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¿Y el secuestro? Una comprensión compleja del secuestro como estrategia del ELN resalta la necesidad de entender los impactos locales de las negociaciones de paz

El 23 mayo el diario español El Mundo confirmó  la desaparación de su corresponsal en Colombia supuestamente por parte del ELN en Catatumbo en la frontera con Venezuela, donde operan  guerrillas y otros grupos ilegales. 

La periodista Salud Hernández-Mora viajó la semana pasada a esa zona para realizar un reporte sobre los cultivos de coca y según El Mundo fue vista por última vez en la zona de El Tarra el sábado 21 mayo. El Tarra es una zona controlada por el ELN y difícil de acceder. Hernández-Mora, originalmente española, lleva muchos años viviendo en Colombia y es una figura bastante controversial, conocida por sus posturas contra los guerrilleros y el proceso de paz entre el gobierno y el FARC.

Relaciones entre el ELN y el gobierno

Al final del mes de abril, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció que la fase pública de las conversaciones que ya habían sido anunciadas entre el gobierno y el ELN no se llevarían a cabo si el grupo guerrillero no devolvía todos los secuestrados que tenía en su poder y dejaba de una vez por todas de secuestrar. Frente al llamado, el ELN respondió que ese punto no era negociable y que la posición del gobierno sólo era un cambio de última hora en las condiciones que ya se habían negociado.

La respuesta del ELN parece responder más a cuestiones de estrategia política: atenerse a los acuerdos que previamente se habían negociado. La agenda que fue propuesta incluía cinco grandes temas más la implementación de los acuerdos: participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y el fin del conflicto armado. Según el comunicado que fue emitido por el ELN en la edición 528 de su revista Insurrección, las ‘retenciones’ o secuestros se discutirían como parte del quinto punto de la agenda. Como también agrega el texto, la condición de detener las retenciones es percibida como una imposición unilateral del gobierno nacional quien, durante las conversaciones que ya han tenido con el ELN, insistió en empezar las negociaciones sin un cese bilateral del fuego y de las hostilidades. Contrario a las FARC que durante las fases exploratorias de las actuales negociaciones en La Habana decidieron renunciar al secuestro extorsivo, el ELN ha decido que no hará ningún gesto unilateral de estas características.

Con un inicio de negociaciones congelado, el gobierno nacional envió a varios delegados para hablar con delegados del ELN en Caracas, Venezuela, de donde se espera llegar a un acuerdo que permita que las negociaciones formales empiecen a llevarse a cabo.

¿Por qué el secuestro?

El secuestro no es un punto menor en las negociaciones del Estado con el ELN, más cuando las ‘retenciones” (como el grupo ha denominado los secuestros que realiza) son una de sus fuentes principales de financiación. Contrario a las FARC, el ELN nunca ha admitido oficialmente que está envuelto en actividades de producción o tráfico de narcóticos por lo que la extorsión y el secuestro siguen siendo unos de sus principales modos de financiación. Junto a otras actividades como el tráfico de gasolina y la extorsión, el secuestro le sirve al ELN para financiar hoy en día por sus operaciones en ciertas regiones del país (especialmente en el nororiente y el suroccidente de Colombia).

Según la Fiscalía General de la Nación, hasta el año 2015, al ELN se le atribuyen aproximadamente 4900 secuestros. Desde 1969, que es el año en la que según el mismo ELN el grupo empezó a secuestrar para recaudar fondos, este grupo ha sostenido que el secuestro es un modo efectivo para hacer que dueños de empresas y tierras pagaran por sus actividades en una narrativa que se parece a la de Robin Hood: hacer que los ricos paguen por la lucha de los oprimidos y excluidos. En esa medida, los secuestros les han servido para obtener rescates o como un modo para garantizar que las contribuciones, impuestos y extorsiones que imponen sean pagadas. Pero ¿Cómo funcionan las dinámicas de secuestro del ELN?

