Actualización regional (10 de julio de 2017)

Se agudiza el choque de trenes en Venezuela, el intento de los tribunales de rebajar la tensión liberando a Leopoldo López para ponerlo bajo arresto domiciliario no ha tenido el efecto esperado. Tanto la oposición como el Gobierno de Nicolás Maduro endurecen sus medidas contra el contrario. El chavismo ha incrementado el número de arrestos y se calcula que ya existen más de 400 presos políticos en Venezuela, a la par que el ala más radical del chavismo exhorta a Nicolás Maduro a tener mano dura con los opositores, al considerar que empieza a haber un riesgo a la «Revolución Bolivariana» de Hugo Chávez. Mientras, los opositores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) celebraron el éxito de la consulta convocada el pasado domingo para mostrar el rechazo a la constituyente, y han declarado que en breve nombrarán nuevos miembros para el Tribunal Supremo y el Colegio Electoral, y que se formará un Gobierno de unidad nacional a la par que depurarán las fuerzas de seguridad, incluido el ejército. Este Gobierno paralelo comienza a ser temido entre los miembros del chavismo, pues muchos países ya han mostrado su beneplácito a reconocer a dicho Gobierno y desconocer al de Maduro, lo que daría legitimidad al nuevo Gobierno para pedir ayuda extranjera o incluso ocupar los asientos de Venezuela en múltiples organismos internacionales.

La justicia argentina estrecha el cerco a la familia Kirchner. Desde su salida de la Casa Rosada, el kirchnerismo no ha dejado de ver como muchos de sus pesos pesados han sido acusados por la justicia por cargos de corrupción, a cada nuevo caso, un nuevo acusado de mayor peso en los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner, cercando a la pareja presidencial, que ya está investigada por varios crímenes. Sin embargo, esto no ha servido para que Cristina de Kirchner cese en su intento de volver a la primera línea de la política, y continúa su campaña para ser elegida senadora por la provincia de Buenos Aires, a pesar de todos los casos que la persiguen.

Estados Unidos da a conocer un documento de 18 páginas en las que expone sus objetivos para la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN-NAFTA). El principal punto del documento radica en la reducción del déficit comercial que Estados Unidos tiene con México, que ronda los US$64.000 millones. También recoge la intención de mejorar el acceso de productos estadounidenses a los mercados mexicano y canadiense, la revisión de políticas de subsidios que puedan alterar la competencia, y aumentar los estándares regulatorios medioambientales y laborales para equipararlos. La Administración de Trump también ha mostrado su decisión de eliminar el artículo 19 del tratado, que obliga a que toda acción de dumping y proteccionista sea resuelta en paneles de arbitraje, lo que permitiría a Donald Trump ampliar su política proteccionista, algo que seguramente sea ferozmente rechazado por Canadá. Por parte de México, el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, ha declarado que no se ha sorprendido por las peticiones estadounidenses, pero que encuentra preocupante que el Gobierno de Donald Trump esté obsesionado con reducir su déficit comercial con México y ha acusado a Estados Unidos de intentar diezmar el tratado en vez de mejorarlo para aumentar el comercio entre las tres naciones. México se encuentra preparado para entablar las negociaciones para reformar el TCLAN, tal y como demuestra la subida de nota de solvencia de Standard & Poor’s, que ahora reconoce a México como un mercado estable con el nivel BBB+.

Cerco internacional al Gobierno de Nicolás Maduro por la convocación de la constituyente. Estados Unidos ha declarado que la consulta convocada por la oposición el pasado domingo demuestra el rechazo de la población a la constituyente que Maduro pretende formar a finales de julio, y ha exigido al Gobierno venezolano dar marcha atrás en la misma o se verá enfrentado a duras sanciones económicas que, por primera vez en el mandato de Donald Trump, incluirán castigos al sector petrolero venezolano. Al otro lado del Atlántico, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó que 27 de los 28 Estados Miembros están dispuestos a imponer sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro si se convocase la constituyente, siendo Portugal el único país que se muestra escéptico. El cambio de postura en el viejo continente, que previamente llamaba al diálogo entre Gobierno y oposición, se dio cuando Maduro comenzó a aplicar medidas más autoritarias como arrebatar el poder a la Asamblea Nacional, o la convocación de la constituyente, lo cual provocó un giro en la actitud europea, encabezado por España, uno de los principales receptores de peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos.