Reciente fallo de tribunal en Estados Unidos en el caso de Chevron en Ecuador sugiere la necesidad de estrategias integrales de relación con las comunidades en el largo plazo

En el mes de agosto, Chevon le ganó a la comunidad de Lago Agrio una de las batallas en la guerra legal que tiene con los habitantes de esta región de Ecuador desde el año 1993. En más de 20 ocasiones, distintos jueces, en diferentes instancias legales y países han fallado el caso en el que la comunidad de Lago Agrio en el oriente ecuatoriano le reclama a Chevron por la contaminación de suelos y fuentes hídricas que protagonizó la empresa Texaco entre 1964 (cuando se descubrió petróleo en la región) y 1992 (año en el que la empresa se retiró del país suramericano).

A finales del año 2012, una corte ecuatoriana decidió que Chevron debía pagarles a las comunidades afectadas la suma de 18 billones de dólares por costos de limpieza en las localidades que fueron contaminadas. Aunque el valor a pagar se redujo, y la empresa estaría obligada a pagar aproximadamente 9 billones, Chevron ha insistido en que el fallo del tribunal ecuatoriano no es válido ya que el abogado de las comunidades que demandaron a la empresa y su grupo de trabajo, operó de manera ilegal para obtener el apoyo del juez. La última decisión, tomada en una corte estatal en Manhattan, Estados Unidos, le da razón a Chevron en ese punto.

Una disputa legal de dos décadas

La defensa de la compañía, nunca ha negado que hasta 1992 tuvieron lugar episodios de contaminación, pero ha insistido en que no son de su responsabilidad. Por un lado, los eventos de contaminación tuvieron lugar en Ecuador cuando en el país operaba Texaco, no Chevron. Sin embargo, Texaco fue comprada en el año 2001 por Chevron y se convirtió en una de sus filiales. Chevron argumenta que en su momento Texaco había llegado a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano y se había encargado de limpiar los ecosistemas contaminados. Su responsabilidad, entonces, ya había terminado.

Además, la empresa alega que los procedimientos por medio de los que se aprobó la decisión en las cortes de ecuador involucra un gran escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Con estas consideraciones, la empresa se niega a pagar la suma demandada por la justicia ecuatoriana.

Las estrategias

En el 2015, las comunidades afectadas en Ecuador elevaron sus peticiones ante la Corte Suprema de Canadá para que, dado que Chevron no ha mostrado señales de acceder a pagar la cifra demandada, puedan usarse sus bienes en este país para pagar la cifra que definieron los tribunales en Ecuador. La corte canadiense le dio la razón a los reclamos de las comunidades en una decisión que hacía virtualmente posible utilizar las propiedades de la filial Chevron Canada para cubrir la deuda de la empresa principal, Chevron, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.

Este año, sin embargo, Chevron insistió en no cumplir con la sentencia y continúa apelando y, como lo ha hecho en su estrategia de defensa en los últimos años, insistió en poner bajo la consideración del sistema de justicia de Estados Unidos sus alegaciones por la corrupción de los abogados y jueces ecuatorianos. Incluso, la empresa sigue defendiendo que la justicia ecuatoriana y las comunidades que piden compensación no han acatado las decisiones de otros tribunales como la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya quien, basada en el tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, ordenó que no se hiciera efectiva la sanción. De hecho, el tribunal al final ordenó que el gobierno de Ecuador pagase a la empresa alrededor de 96 millones de dólares por el incumplimiento en el tratado bilateral de inversiones entre los dos países. La sentencia fue confirmada en Estados Unidos y todavía es sujeto de apelaciones por parte del gobierno de Ecuador.

Este lio legal parece no tener fin, en especial porque con el tiempo cada vez más actores se ven involucrados. Incluso, como ya fue mencionado, el gobierno ecuatoriano, que originalmente no tenía que ver en el caso, ahora ha sido también declarado culpable y hasta una corte en La Haya y en Canadá han emitido conceptos al respecto.

Las consecuencias

Las consecuencias para las comunidades en Ecuador por la contaminación que generó la operación de Texaco incluyen, entre otros fenómenos, un aumento en la incidencia de enfermedades y el deterioro de las condiciones de vida en la región de Lago Agrio que han puesto a una parte de la opinión en contra de Chevron. En 2015, la disputa con Ecuador sirvió para que Chevron se ganara el premio del Public Eye Award a la empresa más irresponsable del mundo. El “premio” se lo dieron los votantes en internet que decidieron el nombre del ganador ese año. Es claro que la reputación de la empresa se ha visto dañada. Además, la disputa ha puesto en juego las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador y, en varias oportunidades, ha generado discusiones entre representantes del sector privado y los miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil e incluso del sistema judicial en varios países.

OJO

Aunque el reciente fallo a favor de Chevron fue positivo para la empresa, este no termina la larga disputa legal entre las comunidades ecuatorianas afectadas, Chevron y el gobierno de Ecuador. Lo que podemos destacar del caso es que las implicaciones de la operación de una compañía pueden extenderse por varios años, incluso décadas. Dependiendo del sector y el tipo de inversión, las relaciones que se establecen con las comunidades pueden tener una mayor o menor duración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las relaciones con ellas siempre se extienden desde antes y hasta después de que se realicen y se ejecuten inversiones en el nivel local. En tanto, es importante que se tengan en cuenta marcos temporales largos cuando se establecen relaciones con las comunidades locales.

Del mismo modo, es fundamental destacar que, aunque una empresa no se haya visto envuelta directamente en algún tipo de incidente, las empresas con las que se involucra, y en este caso, las que la compran, pueden socialmente ser vistas como responsables de las acciones de otros actores, aunque legalmente puedan no tener ninguna relación. Las deudas sociales también son transferibles y pueden tener un costo altísimo en términos de reputación. Por tanto, la relación de una compañía y sus inversiones con las comunidades e instituciones en países debe tener en cuenta las implicaciones sociales y políticas de sus acciones y las de sus socios para evitar incrementar el riesgo. De la misma manera, deben responder de manera transparente y adecuada a los reclamos de sus grupos de interés, que no son sólo sus inversionistas y socios comerciales.

Finalmente, la existencia de instituciones políticas y sociales débiles o corruptas no deben servir como justificación para no tomar acciones concretas que alivien las tensiones y consecuencias que genera la operación. Asumir la responsabilidad social frente a las comunidades puede resultar más importante que ganar un juicio legal, y en últimas, puede resultar mucho menos costoso en términos económicos.