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¿Y el secuestro? Una comprensión compleja del secuestro como estrategia del ELN resalta la necesidad de entender los impactos locales de las negociaciones de paz

El 23 mayo el diario español El Mundo confirmó  la desaparación de su corresponsal en Colombia supuestamente por parte del ELN en Catatumbo en la frontera con Venezuela, donde operan  guerrillas y otros grupos ilegales. 

La periodista Salud Hernández-Mora viajó la semana pasada a esa zona para realizar un reporte sobre los cultivos de coca y según El Mundo fue vista por última vez en la zona de El Tarra el sábado 21 mayo. El Tarra es una zona controlada por el ELN y difícil de acceder. Hernández-Mora, originalmente española, lleva muchos años viviendo en Colombia y es una figura bastante controversial, conocida por sus posturas contra los guerrilleros y el proceso de paz entre el gobierno y el FARC.

Relaciones entre el ELN y el gobierno

Al final del mes de abril, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció que la fase pública de las conversaciones que ya habían sido anunciadas entre el gobierno y el ELN no se llevarían a cabo si el grupo guerrillero no devolvía todos los secuestrados que tenía en su poder y dejaba de una vez por todas de secuestrar. Frente al llamado, el ELN respondió que ese punto no era negociable y que la posición del gobierno sólo era un cambio de última hora en las condiciones que ya se habían negociado.

La respuesta del ELN parece responder más a cuestiones de estrategia política: atenerse a los acuerdos que previamente se habían negociado. La agenda que fue propuesta incluía cinco grandes temas más la implementación de los acuerdos: participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y el fin del conflicto armado. Según el comunicado que fue emitido por el ELN en la edición 528 de su revista Insurrección, las ‘retenciones’ o secuestros se discutirían como parte del quinto punto de la agenda. Como también agrega el texto, la condición de detener las retenciones es percibida como una imposición unilateral del gobierno nacional quien, durante las conversaciones que ya han tenido con el ELN, insistió en empezar las negociaciones sin un cese bilateral del fuego y de las hostilidades. Contrario a las FARC que durante las fases exploratorias de las actuales negociaciones en La Habana decidieron renunciar al secuestro extorsivo, el ELN ha decido que no hará ningún gesto unilateral de estas características.

Con un inicio de negociaciones congelado, el gobierno nacional envió a varios delegados para hablar con delegados del ELN en Caracas, Venezuela, de donde se espera llegar a un acuerdo que permita que las negociaciones formales empiecen a llevarse a cabo.

¿Por qué el secuestro?

El secuestro no es un punto menor en las negociaciones del Estado con el ELN, más cuando las ‘retenciones” (como el grupo ha denominado los secuestros que realiza) son una de sus fuentes principales de financiación. Contrario a las FARC, el ELN nunca ha admitido oficialmente que está envuelto en actividades de producción o tráfico de narcóticos por lo que la extorsión y el secuestro siguen siendo unos de sus principales modos de financiación. Junto a otras actividades como el tráfico de gasolina y la extorsión, el secuestro le sirve al ELN para financiar hoy en día por sus operaciones en ciertas regiones del país (especialmente en el nororiente y el suroccidente de Colombia).

Según la Fiscalía General de la Nación, hasta el año 2015, al ELN se le atribuyen aproximadamente 4900 secuestros. Desde 1969, que es el año en la que según el mismo ELN el grupo empezó a secuestrar para recaudar fondos, este grupo ha sostenido que el secuestro es un modo efectivo para hacer que dueños de empresas y tierras pagaran por sus actividades en una narrativa que se parece a la de Robin Hood: hacer que los ricos paguen por la lucha de los oprimidos y excluidos. En esa medida, los secuestros les han servido para obtener rescates o como un modo para garantizar que las contribuciones, impuestos y extorsiones que imponen sean pagadas. Pero ¿Cómo funcionan las dinámicas de secuestro del ELN?

