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Colombia retrasa conversaciones de paz con ELN

Colombia ha anunciado que está retrasando las conversaciones de paz con los rebeldes del Ejército Nacional de Liberación (ELN) hasta que liberen a un político que ha sido retenido cautivo durante seis meses. El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio el 27 de octubre mientras luchaba por salvar un acuerdo de paz con las FARC que fue rechazado en un referéndum.

 Reiterando una condición que estableció meses atrás, el Presidente Santos reveló que el ELN, el segundo grupo insurgente más grande del país, debe liberar a Odin Sánchez ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes de que se inicien las conversaciones en Ecuador. La ceremonia de apertura estaba programada para tener lugar en la capital de Ecuador el 27 de octubre a las 6 PM ED (2200 GMT) sin embargo fue cancelada en el último minuto.

Además, las recientes declaraciones de los miembros del ELN han representado un revés para las conversaciones. Miembro del Equipo Negociador del ELN Pablo Beltran ha revelado que el grupo tiene el derecho de «privar a la libertad» de las personas en el conflicto armado en Colombia, lo que significa que el grupo afirma que el secuestro es su derecho legal. Las declaraciones de Pablo Beltrán también han causado problemas para las negociaciones para liberar al Sr. Sánchez.

El ELN, que es considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), secuestró a cientos de personas durante sus 52 años de insurgencia para recaudar fondos y usar rehenes como barcos de negociación con el gobierno colombiano .

Es probable que las conversaciones con el ELN sean similares a las que se celebraron con las FARC. El acuerdo de paz fue firmado el 26 de septiembre con las FARC y aunque fue alabado internacionalmente, fue criticado por muchos en Colombia por ser demasiado indulgente con los rebeldes. El ex presidente Álvaro Uribe ahora lidera el esfuerzo por cambiar el acuerdo que habría otorgado a las FARC la garantía de asientos en el Congreso y la inmunidad frente a las penas de cárcel tradicionales.

La manifestación social en Colombia pone de relieve la existencia de diferentes proyectos de desarrollo económico y social en el país

Para mediados de julio, el gobierno y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular han reportado que los acuerdos a los que llegaron en junio en materia de derechos humanos, derechos de las víctimas, política agraria y de propiedad de la tierra en Colombia se han cumplido con éxito.

Al final de mayo, la Cumbre Agraria organizó un paro nacional que presionó al gobierno nacional a comprometerse con estos acuerdos. Sin embargo, el paro de conductores de camiones que hoy en día tiene lugar en Colombia no ha recibido mismo trato con el gobierno nacional argumentando que este gremio está utilizando estrategias violentas de presión y ha declarado ilegal la protesta. La suerte diferente que han tenido las dos manifestaciones lleva a pensar que las tensiones sociales que existen entre las medidas económicas del gobierno y las agendas de las organizaciones sociales en el país no se solucionan de un modo simple. Es más, estas tensiones tienen importantes impactos en el ambiente de inversión en el país y ofrecen un panorama que debe ser tenido en cuenta por inversionistas en Colombia.

Las protestas de 2016

El 30 de mayo de 2016, diferentes organizaciones sociales y políticas en Colombia de campesinos que se dedican a las economías de subsistencia, afrocolombianos y distintos grupo étnicos, se reunieron en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y convocaron a un paro nacional que significó que durante varias semanas en el país se hicieran marchas y manifestaciones públicas, y bloqueos en diferentes carreteras en Colombia que impidieron el paso de mercancías, comida y suministros en el noroccidente y el suroriente del país. Los eventos estuvieron marcados por los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los manifestantes, la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía colombiana (ESMAD), no sólo en las vías y carreteras donde se presentaron los bloqueos, sino también en las zonas urbanas de Cali, Medellín, Manizales y Bogotá, entre otras, donde tuvieron lugar diferentes manifestaciones. Con más de 100 puntos de concentración, las actividades se extendieron por más de 7 departamentos, con una concentración de 10.000 personas en el departamento del Cauca alrededor de la Vía Panamericana, una de las conexiones comerciales más importantes del país y la única que comunica el suroccidente de Colombia.

