Última hora sobre la situación en Cataluña

Desde que en septiembre de 2015 las fuerzas independentistas obtuvieran la mayoría absoluta en escaños, pero no en votos, en el Parlamento de Cataluña, se aferraron a una agenda unilateral para proclamar la independencia de España, que fue contestada por las instituciones del Estado y que ha llevado a la situación actual.

La culminación del proyecto independentista comenzó el septiembre pasado cuando el Parlamento catalán aprobó, en contra de los avisos del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional un referéndum de independencia así como cualquier ley que sirviese para su celebración, la Ley del Referéndum, que autorizaba al Gobierno de la Generalidad a convocar un referéndum de independencia, y la Ley de Transitoriedad Jurídica, que sustituiría a la legalidad española en caso de que ganase el «sí» a la independencia.

Tras el comienzo del golpe de estado orquestado por la Generalidad, que estableció el 1 de octubre como fecha para el referéndum, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se propuso impedir la consumación de dicha votación, para lo cual ordenó a la Guardia Civil (GC), el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la policía autonómica catalana (los Mossos), requisar cualquier material relacionado con la votación, así como material propagandístico sobre el referéndum e impedir actos políticos. Comienza entonces un rifirrafe entre el Gobierno de España y la Generalidad en el que se bloquean webs, se requisan multitud de materiales para la votación y a la vez la Generalidad desobedece cualquier orden extendida desde el Gobierno o desde la Justicia, teniendo el Gobierno de España que tomar control total de las finanzas de la Comunidad Autónoma para evitar el uso de dinero público para financiar dicho referéndum, y teniendo que desplazar a más de 10.000 agentes de la GC y CNP de otras regiones de España a Cataluña por la desobediencia e inactividad de los Mossos para evitarlo.

Los acontecimientos del 1 de octubre se podrían resumir como una jornada caótica en la cual la Generalidad aprobó el censo universal que permitía a cualquier ciudadano votar en cualquier lugar donde hubiese una urna, lo cual llevó a situaciones vergonzosas como una misma persona votando hasta cuatro veces, menores de edad ejerciendo el voto, o gente de otras regiones de España pudiendo votar si se encontraban en Cataluña. Ante la inoperancia total de los Mossos, que desobedecieron la orden de la Justicia de detener la celebración del referéndum, la GC y el CNP tuvieron que hacerse cargo de sus funciones e impedir, a veces mediante el uso de la fuerza por la resistencia de los manifestantes, la votación en ciertos puntos electorales. La Generalidad hizo uso de esta violencia como propaganda, acusando al Gobierno de España de violar los derechos de los ciudadanos e inflando el número de heridos durante las cargas policiales. Sin haber terminado el recuento, las autoridades catalanas anunciaron que habían votado 2.286.217 personas, de las cuales el 90 por ciento había votado a favor de la independencia, lo cual legitimaba a la Generalidad a poner en marcha la Ley de Transitoriedad Jurídica y proclamar la independencia en 48 horas. La jornada electoral estuvo caracterizada por una falta total de rigor democrático, con gente votando varias veces, urnas llegando a los colegios electorales llenas de papeletas, y con un resultado que llegaba al 100,88 por ciento de votos.

El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, declaró días después ante el Parlamento catalán que asumía «el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república» para ocho segundos después proponer «que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo». Un diálogo que se transformó en una exigencia al Gobierno de España de acordar mutuamente los términos de la independencia o de un nuevo referéndum pactado, algo que llevó al Gobierno Central a activar el artículo 155 de la Constitución española para destituir al Gobierno catalán, disolver el Parlamento regional rebelde, y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre para restaurar la legalidad en Cataluña. Al verse los líderes independentistas sin salida, un día antes de que se aplicase el artículo 155, votaron la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Un día después de la DUI, el ya expresidente de la Generalidad, que no acepta su destitución por las autoridades españolas, se trasladó con cinco exconsejeros de su Gobierno a Bruselas, con la pretensión de internacionalizar el conflicto. Los miembros del antiguo Gobierno catalán que se quedaron en España fueron enviados a prisión de manera preventiva por riesgo de fuga y se les acusará de rebelión, sedición y malversación de fondos. Cargos similares serán interpuestos contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los demás miembros de la Mesa que permitieron la votación de la DUI, que permanecen en libertad vigilada. Ante la negativa del expresidente de la Generalidad de volver a España a declarar por los mismos crímenes, la justicia española emitió una orden de busca y captura internacional contra el expresidente y exconsejeros que se refugian en Bruselas, donde pretenden ralentizar su extradición el máximo tiempo posible.

Mientras tanto, cerca de 2.000 empresas se han marchado de Cataluña por la inestabilidad política, se rumorea que Barcelona ha dejado de ser la ciudad preferida para reubicar la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que se traslada de Londres por el Brexit, el Mobile World Congress ha amenazado con cambiar a Barcelona como su sede para el 2019 si Cataluña no recupera la estabilidad, y se calcula que la crisis catalana supondrá un coste de entre 2.000 y 12.000 millones de euros a la economía española.

España ha recibido el apoyo de toda la comunidad internacional y los medios de comunicación, mientras el movimiento independentista ha fracasado en su intento de internacionalizar el conflicto y recabar apoyos. Pero los motivos que años atrás llevaron a un auge del sentimiento nacionalista siguen presentes en la sociedad catalana, y es labor de ambas partes, Gobierno Central y la futura Generalidad, reparar el daño hecho y atender a las necesidades catalanas dentro del Estado de Derecho, respetando la Constitución y la unidad de España.