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¿Y el secuestro? Una comprensión compleja del secuestro como estrategia del ELN resalta la necesidad de entender los impactos locales de las negociaciones de paz

El 23 mayo el diario español El Mundo confirmó  la desaparación de su corresponsal en Colombia supuestamente por parte del ELN en Catatumbo en la frontera con Venezuela, donde operan  guerrillas y otros grupos ilegales. 

La periodista Salud Hernández-Mora viajó la semana pasada a esa zona para realizar un reporte sobre los cultivos de coca y según El Mundo fue vista por última vez en la zona de El Tarra el sábado 21 mayo. El Tarra es una zona controlada por el ELN y difícil de acceder. Hernández-Mora, originalmente española, lleva muchos años viviendo en Colombia y es una figura bastante controversial, conocida por sus posturas contra los guerrilleros y el proceso de paz entre el gobierno y el FARC.

Relaciones entre el ELN y el gobierno

Al final del mes de abril, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció que la fase pública de las conversaciones que ya habían sido anunciadas entre el gobierno y el ELN no se llevarían a cabo si el grupo guerrillero no devolvía todos los secuestrados que tenía en su poder y dejaba de una vez por todas de secuestrar. Frente al llamado, el ELN respondió que ese punto no era negociable y que la posición del gobierno sólo era un cambio de última hora en las condiciones que ya se habían negociado.

La respuesta del ELN parece responder más a cuestiones de estrategia política: atenerse a los acuerdos que previamente se habían negociado. La agenda que fue propuesta incluía cinco grandes temas más la implementación de los acuerdos: participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y el fin del conflicto armado. Según el comunicado que fue emitido por el ELN en la edición 528 de su revista Insurrección, las ‘retenciones’ o secuestros se discutirían como parte del quinto punto de la agenda. Como también agrega el texto, la condición de detener las retenciones es percibida como una imposición unilateral del gobierno nacional quien, durante las conversaciones que ya han tenido con el ELN, insistió en empezar las negociaciones sin un cese bilateral del fuego y de las hostilidades. Contrario a las FARC que durante las fases exploratorias de las actuales negociaciones en La Habana decidieron renunciar al secuestro extorsivo, el ELN ha decido que no hará ningún gesto unilateral de estas características.

Con un inicio de negociaciones congelado, el gobierno nacional envió a varios delegados para hablar con delegados del ELN en Caracas, Venezuela, de donde se espera llegar a un acuerdo que permita que las negociaciones formales empiecen a llevarse a cabo.

¿Por qué el secuestro?

El secuestro no es un punto menor en las negociaciones del Estado con el ELN, más cuando las ‘retenciones” (como el grupo ha denominado los secuestros que realiza) son una de sus fuentes principales de financiación. Contrario a las FARC, el ELN nunca ha admitido oficialmente que está envuelto en actividades de producción o tráfico de narcóticos por lo que la extorsión y el secuestro siguen siendo unos de sus principales modos de financiación. Junto a otras actividades como el tráfico de gasolina y la extorsión, el secuestro le sirve al ELN para financiar hoy en día por sus operaciones en ciertas regiones del país (especialmente en el nororiente y el suroccidente de Colombia).

Según la Fiscalía General de la Nación, hasta el año 2015, al ELN se le atribuyen aproximadamente 4900 secuestros. Desde 1969, que es el año en la que según el mismo ELN el grupo empezó a secuestrar para recaudar fondos, este grupo ha sostenido que el secuestro es un modo efectivo para hacer que dueños de empresas y tierras pagaran por sus actividades en una narrativa que se parece a la de Robin Hood: hacer que los ricos paguen por la lucha de los oprimidos y excluidos. En esa medida, los secuestros les han servido para obtener rescates o como un modo para garantizar que las contribuciones, impuestos y extorsiones que imponen sean pagadas. Pero ¿Cómo funcionan las dinámicas de secuestro del ELN?

• Aunque no sean muchos los secuestros que se le atribuyen directamente (los medios y la Defensoría del Pueblo estiman que en total el grupo tendría en su poder más o menos a cuatro personas), las sumas de dinero que representan los secuestros son significativas. A finales de marzo, Ramón José Cabrales, alto consejero de la gobernación del departamento de Norte de Santander, fue liberado por el ELN luego de que su familia pagara su rescate. El grupo pidió 4000 millones de pesos (1,3 millones de dólares) originalmente por su liberación y, aunque la familia después declaro que negociaron por una cifra muy inferior a esa, el grupo recibió su parte.
• El secuestro también sirve para garantizar por medio de la amenaza y el castigo el pago de las contribuciones que el ELN impone a ciertos grupos en sus zonas de influencia. El secuestro en abril de dos conductores de bus de la compañía Flota Occidental en Chocó sirve de ejemplo, cuando la razón detrás de él que la compañía se negaba a pagar un impuesto de tránsito que esta guerrilla había impuesto para las empresas de transporte en la región.
• Ni siempre es público o visible la forma en la que funcionan las operaciones de secuestro. En algunas ocasiones, los secuestros se terminan sin una causa clara y han llevado a pensar que el ELN puede negociar de manera indirecta con los secuestrados, con empresas o empresarios más allá de lo que se llega a hacer público. Sin embargo, muchas veces, las operaciones del ELN parecen llevarse a cabo sin que el grupo esté formalmente involucrado y a veces se le imputan secuestros que ellos niegan. El secuestro y liberación de Melissa trillo en Santander este año dan cuenta de eso, por ejemplo, cuando el ejército nacional alega que fue secuestrada por las redes de apoyo del ELN aunque en ningún momento ese grupo declaró tenerla en su poder. El argumento del Ejército dice que es imposible que un secuestro se lleve a cabo en un lugar que es controlado por el ELN sin que ellos lo noten.
• El gobierno nacional no sabe cuál es la identidad y menos el número de todos los secuestrados por el ELN, pero los secuestros que han sido públicamente atribuidos y asumidos por el ELN en los últimos años incluyen a miembros del Ejército Nacional y la Policía, trabajadores de empresas que operan en sus regiones de influencia (incluidos trabajadores calificados y no calificados de compañías del sector petrolero, de construcción y la agroindustria), líderes de organizaciones de mineros, políticos, terratenientes y empresarios.

