19 Apr Las continuidades en las estrategias de los grupos armados y el crimen organizado en Colombia dejan una lección agridulce para el post-conflicto
Pablo Escobar es un personaje que es conocido en distintas partes del mundo como un exitoso narcotraficante colombiano que lideraba el cartel de Medellín hace más de 30 años. Una de las estrategias que los hizo particularmente famosos fue el llamado ‘plan pistola’ que consistía en ofrecer una cantidad de dinero a sicarios por cada policía que dieran de baja.
En las últimas semanas, esta estrategia ha vuelto a ser noticia en Colombia, pero no porque el cartel de Medellín esté de nuevo en operación, sino porque las Bandas Criminales (BACRIM) han implementado una estrategia similar en el país. Desde el mes de marzo, el Clan Úsuga (o Autodefensas Gaitanístas de Colombia, como los miembros del grupo se presentan a sí mismos), empezaron a ofrecen dos millones de pesos colombianos (670 dólares aprox.) por cada policía muerto. Según lo que informó el mismo Clan Úsuga, esta estrategia es una respuesta al reciente asesinato de uno de los líderes de la organización: Jairo de Jesús Durango, alias Guagua. Al parecer, las estrategias y trayectorias de distintos grupos armados y organizaciones criminales en Colombia reflejan más continuidades de las que se podrían haber pensado.
Pero esta no es la única estrategia que parece repetirse en el país. Justo al inicio de Abril, el clan Úsuga declaró un paro armado en el norte del país que incluyo a varios departamentos, en especial el de Antioquia y Córdoba donde ejercen mayor influencia. Esta no es la primera vez que el Clan Úsuga utiliza una estrategia de este tipo. Por ejemplo, en el año 2012, este grupo también ordenó el cierre de establecimientos comerciales por toda la costa atlántica del país después de que Juan de Dios Úsuga, antiguo líder de la organización, fue dado de baja por la policía.
El paro de este año se extendió por dos días, el 31 de marzo, y el 1 de abril, y dejó, según la investigación que realizó el Centro de Recursos para el análisis de conflictos, 36 municipios en 8 departamentos fueron afectados directamente. Con 27 acciones violentas, 4 asesinatos, la quema de 8 vehículos y 9 enfrentamientos con la policía y el ejército registrados, el paro hizo que varias poblaciones, incluida Montería la capital del departamento de Córdoba con unos 430.000 habitantes y una de las ciudades más importantes de la región, quedaran paralizadas. Los resultados de la orden de paro armado fueron diferentes en cada municipio de la costa caribe, lo que significa que aunque el clan reclame autoridad sobre toda la región, el nivel en el que tienen influencia en los distintos municipios es muy diferente de uno al otro, aunque los miembros de este grupo hay distribuido panfletos y usado redes sociales para declarar el paro armado en más municipios que los que el paro se hizo realidad.
Por ejemplo, en Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, no se presentó ningún cierre ni en las universidades, ni en el comercio local entre el día jueves y viernes, mientras que Montería, la capital del departamento de Córdoba, cerró en su totalidad el día viernes luego de que el Clan Úsuga manifestara que se encontraba inconforme con los habitantes de la ciudad por no hacer caso al paro armado el jueves. La complejidad de las zonas de influencia del Clan Úsuga y la capacidad y disposición de los gobiernos locales y la fuerza pública para responder a las acciones de este grupo ofrecen un panorama complicado que debe verse al nivel local para que sea entendido de un modo más adecuado.
La región de Urabá en el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba fueron de las áreas más afectadas por el paro, precisamente regiones en donde el Clan Úsuga empezó sus operaciones y donde, antes de su desmovilización, los paramilitares tenían una presencia importante. Parece que las geografías de influencia paramilitar que se establecieron al principio en la zona con el objetivo de combatir a la guerrilla y consolidar rutas de narcotráfico son hoy un factor fundamental en el nivel de influencia tiene el clan Úsuga hoy en día en diferentes municipios.
