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Actualización regional (24 de mayo de 2017)

La delicada situación del presidente Temer hace temblar al gobierno de Mauricio Macri por la gran dependencia económica argentina del gigante suramericano. Más allá de arriesgar la tímida recuperación de las exportaciones hacia Brasil desde la llegada de Temer, a Macri le preocupa que el escándalo del presidente brasileño provoque la vuelta al poder de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2018, lo que podría avivar el peronismo y devolverles el poder en Argentina. Así como el eje Kirchner-Lula fue el núcleo en el que se sustentaron multitud de gobiernos izquierdistas regionales, el actual eje Macri-Temer es el que está marcando las pautas en toda Latinoamérica, que cada vez ve a más gobiernos de izquierda caer en las elecciones frente a candidatos más a la derecha, lo cual sitúa a Macri como el líder en todo el continente de la nueva corriente política.

La policía brasileña asalta el barrio de «Cracolandia» en Sao Paulo, conocido por el amplio y libre tráfico y consumo de drogas que se producía en sus calles. En la redada participaron cerca de 1.000 miembros del ejército y la policía. El alcalde de la ciudad, Joao Doria, pondrá en marcha un programa de ayuda social para rehabilitar a los drogodependientes y la remodelación del barrio, donde la policía patrullará diariamente y sus calles serán vigiladas con cámaras de CCTV.

El paro convocado por los trabajadores del segundo mayor puerto comercial en Colombia, en Buenaventura, está sumiendo a la ciudad en una atmosfera de creciente violencia. Tras la suspensión de las negociaciones entre las partes comenzaron los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios, que han provocado la muerte de un oficial de policía. El clima de inseguridad fue aprovechado por delincuentes para el saqueo de multitud de comercios, provocando pérdidas a la economía local cercanas a los US$3 millones. A pesar de la inseguridad y de la implantación de un toque de queda, los paros siguen convocados por la indignación de la población de Buenaventura, donde un 62% vive en la pobreza y donde las inversiones hacia el puerto contrastan con las de la ciudad, que no tiene ningún hospital.

El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC ha dejado al descubierto otra guerra que amenaza la paz en Colombia, la guerra contra el narcotráfico. La concentración de los militantes de las FARC siguiendo lo acordado, ha dejado el 98% del territorio que ocupaban completamente vacío, y este ha sido ocupado por varios cárteles como Los Puntilleros, Los Pelusos o el Clan del Golfo, considerado el más peligroso, que ha iniciado el plan pistola por el cual otorgarán US$400 a sicarios por cada policía asesinado. La evolución de estos cárteles hacia el violento narcoterrorismo obedece a su doble interés de expandir su negocio y ganancias, y a su vez ser considerados un actor paramilitar para poder entablar negociaciones de paz en el futuro que otorguen inmunidad a sus miembros. El Gobierno no tiene intención alguna de negociar y pondrá en marcha una gigantesca operación policial para acabar con estos grupos, aumentará su presencia en los territorios vacíos para proteger a la ciudadanía e iniciará un programa de sustitución de cultivos para reducir las plantaciones de coca a un ritmo de 50.000 hectáreas al año que pondrá contra las cuerdas a los narcotraficantes.

El número de fallecidos aumenta a 53 en unas protestas que tienen paralizada Venezuela desde principios de abril. La población continúa manifestándose masivamente contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha respondido con fuerza bruta y con la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente que dejaría sin poder alguno a la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición. Esta semana Estados Unidos ha aumentado la presión internacional hacia el régimen, imponiendo sanciones contra 8 de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la polémica decisión de arrebatar los poderes a la Asamblea Nacional. Más allá de la congelación de cualquier fondo que los magistrados puedan tener en Estados Unidos y la prohibición de entrar en el país, esta decisión supone un apoyo simbólico de la Administración de Donald Trump a los opositores en su lucha contra Nicolás Maduro.

Actualización regional (19 de mayo de 2017)

La violencia en México alcanza los alarmantes niveles del año 2011, con más de 23.000 muertos en 2016 según un reciente informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que sitúa al país como el segundo más violento del mundo detrás de Siria. La violencia obedece a luchas entre diversos cárteles y a la decisión del expresidente Felipe Calderón de sacar al ejército a la calle para combatir a los narcos; una batalla que ha dejado más de 100.000 muertos.

