Category Archives: Sin categorizar

La paz entre el Gobierno colombiano y las FARC

La paz entre el Gobierno colombiano y las FARC sigue su curso tras el establecimiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los 8 campamentos acordados en el Acuerdo de Paz firmado el pasado 24 de noviembre. A su vez, fuentes de UNICEF han declarado que ha comenzado la entrega de los primeros menores alistados en las FARC para su traslado a centros de acogida.

Sin embargo, el proceso de paz se ve amenazado por reclamaciones de diversos actores envueltos en el proceso. Las FARC argumentan estar cumpliendo el Acuerdo de Paz trasladándose a las ZVTN, pero exigen mejores condiciones de vida en las mismas para poder entregar las armas. A su vez, instan al Gobierno a detallar la forma en la que protegerá a los milicianos jurídica, social y económicamente, por temor a que ocurra un episodio parecido al de 1985 cuando, tras la formación de la Unión Patriótica, más de 4.000 de sus militantes fueron perseguidos y asesinados impunemente por fuerzas paramilitares, las fuerzas del estado y narcotraficantes; temor alimentado por la muerte de más de 120 defensores de los derechos humanos en los últimos 14 meses.

El Gobierno, sin embargo, argumenta que las exigencias de las FARC superan lo acordado y que no se puede pretender instalar campamentos de lujo en unas zonas que solamente serán transitorias, añadiendo que la remotidad de las zonas y su inaccesibilidad complican la logística del despliegue de los campamentos. A esto se suma una carta enviada al Presidente Juan Manuel Santos en la que 28 excomandantes de las fuerzas armadas expresan su rechazo al proceso de paz, el cual consideran una amenaza para la seguridad nacional e incluso para la integridad de Colombia, basada en torno a la posibilidad de que las ZVTN acaben siendo repúblicas independientes.

Por otro lado, los contactos entre Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parecen salir adelante. Ambas partes afirman que las negociaciones de paz siguen adelante y por buen camino a pesar de un apreciado estancamiento y de que ninguna de las partes ha puesto fin a sus actividades militares, entre las que cabe destacar el atentado con coche bomba del pasado 19 de febrero en el barrio de La Macarena en Bogotá, o la detención de “El Mocho Hugo” un cabecilla de la organización por la policía.

…………………………………………………………………..

El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos muestra que el país norteamericano sufre la peor crisis de la droga desde los años 80. El informe suspende a 22 países en la lucha contra el narcotráfico, 17 de ellos en Latinoamérica y el Caribe. Destacan cuatro países en el informe. México, del cual proviene más del 90% de la heroína consumida en Estados Unidos. A pesar de seguir siendo el punto de acceso más fuerte de drogas, la cooperación entre ambos estados se ha visto mejorada gracias a la Iniciativa Mérida.

Colombia, país al que corresponde alrededor del 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos, ha incrementado su tasa de producción de cocaína un 81% desde el 2013 convirtiéndose en el mayor productor a nivel mundial. El informe achaca ese repunte de producción al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, que ha relajado los trabajos de supervisión en las zonas de cultivo de coca de la guerrilla para no torpedear el proceso de paz.

El informe señala a Bolivia y Venezuela como los países que menos esfuerzo han hecho en la lucha contra el narcotráfico, acusando a ambos de tener una política muy laxa con los cárteles por culpa de la corrupción política y por la escasa cooperación con Estados Unidos, especialmente en el caso venezolano, y preocupando la próxima promulgación por el Presidente de Bolivia de la conocida como Ley de la Coca que aumentará la zona dedicada al cultivo de la hoja de coca de las 12.000 hectáreas actuales a 22.000, a pesar de varios informes de la Unión Europea y las Naciones Unidas indicando que alrededor del 90% de dicha coca acaba en manos del narcotráfico.

………………………………….

La tensión entre México y los Estados Unidos de Trump continúa en auge tras las declaraciones del Presidente Trump en su discurso inaugural ante el Congreso afirmando que pronto comenzará la construcción de su gran muro con México y tras la aclaración hecha por su Vicepresidente, Mike Pence, el día siguiente en una entrevista en “Good Morning America” en la que aseguraba que México pagará el muro. En respuesta a estas provocaciones, el Presidente Peña Nieto ha lanzado una campaña de 50 millones de dólares para que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos den asistencia legal a inmigrantes en riesgo de deportación.

Sin embargo, las preocupaciones han crecido tras las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, asegurando que estaban pensando en la separación forzosa de familias para disuadir a familias de toda Centroamérica de cruzar a los Estados Unidos. El Canciller de México, Luis Videgaray, ha comunicado su preocupación al Gobierno de los Estados Unidos asegurando que dicha medida sería considerada como una violación de los derechos humanos y que tal separación conllevaría traumas psicológicos irreparables a los menores.

