Actualización regional (24 de mayo de 2017)

La delicada situación del presidente Temer hace temblar al gobierno de Mauricio Macri por la gran dependencia económica argentina del gigante suramericano. Más allá de arriesgar la tímida recuperación de las exportaciones hacia Brasil desde la llegada de Temer, a Macri le preocupa que el escándalo del presidente brasileño provoque la vuelta al poder de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2018, lo que podría avivar el peronismo y devolverles el poder en Argentina. Así como el eje Kirchner-Lula fue el núcleo en el que se sustentaron multitud de gobiernos izquierdistas regionales, el actual eje Macri-Temer es el que está marcando las pautas en toda Latinoamérica, que cada vez ve a más gobiernos de izquierda caer en las elecciones frente a candidatos más a la derecha, lo cual sitúa a Macri como el líder en todo el continente de la nueva corriente política.

La policía brasileña asalta el barrio de «Cracolandia» en Sao Paulo, conocido por el amplio y libre tráfico y consumo de drogas que se producía en sus calles. En la redada participaron cerca de 1.000 miembros del ejército y la policía. El alcalde de la ciudad, Joao Doria, pondrá en marcha un programa de ayuda social para rehabilitar a los drogodependientes y la remodelación del barrio, donde la policía patrullará diariamente y sus calles serán vigiladas con cámaras de CCTV.

El paro convocado por los trabajadores del segundo mayor puerto comercial en Colombia, en Buenaventura, está sumiendo a la ciudad en una atmosfera de creciente violencia. Tras la suspensión de las negociaciones entre las partes comenzaron los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios, que han provocado la muerte de un oficial de policía. El clima de inseguridad fue aprovechado por delincuentes para el saqueo de multitud de comercios, provocando pérdidas a la economía local cercanas a los US$3 millones. A pesar de la inseguridad y de la implantación de un toque de queda, los paros siguen convocados por la indignación de la población de Buenaventura, donde un 62% vive en la pobreza y donde las inversiones hacia el puerto contrastan con las de la ciudad, que no tiene ningún hospital.

El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC ha dejado al descubierto otra guerra que amenaza la paz en Colombia, la guerra contra el narcotráfico. La concentración de los militantes de las FARC siguiendo lo acordado, ha dejado el 98% del territorio que ocupaban completamente vacío, y este ha sido ocupado por varios cárteles como Los Puntilleros, Los Pelusos o el Clan del Golfo, considerado el más peligroso, que ha iniciado el plan pistola por el cual otorgarán US$400 a sicarios por cada policía asesinado. La evolución de estos cárteles hacia el violento narcoterrorismo obedece a su doble interés de expandir su negocio y ganancias, y a su vez ser considerados un actor paramilitar para poder entablar negociaciones de paz en el futuro que otorguen inmunidad a sus miembros. El Gobierno no tiene intención alguna de negociar y pondrá en marcha una gigantesca operación policial para acabar con estos grupos, aumentará su presencia en los territorios vacíos para proteger a la ciudadanía e iniciará un programa de sustitución de cultivos para reducir las plantaciones de coca a un ritmo de 50.000 hectáreas al año que pondrá contra las cuerdas a los narcotraficantes.

El número de fallecidos aumenta a 53 en unas protestas que tienen paralizada Venezuela desde principios de abril. La población continúa manifestándose masivamente contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha respondido con fuerza bruta y con la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente que dejaría sin poder alguno a la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición. Esta semana Estados Unidos ha aumentado la presión internacional hacia el régimen, imponiendo sanciones contra 8 de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la polémica decisión de arrebatar los poderes a la Asamblea Nacional. Más allá de la congelación de cualquier fondo que los magistrados puedan tener en Estados Unidos y la prohibición de entrar en el país, esta decisión supone un apoyo simbólico de la Administración de Donald Trump a los opositores en su lucha contra Nicolás Maduro.