Los eventos, produjeron desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible en las ciudades de Pasto y Popayán. Con 3 manifestantes muertos y más de 200 heridos, el día 12 de junio, los líderes de la Cumbre y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo que establecía el desbloqueo de las vías y varios mecanismos para que el gobierno nacional garantizara que no iba a interrumpir su interlocución con la Cumbre y que el establecimiento de varios mesas y espacios de trabajo entre el gobierno y la Cumbre Agraria para que se cumpliera lo acordado en temas de víctimas, paz, propiedad de la tierra y derechos humanos.

Las manifestaciones del paro nacional recogieron las inquietudes de varias organizaciones sociales en el país quienes protestaron por el modelo de desarrollo económico que se adelanta en el país, en especial el que ha venido impulsando el gobierno nacional con la aprobación de iniciativas como la ley ZIDRES (de la que ya hemos hablado en otros informes), el licenciamiento y financiación de proyectos agroindustriales y mineros, entre otras acciones. En el pliego de peticiones que hizo la Cumbre, se incluían otras peticiones como la evolución del ESMAD, el reconocimiento del derecho a la protesta y la existencia de garantías de protección a los derechos humanos para los movimientos sociales y la protesta social y política en el país. Las protestas del año 2016 fueron una consecuencia del anterior paro agrario convocado por la misma Cumbre Agraria en el año 2013, y frente a la que el gobierno nacional se había comprometido a trabajar para apoyar la consolidación de las zonas de reserva campesina, los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y las consultas previas que deben realizarse de manera obligatoria en los territorios donde se llevan a cabo proyectos extractivos o agrícolas de gran envergadura. Es importante tener en cuenta que Colombia es parte de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta previa a pueblos indígenas.

El debate y los acuerdos

Lo que para la Cumbre Agraria consistía en un rampante incumplimiento del gobierno, para los altos cargos de la administración central había sido un compromiso constante por parte del gobierno en cumplir con lo pactado en 2013. La diferencia entre las dos posturas significaba, básicamente, que mientras que para el gobierno central su participación en las reuniones con la Cumbre cubría la mayoría de sus obligaciones, para la Cumbre el asunto el cumplimiento de los compromisos del Estado consistía en una transformación en su postura y el modo en el que venía implementando su actual programa de desarrollo económico y social.

Los acuerdos del 12 de junio incluyen varios elementos que vale la pena tener presentes:

• En el tema del reconocimiento a la protesta social y la protección de derechos humanos,el gobierno nacional junto a la Cumbre estableció mecanismos detallados para hacer una revisión profunda de la normatividad colombiana respecto a la protección de defensores de derechos humanos y activistas sociales, y para evaluar la situación de las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas y manifestaciones sociales del paro nacional de 2013 y 2016. En términos concretos, el Estado colombiano se comprometió a seguir estos casos concretos y a investigar y a juzgar a las personas detenidas para evitar que quedaran en limbos judiciales. Del mismo modo se comprometió a enviar comunicaciones a todas las oficinas del gobierno con instrucciones claras de respeto a las manifestaciones sociales.

• Frente a los puntos del pliego de la Cumbre en temas relativos a los proyectos impulsados por el gobierno central, el Estado se comprometió a revisar los procesos de legalización de predios que están pendientes y a establecer una comisión junto a la Cumbre Agraria para analizar los títulos, los contratos y las autorizaciones que se dan en el sector minero energético en el país. El gobierno nacional también se comprometió a organizar con su propio presupuesto varios foros de trabajo en todo el país para escuchar diferentes propuestas locales para el desarrollo del sector minero-energético. Del mismo modo, entre los acuerdos que se establecieron se decidió por la instalación de mecanismos particulares para la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina, zonas que no pueden ser parte de los proyectos agrícolas y energéticos del gobierno nacional y que son especialmente protegidas.