• Aunque no sean muchos los secuestros que se le atribuyen directamente (los medios y la Defensoría del Pueblo estiman que en total el grupo tendría en su poder más o menos a cuatro personas), las sumas de dinero que representan los secuestros son significativas. A finales de marzo, Ramón José Cabrales, alto consejero de la gobernación del departamento de Norte de Santander, fue liberado por el ELN luego de que su familia pagara su rescate. El grupo pidió 4000 millones de pesos (1,3 millones de dólares) originalmente por su liberación y, aunque la familia después declaro que negociaron por una cifra muy inferior a esa, el grupo recibió su parte.
• El secuestro también sirve para garantizar por medio de la amenaza y el castigo el pago de las contribuciones que el ELN impone a ciertos grupos en sus zonas de influencia. El secuestro en abril de dos conductores de bus de la compañía Flota Occidental en Chocó sirve de ejemplo, cuando la razón detrás de él que la compañía se negaba a pagar un impuesto de tránsito que esta guerrilla había impuesto para las empresas de transporte en la región.
• Ni siempre es público o visible la forma en la que funcionan las operaciones de secuestro. En algunas ocasiones, los secuestros se terminan sin una causa clara y han llevado a pensar que el ELN puede negociar de manera indirecta con los secuestrados, con empresas o empresarios más allá de lo que se llega a hacer público. Sin embargo, muchas veces, las operaciones del ELN parecen llevarse a cabo sin que el grupo esté formalmente involucrado y a veces se le imputan secuestros que ellos niegan. El secuestro y liberación de Melissa trillo en Santander este año dan cuenta de eso, por ejemplo, cuando el ejército nacional alega que fue secuestrada por las redes de apoyo del ELN aunque en ningún momento ese grupo declaró tenerla en su poder. El argumento del Ejército dice que es imposible que un secuestro se lleve a cabo en un lugar que es controlado por el ELN sin que ellos lo noten.
• El gobierno nacional no sabe cuál es la identidad y menos el número de todos los secuestrados por el ELN, pero los secuestros que han sido públicamente atribuidos y asumidos por el ELN en los últimos años incluyen a miembros del Ejército Nacional y la Policía, trabajadores de empresas que operan en sus regiones de influencia (incluidos trabajadores calificados y no calificados de compañías del sector petrolero, de construcción y la agroindustria), líderes de organizaciones de mineros, políticos, terratenientes y empresarios.

EL futuro del secuestro

El secuestro, como hemos visto, no es tan simple como una actividad criminal que debe suspenderse sin más. Lo que gira alrededor de él un complejo grupo de prácticas y experiencias que nos da pistas para entender el panorama de Colombia en los próximos años. El acuerdo de paz que el gobierno de Colombia está acabando de negociar con las FARC en La Habana ha abierto la posibilidad para transformar las fuerzas sociales y políticas de muchas regiones del país donde el conflicto colombiano ha tenido lugar durante las últimas seis décadas. A pesar de eso, varios elementos deben tenerse en cuenta.

1. La apertura de nuevas regiones viene con el riesgo de hacer que esas fuerzas alimenten más actividades violentas o haga más agudos los problemas de desigualdad. Como referencia, podemos tomar la zona del Catatumbo, que es todavía área de influencia del ELN y se contempla como una de las áreas en las que el gobierno espera implementar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico donde se realizarían grandes proyectos agroindustriales. Esa implica que, en estas zonas, las iniciativas económicas que se instalen se podrían enfrentar a las presiones que la extorsión y el secuestro ofrecen. Es más, la desmovilización de las FARC sin un proceso de paz paralelo con el ELN ha llevado a pensar que existe la posibilidad de que las filas del ELN se engrosen con excombatientes de las FARC, lo que complicaría aún más el panorama.
2. En términos generales, la ausencia de un gesto bilateral, es decir que venga del estado colombiano y del ELN, de un cese al fuego de ambas partes no permite que el ELN acepte el abandono permanente del secuestro y, debido a su importancia, es poco probable que fuera del proceso de paz este proceso se deje de lado. Es más, dado que en muchas ocasiones los secuestros que le zona tribuidos al ELN no son realizados directamente por el grupo, estas actividades muchas veces pueden o atribuírsele falsamente o llevarse a cabo sin que las personas extorsionadas sepan que están interactuando con esta guerrilla.
3. En el caso de que el ELN acordara un cese del secuestro, es probable que, sin un alto al fuego, esta guerrilla recurra con más intensidad a otras actividades para garantizarse una fuente de financiación. Existe la posibilidad de que el ELN entonces intensifique su participación en actividades de cobro de contribuciones, extorsión y contrabando

