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Elecciones presidenciales en Perú dejan preguntas sobre el futuro de la guerra contra las drogas

El domingo 5 junio peruanos vuelvan a las urnas para eligir su presidente. Las actuales elecciones presidenciales en Perú han causado mucha controversia, no solo en el país sudamericano, sino también en varios rincones del globo. El hecho de que la hija de un ex presidente que hoy se encuentra encarcelado por delitos de lesa humanidad y corrupción sea una de las candidatas que pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial ha dado mucho de que hablar.

El Contexto

Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, es hoy una de las candidatas con mayores probabilidades de ocupar la presidencia de Perú y desde su campaña ha tenido que enfrentar la desaprobación de varios peruanos que no están de acuerdo con su postulación. Tal como se hizo evidente en la marcha que se organizó en contra de su candidatura el pasado 5 de abril, sus intenciones políticas no son bien respaldadas por grupos de víctimas de los crímenes llevados a cabo por el Estado peruano en el marco de su guerra contra grupos guerrilleros en los años 90, y, en su mayoría, jóvenes que no consideran ético que ella se postule dados sus antecedentes familiares.

Narcotrafico – la ausencia  del tema en la campaña electoral

Aunque el debate que se está dando en Perú parece tener más que ver con la legitimidad de la postulación de una de las candidatas, hay varios temas de fondo que también han despertado muchas dudas, y no sólo desde la candidatura de la hija de Fujimori. La ausencia del narcotráfico como tema de las elecciones ha sido de lo más destacado. Por más de un lustro, y hasta el año pasado, Perú fue considerado el país número uno en cultivo de coca. Según el reporte publicado en 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, Perú es un ejemplo exitoso de la implementación de una política anti drogas que se destaca por ofrecer alternativas productivas para que las personas que se dedican a su cultivo puedan encontrar otras opciones económicas, expandir los planes de prevención y tratamiento en el abuso de drogas y controlar el comercio de precursores y aumentar el número de incautaciones de materiales.

Sin embargo, las reducciones en los cultivos en Perú no indican que hayan desaparecido los cultivadores de coca en el país. Aún quedan más de 42000 hectáreas cultivadas y Perú, aunque no ocupe el primer lugar en área cultivada, sigue siendo uno de los países con mayores cultivos (ahora ocupa el segundo puesto, sólo superado por Colombia) y, como fue mencionado en el reporte que lanzó el departamento de Estado de Estados Unidos en el 2015, Perú sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Y el tema no ha dejado de tener impacto en las elecciones.

Así, por ejemplo, el actual director de Transparencia Internacional, José Ugaz, ha declarado que los traficantes y productores de drogas en Perú hoy por hoy y cuentan con una amplia influencia en partidos políticos, en el congreso, en el sistema de justica y la policía. Entre los escándalos más sonados en el momento, y como ha sido mencionado por Avelino Guillén, que es miembro del equipo anticorrupción del partido que se opone a Fujimori en la segunda vuelta, existe una investigación de la DEA en contra del ex secretario del partido de la hija de expresidente por el dudoso origen de ciertos fondos en la campaña de Keiko. Eso, por un lado.

Por otra parte, la campaña electoral no ha hecho énfasis en el tema. Ninguno de los candidatos ha mencionado dentro de sus propuestas el tema, y eso que la mayoría de ellos ya ha trabajado con el gobierno peruano o ha tenido alguna relación cercana con él.  El tema de la coca ha sido uno de los que más ha demando la atención de los últimos gobiernos, incluidos, el del actual presidente Ollanta Humala, el de Alán García y Alejandro Toledo. Vale recordar que tanto García como Toledo fueron candidatos a la presidencia durante la primera vuelta y que el competidor de Fujimori para la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski, fue primer ministro durante el gobierno de Toledo. Así que el tema no era extraño para muchos de los candidatos desde la primera vuelta.