• En lo que refiere al proceso de paz que actualmente está finalizando exitosamente con las FARC en La Habana, y los esfuerzos de construcción de paz que se desprenden de su aprobación y discusión, la Cumbre logró que el gobierno se comprometiera a diseñar una estrategia de comunicación sobre el tema con las comunidades indígenas en el país y los campesinos y sus organizaciones. Del mismo modo, la Cumbre Agraria y el Estado serán miembros de la comisión que conforme un Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para influir y definir la estrategia de inversiones para las atenciones de diferencias comunidades étnicas en el país. La exitosa implementación de los acuerdos de paz depende en gran parte de medidas de difusión y participación ciudadana como las que se propone con los acuerdos entre la Cumbre y el gobierno colombiano.

OJO

El paro agrario puso sobre la mesa la importancia de escuchar y considerar las posiciones de las organizaciones sociales en el momento de planear y ejecutar planes de desarrollo económico y social. Más que eso, el paro también muestra la necesidad de cumplir con los compromisos que se adquieren con estas organizaciones, ya sea por parte del gobierno o las empresas, ya que, por un lado, su influencia parece ser cada más creciente y, por otro, demuestra que hay distintos proyectos de desarrollo en el país que requieren ser escuchados. La ejecución de proyectos productivos no sólo depende de decisiones técnicas o avales políticos, sino de la aprobación y participación de las comunidades involucradas, más cuando en varios lugares del país existen organizaciones sociales que después de varios años de trabajo han creado sus propias agendas y expectativas frente a este tipo de iniciativas.

Por otra parte, hay que destacar que la Cumbre Agraria y sus reclamos al gobierno nacional están relacionados con la consolidación de los reclamos de diferentes comunidades étnicas en el país que reclaman sus territorios para que, bien delimitados, les permita tener incidencia en la realización de proyectos económicos en las zonas cercanas a sus tierras. Lo mismo sucede con las Zonas de Reserva Campesina, otra figura legal que deberá ser reconocida y tenida en cuenta, como parte de los reclamos de las comunidades locales. En definitiva, el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana, y su importancia para diferentes grupos sociales en Colombia se ha transformado en exigencias para que el diseño de los planes de desarrollo económico y social en el país y su implementación cuenten con una fuerte participación de diferentes actores sociales, incluyendo pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos. Es fundamental queen este escenario las iniciativas de inversión en Colombia tengan en cuenta los reclamos y posiciones de las comunidades locales, ya que en esa dirección es en la que avance el clima de inversión en el país

Venezolanos Cruzan a Colombia en Busca de Comida

Miles de venezolanos han cruzado a Colombia para comprar bienes básicos tras la abertura de la frontera. El Presidente Venezolano Nicolás Maduro autorizó una apertura de 12 horas del puente que conecta Tachira, Venezuela, y Cucuta, Colombia. Según el director del cuerpo fronterizo de Colombia, se estima que alrededor de 35.000 venezolanos han llegado a Cucuta. La frontera se cerró en Agosto de 2015 como una medida de reducción del crimen. El Presidente Nicolás Maduro ordeno su clausura porque la región había sido infiltrada por bandas y paramilitares colombianos.

Los venezolanos que quieren cruzar a Colombia en estados en los que la frontera ha sido cerrada necesitan un permiso especial. Pero a medida que la escasez de comida aumenta en Venezuela, muchos han cruzado la frontera de forma ilegal. El 6 de Julio, alrededor de 500 venezolanas en busca de comida i medicina asalto los controles fronterizos que separan el estado de Tachira del de Cucuta. Después de comprar comida y otros bienes primarios no disponibles en Venezuela, el grupo de mujeres cruzó nuevamente la frontera. Alimentos como el arroz, el azúcar, la harina, o el aceite son difíciles de encontrar en una Venezuela golpeada por una profunda crisis económica.