EL futuro del secuestro

El secuestro, como hemos visto, no es tan simple como una actividad criminal que debe suspenderse sin más. Lo que gira alrededor de él un complejo grupo de prácticas y experiencias que nos da pistas para entender el panorama de Colombia en los próximos años. El acuerdo de paz que el gobierno de Colombia está acabando de negociar con las FARC en La Habana ha abierto la posibilidad para transformar las fuerzas sociales y políticas de muchas regiones del país donde el conflicto colombiano ha tenido lugar durante las últimas seis décadas. A pesar de eso, varios elementos deben tenerse en cuenta.

1. La apertura de nuevas regiones viene con el riesgo de hacer que esas fuerzas alimenten más actividades violentas o haga más agudos los problemas de desigualdad. Como referencia, podemos tomar la zona del Catatumbo, que es todavía área de influencia del ELN y se contempla como una de las áreas en las que el gobierno espera implementar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico donde se realizarían grandes proyectos agroindustriales. Esa implica que, en estas zonas, las iniciativas económicas que se instalen se podrían enfrentar a las presiones que la extorsión y el secuestro ofrecen. Es más, la desmovilización de las FARC sin un proceso de paz paralelo con el ELN ha llevado a pensar que existe la posibilidad de que las filas del ELN se engrosen con excombatientes de las FARC, lo que complicaría aún más el panorama.
2. En términos generales, la ausencia de un gesto bilateral, es decir que venga del estado colombiano y del ELN, de un cese al fuego de ambas partes no permite que el ELN acepte el abandono permanente del secuestro y, debido a su importancia, es poco probable que fuera del proceso de paz este proceso se deje de lado. Es más, dado que en muchas ocasiones los secuestros que le zona tribuidos al ELN no son realizados directamente por el grupo, estas actividades muchas veces pueden o atribuírsele falsamente o llevarse a cabo sin que las personas extorsionadas sepan que están interactuando con esta guerrilla.
3. En el caso de que el ELN acordara un cese del secuestro, es probable que, sin un alto al fuego, esta guerrilla recurra con más intensidad a otras actividades para garantizarse una fuente de financiación. Existe la posibilidad de que el ELN entonces intensifique su participación en actividades de cobro de contribuciones, extorsión y contrabando

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Los secuestros o ‘retenciones’ que se han registrado en los últimos meses exhiben que la continuidad de esta práctica es casi una garantía sino se llega a un tipo de acuerdo bilateral entre el Estado y el ELN en los próximos meses. El panorama que pintan los futuros años con la implementación de los acuerdos de La Habana con las FARC significa que varios retos van a hacerse evidentes frente a las estrategias de financiación de los grupos guerrilleros y la implementación de proyectos productivos en distintas regiones del país. Aunque en la legislación colombiana esté tipificado que actividades como el secuestro son ilegales, la manera en la que pueden afectar diferentes proyectos de desarrollo exige que se entienda más allá de una simple actividad criminal. El secuestro también es una estrategia política y económica.

En Colombia, el fin de la confrontación con las FARC ha puesto sobre la mesa un debate sobre el futuro de los proyectos de desarrollo en el país. Desde las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos hasta la de los Ministros de Minas y Hacienda o el presidente de la empresa nacional de petróleos ECOPETROL, se ha insinuado que el país pondrá un gran énfasis en dos sectores: el agroindustrial y el extractivo. El sector extractivo ha sido uno de los que más se ha visto afectado por las actividades del ELN, en especial por su impacto en todas las actividades que se llevan a cabo entorno a la extracción y transporte de petróleo. El secuestro ha afectado a empleados de compañías petroleras, pero también a los de las empresas de transporte que trabajan para ellas y a otros contratistas. En el caso de que el proceso de paz con el ELN siga en marcha, pero el secuestro continúe siendo una práctica sistemática de la organización, todas las actividades económicas que girarán en torno a estos nuevos proyectos, podrían ser afectadas por esta estrategia. Del mismo modo, el proceso de paz con el ELN tendrá que ver las tensiones que van a aparecer con los que se opongan al proceso y puedan realizar secuestros a nombre de esta guerrilla sin que esta guerrilla esté involucrada, aunque el ELN decidan negociar el cese del secuestro antes de que empiecen las negociaciones.

