Informe Sobre Venezuela (6 abril 2017)

Condena internacional por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de suprimir la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional y la adjudicación de sus competencias a la Sala Constitucional del TSJ. La decisión fue tomada tras desobedecer la Asamblea la petición del TSJ de no juramentar a los diputados del Estado de Amazonas tras irregularidades en la votación en las pasadas elecciones legislativas. La oposición acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer un golpe de estado y movilizaron a sus seguidores en protestas por todo el país. La comunidad internacional condenó la decisión del tribunal como un atentado a la democracia, con declaraciones tanto de Mercosur como de la Organización de Estados Americanos, así como de muchos países. Sin embargo, horas después Maduro exhortaba al TSJ a reconsiderar la sentencia, y el tribunal acató invalidando su propia sentencia. Esto se debe, más allá de la presión externa e interna hacia al régimen, al poco apoyo que recibió el ejecutivo por parte de sus aliados tradicionales, Cuba no se pronunció sobre la sentencia, Rafael Correa declaró que “Ecuador no es Venezuela” y solo el presidente de Bolivia, Evo Morales, salió en apoyo de su mayor aliado.

El trasfondo de la situación es, sin embargo, más complejo y se ha de prestar atención hacia Petróleos de Venezuela (PDVSA) la empresa estatal del petróleo, de la cual dependen ampliamente las cuentas venezolanas, y que se encuentra en una profunda crisis desde el golpe de estado de Hugo Chávez en 2002. La salida de los expertos de la petrolera por motivos ideológicos llevó a la empresa estatal a perder cuota de producción por la incompetencia de la nueva directiva, elegida a dedo, y ha acarreado la situación límite de estos últimos meses. En abril el PDVSA afronta el pago de 2.900 millones de dólares que, de no ser pagados, pondrían en riesgo el Gobierno de Nicolás Maduro. El presidente acordó una solución con Rosneft, petrolera propiedad del Gobierno ruso, que le proporcionaría liquidez para afrontar los pagos, pero dicho acuerdo requería de la aprobación de la Asamblea que mostró su negativa a firmar cualquier asociación para poner fin al Gobierno de Maduro. Esto llevó a la sentencia del TSJ, dominado por chavistas, que inhabilitó a la Asamblea y permitió al tribunal modificar el reglamento para permitir a PDVSA la creación de empresas mixtas público-privadas sin aprobación legislativa. De esta forma Maduro asegura el acuerdo con Rosneft y la supervivencia de su Gobierno, a pesar de que Rosneft todavía no ha tomado una decisión definitiva. Rusia consigue del acuerdo un 10% de participación en la filial Petropiar presente en la Franja del Orinoco (un 70% propiedad del Estado y un 30% de Chevron), una de las zonas de producción petrolíferas más prometedoras del mundo y, en caso de que PDVSA no afronte sus pagos, se adjudicaría la mitad de las acciones de Citgo, la filial venezolana en Estados Unidos.