Elecciones presidenciales en Perú dejan preguntas sobre el futuro de la guerra contra las drogas
junio 2, 2016 en Peru
El domingo 5 junio peruanos vuelvan a las urnas para eligir su presidente. Las actuales elecciones presidenciales en Perú han causado mucha controversia, no solo en el país sudamericano, sino también en varios rincones del globo. El hecho de que la hija de un ex presidente que hoy se encuentra encarcelado por delitos de lesa humanidad y corrupción sea una de las candidatas que pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial ha dado mucho de que hablar.
El Contexto
Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, es hoy una de las candidatas con mayores probabilidades de ocupar la presidencia de Perú y desde su campaña ha tenido que enfrentar la desaprobación de varios peruanos que no están de acuerdo con su postulación. Tal como se hizo evidente en la marcha que se organizó en contra de su candidatura el pasado 5 de abril, sus intenciones políticas no son bien respaldadas por grupos de víctimas de los crímenes llevados a cabo por el Estado peruano en el marco de su guerra contra grupos guerrilleros en los años 90, y, en su mayoría, jóvenes que no consideran ético que ella se postule dados sus antecedentes familiares.
Narcotrafico – la ausencia del tema en la campaña electoral
Aunque el debate que se está dando en Perú parece tener más que ver con la legitimidad de la postulación de una de las candidatas, hay varios temas de fondo que también han despertado muchas dudas, y no sólo desde la candidatura de la hija de Fujimori. La ausencia del narcotráfico como tema de las elecciones ha sido de lo más destacado. Por más de un lustro, y hasta el año pasado, Perú fue considerado el país número uno en cultivo de coca. Según el reporte publicado en 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, Perú es un ejemplo exitoso de la implementación de una política anti drogas que se destaca por ofrecer alternativas productivas para que las personas que se dedican a su cultivo puedan encontrar otras opciones económicas, expandir los planes de prevención y tratamiento en el abuso de drogas y controlar el comercio de precursores y aumentar el número de incautaciones de materiales.
Sin embargo, las reducciones en los cultivos en Perú no indican que hayan desaparecido los cultivadores de coca en el país. Aún quedan más de 42000 hectáreas cultivadas y Perú, aunque no ocupe el primer lugar en área cultivada, sigue siendo uno de los países con mayores cultivos (ahora ocupa el segundo puesto, sólo superado por Colombia) y, como fue mencionado en el reporte que lanzó el departamento de Estado de Estados Unidos en el 2015, Perú sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Y el tema no ha dejado de tener impacto en las elecciones.
Así, por ejemplo, el actual director de Transparencia Internacional, José Ugaz, ha declarado que los traficantes y productores de drogas en Perú hoy por hoy y cuentan con una amplia influencia en partidos políticos, en el congreso, en el sistema de justica y la policía. Entre los escándalos más sonados en el momento, y como ha sido mencionado por Avelino Guillén, que es miembro del equipo anticorrupción del partido que se opone a Fujimori en la segunda vuelta, existe una investigación de la DEA en contra del ex secretario del partido de la hija de expresidente por el dudoso origen de ciertos fondos en la campaña de Keiko. Eso, por un lado.
Por otra parte, la campaña electoral no ha hecho énfasis en el tema. Ninguno de los candidatos ha mencionado dentro de sus propuestas el tema, y eso que la mayoría de ellos ya ha trabajado con el gobierno peruano o ha tenido alguna relación cercana con él. El tema de la coca ha sido uno de los que más ha demando la atención de los últimos gobiernos, incluidos, el del actual presidente Ollanta Humala, el de Alán García y Alejandro Toledo. Vale recordar que tanto García como Toledo fueron candidatos a la presidencia durante la primera vuelta y que el competidor de Fujimori para la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski, fue primer ministro durante el gobierno de Toledo. Así que el tema no era extraño para muchos de los candidatos desde la primera vuelta.
Una de las únicas oportunidades en las que los candidatos expresaron sus propuestas en el tema del narcotráfico y cultivo de coca, fue cuando en la primera vuelta el diario peruano El Comercio trato de conocer sus planes en el tema. Para la convocatoria, el equipo de Fujimori no envió ningún comunicado, mientras que Kuczynski y su partido, el PPK, sí. Dentro de sus propuestas incluyó la inversión en infraestructura en las zonas involucradas en el cultivo y la continuación de medidas como la implementación de cultivos alternativos y el establecimiento de límites para la adquisición de insumos fundamentales para la producción de cocaína. Sorpresivamente, el candidato del PPK también sugirió que desmantelaría el Devida, la institución encargada de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, porque no había exhibido los resultados esperados y debía ser reformada.
Según las acusaciones que existen sobre la infiltración de los narcotraficantes en los escenarios políticos de Perú y la falta de una propuesta consistente que aborde la producción y tráfico de coca y cocaína, parece que en el corto plazo la política antidrogas está fuera del radar político. Tres dinámicas están pasando por debajo de cuerda.
- Como lo menciona Ricardo Soberón, ex director de Devida y defensor de la despenalización, y Jaime Antezana, un analista que ha insistido en la infiltración del narcotráfico en diferentes niveles políticos en Perú, durante las pasadas elecciones en más de 15 estados se podían rastrear dineros del narcotráfico financiando la candidatura de distintos políticos regionales, varios de ellos militantes del partido de Fujimori.