En este orden de ideas, los inversionistas que potencialmente quieran invertir en las regiones del país que serán priorizadas por el gobierno nacional, usualmente donde se han presentado históricamente enfrentamientos armados, deben tener muy claros los impactos que tienen sus inversiones en las economías locales. El objetivo es que se hagan responsables de los impactos directos o indirectos de su operación y eviten acrecentar las tensiones en las regiones que pueden ir en contravía de un exitoso proceso de paz.

Asignación de licencias ambientales anima debate sobre las actividades del sector energético en Colombia después de firma de paz con las FARC

¿Por qué a mediados de abril el gobierno colombiano asignó una licencia para exploración de hidrocarburos y un mes después la suspendió? Esa es la pregunta que ronda en distintos círculos en Colombia que, por el momento, han tenido opiniones divididas sobre la asignación y la posterior suspensión de la licencia ambiental que había sido otorgada a Hupecol Operating Co. LLC. Pero el tema no se ha quedado sólo en una discusión sobre las aparentes contradicciones que se presentan en las decisiones que toma el gobierno colombiano. El debate de fondo, más bien, tiene que ver con el proyecto y modelo de desarrollo que el gobierno nacional pretende implementar en distintas regiones del país luego de la firma de los acuerdos de paz que se están negociando entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Para empezar, hay que mencionar que la zona en la que se presentó el sonado escándalo ha sido ni más ni menos que una de las zonas de mayor influencia de las FARC en sus 60 años de existencia. Es más, la zona se encontraba en San Vicente del Caguán, uno de los municipios que formaba parte del área que fue despejada por los militares colombianos y ocupada exclusivamente por las FARC durante el proceso de paz que tuvo lugar a finales de la década de 1990. La influencia del grupo en la zona, aún después del fin de ese proceso de paz hace 15 años y el inicio del proceso actual, sigue siendo alta y es tal que hoy en día todavía los pobladores locales del municipio de La Macarena (también parte de la zona de despeje de finales de los 90) están obligados a pagar una contribución a las FARC. Incluso, todavía se respetan ciertas reglas que fueron impuestas por las FARC como el hecho que el día de descanso de la semana sea el miércoles y no el domingo.

El reciente gesto del gobierno nacional de evaluar e incluso conceder una licencia para la exploración de hidrocarburos en la zona indicaría que este tiene importantes planes para las áreas que, con la aparentemente cercana desmovilización de los guerrilleros de las FARC, serían accesibles de manera segura para las empresas del sector extractivo. De hecho, el presidente de la compañía nacional de petróleos de Colombia, ECOPETROL,

Fue precisamente tres semanas antes de la fecha en la que el presidente de ECOPETROl hizo estas declaraciones, el 18 de marzo, que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA entidad encargada de entregar autorizaciones y permisos para el sector extractivo) autorizó a Hupecol para hacer exploración en zonas que hacen parte de la Serranía de la Macarena, en los municipios de La Macarena, (departamento del Meta) y San Vicente del Caguán, (departamento de Caquetá). Un mes después, el 15 de abril, el Ministerio de Medio Ambiente pidió que la licencia fuera revocada porque su asignación había desconocido que la zona hacía parte de un área en la existe una prohibición de la extracción de hidrocarburos  impuesta por la entidad encargada de la conservación ambiental en la región, la Corporación Autónoma Regional de la Macarena CORMACARENA. Cuatro días después, la ANLA revocó el permiso.

Durante el mes que transcurrió entre la emisión de la licencia y su cancelación, los habitantes de los municipios incluidos en la zona de exploración propuesta manifestaron constantemente su preocupación por las consecuencias que tendrían las perforaciones en los niveles de agua de los nacimientos y cuencas de los ríos Guayabero, Duda, Losada y Caño Cristales. Incluso, la gobernadora del departamento del Meta, se manifestó en contra de la exploración en la zona ya que el área es una de las de mayor diversidad en microclimas y ecosistemas en el país. Al final, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que todos estos reclamos eran sustentados y la asignación de la licencia fue sólo un error de la ANLA.

El debate que despertó la asignación y cancelación de la licencia provocó la indignación de la firma Hupecol, que insistió en que el revocamiento tenía que ver con un tema político y no con decisiones técnicas, y que no descartaban la posibilidad de demandar al Estado. La firma argumenta que con la revocatoria no toma en consideración los 3.000 millones de pesos (1 millón de dólares) que fueron invertidos en un estudio que tardó 5 años y declaraba que era viable la explotación petrolera en la zona. El presidente de la Asociación Colombiana de petróleo y varios analistas en el tema de minería se sumaron a la posición de Hupecol y también añadieron que tal posición pone en riesgo la confianza de inversionistas en el país en el futuro.