OJO

Los secuestros o ‘retenciones’ que se han registrado en los últimos meses exhiben que la continuidad de esta práctica es casi una garantía sino se llega a un tipo de acuerdo bilateral entre el Estado y el ELN en los próximos meses. El panorama que pintan los futuros años con la implementación de los acuerdos de La Habana con las FARC significa que varios retos van a hacerse evidentes frente a las estrategias de financiación de los grupos guerrilleros y la implementación de proyectos productivos en distintas regiones del país. Aunque en la legislación colombiana esté tipificado que actividades como el secuestro son ilegales, la manera en la que pueden afectar diferentes proyectos de desarrollo exige que se entienda más allá de una simple actividad criminal. El secuestro también es una estrategia política y económica.

En Colombia, el fin de la confrontación con las FARC ha puesto sobre la mesa un debate sobre el futuro de los proyectos de desarrollo en el país. Desde las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos hasta la de los Ministros de Minas y Hacienda o el presidente de la empresa nacional de petróleos ECOPETROL, se ha insinuado que el país pondrá un gran énfasis en dos sectores: el agroindustrial y el extractivo. El sector extractivo ha sido uno de los que más se ha visto afectado por las actividades del ELN, en especial por su impacto en todas las actividades que se llevan a cabo entorno a la extracción y transporte de petróleo. El secuestro ha afectado a empleados de compañías petroleras, pero también a los de las empresas de transporte que trabajan para ellas y a otros contratistas. En el caso de que el proceso de paz con el ELN siga en marcha, pero el secuestro continúe siendo una práctica sistemática de la organización, todas las actividades económicas que girarán en torno a estos nuevos proyectos, podrían ser afectadas por esta estrategia. Del mismo modo, el proceso de paz con el ELN tendrá que ver las tensiones que van a aparecer con los que se opongan al proceso y puedan realizar secuestros a nombre de esta guerrilla sin que esta guerrilla esté involucrada, aunque el ELN decidan negociar el cese del secuestro antes de que empiecen las negociaciones.

En este orden de ideas, los inversionistas que potencialmente quieran invertir en las regiones del país que serán priorizadas por el gobierno nacional, usualmente donde se han presentado históricamente enfrentamientos armados, deben tener muy claros los impactos que tienen sus inversiones en las economías locales. El objetivo es que se hagan responsables de los impactos directos o indirectos de su operación y eviten acrecentar las tensiones en las regiones que pueden ir en contravía de un exitoso proceso de paz.

Ley de ZIDRES y los potenciales riesgos de las iniciativas agroindustriales en Colombia

La demanda que acaba de ser puesta en Colombia en contra de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) por varios congresistas nos da una idea de los potenciales retos que una iniciativa como esta tendría en Colombia. Desde que la ley fue discutida en el congreso colombiano, ONGs como OXFAM, CODHES, Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones se opusieron a que fuera aprobada.  

Pero la controversia no ha terminado ahí. La ley Zidres pretende transformar las dinámicas económicas y uso de la tierra en diferentes regiones del país que se consideran o consideraban improductivas. El modo: la creación de unas iniciativas productivas en la que participan campesinos y empresas. Sin embargo, este argumento no sigue convenciendo a muchos en el país porque, según los senadores de los partidos polo democrático y de la alianza verde que demandaron la ley al inicio de marzo para que fuera inaplicable, los campesinos en Colombia se verían seriamente perjudicados.

Una de las principales figuras consideradas en la ley, y que es la que causa más polémica, es que el uso y explotación de Zidres se hará por medio de proyectos que serán presentados al Ministerio de Agricultura de Colombia por parte de empresas de distinto tipo. Estas empresas deberán tener en cuenta dentro de sus propuestas distintas consideraciones de sostenimiento ambiental, de seguridad y participación de comunidades de campesinos y propietarios individuales en la zona del proyecto, y de legalidad de los títulos de propiedad de las tierras que participarían de la iniciativa. El problema radica en que la manera en la que están pensados estos proyectos entraría en abierta contradicción con las iniciativas alimentarias y de uso de la tierra que han venido adelantando de manera independiente diferentes campesinos y asociaciones de campesinos en el país durante las últimas décadas. Tres puntos causan gran preocupación.