- En Perú ha existido una aplicación diferencial en las políticas antinarcóticos que no se han concentrado en las zonas de mayor influencia del narcotráfico. Es decir, todavía han quedado fuera de la agenda las intervenciones que se harían en el sur de las amazonas peruano donde se concentra la mayoría de los cultivos y donde sólo han llego los planes de erradicación voluntaria de planta de coca. ¿Qué pasará con estas zonas?
- Analistas como Antezana han insistido en que la falta de atención a este problema se junta a las supuestas nuevas dinámicas que exhibe el mercado de drogas peruano, ahora más dispuesto a organizarse en forma de carteles que controlan toda la cadena de producción y tráfico internacional.
OJO
El 31 de mayo se llevó a cabo una nueva manifestación en contra de Fujimori en la que distintos sectores del espectro político en Perú se unieron para declarar que aún había tiempo para ganarle las alecciones a la candidata votando por Kuczynski. Incluso Verónica Mendoza, quien fue la candidata de izquierda en la primera vuelta de las elecciones, ha llamado a votar por Kuczynski, un candidato con quien tiene poca afinidad ideológica. Unidos en contra de un mal peor, o el llamado a “cerrarle el paso a Fujimori” parece ser la única opción política que se le opone a Keiko.
Sin duda, esta elección cambiará el panorama político del país, ya sea con Fujimori que lidera las encuestas y cuya elección generará de por sí una gran oposición y tensiones en el país para reconciliarse su pasado, o con Kuczynski quien disfruta por ahora de un apoyo momentáneo como el candidato que se opone a Fujimori.
En cualquiera de los casos, el futuro de la política que liderará Perú en temas de producción y tráfico de coca y cocaína no es para nada claro y va a generar muchas novedades en los próximos años ya que no parece que en alguno de los nuevos gobiernos vaya haber mayor novedad en sus políticas frente al tema. Ya veremos que puede traer este panorama para Perú y los debates que se están dando actualmente sobre la reformulación de la política antidrogas en el nivel global. La severidad de la política antidrogas en Perú ha llamado la atención de varios analistas quienes observan que está política ha llevado al extremo las fallidas estrategias utilizadas la guerra antidrogas que ha liderado Estados Unidos en las últimas cuatro décadas y por tanto ha significado en el fondo un rotundo fracaso. Y justo ahora, que una iniciativa de carácter internacional por terminar la guerra contra las drogas debido a sus terribles resultados y consecuencias ha ganado momemtum, el debate no aparece por ningún lado en el escenario político de uno de los países donde más impactos tendría este cambio de estrategia.
Expresidente de Guatemala culpa a Estados Unidos de sus líos legales
marzo 31, 2016 en GuatemalaDesde la cárcel el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina se ha declarado inocente del escándalo de corrupción que le costó la presidencia, y alega que el gobierno de Estados Unidos manipuló la investigación.
«Yo soy inocente, y eso lo tienen que respetar todos», declaró a la prensa el expresidente luego de comparecer en juicio el 28 de marzo, según relata Prensa Libre.
(Escrito por Mimi Yagoub. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)
Esta fue la primera aparición en público de Pérez desde su renuncia a la presidencia septiembre de 2015. Desde entonces, ha estado en detención preventiva en una base militar. Pérez fue citado a juicio junto con su exvicepresidenta Roxana Baldetti, y otras 30 personas acusadas de dirigir una enorme red de fraude aduanero, que se conoció como «La Línea». Se dice que la red desvió millones de dólares en aranceles.
El juez que encabeza el juicio debía establecer si el caso pasaría o no a juicio; en lugar de ello decidió suspender indefinidamente el proceso para evaluar una petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que solicitaba ser incluida en el caso.
Antes de volver a la base militar, donde está en custodia, Pérez culpó a la Embajada de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Guatemala por medio de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
«Detrás de esto, sigue estando la CICIG, que se ha convertido en una herramienta de los Estados Unidos», declaró Pérez.
El expresidente sostuvo que se trata de un caso de «persecución política», y que la investigación carece de evidencia.
La Fiscalía General tiene miles de grabaciones de llamadas telefónicas que presuntamente prueban la participación del sindicado en la red criminal, junto con el testimonio de exmagnate de los medios Salvador González, alias «Eco», de quien se dice ayudaba a administrar los fondos ilegales de La Línea antes de convertirse en testigo de la fiscalía.
No es sorpresa que Pérez aprovechara esta oportunidad de aparecer en público para proclamar su inocencia y tratar de señalar supuestas influencias indebidas de potencias extranjeras en la CICIG.
La relación de Pérez con la CICIG —que investigó La Línea junto con el Ministerio Público— no fue de mucha cooperación. En abril de 2015, Pérez aprobó a su pesar una extensión de dos años en el mandato de la CICIG, pese a indicios previos de que no lo haría. Esta decisión, según el consenso general, fue resultado de la presión internacional por mantener la CICIG activa en Guatemala.
Aunque la CICIG y la Fiscalía General dieron los primeros pasos en el levantamiento de un caso contra Pérez y Baldetti, queda por ver qué sucederá con el caso si llega a un tribunal. En un caso célebre en 2013, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la que había sido una condena histórica del exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio, desatando la indignación internacional.
Aunque el alegato de Pérez, de que hubo interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Guatemala, tiene gran peso histórico internacional en el contexto latinoamericano, el jefe de la CICIG ya había asegurado que Estados Unidos no está «apuntalando» la comisión contra la impunidad.
No obstante, las preocupaciones por la soberanía han limitado los esfuerzos por crear organismos similares a la CICIG en otros lugares, en particular en El Salvador.