En los últimos años la violencia se ha recrudecido por la estrategia del Gobierno de centrarse en la eliminación de los cabecillas. Paradójicamente, esta táctica ha llevado a luchas internas dentro de los propios carteles, como fue el caso del Cártel de Sinaloa, que se adentró en una lucha entre los hijos del Chapo Guzmán, deportado a Estados Unidos por la justicia, y Dámaso López, el Licenciado, hombre muy cercano al Chapo; que llevó a mayores enfrentamientos armados y a un empoderamiento de las pequeñas bandas criminales, aumentando así la violencia y los secuestros cometidos por bandas, que se calcula llegaron a 157 solo en abril. A esto se le suma la estrategia de varios cárteles, como el de los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación de aumentar la militarización de las bandas criminales que controlan, lo cual ha disparado un 22,8% la criminalidad entre 2015 y 2016.

Otro de los motivos que han llevado a una mayor criminalidad es la impunidad de los criminales ante la justicia y la amplia corrupción de varios gobernadores mexicanos, que ha llevado al partido del presidente Peña Nieto a perder diversos estados en los últimos años. La complicidad de funcionarios, gobernadores y narcotraficantes ha creado el entorno perfecto para la proliferación de la violencia. Todo este clima de criminalidad ha llegado a la sociedad, de la cual un 39% opina que los cárteles no solo tienen más poder que el Gobierno, sino que le están arrebatando la legitimidad mediante el aumento de las obras sociales y la creación de empleo.

La violencia en México tiene dos víctimas claras, los periodistas y las mujeres. El lunes 15 de mayo el periodista Javier Valdez fue asesinado, aumentando a 7 el número de periodistas asesinados en lo que va de año. Los periodistas son objetivo por la cobertura que hacen de las luchas entre cárteles y por el descubrimiento de casos de corrupción entre los funcionarios. Aparte de las cifras de fallecidos, las agresiones a periodistas están a la orden del día y la mitad de dichas agresiones son por parte de alcaldes y otras figuras públicas, que acaban obstaculizando la justicia. La violencia contra los periodistas está completamente exenta de cualquier pena en México, donde el 99,75% de los casos no son resueltos y nadie es acusado. Esto ha puesto a los periodistas en protesta contra el Gobierno, exigiendo mayores medidas para protegerles dado que México es considerado, tras Siria y Afganistán, el tercer país más peligroso del mundo para ejercer la profesión.

Otra cifra alarmante es el número de feminicidios cometidos en México, donde entre el año 2000 y 2014 hubo 26.267 asesinatos de mujeres. La violencia contra las mujeres ya estaba presente en México, donde se tiende a culpabilizar a la víctima y donde la violencia doméstica alcanza cifras significativas; pero según ciertas asociaciones, la guerra contra el narco está aumentando el número de feminicidios. En dicha guerra la agresividad crece tanto en los criminales como en los miembros de las fuerzas de seguridad, agresividad que después se traslada a la vida diaria de todos ellos, aumentando la tasa de violencia doméstica contra mujeres. A esto se le suma la llamada «narcocultura», nacida en los años 40 y muy extendida en el Estado de Sinaloa, que encumbra al hombre en una jerarquía de despilfarro, excentricismo y violencia; y donde la mujer queda relegada a la base de la escala por ser considerada un miembro débil y subordinado.

A pesar del éxito inicial de los presidentes Calderón y Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico, actualmente surgen problemas derivados como las luchas internas en los cárteles y el aumento de las pequeñas bandas criminales. Esta será la herencia que Peña Nieto dejará a su sucesor, en las elecciones de 2018 que se esperan muy reñidas, que tendrá que reformar la estrategia contra la violencia y aumentar la protección contra las víctimas de esta guerra.

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La sombra del «impeachment» rodea al presidente de Brasil, Michel Temer, tras autorizar el Tribunal Supremo una investigación al salir a la luz unas grabaciones en las que se puede oír al presidente confesar que está pagando sobornos al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, actualmente en prisión, para comprar su silencio. La noticia ha conmocionado al país, la oposición exige en multitudinarias protestas la dimisión de Temer, y la bolsa tuvo que cerrar tras sufrir las mayores pérdidas en su historia desde la quiebra de Lehman Brothers. El presidente, que sufre una deserción de aliados, ha asegurado que no renunciará a su puesto a pesar de tener menos del 10% del apoyo popular.