En medio de semejante discusión, varias voces se alzaron para decir que la idea ya generalizada de que la explotación de hidrocarburos sólo trae consecuencias negativas no es cierta y por tanto es errado basarse en esa generalización para llevar a cabo evaluaciones ambientales o informar las decisiones del Estado colombiano. Otras, como la del Alcalde del municipio de la Macarena, insistieron en que la asignación de esta licencia iba en contravía de los esfuerzos que ya han hecho los gobiernos locales para consolidar la región como de interés turístico y ambiental, que es el tipo de proyectos que otros altos funcionarios del gobierno, como el Ministro de Hacienda, consideran es indispensable incentivar en Colombia para el post-conflicto. De todo el debate, varios puntos deben destacarse:

1. Existen potenciales conflictos entre las decisiones que se toman en el nivel local y el nacional en Colombia. Si bien, CORMACARENA llevaba varios años en el diseño de un plan de protección del área, al parecer sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por el gobierno nacional en la asignación de la licencia.
2. Los diseños organizacionales en las instituciones ambientales del nivel nacional y la legislación colombiana pueden estar afectando la toma de decisiones a la hora de asignar licencias. Los cambios en las regulaciones para obtener licencias ambientales que redujeron el tiempo de 24 a solo 3 meses junto al sistema de contratación en la ANLA que hace pagos por obra terminada a sus empleados estarían estimulando que las licencias se aprueben sin una prudente consideración y evaluación.
3. La asignación de licencias ambientales y la distribución de las zonas de exploración petrolera en el país no sólo puede corresponder a evaluaciones técnicas sobre los tipos de usos del suelo, el control de los potenciales impactos ambientales o el cumplimiento de requisitos legales. Las actividades económicas y de inversión en distintas regiones del país tiene que tener en cuenta los reclamos y preocupaciones de las autoridades y comunidades locales y no pueden llevarse a cabo sin tener en cuenta sus opiniones y consideraciones.

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La historia de Hupecol Operating Co. LLC en Colombia les proporciona varias pistas a las empresas interesadas en invertir e iniciar operaciones en el país. Como parece claro con las actividades del gobierno nacional, existente un interés en promover la asignación de licencias de exploración petrolera en zonas en las que el conflicto armado colombiano no la había permitido antes. Sin embargo, los nuevos escenarios a los que enfrenta la implementación de estos proyectos están configurados por las relaciones, tensiones, reclamos y expectativas ya presentes en estas regiones y que, en parte, se deben a las dinámicas locales que adquirió el conflicto colombiano en la localidad. Una de las líneas que ha marcado la posición de guerrillas como el ELN y las FARC en Colombia es su oposición a la puesta en marcha de proyectos de desarrollo basados en la extracción de hidrocarburos en el país, y esa posición recoge las inquietudes de muchos líderes, organizaciones y comunidades.

Esta situación implica que las compañías e inversionistas interesados en el país deben tener en cuenta las implicaciones políticas de sus actividades en Colombia. Aunque muchos miembros del sector petrolero han señalado que la revocatoria de la licencia manda una señal negativa, la revocatoria es más bien una señal sobre la falta de comprensión de las dinámicas políticas en las distintas localidades donde se hace o pretende hacer explotación petrolera. Como también lo muestra el debate técnico en el que Hupecol, el Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA se involucraron, todas las partes ofrecieron argumentos técnicos suficientes para sustentar sus posiciones, pero ese no es el punto central de la controversia. El punto versa sobre los aspectos políticos en juego. Sin duda, la falta de comunicación con las comunidades y autoridades regionales y locales en el momento del licenciamiento no permitió que Hupecol identificara que en la región ya se encontraba en trámite un proyecto para excluir su zona de interés de las áreas de posible explotación petrolera.

La ejecución de un proyecto económico, especialmente en zonas profundamente afectadas por el conflicto, depende de que en ella se encuentran articulados los intereses locales y se reconozcan no solo las decisiones del nivel nacional, sino también los intereses y dinámicas sociales, políticas y económicas del nivel local. Si bien, hay retos para el gobierno colombiano para armonizar las decisiones e intereses de los niveles nacional, regional y local, esto no implica que las empresas den sólo relevancia a los procedimientos del nivel nacional. Mantener buenas relaciones con las comunidades y una reputación adecuada que le de legitimidad y genere confianza entre las instituciones locales, las comunidades y las empresas e inversionistas interesados es imprescindible y una condición obligatoria.

Las continuidades en las estrategias de los grupos armados y el crimen organizado en Colombia dejan una lección agridulce para el post-conflicto

Pablo Escobar es un personaje que es conocido en distintas partes del mundo como un exitoso narcotraficante colombiano que lideraba el cartel de Medellín hace más de 30 años. Una de las estrategias que los hizo particularmente famosos fue el llamado ‘plan pistola’ que consistía en ofrecer una cantidad de dinero a sicarios por cada policía que dieran de baja.

En las últimas semanas, esta estrategia ha vuelto a ser noticia en Colombia, pero no porque el cartel de Medellín esté de nuevo en operación, sino porque las Bandas Criminales (BACRIM) han implementado una estrategia similar en el país. Desde el mes de marzo, el Clan Úsuga (o Autodefensas Gaitanístas de Colombia, como los miembros del grupo se presentan a sí mismos), empezaron a ofrecen dos millones de pesos colombianos (670 dólares aprox.) por cada policía muerto. Según lo que informó el mismo Clan Úsuga, esta estrategia es una respuesta al reciente asesinato de uno de los líderes de la organización: Jairo de Jesús Durango, alias Guagua. Al parecer, las estrategias y trayectorias de distintos grupos armados y organizaciones criminales en Colombia reflejan más continuidades de las que se podrían haber pensado.