• Aunque no sean muchos los secuestros que se le atribuyen directamente (los medios y la Defensoría del Pueblo estiman que en total el grupo tendría en su poder más o menos a cuatro personas), las sumas de dinero que representan los secuestros son significativas. A finales de marzo, Ramón José Cabrales, alto consejero de la gobernación del departamento de Norte de Santander, fue liberado por el ELN luego de que su familia pagara su rescate. El grupo pidió 4000 millones de pesos (1,3 millones de dólares) originalmente por su liberación y, aunque la familia después declaro que negociaron por una cifra muy inferior a esa, el grupo recibió su parte.
• El secuestro también sirve para garantizar por medio de la amenaza y el castigo el pago de las contribuciones que el ELN impone a ciertos grupos en sus zonas de influencia. El secuestro en abril de dos conductores de bus de la compañía Flota Occidental en Chocó sirve de ejemplo, cuando la razón detrás de él que la compañía se negaba a pagar un impuesto de tránsito que esta guerrilla había impuesto para las empresas de transporte en la región.
• Ni siempre es público o visible la forma en la que funcionan las operaciones de secuestro. En algunas ocasiones, los secuestros se terminan sin una causa clara y han llevado a pensar que el ELN puede negociar de manera indirecta con los secuestrados, con empresas o empresarios más allá de lo que se llega a hacer público. Sin embargo, muchas veces, las operaciones del ELN parecen llevarse a cabo sin que el grupo esté formalmente involucrado y a veces se le imputan secuestros que ellos niegan. El secuestro y liberación de Melissa trillo en Santander este año dan cuenta de eso, por ejemplo, cuando el ejército nacional alega que fue secuestrada por las redes de apoyo del ELN aunque en ningún momento ese grupo declaró tenerla en su poder. El argumento del Ejército dice que es imposible que un secuestro se lleve a cabo en un lugar que es controlado por el ELN sin que ellos lo noten.
• El gobierno nacional no sabe cuál es la identidad y menos el número de todos los secuestrados por el ELN, pero los secuestros que han sido públicamente atribuidos y asumidos por el ELN en los últimos años incluyen a miembros del Ejército Nacional y la Policía, trabajadores de empresas que operan en sus regiones de influencia (incluidos trabajadores calificados y no calificados de compañías del sector petrolero, de construcción y la agroindustria), líderes de organizaciones de mineros, políticos, terratenientes y empresarios.

EL futuro del secuestro

El secuestro, como hemos visto, no es tan simple como una actividad criminal que debe suspenderse sin más. Lo que gira alrededor de él un complejo grupo de prácticas y experiencias que nos da pistas para entender el panorama de Colombia en los próximos años. El acuerdo de paz que el gobierno de Colombia está acabando de negociar con las FARC en La Habana ha abierto la posibilidad para transformar las fuerzas sociales y políticas de muchas regiones del país donde el conflicto colombiano ha tenido lugar durante las últimas seis décadas. A pesar de eso, varios elementos deben tenerse en cuenta.

1. La apertura de nuevas regiones viene con el riesgo de hacer que esas fuerzas alimenten más actividades violentas o haga más agudos los problemas de desigualdad. Como referencia, podemos tomar la zona del Catatumbo, que es todavía área de influencia del ELN y se contempla como una de las áreas en las que el gobierno espera implementar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico donde se realizarían grandes proyectos agroindustriales. Esa implica que, en estas zonas, las iniciativas económicas que se instalen se podrían enfrentar a las presiones que la extorsión y el secuestro ofrecen. Es más, la desmovilización de las FARC sin un proceso de paz paralelo con el ELN ha llevado a pensar que existe la posibilidad de que las filas del ELN se engrosen con excombatientes de las FARC, lo que complicaría aún más el panorama.
2. En términos generales, la ausencia de un gesto bilateral, es decir que venga del estado colombiano y del ELN, de un cese al fuego de ambas partes no permite que el ELN acepte el abandono permanente del secuestro y, debido a su importancia, es poco probable que fuera del proceso de paz este proceso se deje de lado. Es más, dado que en muchas ocasiones los secuestros que le zona tribuidos al ELN no son realizados directamente por el grupo, estas actividades muchas veces pueden o atribuírsele falsamente o llevarse a cabo sin que las personas extorsionadas sepan que están interactuando con esta guerrilla.
3. En el caso de que el ELN acordara un cese del secuestro, es probable que, sin un alto al fuego, esta guerrilla recurra con más intensidad a otras actividades para garantizarse una fuente de financiación. Existe la posibilidad de que el ELN entonces intensifique su participación en actividades de cobro de contribuciones, extorsión y contrabando

OJO

Los secuestros o ‘retenciones’ que se han registrado en los últimos meses exhiben que la continuidad de esta práctica es casi una garantía sino se llega a un tipo de acuerdo bilateral entre el Estado y el ELN en los próximos meses. El panorama que pintan los futuros años con la implementación de los acuerdos de La Habana con las FARC significa que varios retos van a hacerse evidentes frente a las estrategias de financiación de los grupos guerrilleros y la implementación de proyectos productivos en distintas regiones del país. Aunque en la legislación colombiana esté tipificado que actividades como el secuestro son ilegales, la manera en la que pueden afectar diferentes proyectos de desarrollo exige que se entienda más allá de una simple actividad criminal. El secuestro también es una estrategia política y económica.