Actualización regional (10 de mayo de 2017)

Una operación del ejército mexicano contra el robo de combustible deja 10 muertos, 4 de ellos militares, y 14 heridos en Palmarito, en el Estado de Puebla. La operación obedece al creciente aumento de robos de combustible en el «Triángulo Rojo» compuesto por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Quecholac; cuyo impacto económico a la empresa estatal Pemex está cifrado en US$5.000 millones desde el año 2012. El robo de combustible también supone importantes peligros para la población, como el caso de 2010 en San Martín Texmelucan, donde murieron 32 personas a causa de una explosión.

Puerto Rico declaró el pasado 3 de mayo la bancarrota por su incapacidad de controlar la astronómica deuda pública de la isla que aumenta a los US$70.000 millones. Esto implica que un tribunal federal estadounidense tomará las riendas de las negociaciones para reestructurar la deuda puertorriqueña y, a su vez, tomará el control de la economía de la isla previsiblemente para endurecer las medidas de austeridad que sufren los puertorriqueños desde hace años.

La polarización que sufrió Estados Unidos durante las pasadas elecciones permanece en la sociedad estadounidense, en especial con las estrictas políticas migratorias de Donald Trump que han visto a dos de los estados más poderosos y dispares promover leyes sobre inmigración completamente antagónicas. Texas, destacado bastión republicano, ha promulgado la ley SB4 que obliga a todas las fuerzas policiales a colaborar con la policía federal de inmigración para la expulsión de los inmigrantes indocumentados, llegando incluso a sancionar a aquellos agentes que no quieran preguntar a la población detenida por sus papeles, algo que será obligatorio a partir de ahora. California, núcleo junto a Nueva York de los demócratas, ha promulgado la ley SB54 que convierte a todo el Estado en santuario para los indocumentados y prohíbe a las fuerzas del orden colaborar con la policía federal de inmigración. De esta forma los dos estados con más frontera con México y con mayor población hispana afrontan, cada uno a su manera, las políticas migratorias del presidente Trump.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha inhabilitado a un gobernador más, a Liborio Guarulla, del Estado del Amazonas, que no podrá presentarse a ningún cargo público en los próximos 15 años. La inhabilitación deja en jaque a dos de los tres gobernadores opositores, haciendo ver que Maduro puede estar preparándose para convocar elecciones regionales. La decisión ocurre en unas semanas con duras protestas de la oposición contra Nicolás Maduro, al cual el mundo ha llegado a ver conversando con unas reses a las que ofreció ser miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que planea convocar próximamente.

Brechas en el poder judicial en Venezuela, mientras la fiscalía y el Ministerio Público juzgan a los opositores detenidos en base a la ley, sus órdenes no son acatadas por los funcionarios de prisiones que obedecen a cargos superiores que les indican no acatar las órdenes judiciales. Ya se han dado varios casos de conflicto en los que los juzgados ordenaban la liberación de varios de los detenidos en las multitudinarias protestas vividas en Venezuela, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presionaba a los policías para no liberar a los presos en un claro acto de represión política. La fiscalía tuvo su mayor discordancia con el oficialismo cuando el TSJ inhabilitó a la Asamblea Nacional, decisión que la fiscal general Luisa Ortega consideró «una quiebra del orden constitucional». Este acto de «traición» de la fiscalía, ha sido respondido por el chavismo con la puesta en marcha del Plan Zamora en el Estado de Carabobo, que conlleva aplicar la jurisdicción militar a civiles, saltándose de esta manera a la fiscalía, a la vez que da mayores poderes a la policía y la guardia nacional para extremar la vigilancia, patrullaje y detenciones masivas.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha expresado su preocupación por la creciente remilitarización de Nicaragua, su vecino del norte. El presidente destacó la estrecha colaboración nicaragüense con Rusia, país que ha donado US$80 millones para reforzar el ejército del país centroamericano, con el cual realiza ejercicios militares y que fue visitado por el presidente Vladimir Putin en 2014. Algo que contrasta con Costa Rica, que no posee fuerzas armadas desde 1948 y es considerado el país más pacífico, seguro y próspero de Centroamérica. Nicaragua siempre ha tenido unas tensas relaciones con Costa Rica, con la cual posee ciertas disputas territoriales, y a la que miran con menosprecio por su sistema político ampliamente democrático; pero las preocupaciones del presidente Solís obedecen a la creciente hostilidad nicaragüense, cuyo presidente Daniel Ortega ha anunciado la posibilidad de que Nicaragua reclame la provincia costarricense de Guanacaste ante la Corte Internacional de Justicia.