Pero esta no es la única estrategia que parece repetirse en el país. Justo al inicio de Abril, el clan Úsuga declaró un paro armado en el norte del país que incluyo a varios departamentos, en especial el de Antioquia y Córdoba donde ejercen mayor influencia. Esta no es la primera vez que el Clan Úsuga utiliza una estrategia de este tipo. Por ejemplo, en el año 2012, este grupo también ordenó el cierre de establecimientos comerciales por toda la costa atlántica del país después de que Juan de Dios Úsuga, antiguo líder de la organización, fue dado de baja por la policía.

El paro de este año se extendió por dos días, el 31 de marzo, y el 1 de abril, y dejó, según la investigación que realizó el Centro de Recursos para el análisis de conflictos, 36 municipios en 8 departamentos fueron afectados directamente. Con 27 acciones violentas, 4 asesinatos, la quema de 8 vehículos y 9 enfrentamientos con la policía y el ejército registrados, el paro hizo que varias poblaciones, incluida Montería la capital del departamento de Córdoba con unos 430.000 habitantes y una de las ciudades más importantes de la región, quedaran paralizadas. Los resultados de la orden de paro armado fueron diferentes en cada municipio de la costa caribe, lo que significa que aunque el clan reclame autoridad sobre toda la región, el nivel en el que tienen influencia en los distintos municipios es muy diferente de uno al otro, aunque los miembros de este grupo hay distribuido panfletos y usado redes sociales para declarar el paro armado en más municipios que los que el paro se hizo realidad.

Por ejemplo, en Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, no se presentó ningún cierre ni en las universidades, ni en el comercio local entre el día jueves y viernes, mientras que Montería, la capital del departamento de Córdoba, cerró en su totalidad el día viernes luego de que el Clan Úsuga manifestara que se encontraba inconforme con los habitantes de la ciudad por no hacer caso al paro armado el jueves. La complejidad de las zonas de influencia del Clan Úsuga y la capacidad y disposición de los gobiernos locales y la fuerza pública para responder a las acciones de este grupo ofrecen un panorama complicado que debe verse al nivel local para que sea entendido de un modo más adecuado.

La región de Urabá en el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba fueron de las áreas más afectadas por el paro, precisamente regiones en donde el Clan Úsuga empezó sus operaciones y donde, antes de su desmovilización, los paramilitares tenían una presencia importante. Parece que las geografías de influencia paramilitar que se establecieron al principio en la zona con el objetivo de combatir a la guerrilla y consolidar rutas de narcotráfico son hoy un factor fundamental en el nivel de influencia tiene el clan Úsuga hoy en día en diferentes municipios.

Tal como en su tiempo hizo el cartel de Medellín, el clan Úsuga ahora está presionando al gobierno nacional para, por un lado, mostrar que su capacidad de acción no se ha visto afectada, y por otra, exigir que sean reconocidos como un grupo político. Miembros de organizaciones como la Defensoría del pueblo en Córdoba, han destacado que la posición del clan Úsuga tiende más a hacer lo mismo que el Cartel de Medellín: presionar al gobierno nacional para que inicie algún tipo de conversación política con ellos.

En su tiempo, el cartel de Medellín puso en práctica estrategias como el ‘plan pistola’ para, entre otros objetivos, presionar al gobierno para negociar con ellos, prohibir la extradición y, en un segundo plano de la agenda, legalizar el tráfico de drogas en el país. En el contexto actual, el clan Úsuga estaría más interesado en que sus opiniones sean consideradas en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC en la Habana. Como lo demuestran las interceptaciones que hizo la fiscalía a líderes del clan, esta organización estaba apoyando en términos logísticos la marcha que el pasado 2 de abril lideró el expresidente Álvaro Uribe en contra del proceso de paz, lo que parece mostrar que existe un interés de fondo en participar de los debates políticos en el país.

OJO

Durante la primera semana de abril, las FARC han manifestado que una de las condiciones para la firma del acuerdo final es que el gobierno nacional atienda el problema de las BACRIM en el país. El control que al parecer tienen varias de ellas en el país ha preocupado hasta a los miembros de las FARC quienes sienten que su seguridad no estaría garantizada si no se desarticulan estos grupos herederos del paramilitarismo. La misma preocupación que tienen las FARC es la preocupación de varios habitantes locales y sería la preocupación de potenciales inversionistas en el país luego de la firma del proceso de paz.

Las rutas del narcotráfico que todavía operan en el norte y noroccidente de Colombia en las que se encuentran involucradas organizaciones como el clan Úsuga y las FARC no dejarán de operar en estas regiones con la firma de este acuerdo y la desmovilización de la guerrilla. En el mismo sentido, las prácticas de ejercicio de control sobre las regiones que hoy hace este clan en relación al narcotráfico tampoco van a evaporarse. Esta situación le interesa, en general a dos tipos de compañías interesadas en Colombia. Por un lado, las empresas del sector agroindustrial quienes tendrán la posibilidad de invertir en esta región del país y, por otro lado, para las empresas del sector extractivo que tendrán mayores posibilidades para extraer crudo porque, según lo ha declarado el presidente de la empresa estatal de petróleos de Colombia ECOPETROL, regiones como Caquetá, Putumayo y Catatumbo serán más accesibles para la exploración y explotación después de la firma del acuerdo de paz.

