Evaluación sobre la Amenaza de los Cárteles de la Droga para la Industria Petrolera Mexicana

Resoluciones principales

• El robo de combustible se ha disparado como forma de financiación para los cárteles y bandas criminales, que buscan diversificar sus fuentes de ingreso para combatir la presión a la que les somete el Gobierno mexicano.
• Es altamente probable que esta actividad delictiva incremente en el tiempo y haga aflorar viejos y nuevos grupos criminales, de no poner el Gobierno y Pemex una solución al problema en el corto y medio plazo.
• Los daños económicos que el robo de combustible conlleva a Pemex podrían quebrar la compañía petrolera, cuya producción de petróleo podría verse tan seriamente afectada como para aumentar drásticamente la importación desde otros países como Estados Unidos, lo que repercutiría directamente en el precio de la gasolina para la industria y la población.
• Los trabajadores de Pemex son el gran activo de cárteles y criminales, pues ellos poseen información sobre el paso del petróleo por las refinerías y oleoductos, por lo que la lucha contra la corrupción interna de la compañía debe de ser un eje primordial del plan para frenar el robo de combustible, a la par que ofrecer mayor seguridad a los trabajadores que reciben amenazas de los criminales.

Introducción

Tráfico de drogas, secuestros y asesinatos, son de las principales preocupaciones para la seguridad en México, pero en la última década se observa un aumento imparable de un acto delictivo de menor calibre, pero con gran impacto económico, el robo de combustible, cuyos autores reciben el nombre de «huachicoleros», y sus actos repercuten gravemente en las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ingresa 52 mil millones de dólares anuales, y afecta directamente a los ingresos del Gobierno, dado que la industria supone una quinta parte de estos.

Contexto

Desde el comienzo de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón y continuada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, la estrategia del Gobierno mexicano consistió en descabezar los cárteles para acabar con la estructura interna de estos. Si bien esta estrategia supuso la desestructuración de los cárteles, estos se fraccionaron en grupos criminales mucho más pequeños, con los mismos objetivos, pero con menos recursos y más competición. Estas bandas criminales, y los cárteles aún existentes, buscan diversificar sus fuentes de ingreso para sobrevivir a los ataques del Gobierno y no depender en exceso del narcotráfico; toda la población usa gasolina para hacer funcionar sus coches, y en el día a día de la sociedad, el petróleo es casi tan importante como el agua, es un negocio con una rentabilidad alta y unos riesgos relativamente bajos, por esta razón la industria petrolera fue un claro objetivo para los criminales.

Análisis

La demanda de combustible por los cárteles para diversificar sus fuentes de ingreso ha llevado a que el número de tomas clandestinas de combustible sustraído directamente de los oleoductos de Pemex aumente de las 710 tomas en 2010, a las 10 363 en 2017, un aumento del 868% en siete años, y un 51% más respecto a 2016. El Gobierno mexicano estima que los cárteles ingresan 20 mil millones de dólares del tráfico ilegal de combustible, y expertos aseguran que los cárteles atesoran el 20% del crudo nacional.

El negocio es mucho más rentable que el tráfico de drogas porque apenas implica riesgo para los criminales. Este bajo riesgo radica en diversos factores, el principal es la vasta red de oleoductos que Pemex posee a lo largo y ancho del territorio mexicano, unos 57.000 kilómetros que atraviesan terrenos con diferente orografía, lo que hace muy difícil la protección de toda esta infraestructura. En segundo lugar, la facilidad de la venta del combustible robado, dado que no hay que exportarlo a través de una frontera como ocurre con la droga, sino que se vende directamente en garrafas a la población, al por mayor a grandes fábricas, o a través de gasolineras que acepten esta gasolina ilícita. Y en último lugar, la amplia información que los criminales poseen sobre los movimientos del petróleo en las refinerías y a través de los oleoductos, y el conocimiento para su extracción; información que obtienen mediante sobornos o amenazas a los trabajadores de Pemex, que en muchas ocasiones no tienen más opción que ceder, puesto que ocasionalmente las autoridades locales son cómplices de los cárteles.

No todos los Estados de México sufren robos de combustible, algunas regiones como Baja California, Colima o Querétaro no sufren estos incidentes; los Estados más afectados por el robo de combustible son el de Guanajuato, con 1 852 tomas, seguido por Puebla, con 1 443, Tamaulipas, con 1 100, Hidalgo, con 1 064 y Veracruz, con 1 012; seguidos muy de cerca por los Estados de Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Tlaxcala y el Estado de México. Estos estados son los más afectados debido a que poseen un gran tejido industrial que demanda combustible, el cual se transporta a través de oleoductos que recorren dichos estados; además, en muchos de estos territorios los cárteles tienen una importante presencia. En el caso de Puebla, cabe destacar que en sus fronteras se ubica el llamado «triángulo rojo», una zona por donde el poliducto Minatitlán-México transporta el 40% del crudo nacional, lo que hace que Puebla sea de prioridad para este tipo de criminales.