Actualización regional (3 de mayo de 2017)

Trump fracasa en su primer intento de financiar la construcción del muro en la frontera con México tras no obtener los apoyos suficientes en el Congreso, ni por demócratas, que le han declarado una guerra presupuestaria a Trump, ni por parte de los republicanos. A esto se le suma la oposición de congresistas y senadores, de ambos partidos, de los cuatro estados fronterizos con México que ven el muro como una medida inútil y extremadamente cara. El senador por Texas, Ted Cruz, antiguo oponente de Trump, ha aconsejado al presidente intervenir los activos del Chapo Guzmán, cifrados en 14.000 millones de dólares, para la construcción del muro.

El presidente Donald Trump rectificó a última hora del jueves pasado que Estados Unidos no abandonará el NAFTA y que se acelerarán las negociaciones con Canadá y México para modificar el tratado; un día después de que se filtrara que el presidente estaba considerando retirar a Estados Unidos del acuerdo de libre comercio, lo que llevó a la caída del dólar canadiense y el peso mexicano.

Ocho muertos en el municipio de San José del Cabo, en el Estado de Baja California en México. El altercado se produjo cuando miembros de una banda criminal atacaron a una unidad de patrullaje, de los cuales un militar falleció. El suceso tiene lugar en uno de los estados más turísticos de México, el de Baja California, especialmente atractivo para los turistas estadounidenses por su cercanía a la frontera, que ha experimentado un aumento de los crímenes violentos recientemente.

Se crea en Chile una nueva formación de centroizquierda, el Frente Amplio, que busca acabar con el bipartidismo que ha dominado el país durante tres décadas. La abstención del 65 por ciento alcanzada en las pasadas elecciones municipales muestran el descontento de la población con los partidos tradicionales, que deberán enfrentar ahora al nuevo partido, situado más a la izquierda que el partido Nueva Mayoría de Michelle Bachelet.

Los sindicatos convocan la primera huelga general en Brasil en 20 años a raíz de la reforma que el ejecutivo de Temer quiere emprender para implantar una edad mínima de jubilación. Las protestas, que comenzaron con movilizaciones pacíficas, acabaron en disturbios y cortes de vías en ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro. El gobierno argumenta que el actual sistema es insostenible, poniendo como ejemplo a los profesores, que pueden jubilarse tras 25 años de empezar a trabajar.

Continúa la oleada de asesinatos de mujeres en Argentina, la aparición del cadáver de Camila Rodríguez, desaparecida el pasado martes 25 de abril, eleva la cifra de feminicidios a 21 en un solo mes. Las organizaciones que dan apoyo a las mujeres víctimas de violencia señalan que la tasa de denuncias de estos crímenes es realmente baja y que ha de ser el círculo próximo a las víctimas el que las anime a denunciar.

Crece la situación de insostenibilidad en Venezuela por el nulo entendimiento entre gobierno y oposición. El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado domingo un aumento del 60 por ciento del salario mínimo, un aumento del 30 por ciento en las pensiones y diversos bonos de ayuda a la alimentación para combatir la creciente pobreza en el país; pero la comunidad financiera cuestiona la eficacia de estas medidas por el imparable aumento de la inflación, que según el FMI llegará al 720 por ciento este año. La incipiente intervención de la comunidad internacional en la crisis venezolana ha llevado al presidente Maduro a retirar a su país de la OEA por las supuestas injerencias que este organismo está teniendo en la situación en Venezuela. La crisis se agrava por momentos, más aún cuando el presidente anunció el pasado lunes que va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución que de salida a la crisis social que asola al país caribeño desde hace un mes. Si bien la actual constitución atribuye al presidente la facultad de convocar dicho órgano, su calidad democrática ha sido cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, puesto que de los 500 miembros que formarán dicha Asamblea, la mitad serán elegidos «a dedo» por el gobierno, y la otra mitad serán elegidos por voto directo y secreto, pero no se sabe si universal, en los municipios del país, donde el chavismo tiene una fuerte base. Este sistema deja completamente fuera a la oposición que además pierde el poder legislativo dado que, al convocarse una Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional pierde sus poderes automáticamente. La oposición reitera que este acto es la consumación del golpe de estado de Maduro, que pretende librarse de la oposición mediante una Asamblea Constituyente, cuya membresía final debe de ser aprobada por un referéndum nacional del cual el presidente no ha dicho palabra, formada por miembros afines para redactar una nueva Constitución a su medida. La aprobación de una nueva constitución podría llevar a Maduro a verse legitimado por la Asamblea Constituyente para seguir gobernando y suspender las elecciones presidenciales previstas para 2018.