La persistencia de las economías del narcotráfico y el carácter bien localizado de la influencia de las BACRIM exige que las empresas interesadas en invertir en Colombia presten mucha atención a como se estructuran las relaciones entre las instituciones del Estado y los grupo armados en el nivel local y municipal. Por ejemplo, en ciertos municipios del departamento de Antioquia y en Montería, parece que los impactos del paro armado fueron más altos por el nivel de penetración que tiene el clan Úsuga en el gobierno local y la respectiva falta de respuesta de la fuerza pública. Entender esa relación e identificar las instituciones del Estado en el nivel regional, local y nacional en las que se puede confiar es crucial para el establecimiento de operaciones.

Pero también, es importante que las compañías hagan un análisis de riesgos responsable y exhaustivo para que entiendan como sus operaciones pueden tener impactos en los intereses y operaciones de los grupos que pueden llegar a operar u operan en la región y como las operaciones de esos grupos pueden impactar sus operaciones. En ese sentido, es necesario que entiendan como operan la autoridad en el nivel local y establezcan relaciones sólidas con la comunidad, quien está al tanto de las dinámicas en la región. Las compañías pueden servir como actores que son útiles a estos grupos para presionar al gobierno en su agenda política y económica, por eso es muy importante que la empresa entiende sus relaciones e impactos en su entorno de operaciones.

Aumento de cultivos de coca en Colombia alertan sobre las economías políticas del post-conflicto

Si un tema ha sido importante para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas, es el cultivo de coca en Colombia. De hecho, uno de los principales objetivos de Plan Colombia fue reducir su número. Por eso, si hay un cambio importante en las cifras del área cultivada en Colombia, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos realice un comunicado sobre el tema. El reciente aumento en la cantidad de hectáreas de coca cultivadas en Colombia llevo precisamente a que el embajador de Estados Unidos en el país se refiriera al tema en marzo. Pero, más allá de las reacciones que generó en la prensa lo comunicado por el gobierno estadounidense, el cambio en las cifras de coca en Colombia, nos da más bien ideas sobre la economía política del narcotráfico que prevalece y crece en Colombia aún con la futura firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

el embajador de los Estados Unidos, las cifras de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca muestran que entre 2013 y 2015 la cantidad de hectáreas sembradas ha aumentado en un 42%. Según la cifra presentada, de las aproximadamente 80.000 hectáreas sembradas en 2013, pasamos a 159.000. Además de que los cultivos se han duplicado, según lo estimado por el gobierno estadounidense la producción potencial de cocaína ha aumentado de 250 toneladas métricas como se registró en 2014, a 420 toneladas métricas en 2015. Es decir, Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína en el mundo, de donde es exportada a Europa y Estados Unidos.

Aunque las cifras que se han presentado podrían llevar a pensar que la lucha antidrogas ha sido fallida, el aumento tiene que ver más con el cambio en la distribución de las plantaciones en el país. Es cierto que, desde mayo de 2015, el gobierno colombiano prohibió la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos y, desde entonces, como lo mencionó el embajador norteamericano en su comunicado, se han privilegiado otras estrategias como la erradicación manual. Pero esta prohibición correspondió más a consideraciones del impacto del glifosato para la salud y a una reformulación en la política antidrogas que al fin de la lucha contra los cultivos ilícitos en el país. En ese orden, los datos que publicó la Casa Blanca, nos dicen mucho sobre los retos que aparecerán en Colombia en los próximos años en regiones afectadas por el conflicto y vinculadas al narcotráfico. Es probable que las zonas donde los cultivos de coca han estado en aumento, van a ser las más afectadas por la presencia de economías ilegales y otras dinámicas después de la firma del acuerdo de paz.

Desde octubre de 2015, una nueva política antidrogas ha venido a reformular la estrategia que se había venido utilizando en los últimos años para disminuir el número de hectáreas cultivadas en el país. Uno de los seis puntos de esa estrategia incluye un capítulo de sustitución de cultivos y de erradicación voluntaria que, en últimas, quiere incentivar el desarrollo de otro tipo de cultivos y de otras apuestas productivas gobierno nacional con otras medidas como la aprobación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), la articulación de iniciativas agrícolas y agroindustriales en el país es parte de la agenda económica del post-acuerdo. La política antidrogas que ahora está siendo implementada estaría articulada a estos esfuerzos del Estado colombiano y, lo que genera más inquietud, se estaría poniendo en marcha en zonas del país que ahora se consideran de interés para otros proyectos agroindustriales como lo es Norte de Santander y ciertas áreas de la Orinoquía.

