El Salvador, Honduras y Guatemala enfrentan graves limitaciones financieras que podrían ser un obstáculo en su capacidad de implementar reformas en los organismos de policía y judiciales y poner en vigor nuevas medidas de seguridad.

En El Salvador, el país más violento de la región, las diferencias políticas han retenido una propuesta de emisión de US$157 millones en bonos para financiar las “medidas extraordinarias” contra las pandillas, actualmente en ejecución.

(Escrito porMike LaSusa. Este articulo apareció originalmente en Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.)

El partido de gobierno Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) ha solicitado al congreso que apruebe la emisión de bonos. Pero La Prensa Gráfica informaque no hay claridad sobre si la oposición, conformada por una pluralidad de escaños en el parlamento, votará a favor de la propuesta debido a los desacuerdos dentro del partido.

Delegados del FMLN han declarado en público que de no aprobarse la medida de los bonos podrían buscar un aumento en los impuestos.

En Guatemala, la fiscal general Thelma Aldana ha advertido que su despacho enfrenta una “alarmante” crisis financiera que ha afectado su capacidad de operaciones. Según El Periódico, algunos empleados han debido hacerse cargo de necesidades básicas, como papel para impresoras e incluso papel higiénico con dinero de su bolsillo.

El contralor general de Guatemala, Carlos Mencos, atribuyó el problema a una ley que obliga a los organismos de gobierno a abrir licitaciones para compras superiores a 10.000 quetzales, cerca de US$1.300. Mencos declaró que su oficina propuso cambios a esa ley, pero no se han aprobado.

En Honduras, la ley que creó una comisión especial de “depuración de la policía” (pdf) no asignó presupuesto a dicha entidad, aunque autorizó a las autoridades financieras a emitir bonos para pagar los costos en los que se incurriera.

Revistazo informa que el trabajo de la comisión parece avanzar a buen ritmo, pese a la falta de presupuesto oficial, pero hay amplio consenso entre los expertos en políticas públicas en cuanto a que la ausencia de presupuesto formal planteará serios problemas para la planificación y la implementación de políticas de gobierno a largo plazo.

Los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, siguen siendo las naciones más pobres del hemisferio, lo que significa que las limitaciones de recursos afectan un amplio espectro de políticas públicas, incluyendo las de justicia y seguridad.

En la actualidad, el gobierno de cada uno de los países del Triángulo Norte promete adoptar medidas fuertes para enfrentar el crimen y la corrupción, pero su impacto será limitado a menos que las medidas tengan una financiación adecuada.

Aunque la ayuda extranjera, como el paquete de US$750 millones de Estados Unidos en ayuda dirigida a la seguridad en la región, puede ayudar a mitigar algo de la presión en las arcas públicas, los gobiernos del Triángulo Norte requieren en últimas encontrar la manera de financiar iniciativas cruciales de seguridad y justicia que sean sostenibles, y con recursos propios.

Aunque podría resultar costoso, el impacto económico negativo del crimen y la violencia en la región puede ser extremadamente alto. A largo plazo, los mayores gastos en justicia y seguridad podrían verse como un uso prudente de los recursos.