Los ministros de defensa de Colombia y Venezuela se encontraron a principios de este mes para discutir la reapertura de la frontera que separa los dos países. El Presidente Colombiano Juan Manuel Santos y su ministro de defensa Maria Angela Holguin también visitaron Cucuta la semana pasada con el objetivo de reabrir la frontera.

Manifestantes pidiendo comida se han enfrentado a la policía en distintas ciudades Venezolanas en las recientes semanas. El pasado mes, las fuerzas de seguridad venezolanas lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes que cantaban “queremos comida” cerca del palacio presidencial en Caracas. La Guardia Nacional y la policía bloqueo una calle cerca de palacio de Miraflores después de que los manifestantes intentaran acercarse al edificio.

El Presidente Venezolano Nicolás Maduro y su gabinete acusan a la oposición de la grave recesión que sufre el país. Por su lado, la oposición venezolana afirma que la causa real de la crisis es el sistema estatal defendido por el líder de izquierdas Hugo Chávez. Después de ganar el control del Parlamento en Enero, la oposición concentró sus esfuerzos en revocar al Presidente Maduro.

70% de la minería en Colombia es ilegal: Estudio

Una investigación que se extendió por varios años ha revelado que más del 70% de la minería en Colombia es ilegal, una estadística que recuerda la importancia de atacar esta industria criminal como parte del proceso de construcción de paz en el país.

Las cifras, consultadas por El Tiempo, provienen de una publicación de cinco volúmenes hecha por laUniversidad Externado de Colombia, realizada por 93 investigadores durante dos años y medio. De acuerdo con El Tiempo, es considerada una de las investigaciones más profundas de este tipo enColombia.

(Escrito por Mimi Yagoub Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)

Según El Tiempo, el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, dijo que los principales problemas de la minería ilegal son de tipo financiero, ya que los minerales extraídos ilegalmente no son gravados, y medioambientales, dado que cada año se desechan 180 toneladas métricas de mercurio.

Henao también dijo que esta industria criminal, que involucra a múltiples actores armados ilegales, será un reto importante para el “posconflicto” en Colombia. El gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) llegaron a un acuerdo a finales de junio con respecto al cese bilateral al fuego, con lo cual las dos partes están cada vez más cerca de un acuerdo final de paz

Investigadores académicos le dijeron a El Tiempo que atacar la industria de la minería ilegal requerirá un cambio a largo plazo en la mentalidad de las comunidades mineras, así como la educación de las autoridades locales acerca de las respuestas policiales más adecuadas.

Las cifras de la universidad son una nueva señal de que la minería ilegal será uno de los retos de seguridad más grandes de Colombia si el gobierno y las FARC logran firmar un acuerdo final de paz. Las FARC tienen fuertes conexiones con la industria de la minería ilegal, ya que es una de las principales fuentes financieras ilícitas del grupo guerrillero.

El sector de minería ilegal se ha vuelto además uno de los más grandes generadores de ingresos para otros grupos armados ilegales. Es una industria que puede producir US$2.4 mil millones al año, según cálculos del gobierno, y el año pasado Juan Manuel Santos sugirió que la minería criminal es más lucrativa que el tráfico de drogas.

Dados estos altos márgenes de beneficio, no es sorprendente que los grupos colombianos ya se estén disputando el control de las áreas de minería que las FARC presuntamente abandonarán una vez se llegue a un acuerdo de paz, especialmente en los departamentos de Antioquia y Chocó.

Uno de estos grupos son Los Urabeños, la organización criminal más poderosa del país.Los Urabeños han sido recientemente vinculados a los homicidios de por lo menos 17 líderes comunitarios en el municipio de El Bagre, Antioquia, en los últimos seis meses. El Bagre es, a su vez, un centro de minería ilegal y de cultivos de coca, y ya se ha vistoafectado por disputas territoriales entre Los Urabeños y las FARC.