Según los datos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en 2015, para el año 2014 la mayoría de los cultivos en el país se encuentran concentrados en el sur del país, especialmente en los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, y en el Catatumbo. Según la misma oficina, la presencia de cultivos en estas zonas no es nueva, más bien lo que se ha visto es que la mayoría de los cultivos siguen presentes en los mismos lugares que en años anteriores y ahora se han venido cruzando con actividades de minería ilegal. Esto significa que en los últimos años ha aumentado la concentración de los cultivos, pero no su extensión por todo el país, justo en regiones con alta presencia de BACRIM, guerrillas y organizaciones de narcotraficantes.

Los actuales cultivos que le han servido a las guerrillas, los paramilitares y muchos otros grupos armados para financiar sus actividades armadas en Colombia son todavía un tema pendiente en la agencia política del país. Aún con la firma de los acuerdos de paz, la existencia de estos cultivos solo nos dice que las negociaciones de paz no van a dar paso al final de la economía del narcotráfico. Varias consideraciones deben hacerse al respecto:

• Por un lado, aunque la nueva política antidrogas pueda considerarse un triunfo para diferentes asociaciones campesinas y autoridades políticas del sur de Colombia que desde la década pasada habían estado proponiendo métodos de erradicación manual, el escenario en el que se implementa puede terminar teniendo efectos negativos para las comunidades locales. La fuerte presencia de grupos armados en el sur del país y la potencial aplicación de medidas de construcción de infraestructura y de legalización de tierras para los habitantes locales genera escenarios en los que es posible y existen incentivos para la expropiación de tierras y la retaliación armada.

• Por otro lado, las consideraciones de la nueva política antidrogas ofrecen la posibilidad de hacer grandes inversiones en las zonas afectadas por estos cultivos. Las disputas por las rutas del narcotráfico, la expansión de los cultivos y el control de la minería ilegal que se esperan con la retirada de las FARC en varios municipios del país va a generar grandes tensiones y transformaciones en las relaciones que existen entre las instituciones del gobierno nacional y local, los grupos armados en la región y las poblaciones locales. Hace varios años durante el gobierno del presidente Uribe se implementaron medidas similares de consolidación de presencia del Estado y el involucramiento de los campesinos en redes de seguridad y control, que provocaron, en parte como un resultado inesperado, la movilización de los cultivos a regiones más remotas a donde se han movilizado los grupos involucrados en el narcotráfico. Este tipo de efectos expansivos pueden ser de esperar, más cuando uno de los actores armados involucrados, las FARC, quedará fuera del escenario.

OJO

Los proyectos agroindustriales que ha venido proponiendo y regulando el gobierno colombiano, los esfuerzos de sustitución de cultivos que están siendo implementados con la nueva política antidrogas y la presencia constante de grupos armados en estas zonas de cultivo son una fórmula explosiva para las regiones donde estas tres dinámicas se juntan.

Tal como lo ha manifestado el actual ministro para el post-conflicto Rafael Pardo, la sustitución de cultivos en Colombia va a estar articuladas con las políticas de paz que se están implementando y se implementarán en el país. El aumento de los cultivos muestra como las economías ilegales que han estado relacionadas con el conflicto colombiano en las últimas décadas van a continuar siendo un reto para las empresas que quieran hacer inversiones en proyectos agrícolas en el país o quieran participar de proyectos de minería. Cabe recordar que la existencia de cultivos ilícitos no es el único elemento que hace parte de estas economías sino también el comercio de armas, y el establecimiento de laboratorios de procesamiento y de corredores de seguridad a los que hay que prestar especial atención.  Otro tipo de actividades como la minería ilegal, que se llevan ahora a cabo en las regiones de cultivo de coca, tienen graves impactos sociales y ambientales que se traducen en falta de confianza hacia empresas del sector extractivo que en el futuro estén interesadas en trabajar en la zona.

Existen altos incentivos para que estos grupos sigan haciendo presencia en estas regiones, aunque el Estado promueva políticas territoriales para sustituir los cultivos y hacer mayor presencia institucional las regiones. Es importante entonces que las empresas tengan un conocimiento claro de cómo funcionan esas economías ilegales locales y que en lo posible se mantengan en alerta para no involucrarse en ellas. Sin embargo, vale mencionar que los procesos de sustitución ofrecen una posibilidad para empresas interesadas en el país para apoyar e invertir en las cooperativas locales que se crearán para ayudar a que estos campesinos puedan vender sus nuevos productos en el mercado. Los términos de esos acuerdos de cooperación serían fundamentales para la actividad de cualquier empresa en Colombia.

Ley de ZIDRES y los potenciales riesgos de las iniciativas agroindustriales en Colombia

La demanda que acaba de ser puesta en Colombia en contra de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) por varios congresistas nos da una idea de los potenciales retos que una iniciativa como esta tendría en Colombia. Desde que la ley fue discutida en el congreso colombiano, ONGs como OXFAM, CODHES, Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones se opusieron a que fuera aprobada.  

Pero la controversia no ha terminado ahí. La ley Zidres pretende transformar las dinámicas económicas y uso de la tierra en diferentes regiones del país que se consideran o consideraban improductivas. El modo: la creación de unas iniciativas productivas en la que participan campesinos y empresas. Sin embargo, este argumento no sigue convenciendo a muchos en el país porque, según los senadores de los partidos polo democrático y de la alianza verde que demandaron la ley al inicio de marzo para que fuera inaplicable, los campesinos en Colombia se verían seriamente perjudicados.