…………………………………………………………..

El Senado de Estados Unidos ha apoyado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro en su intento de activar la Carta Democrática Interamericana por la que se podría llegar a la suspensión temporal de Venezuela como miembro y aumentar las sanciones para forzar al Gobierno de Nicolás Maduro a sentarse a negociar con la oposición. La misiva del Senado estadounidense exhorta al Gobierno de Estados Unidos a pedir a sus aliados europeos y asiáticos a sumarse a la presión hacia el Gobierno de Maduro.

Operación ‘Lava Jato’ y el futuro del paisaje político de América Latina

Un tema dominante en la prensa latinoamericana desde hace tiempo ha sido las sondas de corrupción que han instigado la caída de un buen número de miembros de la clase dominante financiera y política de América Latina. La saga comenzó inicialmente como una investigación de lavado de dinero en Brasil en 2014. La operación ‘Lava Jato’ se ha convertido en una sonda multinacional de corrupción que ha contribuido al enjuiciamiento de un presidente, al encarcelamiento de multimillonarios, Y llevó a una multa de $ 3.5 mil millones, un récord mundial en un caso de injerto. En el centro de atención está Odebrecht, la mayor empresa constructora de América Latina, cuyo ex director general ha sido condenado a 19 años de prisión el año pasado. Los nuevos desarrollos están saliendo cada día en medio de la negociación de plea por los ejecutivos y los políticos y la cobertura creciente de los medios. Febrero no fue una excepción. En Argentina, el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Arribas, un aliado cercano del presidente Macri, está bajo investigación por aceptar sobornos. En Perú, se dice que el ex presidente Alejandro Toledo recibió $ 20 millones en sobornos a cambio de aprobar la licitación de Odebrecht para construir secciones de la Carretera Interoceánica, que ahora une a Brasil con los puertos del Pacífico de Perú. Perú ha emitido una orden de arresto internacional para Toledo. En Panamá miles de personas han salido a la calle en protesta por un soborno pagado por Odebrecht al ex presidente Ricardo Martinelli a cambio de contratos públicos. Las autoridades estadounidenses dicen que Odebrecht pagó 59 millones de dólares en sobornos 2010 y 2014. La Interpol ha emitido un «Aviso Rojo» para dos de los hijos de Martinelli. Guatemala, que vio a su ex presidente Otto Pérez Molina encarcelado por corrupción, se enfrentó a la detención de un juez de la Corte Suprema en febrero como parte de un impulso anticorrupción a nivel nacional. Las actividades de Odebrecht son muy escudriñadas en el país centroamericano. Las autoridades venezolanas allanaron las oficinas de Odebrecht en Caracas, mientras los fiscales profundizaban una investigación sobre la firma brasileña de construcción que admitió haber pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para obtener contratos gubernamentales en Venezuela. En medio de la caída de muchos miembros de la poderosa y rica élite gobernante, queda por ver dónde comienza la justicia y la política eventualmente termina. Las acusaciones son abundantes, sin embargo en algunos países se produce durante el tiempo de elección. En Ecuador, donde el principal candidato de la oposición está ofreciendo una fuerte ruptura con diez años de gobierno izquierdista, no es difícil imaginar una enorme influencia política del escándalo de corrupción en todo el continente. Puesto en la mezcla, de aislamiento de Trump, las ofertas chinas y rusas para la influencia y los efectos en curso de un descenso masivo de los productos básicos, el futuro del paisaje político latinoamericano podría volverse otra vez volátil.