Los actores protagonistas del robo de combustible varían según la región afectada. Remanentes de los extintos Zetas perpetran estos robos en los territorios de Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Puebla, Campeche y Veracruz; antaño una de las bandas criminales más peligrosas del mundo, actualmente buscan sobrevivir al efectivo plan gubernamental para darles caza, lo que les ha lanzado al robo de combustible como vía de financiación, puesto que los Zetas nunca se han relacionado con el trafico de drogas, sino con la extorsión y el tráfico de personas. Grupos restantes del histórico Cártel del Golfo también han hecho uso de esta práctica, pero se concentran principalmente en Tamaulipas y algunas zonas de Nuevo León. En Guanajuato, el nuevo cártel Santa Rosa de Lima se ha proclamado como el principal perpetrador de estos robos, y amenaza con dinamitar la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual domina en su totalidad los robos ocurridos en Jalisco. El Cártel de Sinaloa, considerado el cártel más importante del mundo, también se ha puesto como objetivo el diversificar sus fuentes de ingreso y domina las tomas producidas en el Estado de Sinaloa, siendo artífice del 13% de las tomas a nivel nacional.

Tanto Pemex como el Gobierno mexicano han puesto en marcha una serie de medidas para poner fin a esta actividad. Pemex dejará de transportar gasolina en camiones cisterna, y pasará a transportar un producto sin tratar que dificultaría su uso por parte de los huachicoleros, por otra parte, los camiones ahora serán dotados de sistemas GPS ocultos que agilizarán su recuperación por parte de las fuerzas de seguridad; jurídicamente, se ha aumentado la pena por robo de combustible, que ahora pasa a ser un delito grave castigado con entre 15 y 25 años de prisión, a la par que se establecen cuantiosas multas que alcanzan los 107 000 dólares. Sin embargo, la medida más importante es un acuerdo entre Pemex y el Gobierno para reforzar la vigilancia de la red de oleoductos nacional con patrullas en tierra y aire.

Pronóstico

El robo de combustible supone una de las actividades delictivas más perjudiciales para México, dado que sus consecuencias repercuten en diversos ámbitos.

Económicamente, las pérdidas de combustible han supuesto mil millones de dólares a Pemex en 2017, a lo que habría que sumar el coste de reparar los daños ocasionados a los oleoductos por los huachicoleros. Esto ocurre cuando Pemex se encuentra en su peor momento, dado que en 2017 sus refinerías solo han operado al 60% de su capacidad por diversos motivos, lo que ha reducido la producción a 1 948 000 barriles diarios en 2017, un 9,26% menos que en 2016, la menor cifra desde 1980. Esta situación podría provocar un descalabro económico de la empresa, dado que un aumento de la actividad delictiva únicamente produciría más pérdidas económicas para Pemex, que anualmente pierde ingresos y posee una enorme deuda que supera los cien mil millones de dólares en 2017.

En el ámbito político, esta nueva actividad criminal podría suponer un jaque a la liberalización del sector petrolero emprendida por Enrique Peña Nieto, que tiene como objetivo la atracción de inversión extranjera para modernizar las obsoletas tecnologías de extracción de Pemex, que a pesar de invertir más dinero cada año, sus inversiones quedan distantes de las multimillonarias inversiones de gigantes como Exxon Mobil, que en marzo pasado anunció inversiones por 20 mil millones de dólares en la costa del Golfo de México. La situación de inseguridad ya está ahuyentando a varias empresas y amenaza con dificultar los esfuerzos gubernamentales para dinamizar el sector, y suponer una pérdida de hasta cuatro puntos del PIB mexicano.

Socialmente, la situación podría provocar un serio problema de desabastecimiento para la población de uno de los mayores países productores de petróleo, como viene ocurriendo en algunos estados de México estos años pasados, lo que llevaría directamente a un incremento de la importación de petróleo, principalmente desde Estados Unidos, lo que aumentaría todavía más el precio de la gasolina, que tras la liberalización del sector creció un 25%; esto a su vez repercutiría directamente en el robo de combustible, puesto los cárteles y criminales venden la gasolina a un precio más barato que el oficial, lo que les llevaría a incrementar su cuota de mercado, y dicha actividad criminal, por un aumento de la demanda de gasolina barata.

Otro aspecto, apenas tenido en cuenta, es el medioambiental, dado que la rotura de las válvulas de extracción clandestinas produce fugas de crudo e incluso grandes explosiones que afectan al medioambiente y suponen grandes costos para subsanar unos daños que a veces son irreparables.

Los beneficios que aporta el robo de combustible podrían disparar aún más la actividad criminal por la relación coste-beneficio del negocio. Por ello, el Gobierno mexicano y Pemex deben poner fin a esta actividad delictiva aumentando la seguridad de oleoductos y de camiones cisterna, para desincentivar a los criminales de su robo. Uno de los aspectos más importantes que las autoridades deben combatir es la corrupción interna de Pemex, dado que ninguno de los cárteles sería capaz de realizar esta actividad de no ser por la valiosa información sustraída a los trabajadores de la petrolera, ya sea mediante sobornos o amenazas, a la par de los materiales para extracción sustraídos a la compañía gracias a estos trabajadores.