Tal como en su tiempo hizo el cartel de Medellín, el clan Úsuga ahora está presionando al gobierno nacional para, por un lado, mostrar que su capacidad de acción no se ha visto afectada, y por otra, exigir que sean reconocidos como un grupo político. Miembros de organizaciones como la Defensoría del pueblo en Córdoba, han destacado que la posición del clan Úsuga tiende más a hacer lo mismo que el Cartel de Medellín: presionar al gobierno nacional para que inicie algún tipo de conversación política con ellos.
En su tiempo, el cartel de Medellín puso en práctica estrategias como el ‘plan pistola’ para, entre otros objetivos, presionar al gobierno para negociar con ellos, prohibir la extradición y, en un segundo plano de la agenda, legalizar el tráfico de drogas en el país. En el contexto actual, el clan Úsuga estaría más interesado en que sus opiniones sean consideradas en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC en la Habana. Como lo demuestran las interceptaciones que hizo la fiscalía a líderes del clan, esta organización estaba apoyando en términos logísticos la marcha que el pasado 2 de abril lideró el expresidente Álvaro Uribe en contra del proceso de paz, lo que parece mostrar que existe un interés de fondo en participar de los debates políticos en el país.
OJO
Durante la primera semana de abril, las FARC han manifestado que una de las condiciones para la firma del acuerdo final es que el gobierno nacional atienda el problema de las BACRIM en el país. El control que al parecer tienen varias de ellas en el país ha preocupado hasta a los miembros de las FARC quienes sienten que su seguridad no estaría garantizada si no se desarticulan estos grupos herederos del paramilitarismo. La misma preocupación que tienen las FARC es la preocupación de varios habitantes locales y sería la preocupación de potenciales inversionistas en el país luego de la firma del proceso de paz.
Las rutas del narcotráfico que todavía operan en el norte y noroccidente de Colombia en las que se encuentran involucradas organizaciones como el clan Úsuga y las FARC no dejarán de operar en estas regiones con la firma de este acuerdo y la desmovilización de la guerrilla. En el mismo sentido, las prácticas de ejercicio de control sobre las regiones que hoy hace este clan en relación al narcotráfico tampoco van a evaporarse. Esta situación le interesa, en general a dos tipos de compañías interesadas en Colombia. Por un lado, las empresas del sector agroindustrial quienes tendrán la posibilidad de invertir en esta región del país y, por otro lado, para las empresas del sector extractivo que tendrán mayores posibilidades para extraer crudo porque, según lo ha declarado el presidente de la empresa estatal de petróleos de Colombia ECOPETROL, regiones como Caquetá, Putumayo y Catatumbo serán más accesibles para la exploración y explotación después de la firma del acuerdo de paz.
La persistencia de las economías del narcotráfico y el carácter bien localizado de la influencia de las BACRIM exige que las empresas interesadas en invertir en Colombia presten mucha atención a como se estructuran las relaciones entre las instituciones del Estado y los grupo armados en el nivel local y municipal. Por ejemplo, en ciertos municipios del departamento de Antioquia y en Montería, parece que los impactos del paro armado fueron más altos por el nivel de penetración que tiene el clan Úsuga en el gobierno local y la respectiva falta de respuesta de la fuerza pública. Entender esa relación e identificar las instituciones del Estado en el nivel regional, local y nacional en las que se puede confiar es crucial para el establecimiento de operaciones.
Pero también, es importante que las compañías hagan un análisis de riesgos responsable y exhaustivo para que entiendan como sus operaciones pueden tener impactos en los intereses y operaciones de los grupos que pueden llegar a operar u operan en la región y como las operaciones de esos grupos pueden impactar sus operaciones. En ese sentido, es necesario que entiendan como operan la autoridad en el nivel local y establezcan relaciones sólidas con la comunidad, quien está al tanto de las dinámicas en la región. Las compañías pueden servir como actores que son útiles a estos grupos para presionar al gobierno en su agenda política y económica, por eso es muy importante que la empresa entiende sus relaciones e impactos en su entorno de operaciones.