Actualización regional (13 de julio de 2017)

El narcotráfico deja un reguero de sangre en Guadalajara, la capital del Estado de Jalisco. Tres personas encontradas en bolsas de basura, dos acribillados en plena calle, tres colgados de un puente en el municipio de Zapopan al oeste de la ciudad y un ladrón tiroteado por la policía cuando se dio a la fuga. Aparte de la extendida lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el debilitado Cártel de Sinaloa, entre los muertos también se encuentras muchos ladrones comunes, ajusticiados por el CJNG en un intento por ganarse el favor de la población ante la inacción policial y judicial frente a la delincuencia común.

Continúa creciendo el escándalo del programa de espionaje Pegasus en México. Tras conocerse el espionaje a periodistas mexicanos, recientemente se ha descubierto que el software también era usado para espiar a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, encargados de investigar la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, y que cuentan con inmunidad diplomática. Aunque las sospechas de que el virus fue usado por el Gobierno de México siguen aumentando, el Gobierno ha negado estar detrás del caso de espionaje.

Condenado a nueve años de prisión el expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva, por corrupción y blanqueo de dinero. El caso Petrobras se cobra así su víctima más importante, el expresidente que encabezaba la intención de voto para las elecciones de 2018, el expresidente todavía puede recurrir la decisión del tribunal, pero si su condena es reafirmada, sería inhabilitado y no podría presentarse a las elecciones.

La Fiscalía General de Colombia concluye que existieron pagos de la constructora brasileña Odebrecht hacia las campañas políticas tanto del actual presidente Juan Manuel Santos, como a la de su opositor Óscar Iván Zuluaga, cuando ambos se enfrentaron en las elecciones de 2014. Ambos candidatos negaron haber recibido dinero, pero de los 85.000 millones de pesos que se gastaron en las dos vueltas de las elecciones, menos del 45 por ciento fue financiado por el Estado, teniendo el dinero restante procedencia desconocida.

Si bien todo el mundo está hablando del muro que Donald Trump quiere levantar entre México y Estados Unidos, apenas nadie habla sobre el muro que Ecuador ha empezado a construir en su frontera con Perú en las colindantes ciudades de Huaquillas, en Ecuador, y Aguas Verdes, en Perú. Ambas ciudades están divididas por el canal Zarumilla, y en el puente que conecta ambas ciudades existe un mercado sumido en el caos y la delincuencia. Ecuador argumenta que levanta el muro para acabar con la impunidad en la zona y para protegerse de las inundaciones provocadas por la subida del canal. Perú argumenta que Ecuador está violando los Acuerdos de Brasilia que pusieron fin a la guerra entre ambas naciones, y en los que Ecuador se comprometía a dejar una franja de diez metros en su lado del canal para el mantenimiento y limpieza del mismo, franja que el muro no está respetando y que provocaría que cualquier subida del canal fuese a parar al lado peruano provocando mayores inundaciones. Ya hay reuniones previstas para este mes entre diplomáticos de ambos países, pero el alcalde de Huaquillas ha asegurado que el muro se construirá, y recomendó al alcalde de Aguas Verdes que construya otro en su lado de la frontera.

Matanza en un penal de Acapulco, México, cuando tres reos y cuatro guardianes se cobraron la vida de 28 personas del penal. La trifulca se enmarca en la guerra entre cárteles, más concretamente en el intento del recién formado Cártel Independiente de Acapulco de gobernar la prisión afectada. El Gobernador del Estado de Guerrero ha explicado que el hecho tenía que pasar en algún momento, puesto que casi todas las cárceles mexicanas sufren de sobrepoblación y es imposible controlar el contrabando en su interior.

El líder opositor venezolano Leopoldo López sale de prisión y pasa a estar bajo arresto domiciliario, así lo comunicó el Tribunal Supremo de Justicia, tras haber tomado la decisión la Sala de lo Penal. La decisión ha sido recibida con gran felicidad por parte de la familia de López y por toda la oposición. El Gobierno de Nicolás Maduro no ha dudado en mostrar su descontento con la decisión del tribunal, pero asegura que acatará dicha sentencia y espera que sirva como ejemplo de que las autoridades quieren negociar con las instituciones en rebeldía. Nada más lejos de la realidad, el opositor llamó, ahora desde su casa, a seguir con la lucha por la libertad de Venezuela, y también entre los manifestantes se ha celebrado la decisión con prudencia.

Conmoción en El Salvador por la condena de 30 años a una joven por homicidio al fallecer su bebe poco después de dar a luz en su octavo mes de gestación, fruto de una violación. Las asociaciones feministas salvadoreñas no dan crédito de la decisión del tribunal y ya han anunciado que recurrirán la sentencia. La estricta legislación salvadoreña en lo relativo al aborto hizo famoso al país cuando en 2013 se le negó el aborto a una mujer cuyo hijo se estaba desarrollando sin cerebro y su muerte al nacer fue asegurada por todos los médicos, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que forzó a El Salvador a practicar una cesárea temprana a la joven.

El fiscal Germán Juárez Atoche interpone una denuncia contra el expresidente de Perú Ollanta Humala y contra su esposa Nadine Heredia por lavado de dinero y asociación ilícita. El fiscal argumenta que tiene información suficiente para demostrar que el expresidente recibió tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral. El juez Richard Concepción Carhuancho ha abierto audiencia para que ambas partes expongan los hechos y se decida sobra la imputación del expresidente.

Rifirrafe entre jueces y gobernadores en México por el nuevo código penal. Los gobernadores de los 32 Estados aseguran que el nuevo código es demasiado transigente y permitiría a los criminales volver a las calles rápidamente, permanecer en libertad mientras dure su juicio y recurrir sus sentencias en base al nuevo código. Los jueces sin embargo reprochan a los gobernadores el haber derrochado millones de pesos en mejorar el sistema, pero no haber invertido en la profesionalización de la policía y el Ministerio Público; y argumentan que la solución no es generalizar la prisión preventiva o endurecer el código penal, sino mitigar el problema real, la delincuencia y la violencia en México, que no es labor de los jueces, sino de los policías y gobernadores.