestro.

Finalmente, hay que destacar que los cambios en las políticas de seguridad no opacan los logros en la política de control de cultivos que ha permitido, más que la disminución en el área cultivada (que alcanzo a ser de más de un 30% entre el año 2010 y 2014), la generación de ingresos estables para los campesinos que se dedican legalmente a esta actividad y una fuente alternativa de desarrollo social y económico. Además, ha disminuido los incentivos para que aparezcan grandes grupos organizados que se encarguen de todo el negocio. Esta estrategia podría dar luces sobre los posibles roles que pueden asumir las empresas para incentivar proyectos de desarrollo de este tipo que permitan a la vez mantener controlada la cantidad de área cultivada de estupefacientes.