Una de las principales figuras consideradas en la ley, y que es la que causa más polémica, es que el uso y explotación de Zidres se hará por medio de proyectos que serán presentados al Ministerio de Agricultura de Colombia por parte de empresas de distinto tipo. Estas empresas deberán tener en cuenta dentro de sus propuestas distintas consideraciones de sostenimiento ambiental, de seguridad y participación de comunidades de campesinos y propietarios individuales en la zona del proyecto, y de legalidad de los títulos de propiedad de las tierras que participarían de la iniciativa. El problema radica en que la manera en la que están pensados estos proyectos entraría en abierta contradicción con las iniciativas alimentarias y de uso de la tierra que han venido adelantando de manera independiente diferentes campesinos y asociaciones de campesinos en el país durante las últimas décadas. Tres puntos causan gran preocupación.

• En primer lugar, el modelo que se implementaría en las iniciativas a desarrollar en las Zidres sería asociativo, en el que los campesinos participarían como trabajadores, beneficiarios de programas de formación y apoyo técnico y de soporte para acceder a créditos para la compra de tierras. Con base en esta disposición, la demanda argumenta que los campesinos perderían su autonomía frente a las empresas que se encargaran de ejecutar los proyectos.

• En segundo lugar, la ley establece que los territorios de propiedad de la nación, denominados baldíos, podrían ser utilizados en estos proyectos con la condición de que su título no sea transferido a la empresa que lleva a cabo la iniciativa productiva. Sin embargo, la demanda argumenta que el contenido de la ley ofrece a las empresas la posibilidad de hacerse a la propiedad de una gran cantidad de estas tierras. Como también lo establece la ley, campesinos podrán acceder a la propiedad de la tierra involucrada en el proyecto, incluidas zonas de tierra consideradas baldíos sobre los que estos campesinos pueden reclamar propiedad. Con la titulación de las tierras, estas podrían ser compradas por las empresas en el marco de la ejecución del proyecto. Es más, como lo considera la ley, los campesinos que participen de estas iniciativas pueden entregar sus tierras como aporte al proyecto si así lo quieren. En términos prácticos, estos procesos de uso y titulación de la tierra abren la posibilidad para procesos de acumulación de tierra en el país, una de las causas principales del conflicto armado en Colombia.

• En tercer lugar, las Zidres estarían ubicadas en zonas con alta tensión social y política. de acuerdo a lo que ha declarado el superintendente de Notariado y Registro de Colombia, estarían distribuidas en cinco regiones del país: La Guajira, Chocó, Norte de Santander, la Orinoquía y la Amazonía. Lo problemático con esta distribución es que en estas regiones del país se mezclan los reclamos por tierra de distintos grupos campesinos y las dinámicas del conflicto armado colombiano. De acuerdo a un análisis presentado por Verdad Abierta con datos de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones sociales en el país, en las cinco regiones, hacen presencia tanto la guerrilla como los miembros de bandas criminales y existen reclamos para la titularización colectiva de la tierra como Zonas de Reserva Campesina y otras como zonas agroalimentarias. Según lo dispuesto en la ley, no existe una restricción para que las zonas agroalimentarias o las Zonas de Reserva Campesina aún no constituidas no sean incluidas dentro de las Zidres, lo que las pondría dentro del mapa de las zonas donde tentativamente se implementarían estos proyectos productivos. La potencial implementación de estos proyectos y su choque con las iniciativas de organizaciones de campesinos locales por la propiedad y uso de la tierra junto a la presencia de grupos armados en las regiones suma a la tensión que existe frente a la posible implementación de la ley.

OJO

La ley Zidres abre la posibilidad para que empresas nacionales y extranjeras inviertan en diferentes proyectos productivos agroindustriales. Es importante que las empresas y organizaciones interesadas en participar de estas iniciativas consideren con cuidado los potenciales impactos de estas actividades en las regiones donde se llevarían a cabo. Aunque la ley sea declarada inconstitucional, el gobierno nacional ha insistido en su esfuerzo por implementar iniciativas agroindustriales en el país.

En el marco de un posible acuerdo de paz, es importante que, ya sea con la figura de las Zidres o de otra iniciativa que pueda ser implementada en el futuro, las inversiones de empresas extranjeras estén atentas en dos frentes desde la planeación de sus iniciativas. Por un lado, es indispensable que procuren mantener unas buenas relaciones con las comunidades y las organizaciones de campesinos que viven y trabajan en las regiones. Cada una de ellas tiene historias distintas de tenencia y uso de la tierra y es importante respetar los procesos sociales y políticos que están detrás de ellas para no poner a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad o subordinación frente a las decisiones que tome la empresa sobre el proyecto.

Por otro lado, es importante que las compañías presten mucha atención a las acciones de los actores armados en la zona. Algunos pueden aprovechar para que los procesos de titulación de la tierra les sirvan para acumular una gran cantidad de propiedades y luego re venderlas o, incluso, a ofrecer servicios o recibir solicitudes para que presionen a los campesinos que viven en la zona para que compren o vendan su propiedad.