• En primer lugar, el modelo que se implementaría en las iniciativas a desarrollar en las Zidres sería asociativo, en el que los campesinos participarían como trabajadores, beneficiarios de programas de formación y apoyo técnico y de soporte para acceder a créditos para la compra de tierras. Con base en esta disposición, la demanda argumenta que los campesinos perderían su autonomía frente a las empresas que se encargaran de ejecutar los proyectos.

• En segundo lugar, la ley establece que los territorios de propiedad de la nación, denominados baldíos, podrían ser utilizados en estos proyectos con la condición de que su título no sea transferido a la empresa que lleva a cabo la iniciativa productiva. Sin embargo, la demanda argumenta que el contenido de la ley ofrece a las empresas la posibilidad de hacerse a la propiedad de una gran cantidad de estas tierras. Como también lo establece la ley, campesinos podrán acceder a la propiedad de la tierra involucrada en el proyecto, incluidas zonas de tierra consideradas baldíos sobre los que estos campesinos pueden reclamar propiedad. Con la titulación de las tierras, estas podrían ser compradas por las empresas en el marco de la ejecución del proyecto. Es más, como lo considera la ley, los campesinos que participen de estas iniciativas pueden entregar sus tierras como aporte al proyecto si así lo quieren. En términos prácticos, estos procesos de uso y titulación de la tierra abren la posibilidad para procesos de acumulación de tierra en el país, una de las causas principales del conflicto armado en Colombia.

• En tercer lugar, las Zidres estarían ubicadas en zonas con alta tensión social y política. de acuerdo a lo que ha declarado el superintendente de Notariado y Registro de Colombia, estarían distribuidas en cinco regiones del país: La Guajira, Chocó, Norte de Santander, la Orinoquía y la Amazonía. Lo problemático con esta distribución es que en estas regiones del país se mezclan los reclamos por tierra de distintos grupos campesinos y las dinámicas del conflicto armado colombiano. De acuerdo a un análisis presentado por Verdad Abierta con datos de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones sociales en el país, en las cinco regiones, hacen presencia tanto la guerrilla como los miembros de bandas criminales y existen reclamos para la titularización colectiva de la tierra como Zonas de Reserva Campesina y otras como zonas agroalimentarias. Según lo dispuesto en la ley, no existe una restricción para que las zonas agroalimentarias o las Zonas de Reserva Campesina aún no constituidas no sean incluidas dentro de las Zidres, lo que las pondría dentro del mapa de las zonas donde tentativamente se implementarían estos proyectos productivos. La potencial implementación de estos proyectos y su choque con las iniciativas de organizaciones de campesinos locales por la propiedad y uso de la tierra junto a la presencia de grupos armados en las regiones suma a la tensión que existe frente a la posible implementación de la ley.

OJO

La ley Zidres abre la posibilidad para que empresas nacionales y extranjeras inviertan en diferentes proyectos productivos agroindustriales. Es importante que las empresas y organizaciones interesadas en participar de estas iniciativas consideren con cuidado los potenciales impactos de estas actividades en las regiones donde se llevarían a cabo. Aunque la ley sea declarada inconstitucional, el gobierno nacional ha insistido en su esfuerzo por implementar iniciativas agroindustriales en el país.

En el marco de un posible acuerdo de paz, es importante que, ya sea con la figura de las Zidres o de otra iniciativa que pueda ser implementada en el futuro, las inversiones de empresas extranjeras estén atentas en dos frentes desde la planeación de sus iniciativas. Por un lado, es indispensable que procuren mantener unas buenas relaciones con las comunidades y las organizaciones de campesinos que viven y trabajan en las regiones. Cada una de ellas tiene historias distintas de tenencia y uso de la tierra y es importante respetar los procesos sociales y políticos que están detrás de ellas para no poner a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad o subordinación frente a las decisiones que tome la empresa sobre el proyecto.

Por otro lado, es importante que las compañías presten mucha atención a las acciones de los actores armados en la zona. Algunos pueden aprovechar para que los procesos de titulación de la tierra les sirvan para acumular una gran cantidad de propiedades y luego re venderlas o, incluso, a ofrecer servicios o recibir solicitudes para que presionen a los campesinos que viven en la zona para que compren o vendan su propiedad.