(Escrito por Mimi Yagoub Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)

Manifestación en contra de la minería en el departamento del Tolima muestra que es necesario transformar las aproximaciones de las empresas del sector extractivo con las comunidades locales

¿Por qué marchar en contra de la minería? Para diferentes comunidades y organizaciones en Ibagué, una ciudad intermedia y capital regional del departamento del Tolima en Colombia, las razones sobran. Desde el año 2011, en Ibagué tiene lugar la marcha carnaval por Marcha Carnaval por el agua, la vida y la soberanía. Desde su primera versión, una de las voces protagonistas del evento reclama las irregularidades y los impactos negativos de la operación de la minería en su región. La marcha no sólo se ha hecho en Ibagúe, sino que también ha tenido lugar en otras ciudades del país como Armenia y Medellín.

Los puntos de la marcha son concretos: los proyectos de gran minería no son bienvenidos en el departamento del Tolima. Un proyecto en especial centró la atención en la manifestación: La Colosa, una mina de oro a cielo abierto que será operada por la firma AngloGold Ashanti en el municipio de Cajamarca, Tolima. El debate a nivel regional sobre estos proyectos ha estado a la orden del día en diferentes espacios en Colombia.

Este año, la corte constitucional, uno de los tribunales judiciales más importantes de Colombia, le dio camino libre a que los municipios y las autoridades locales puedan ahora rechazar o impedir que un proyecto minero se realice en sus jurisdicciones. La noticia generó revuelo en el departamento del Tolima y mientras que la corte constitucional modificaba el código de minas, en el departamento se habló de hacer una consulta popular para prohibir de manera permanente en todo el departamento los grandes proyectos de minería. Y aunque aún no se ha realizado la consulta, la marcha carnaval de junio de 2016 estaba pensada para darle un espaldarazo.

El escenario ha puesto de relieve que la implementación de proyectos de minería o de carácter extractivo en general tiene mucho que ver con las dinámicas locales y comunitarias de los lugares donde se implementan. El sector de minería ha crecido de manera consistente en el departamento en los últimos 15 años y no ha dejado de generar polémica. En el año 2014, Anglogold Ashanti tuvo que enfrentarse ya al descontento de la población local en el municipio de Piedras en el mismo departamento donde, incluso antes de que se iniciaran las operaciones de extracción, los habitantes locales votaron en una consulta popular para que la operación minera en el municipio de detuviera del todo la operación de la empresa.

Anglogold Ashanti aún no ha empezado a extraer oro en ningún lugar del país, pero los escándalos en los lugares donde ha realizado estudios para estimar la cantidad y el tipo de minerales que se extraerían son varios. Al día de hoy, sólo una de sus exploraciones, que se realizó en el departamento de Antioquia ha exitosamente sido aprobada por la Agencia Nacional de Licencia Ambientales y empezará a ser explotada en la próxima década. Sin embargo, los habitantes del Tolima consideran que la reputación de la empresa justifica que prohíba su actividad de exploración en La Colosa, siguiendo el ejemplo de Piedras.

Este caso pone en evidencia varias situaciones:

• En Piedras, la firma Anglogold Ashanti demandó la pregunta que se hizo en la consulta popular que se organizó el año 2013 para prohibir todo proyecto de minería en el municipio. Anglogold perdió la demanda, aunque el proceso inició un debate en el país sobre estos proyectos. Los argumentos que ofreció AngloGold Ashanti insistían en que la consulta había violado el debido proceso y, junto a autoridades nacionales como la Agencia Nacional Minera y el Ministerio del interior, que las licencias ambientales y las decisiones de explotación de minería le correspondían al gobierno nacional y no al gobierno regional. La exploración y explotación minera no es solo una cuestión de cumplir condiciones legales, hacer estudios de prefactibilidad técnica o la inversión en los municipios y comunidades cercanos para que tengan mejor acceso a servicios públicos. La minería requiere una licencia social en el nivel local.