Una de las únicas oportunidades en las que los candidatos expresaron sus propuestas en el tema del narcotráfico y cultivo de coca, fue cuando en la primera vuelta el diario peruano El Comercio trato de conocer sus planes en el tema. Para la convocatoria, el equipo de Fujimori no envió ningún comunicado, mientras que Kuczynski y su partido, el PPK, sí. Dentro de sus propuestas incluyó la inversión en infraestructura en las zonas involucradas en el cultivo y la continuación de medidas como la implementación de cultivos alternativos y el establecimiento de límites para la adquisición de insumos fundamentales para la producción de cocaína. Sorpresivamente, el candidato del PPK también sugirió que desmantelaría el Devida, la institución encargada de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, porque no había exhibido los resultados esperados y debía ser reformada.

Según las acusaciones que existen sobre la infiltración de los narcotraficantes en los escenarios políticos de Perú y la falta de una propuesta consistente que aborde la producción y tráfico de coca y cocaína, parece que en el corto plazo la política antidrogas está fuera del radar político.  Tres dinámicas están pasando por debajo de cuerda.

1. Como lo menciona Ricardo Soberón, ex director de Devida y defensor de la despenalización, y Jaime Antezana, un analista que ha insistido en la infiltración del narcotráfico en diferentes niveles políticos en Perú, durante las pasadas elecciones en más de 15 estados se podían rastrear dineros del narcotráfico financiando la candidatura de distintos políticos regionales, varios de ellos militantes del partido de Fujimori.
2. En Perú ha existido una aplicación diferencial en las políticas antinarcóticos que no se han concentrado en las zonas de mayor influencia del narcotráfico. Es decir, todavía han quedado fuera de la agenda las intervenciones que se harían en el sur de las amazonas peruano donde se concentra la mayoría de los cultivos y donde sólo han llego los planes de erradicación voluntaria de planta de coca. ¿Qué pasará con estas zonas?
3. Analistas como Antezana han insistido en que la falta de atención a este problema se junta a las supuestas nuevas dinámicas que exhibe el mercado de drogas peruano, ahora más dispuesto a organizarse en forma de carteles que controlan toda la cadena de producción y tráfico internacional.

OJO

El 31 de mayo se llevó a cabo una nueva manifestación en contra de Fujimori en la que distintos sectores del espectro político en Perú se unieron para declarar que aún había tiempo para ganarle las alecciones a la candidata votando por Kuczynski. Incluso Verónica Mendoza, quien fue la candidata de izquierda en la primera vuelta de las elecciones, ha llamado a votar por Kuczynski, un candidato con quien tiene poca afinidad ideológica. Unidos en contra de un mal peor, o el llamado a “cerrarle el paso a Fujimori” parece ser la única opción política que se le opone a Keiko.

Sin duda, esta elección cambiará el panorama político del país, ya sea con Fujimori que lidera las encuestas y cuya elección generará de por sí una gran oposición y tensiones en el país para reconciliarse su pasado, o con Kuczynski quien disfruta por ahora de un apoyo momentáneo como el candidato que se opone a Fujimori.

En cualquiera de los casos, el futuro de la política que liderará Perú en temas de producción y tráfico de coca y cocaína no es para nada claro y va a generar muchas novedades en los próximos años ya que no parece que en alguno de los nuevos gobiernos vaya haber mayor novedad en sus políticas frente al tema. Ya veremos que puede traer este panorama para Perú y los debates que se están dando actualmente sobre la reformulación de la política antidrogas en el nivel global. La severidad de la política antidrogas en Perú ha llamado la atención de varios analistas quienes observan que está política ha llevado al extremo las fallidas estrategias utilizadas la guerra antidrogas que ha liderado Estados Unidos en las últimas cuatro décadas y por tanto ha significado en el fondo un rotundo fracaso. Y justo ahora, que una iniciativa de carácter internacional por terminar la guerra contra las drogas debido a sus terribles resultados y consecuencias ha ganado momemtum, el debate no aparece por ningún lado en el escenario político de uno de los países donde más impactos tendría este cambio de estrategia.

