La paz entre el Gobierno colombiano y las FARC

La paz entre el Gobierno colombiano y las FARC sigue su curso tras el establecimiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los 8 campamentos acordados en el Acuerdo de Paz firmado el pasado 24 de noviembre. A su vez, fuentes de UNICEF han declarado que ha comenzado la entrega de los primeros menores alistados en las FARC para su traslado a centros de acogida.

Sin embargo, el proceso de paz se ve amenazado por reclamaciones de diversos actores envueltos en el proceso. Las FARC argumentan estar cumpliendo el Acuerdo de Paz trasladándose a las ZVTN, pero exigen mejores condiciones de vida en las mismas para poder entregar las armas. A su vez, instan al Gobierno a detallar la forma en la que protegerá a los milicianos jurídica, social y económicamente, por temor a que ocurra un episodio parecido al de 1985 cuando, tras la formación de la Unión Patriótica, más de 4.000 de sus militantes fueron perseguidos y asesinados impunemente por fuerzas paramilitares, las fuerzas del estado y narcotraficantes; temor alimentado por la muerte de más de 120 defensores de los derechos humanos en los últimos 14 meses.

El Gobierno, sin embargo, argumenta que las exigencias de las FARC superan lo acordado y que no se puede pretender instalar campamentos de lujo en unas zonas que solamente serán transitorias, añadiendo que la remotidad de las zonas y su inaccesibilidad complican la logística del despliegue de los campamentos. A esto se suma una carta enviada al Presidente Juan Manuel Santos en la que 28 excomandantes de las fuerzas armadas expresan su rechazo al proceso de paz, el cual consideran una amenaza para la seguridad nacional e incluso para la integridad de Colombia, basada en torno a la posibilidad de que las ZVTN acaben siendo repúblicas independientes.

Por otro lado, los contactos entre Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parecen salir adelante. Ambas partes afirman que las negociaciones de paz siguen adelante y por buen camino a pesar de un apreciado estancamiento y de que ninguna de las partes ha puesto fin a sus actividades militares, entre las que cabe destacar el atentado con coche bomba del pasado 19 de febrero en el barrio de La Macarena en Bogotá, o la detención de “El Mocho Hugo” un cabecilla de la organización por la policía.

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El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos muestra que el país norteamericano sufre la peor crisis de la droga desde los años 80. El informe suspende a 22 países en la lucha contra el narcotráfico, 17 de ellos en Latinoamérica y el Caribe. Destacan cuatro países en el informe. México, del cual proviene más del 90% de la heroína consumida en Estados Unidos. A pesar de seguir siendo el punto de acceso más fuerte de drogas, la cooperación entre ambos estados se ha visto mejorada gracias a la Iniciativa Mérida.

Colombia, país al que corresponde alrededor del 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos, ha incrementado su tasa de producción de cocaína un 81% desde el 2013 convirtiéndose en el mayor productor a nivel mundial. El informe achaca ese repunte de producción al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, que ha relajado los trabajos de supervisión en las zonas de cultivo de coca de la guerrilla para no torpedear el proceso de paz.

El informe señala a Bolivia y Venezuela como los países que menos esfuerzo han hecho en la lucha contra el narcotráfico, acusando a ambos de tener una política muy laxa con los cárteles por culpa de la corrupción política y por la escasa cooperación con Estados Unidos, especialmente en el caso venezolano, y preocupando la próxima promulgación por el Presidente de Bolivia de la conocida como Ley de la Coca que aumentará la zona dedicada al cultivo de la hoja de coca de las 12.000 hectáreas actuales a 22.000, a pesar de varios informes de la Unión Europea y las Naciones Unidas indicando que alrededor del 90% de dicha coca acaba en manos del narcotráfico.

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La tensión entre México y los Estados Unidos de Trump continúa en auge tras las declaraciones del Presidente Trump en su discurso inaugural ante el Congreso afirmando que pronto comenzará la construcción de su gran muro con México y tras la aclaración hecha por su Vicepresidente, Mike Pence, el día siguiente en una entrevista en “Good Morning America” en la que aseguraba que México pagará el muro. En respuesta a estas provocaciones, el Presidente Peña Nieto ha lanzado una campaña de 50 millones de dólares para que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos den asistencia legal a inmigrantes en riesgo de deportación.

Sin embargo, las preocupaciones han crecido tras las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, asegurando que estaban pensando en la separación forzosa de familias para disuadir a familias de toda Centroamérica de cruzar a los Estados Unidos. El Canciller de México, Luis Videgaray, ha comunicado su preocupación al Gobierno de los Estados Unidos asegurando que dicha medida sería considerada como una violación de los derechos humanos y que tal separación conllevaría traumas psicológicos irreparables a los menores.

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El Senado de Estados Unidos ha apoyado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro en su intento de activar la Carta Democrática Interamericana por la que se podría llegar a la suspensión temporal de Venezuela como miembro y aumentar las sanciones para forzar al Gobierno de Nicolás Maduro a sentarse a negociar con la oposición. La misiva del Senado estadounidense exhorta al Gobierno de Estados Unidos a pedir a sus aliados europeos y asiáticos a sumarse a la presión hacia el Gobierno de Maduro.