En Colombia, el fin de la confrontación con las FARC ha puesto sobre la mesa un debate sobre el futuro de los proyectos de desarrollo en el país. Desde las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos hasta la de los Ministros de Minas y Hacienda o el presidente de la empresa nacional de petróleos ECOPETROL, se ha insinuado que el país pondrá un gran énfasis en dos sectores: el agroindustrial y el extractivo. El sector extractivo ha sido uno de los que más se ha visto afectado por las actividades del ELN, en especial por su impacto en todas las actividades que se llevan a cabo entorno a la extracción y transporte de petróleo. El secuestro ha afectado a empleados de compañías petroleras, pero también a los de las empresas de transporte que trabajan para ellas y a otros contratistas. En el caso de que el proceso de paz con el ELN siga en marcha, pero el secuestro continúe siendo una práctica sistemática de la organización, todas las actividades económicas que girarán en torno a estos nuevos proyectos, podrían ser afectadas por esta estrategia. Del mismo modo, el proceso de paz con el ELN tendrá que ver las tensiones que van a aparecer con los que se opongan al proceso y puedan realizar secuestros a nombre de esta guerrilla sin que esta guerrilla esté involucrada, aunque el ELN decidan negociar el cese del secuestro antes de que empiecen las negociaciones.

En este orden de ideas, los inversionistas que potencialmente quieran invertir en las regiones del país que serán priorizadas por el gobierno nacional, usualmente donde se han presentado históricamente enfrentamientos armados, deben tener muy claros los impactos que tienen sus inversiones en las economías locales. El objetivo es que se hagan responsables de los impactos directos o indirectos de su operación y eviten acrecentar las tensiones en las regiones que pueden ir en contravía de un exitoso proceso de paz.

Aumento de cultivos de coca en Colombia alertan sobre las economías políticas del post-conflicto

Si un tema ha sido importante para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas, es el cultivo de coca en Colombia. De hecho, uno de los principales objetivos de Plan Colombia fue reducir su número. Por eso, si hay un cambio importante en las cifras del área cultivada en Colombia, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos realice un comunicado sobre el tema. El reciente aumento en la cantidad de hectáreas de coca cultivadas en Colombia llevo precisamente a que el embajador de Estados Unidos en el país se refiriera al tema en marzo. Pero, más allá de las reacciones que generó en la prensa lo comunicado por el gobierno estadounidense, el cambio en las cifras de coca en Colombia, nos da más bien ideas sobre la economía política del narcotráfico que prevalece y crece en Colombia aún con la futura firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

el embajador de los Estados Unidos, las cifras de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca muestran que entre 2013 y 2015 la cantidad de hectáreas sembradas ha aumentado en un 42%. Según la cifra presentada, de las aproximadamente 80.000 hectáreas sembradas en 2013, pasamos a 159.000. Además de que los cultivos se han duplicado, según lo estimado por el gobierno estadounidense la producción potencial de cocaína ha aumentado de 250 toneladas métricas como se registró en 2014, a 420 toneladas métricas en 2015. Es decir, Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína en el mundo, de donde es exportada a Europa y Estados Unidos.

Aunque las cifras que se han presentado podrían llevar a pensar que la lucha antidrogas ha sido fallida, el aumento tiene que ver más con el cambio en la distribución de las plantaciones en el país. Es cierto que, desde mayo de 2015, el gobierno colombiano prohibió la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos y, desde entonces, como lo mencionó el embajador norteamericano en su comunicado, se han privilegiado otras estrategias como la erradicación manual. Pero esta prohibición correspondió más a consideraciones del impacto del glifosato para la salud y a una reformulación en la política antidrogas que al fin de la lucha contra los cultivos ilícitos en el país. En ese orden, los datos que publicó la Casa Blanca, nos dicen mucho sobre los retos que aparecerán en Colombia en los próximos años en regiones afectadas por el conflicto y vinculadas al narcotráfico. Es probable que las zonas donde los cultivos de coca han estado en aumento, van a ser las más afectadas por la presencia de economías ilegales y otras dinámicas después de la firma del acuerdo de paz.

Desde octubre de 2015, una nueva política antidrogas ha venido a reformular la estrategia que se había venido utilizando en los últimos años para disminuir el número de hectáreas cultivadas en el país. Uno de los seis puntos de esa estrategia incluye un capítulo de sustitución de cultivos y de erradicación voluntaria que, en últimas, quiere incentivar el desarrollo de otro tipo de cultivos y de otras apuestas productivas gobierno nacional con otras medidas como la aprobación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), la articulación de iniciativas agrícolas y agroindustriales en el país es parte de la agenda económica del post-acuerdo. La política antidrogas que ahora está siendo implementada estaría articulada a estos esfuerzos del Estado colombiano y, lo que genera más inquietud, se estaría poniendo en marcha en zonas del país que ahora se consideran de interés para otros proyectos agroindustriales como lo es Norte de Santander y ciertas áreas de la Orinoquía.