Aumento de cultivos de coca en Colombia alertan sobre las economías políticas del post-conflicto

Si un tema ha sido importante para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas, es el cultivo de coca en Colombia. De hecho, uno de los principales objetivos de Plan Colombia fue reducir su número. Por eso, si hay un cambio importante en las cifras del área cultivada en Colombia, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos realice un comunicado sobre el tema. El reciente aumento en la cantidad de hectáreas de coca cultivadas en Colombia llevo precisamente a que el embajador de Estados Unidos en el país se refiriera al tema en marzo. Pero, más allá de las reacciones que generó en la prensa lo comunicado por el gobierno estadounidense, el cambio en las cifras de coca en Colombia, nos da más bien ideas sobre la economía política del narcotráfico que prevalece y crece en Colombia aún con la futura firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

el embajador de los Estados Unidos, las cifras de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca muestran que entre 2013 y 2015 la cantidad de hectáreas sembradas ha aumentado en un 42%. Según la cifra presentada, de las aproximadamente 80.000 hectáreas sembradas en 2013, pasamos a 159.000. Además de que los cultivos se han duplicado, según lo estimado por el gobierno estadounidense la producción potencial de cocaína ha aumentado de 250 toneladas métricas como se registró en 2014, a 420 toneladas métricas en 2015. Es decir, Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína en el mundo, de donde es exportada a Europa y Estados Unidos.

Aunque las cifras que se han presentado podrían llevar a pensar que la lucha antidrogas ha sido fallida, el aumento tiene que ver más con el cambio en la distribución de las plantaciones en el país. Es cierto que, desde mayo de 2015, el gobierno colombiano prohibió la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos y, desde entonces, como lo mencionó el embajador norteamericano en su comunicado, se han privilegiado otras estrategias como la erradicación manual. Pero esta prohibición correspondió más a consideraciones del impacto del glifosato para la salud y a una reformulación en la política antidrogas que al fin de la lucha contra los cultivos ilícitos en el país. En ese orden, los datos que publicó la Casa Blanca, nos dicen mucho sobre los retos que aparecerán en Colombia en los próximos años en regiones afectadas por el conflicto y vinculadas al narcotráfico. Es probable que las zonas donde los cultivos de coca han estado en aumento, van a ser las más afectadas por la presencia de economías ilegales y otras dinámicas después de la firma del acuerdo de paz.

Desde octubre de 2015, una nueva política antidrogas ha venido a reformular la estrategia que se había venido utilizando en los últimos años para disminuir el número de hectáreas cultivadas en el país. Uno de los seis puntos de esa estrategia incluye un capítulo de sustitución de cultivos y de erradicación voluntaria que, en últimas, quiere incentivar el desarrollo de otro tipo de cultivos y de otras apuestas productivas gobierno nacional con otras medidas como la aprobación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), la articulación de iniciativas agrícolas y agroindustriales en el país es parte de la agenda económica del post-acuerdo. La política antidrogas que ahora está siendo implementada estaría articulada a estos esfuerzos del Estado colombiano y, lo que genera más inquietud, se estaría poniendo en marcha en zonas del país que ahora se consideran de interés para otros proyectos agroindustriales como lo es Norte de Santander y ciertas áreas de la Orinoquía.

Según los datos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en 2015, para el año 2014 la mayoría de los cultivos en el país se encuentran concentrados en el sur del país, especialmente en los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, y en el Catatumbo. Según la misma oficina, la presencia de cultivos en estas zonas no es nueva, más bien lo que se ha visto es que la mayoría de los cultivos siguen presentes en los mismos lugares que en años anteriores y ahora se han venido cruzando con actividades de minería ilegal. Esto significa que en los últimos años ha aumentado la concentración de los cultivos, pero no su extensión por todo el país, justo en regiones con alta presencia de BACRIM, guerrillas y organizaciones de narcotraficantes.