Detienen en Ciudad de México a Dámaso López Núñez «el Licenciado», considerado el sucesor del Chapo Guzmán, el cual comenzó una lucha interna contra los hijos del Chapo por el control de la organización que llevó al incremento de la violencia y homicidios en el noroeste de México, especialmente en el «Triángulo Dorado», una zona montañosa entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Actualización regional (21 de abril de 2017)

La tensión sigue al alza en Venezuela tras las recientes protestas de la oposición contra el Gobierno de Nicolás Maduro en el que murieron tres personas, dos manifestantes y un miembro de la GNB. Maduro acusa a la oposición de golpe de estado y exige que se juzgue a los instigadores, nombrando particularmente al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. A su vez, Maduro ha decretado un aumento de los efectivos y las armas asignadas a la Milicia Nacional, un cuerpo de apoyo al ejército, formado por civiles con entrenamiento militar. La oposición llama a sus seguidores a una protesta permanente en las calles, que son respondidas con contundencia por el Gobierno usando gases lacrimógenos, cañones de agua y fuego real.

Comienzan a acercarse posiciones en Paraguay tras la renuncia del presidente Horacio Cartes a presentarse de nuevo a las elecciones de 2018, para convencer tanto a la oposición como a miembros de su propio partido de aprobar la reforma que permitiría a los presidentes presentarse a la reelección, actualmente prohibida por la Constitución. A pesar del gesto, el Partido Liberal exige la retirada del proyecto y que se aclare quién dio la orden a la policía de irrumpir en la sede nacional del partido, que dejó un muerto.

El exgobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, fue detenido el pasado sábado en Guatemala. Al prófugo se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y relación con el narcotráfico durante sus años de mandato en Veracruz que llevaron al estado mexicano a ser uno de los más peligrosos del país, con mayor número de asesinatos y desapariciones, aparte de la ruina económica que sufre. Duarte ha rechazado su entrega voluntaria a México, aunque se prevé que el proceso de extradición no sea largo. Queda por ver si la justicia mexicana está a la altura, ya que hay sospechas de arreglos de poder por las influencias de Duarte con políticos y jueces en México.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia ha llamado a declarar al presidente Juan Manuel Santos en relación a información de la investigación del caso Odebrecht en Colombia que muestra dos ingresos de dinero en Colombia por parte de la compañía brasileña que fueron dirigidos a la campaña del presidente en las elecciones de 2014.

Nicolás Maduro ha ordenado investigar a la empresa Movistar de Venezuela, filial de la empresa española Telefónica S.A., a la cual ha acusado de instigar a la ciudadanía a acudir a las protestas de la oposición mediante el envío de mensajes promocionando las marchas a sus clientes. Este acto ocurre horas después de que General Motors anunciase la suspensión de sus operaciones en Venezuela tras la confiscación de sus instalaciones en Valencia por las autoridades en relación a un juicio abierto desde el año 2000 en el que la fiscalía exige 4.760 millones de dólares a la compañía estadounidense.

El pasado 6 de abril despertó el volcán Poás, en Costa Rica, con mayoritariamente pequeñas erupciones, aunque a lo largo de los días sí que ocurrieron erupciones más importantes. Las autoridades han cerrado el Parque Nacional del Volcán Poás y han confirmado que se tratan de erupciones freatomagmáticas, lo cual indica que lo visto hasta ahora podría ser solo el principio de un despertar más violento del volcán. A esto se le suma la activación el pasado martes del volcán Turrialba, que en erupciones previas llegó a afectar a la capital y al aeropuerto internacional, situados a tan solo 50 kilómetros.

Riesgo de estancamiento en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que no ha cesado en su actividad militar, provocando el pasado jueves la muerte de un soldado en una emboscada en Cauca. Ambas partes reconocen que las negociaciones, que comenzaron el 8 de febrero, no avanzan y solo coinciden en la necesidad de proteger a la población civil. Los expertos explican que la negociación con el ELN será más difícil debido a la naturaleza urbana y universitaria de la milicia y su estructura más descentralizada. La segunda ronda de contactos entre las partes se espera para el 3 de mayo.