Según los datos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en 2015, para el año 2014 la mayoría de los cultivos en el país se encuentran concentrados en el sur del país, especialmente en los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, y en el Catatumbo. Según la misma oficina, la presencia de cultivos en estas zonas no es nueva, más bien lo que se ha visto es que la mayoría de los cultivos siguen presentes en los mismos lugares que en años anteriores y ahora se han venido cruzando con actividades de minería ilegal. Esto significa que en los últimos años ha aumentado la concentración de los cultivos, pero no su extensión por todo el país, justo en regiones con alta presencia de BACRIM, guerrillas y organizaciones de narcotraficantes.

Los actuales cultivos que le han servido a las guerrillas, los paramilitares y muchos otros grupos armados para financiar sus actividades armadas en Colombia son todavía un tema pendiente en la agencia política del país. Aún con la firma de los acuerdos de paz, la existencia de estos cultivos solo nos dice que las negociaciones de paz no van a dar paso al final de la economía del narcotráfico. Varias consideraciones deben hacerse al respecto:

• Por un lado, aunque la nueva política antidrogas pueda considerarse un triunfo para diferentes asociaciones campesinas y autoridades políticas del sur de Colombia que desde la década pasada habían estado proponiendo métodos de erradicación manual, el escenario en el que se implementa puede terminar teniendo efectos negativos para las comunidades locales. La fuerte presencia de grupos armados en el sur del país y la potencial aplicación de medidas de construcción de infraestructura y de legalización de tierras para los habitantes locales genera escenarios en los que es posible y existen incentivos para la expropiación de tierras y la retaliación armada.

• Por otro lado, las consideraciones de la nueva política antidrogas ofrecen la posibilidad de hacer grandes inversiones en las zonas afectadas por estos cultivos. Las disputas por las rutas del narcotráfico, la expansión de los cultivos y el control de la minería ilegal que se esperan con la retirada de las FARC en varios municipios del país va a generar grandes tensiones y transformaciones en las relaciones que existen entre las instituciones del gobierno nacional y local, los grupos armados en la región y las poblaciones locales. Hace varios años durante el gobierno del presidente Uribe se implementaron medidas similares de consolidación de presencia del Estado y el involucramiento de los campesinos en redes de seguridad y control, que provocaron, en parte como un resultado inesperado, la movilización de los cultivos a regiones más remotas a donde se han movilizado los grupos involucrados en el narcotráfico. Este tipo de efectos expansivos pueden ser de esperar, más cuando uno de los actores armados involucrados, las FARC, quedará fuera del escenario.

OJO

Los proyectos agroindustriales que ha venido proponiendo y regulando el gobierno colombiano, los esfuerzos de sustitución de cultivos que están siendo implementados con la nueva política antidrogas y la presencia constante de grupos armados en estas zonas de cultivo son una fórmula explosiva para las regiones donde estas tres dinámicas se juntan.

Tal como lo ha manifestado el actual ministro para el post-conflicto Rafael Pardo, la sustitución de cultivos en Colombia va a estar articuladas con las políticas de paz que se están implementando y se implementarán en el país. El aumento de los cultivos muestra como las economías ilegales que han estado relacionadas con el conflicto colombiano en las últimas décadas van a continuar siendo un reto para las empresas que quieran hacer inversiones en proyectos agrícolas en el país o quieran participar de proyectos de minería. Cabe recordar que la existencia de cultivos ilícitos no es el único elemento que hace parte de estas economías sino también el comercio de armas, y el establecimiento de laboratorios de procesamiento y de corredores de seguridad a los que hay que prestar especial atención.  Otro tipo de actividades como la minería ilegal, que se llevan ahora a cabo en las regiones de cultivo de coca, tienen graves impactos sociales y ambientales que se traducen en falta de confianza hacia empresas del sector extractivo que en el futuro estén interesadas en trabajar en la zona.

Existen altos incentivos para que estos grupos sigan haciendo presencia en estas regiones, aunque el Estado promueva políticas territoriales para sustituir los cultivos y hacer mayor presencia institucional las regiones. Es importante entonces que las empresas tengan un conocimiento claro de cómo funcionan esas economías ilegales locales y que en lo posible se mantengan en alerta para no involucrarse en ellas. Sin embargo, vale mencionar que los procesos de sustitución ofrecen una posibilidad para empresas interesadas en el país para apoyar e invertir en las cooperativas locales que se crearán para ayudar a que estos campesinos puedan vender sus nuevos productos en el mercado. Los términos de esos acuerdos de cooperación serían fundamentales para la actividad de cualquier empresa en Colombia.