Los actuales cultivos que le han servido a las guerrillas, los paramilitares y muchos otros grupos armados para financiar sus actividades armadas en Colombia son todavía un tema pendiente en la agencia política del país. Aún con la firma de los acuerdos de paz, la existencia de estos cultivos solo nos dice que las negociaciones de paz no van a dar paso al final de la economía del narcotráfico. Varias consideraciones deben hacerse al respecto:

• Por un lado, aunque la nueva política antidrogas pueda considerarse un triunfo para diferentes asociaciones campesinas y autoridades políticas del sur de Colombia que desde la década pasada habían estado proponiendo métodos de erradicación manual, el escenario en el que se implementa puede terminar teniendo efectos negativos para las comunidades locales. La fuerte presencia de grupos armados en el sur del país y la potencial aplicación de medidas de construcción de infraestructura y de legalización de tierras para los habitantes locales genera escenarios en los que es posible y existen incentivos para la expropiación de tierras y la retaliación armada.

• Por otro lado, las consideraciones de la nueva política antidrogas ofrecen la posibilidad de hacer grandes inversiones en las zonas afectadas por estos cultivos. Las disputas por las rutas del narcotráfico, la expansión de los cultivos y el control de la minería ilegal que se esperan con la retirada de las FARC en varios municipios del país va a generar grandes tensiones y transformaciones en las relaciones que existen entre las instituciones del gobierno nacional y local, los grupos armados en la región y las poblaciones locales. Hace varios años durante el gobierno del presidente Uribe se implementaron medidas similares de consolidación de presencia del Estado y el involucramiento de los campesinos en redes de seguridad y control, que provocaron, en parte como un resultado inesperado, la movilización de los cultivos a regiones más remotas a donde se han movilizado los grupos involucrados en el narcotráfico. Este tipo de efectos expansivos pueden ser de esperar, más cuando uno de los actores armados involucrados, las FARC, quedará fuera del escenario.

OJO

Los proyectos agroindustriales que ha venido proponiendo y regulando el gobierno colombiano, los esfuerzos de sustitución de cultivos que están siendo implementados con la nueva política antidrogas y la presencia constante de grupos armados en estas zonas de cultivo son una fórmula explosiva para las regiones donde estas tres dinámicas se juntan.

Tal como lo ha manifestado el actual ministro para el post-conflicto Rafael Pardo, la sustitución de cultivos en Colombia va a estar articuladas con las políticas de paz que se están implementando y se implementarán en el país. El aumento de los cultivos muestra como las economías ilegales que han estado relacionadas con el conflicto colombiano en las últimas décadas van a continuar siendo un reto para las empresas que quieran hacer inversiones en proyectos agrícolas en el país o quieran participar de proyectos de minería. Cabe recordar que la existencia de cultivos ilícitos no es el único elemento que hace parte de estas economías sino también el comercio de armas, y el establecimiento de laboratorios de procesamiento y de corredores de seguridad a los que hay que prestar especial atención.  Otro tipo de actividades como la minería ilegal, que se llevan ahora a cabo en las regiones de cultivo de coca, tienen graves impactos sociales y ambientales que se traducen en falta de confianza hacia empresas del sector extractivo que en el futuro estén interesadas en trabajar en la zona.

Existen altos incentivos para que estos grupos sigan haciendo presencia en estas regiones, aunque el Estado promueva políticas territoriales para sustituir los cultivos y hacer mayor presencia institucional las regiones. Es importante entonces que las empresas tengan un conocimiento claro de cómo funcionan esas economías ilegales locales y que en lo posible se mantengan en alerta para no involucrarse en ellas. Sin embargo, vale mencionar que los procesos de sustitución ofrecen una posibilidad para empresas interesadas en el país para apoyar e invertir en las cooperativas locales que se crearán para ayudar a que estos campesinos puedan vender sus nuevos productos en el mercado. Los términos de esos acuerdos de cooperación serían fundamentales para la actividad de cualquier empresa en Colombia.