El peso, Trump y Twitter: México en peligro

Otro año, otro mes de eventos cambiantes para Latinoamérica. La primera semana de la presidencia de Donald Trump estuvo repleta de retórica que dejó a muchos en Latinoamérica tambaleándose. El foco obvio ha sido en México como el principal país latinoamericano afectado por los últimos acontecimientos. Hitos de seguridad como la extradición de Joaquín «El Chapo» Guzmán a los Estados Unidos; Un tiroteo en la escuela de estilo americano y la violencia mortal relacionada con el cártel durante un festival de danza popular se mezclaron con eventos económicos que fueron igualmente extraordinarios. Los mexicanos, enojados por un alza de dos dígitos en los precios de la gasolina, saquearon tiendas y bloquearon caminos, lo que provocó más de 250 arrestos en medio de un creciente descontento por el aumento de los costos de vida. Veintitrés tiendas fueron saqueadas y 27 bloqueos en Ciudad de México, días después de que el gobierno aumentara los costos de la gasolina en un 14 a 20 por ciento. Sin embargo, el foco principal ha sido en el ámbito internacional.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se retirará si no hay un «acuerdo justo». Trump también amenazó con imponer fuertes impuestos a los bienes destinados al mercado estadounidense fabricados en México. Anteriormente, uno de los tweets de Trumps llevó a Ford a cancelar la construcción de una planta de automóviles de $ 1.6 mil millones en San Luis Potosí, un movimiento que el CEO de Ford llamó «un voto de confianza» en Trump. Mientras tanto, la moneda del país rompió la marca de 22 pesos por dólar por primera vez. El banco central mexicano ha intentado combatir la caída de la nariz del peso a mínimos históricos. El banco central vendió por lo menos $ 1 mil millones en la moneda de los EEUU en una mañana de enero solamente. El movimiento estaba dirigido a proporcionar liquidez y combatir la reciente volatilidad. Las ventas en dólares marcan la primera intervención monetaria del banco desde febrero de 2016, cuando vendió 2.000 millones de dólares para apuntalar el hundimiento del peso. El peso se depreció 20 por ciento el año pasado solo y fue una de las monedas de peor desempeño del mundo. Una broma tiene que hacer las rondas entre los involucrados con los mercados financieros de México: en lugar de gastar sus valiosas reservas para defender el peso, México debería simplemente comprar Twitter Inc., a un costo de alrededor de $ 12 mil millones, e inmediatamente cerrarlo. En lugar de quemar miles de millones de reservas en un esfuerzo en gran parte inútil para proteger el peso de un flujo constante de tweets anti-México de Donald Trump. Todas las bromas a un lado, la debilidad de la moneda refleja una perspectiva «muy pesimista» de la capacidad del país para atraer inversiones, según funcionarios del gobierno mexicano. Estos eventos tienen ramificaciones significativas en el frente político.

Una desaceleración en el crecimiento económico y la inversión como resultado del proteccionismo y la renegociación del TLCAN en Estados Unidos probablemente debilitará aún más al presidente Nieto, quien ya está luchando con una calificación de aprobación récord. El candidato presidencial de izquierdas Andrés Manuel López Obrador se está beneficiando más y está emergiendo como el contendiente más fuerte para las elecciones presidenciales de 2018. Se opone a la apertura del sector energético a la participación privada y favorece una mayor intervención estatal en la economía.

La última actualización de ‘Trump vs México’ es que el presidente Nieto y el presidente Trump cancelaron su próxima reunión debido a un conflicto sobre quién pagará por un muro entre los países. Un tweet del Comandante en Jefe de Estados Unidos afirma que «Si México no está dispuesto a pagar por el muro tan necesitado, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión». Refiriéndose a la broma anterior, parece claro quién ya está pagando. Vamos a ver qué tweets de febrero traerá.

Reciente fallo de tribunal en Estados Unidos en el caso de Chevron en Ecuador sugiere la necesidad de estrategias integrales de relación con las comunidades en el largo plazo

En el mes de agosto, Chevon le ganó a la comunidad de Lago Agrio una de las batallas en la guerra legal que tiene con los habitantes de esta región de Ecuador desde el año 1993. En más de 20 ocasiones, distintos jueces, en diferentes instancias legales y países han fallado el caso en el que la comunidad de Lago Agrio en el oriente ecuatoriano le reclama a Chevron por la contaminación de suelos y fuentes hídricas que protagonizó la empresa Texaco entre 1964 (cuando se descubrió petróleo en la región) y 1992 (año en el que la empresa se retiró del país suramericano).

A finales del año 2012, una corte ecuatoriana decidió que Chevron debía pagarles a las comunidades afectadas la suma de 18 billones de dólares por costos de limpieza en las localidades que fueron contaminadas. Aunque el valor a pagar se redujo, y la empresa estaría obligada a pagar aproximadamente 9 billones, Chevron ha insistido en que el fallo del tribunal ecuatoriano no es válido ya que el abogado de las comunidades que demandaron a la empresa y su grupo de trabajo, operó de manera ilegal para obtener el apoyo del juez. La última decisión, tomada en una corte estatal en Manhattan, Estados Unidos, le da razón a Chevron en ese punto.

Una disputa legal de dos décadas

La defensa de la compañía, nunca ha negado que hasta 1992 tuvieron lugar episodios de contaminación, pero ha insistido en que no son de su responsabilidad. Por un lado, los eventos de contaminación tuvieron lugar en Ecuador cuando en el país operaba Texaco, no Chevron. Sin embargo, Texaco fue comprada en el año 2001 por Chevron y se convirtió en una de sus filiales. Chevron argumenta que en su momento Texaco había llegado a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano y se había encargado de limpiar los ecosistemas contaminados. Su responsabilidad, entonces, ya había terminado.