• Cuando en el año 2013 se votó la consulta popular de Piedras, AngloGold Ashanti puso como ejemplo de su trabajo las tareas de reforestación y de protección de nacimientos de agua en Cajamarca, el lugar donde se establecería el proyecto de La Colosa. Según la empresa, en Cajamarca se habían ejecutado iniciativas de arreglo de vidas, desarrollo agropecuario, mejoras en las escuelas, apoyo al desarrollo de eventos culturales e incluso al equipo de futbol del departamento. Sin embargo, ese tipo de iniciativas no han sido suficientes para cambiar la opinión de los habitantes del municipio que se preocupan por las implicaciones ambientales y económicas que tienen los trabajos de explotación en las minas. Por una parte, existe una extendida preocupación por los riesgos de contaminación y, por otra, por el consumo masivo de agua que implica y que puede afectar la producción de productos de agricultura como el arroz.

• Lo que pasó en Piedras y hoy pasa en Cajamarca no tiene que ver con los impactos reales que ya haya tenido la actividad minera, sino con la reputación de la compañía y los potenciales impactos negativos que otros estudios ambientales han señalado. El área que le fue asignada originalmente a la empresa en Cajamarca incluye zonas de páramos que son ecosistemas especialmente protegidos por la legislación colombiana por su importancia para los suministros de agua en el país. La empresa ha dicho que renuncia a las licencias en los páramos, pero todavía los estudios no han dado la última palabra en los impactos indirectos que la explotación minera tendría en los páramos. De igual modo, el proyecto afectaría al río Magdalena que una de las fuentes hídricas más importantes del país.
• AngloGold Ashanti ha estado recientemente involucrada en varios escándalos judiciales por las relaciones de sus empresas afiliadas con bandas criminales formadas por antiguos paramilitares quienes han amenazado a líderes locales que se oponen a la minería ilegal en Antioquia. Por otro lado, la empresa ha tenido que enfrentar una demanda en el departamento del Cauca por la muerte de 13 mineros que ilegalmente hacían explotación en un área que se le había asignado a la compañía. La entidad de control ambiental en el Cauca condenó a AngloGold a pagar 60.000 millones de pesos (20 millones de dólares americanos) por daños ambientales que la empresa alega no tienen nada que ver con sus operaciones. Los líos jurídicos en los que está envuelta la empresa refuerzan la gran oposición que existe en Tolima.

OJO

La Colosa hoy en día es considerado uno de los 10 proyectos más grandes de minería en el mundo. Según el ministerio de minas en Colombia este proyecto aumentaría en más de seis veces la participación de la minería legal (es decir con licencias ambientales) en la producción de oro, que se hace en su mayoría sin licencias. En Colombia las políticas, leyes e instituciones que regulan la actividad minera aún están en proceso de construcción, lo que en el caso de La Colosa se ha unido a la mala reputación que tiene Anglogold Ashanti en el mundo y las preocupaciones que tienen los habitantes locales frente a los impactos de la operación de un proyecto de minería de gran escala para las otras actividades económicas de la comunidad y el vital acceso a agua.

La licencia social no se obtiene con simples acercamientos o aportes en infraestructura o donaciones, sino en la planeación y realización de proyectos que beneficien a las comunidades locales, no sólo aumentando los ingresos totales del municipio o de la región o generando más empleo, sino teniendo en cuenta otras inquietudes que parecen más importantes para las comunidades. Esto incluye, el acceso a comida con precios justos o a recursos hídricos no sólo para su supervivencia, sino también para los cultivos que hay en la región. La debida diligencia no sólo consiste en evaluar los impactos ambientales de un proyecto o cumplir con las normas, sino la construcción de proyectos productivos que desde su planeación hasta su ejecución beneficien directamente a la comunidad desde sus inquietudes, más cuando en Colombia se abre la posibilidad para que los gobiernos y comunidades locales impacten directamente e incluso detengan la ejecución y planeación de cualquiera actividad extractiva. En contextos complejos como en los que operan las industrias extractivas y la minería en Colombia, las empresas están llamadas a entender como funcionan las relaciones políticas en el nivel local y estar dispuestas a negociar y ceder.