Además, la empresa alega que los procedimientos por medio de los que se aprobó la decisión en las cortes de ecuador involucra un gran escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Con estas consideraciones, la empresa se niega a pagar la suma demandada por la justicia ecuatoriana.

Las estrategias

En el 2015, las comunidades afectadas en Ecuador elevaron sus peticiones ante la Corte Suprema de Canadá para que, dado que Chevron no ha mostrado señales de acceder a pagar la cifra demandada, puedan usarse sus bienes en este país para pagar la cifra que definieron los tribunales en Ecuador. La corte canadiense le dio la razón a los reclamos de las comunidades en una decisión que hacía virtualmente posible utilizar las propiedades de la filial Chevron Canada para cubrir la deuda de la empresa principal, Chevron, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.

Este año, sin embargo, Chevron insistió en no cumplir con la sentencia y continúa apelando y, como lo ha hecho en su estrategia de defensa en los últimos años, insistió en poner bajo la consideración del sistema de justicia de Estados Unidos sus alegaciones por la corrupción de los abogados y jueces ecuatorianos. Incluso, la empresa sigue defendiendo que la justicia ecuatoriana y las comunidades que piden compensación no han acatado las decisiones de otros tribunales como la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya quien, basada en el tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, ordenó que no se hiciera efectiva la sanción. De hecho, el tribunal al final ordenó que el gobierno de Ecuador pagase a la empresa alrededor de 96 millones de dólares por el incumplimiento en el tratado bilateral de inversiones entre los dos países. La sentencia fue confirmada en Estados Unidos y todavía es sujeto de apelaciones por parte del gobierno de Ecuador.

Este lio legal parece no tener fin, en especial porque con el tiempo cada vez más actores se ven involucrados. Incluso, como ya fue mencionado, el gobierno ecuatoriano, que originalmente no tenía que ver en el caso, ahora ha sido también declarado culpable y hasta una corte en La Haya y en Canadá han emitido conceptos al respecto.

Las consecuencias

Las consecuencias para las comunidades en Ecuador por la contaminación que generó la operación de Texaco incluyen, entre otros fenómenos, un aumento en la incidencia de enfermedades y el deterioro de las condiciones de vida en la región de Lago Agrio que han puesto a una parte de la opinión en contra de Chevron. En 2015, la disputa con Ecuador sirvió para que Chevron se ganara el premio del Public Eye Award a la empresa más irresponsable del mundo. El “premio” se lo dieron los votantes en internet que decidieron el nombre del ganador ese año. Es claro que la reputación de la empresa se ha visto dañada. Además, la disputa ha puesto en juego las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador y, en varias oportunidades, ha generado discusiones entre representantes del sector privado y los miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil e incluso del sistema judicial en varios países.

OJO

Aunque el reciente fallo a favor de Chevron fue positivo para la empresa, este no termina la larga disputa legal entre las comunidades ecuatorianas afectadas, Chevron y el gobierno de Ecuador. Lo que podemos destacar del caso es que las implicaciones de la operación de una compañía pueden extenderse por varios años, incluso décadas. Dependiendo del sector y el tipo de inversión, las relaciones que se establecen con las comunidades pueden tener una mayor o menor duración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las relaciones con ellas siempre se extienden desde antes y hasta después de que se realicen y se ejecuten inversiones en el nivel local. En tanto, es importante que se tengan en cuenta marcos temporales largos cuando se establecen relaciones con las comunidades locales.

Del mismo modo, es fundamental destacar que, aunque una empresa no se haya visto envuelta directamente en algún tipo de incidente, las empresas con las que se involucra, y en este caso, las que la compran, pueden socialmente ser vistas como responsables de las acciones de otros actores, aunque legalmente puedan no tener ninguna relación. Las deudas sociales también son transferibles y pueden tener un costo altísimo en términos de reputación. Por tanto, la relación de una compañía y sus inversiones con las comunidades e instituciones en países debe tener en cuenta las implicaciones sociales y políticas de sus acciones y las de sus socios para evitar incrementar el riesgo. De la misma manera, deben responder de manera transparente y adecuada a los reclamos de sus grupos de interés, que no son sólo sus inversionistas y socios comerciales.

Finalmente, la existencia de instituciones políticas y sociales débiles o corruptas no deben servir como justificación para no tomar acciones concretas que alivien las tensiones y consecuencias que genera la operación. Asumir la responsabilidad social frente a las comunidades puede resultar más importante que ganar un juicio legal, y en últimas, puede resultar mucho menos costoso en términos económicos.

Falta de fondos financieros limitarían nuevas medidas de seguridad para implementar en el triángulo norte