Ley de ZIDRES y los potenciales riesgos de las iniciativas agroindustriales en Colombia

La demanda que acaba de ser puesta en Colombia en contra de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) por varios congresistas nos da una idea de los potenciales retos que una iniciativa como esta tendría en Colombia. Desde que la ley fue discutida en el congreso colombiano, ONGs como OXFAM, CODHES, Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones se opusieron a que fuera aprobada.  

Pero la controversia no ha terminado ahí. La ley Zidres pretende transformar las dinámicas económicas y uso de la tierra en diferentes regiones del país que se consideran o consideraban improductivas. El modo: la creación de unas iniciativas productivas en la que participan campesinos y empresas. Sin embargo, este argumento no sigue convenciendo a muchos en el país porque, según los senadores de los partidos polo democrático y de la alianza verde que demandaron la ley al inicio de marzo para que fuera inaplicable, los campesinos en Colombia se verían seriamente perjudicados.

Una de las principales figuras consideradas en la ley, y que es la que causa más polémica, es que el uso y explotación de Zidres se hará por medio de proyectos que serán presentados al Ministerio de Agricultura de Colombia por parte de empresas de distinto tipo. Estas empresas deberán tener en cuenta dentro de sus propuestas distintas consideraciones de sostenimiento ambiental, de seguridad y participación de comunidades de campesinos y propietarios individuales en la zona del proyecto, y de legalidad de los títulos de propiedad de las tierras que participarían de la iniciativa. El problema radica en que la manera en la que están pensados estos proyectos entraría en abierta contradicción con las iniciativas alimentarias y de uso de la tierra que han venido adelantando de manera independiente diferentes campesinos y asociaciones de campesinos en el país durante las últimas décadas. Tres puntos causan gran preocupación.

• En primer lugar, el modelo que se implementaría en las iniciativas a desarrollar en las Zidres sería asociativo, en el que los campesinos participarían como trabajadores, beneficiarios de programas de formación y apoyo técnico y de soporte para acceder a créditos para la compra de tierras. Con base en esta disposición, la demanda argumenta que los campesinos perderían su autonomía frente a las empresas que se encargaran de ejecutar los proyectos.

• En segundo lugar, la ley establece que los territorios de propiedad de la nación, denominados baldíos, podrían ser utilizados en estos proyectos con la condición de que su título no sea transferido a la empresa que lleva a cabo la iniciativa productiva. Sin embargo, la demanda argumenta que el contenido de la ley ofrece a las empresas la posibilidad de hacerse a la propiedad de una gran cantidad de estas tierras. Como también lo establece la ley, campesinos podrán acceder a la propiedad de la tierra involucrada en el proyecto, incluidas zonas de tierra consideradas baldíos sobre los que estos campesinos pueden reclamar propiedad. Con la titulación de las tierras, estas podrían ser compradas por las empresas en el marco de la ejecución del proyecto. Es más, como lo considera la ley, los campesinos que participen de estas iniciativas pueden entregar sus tierras como aporte al proyecto si así lo quieren. En términos prácticos, estos procesos de uso y titulación de la tierra abren la posibilidad para procesos de acumulación de tierra en el país, una de las causas principales del conflicto armado en Colombia.

• En tercer lugar, las Zidres estarían ubicadas en zonas con alta tensión social y política. de acuerdo a lo que ha declarado el superintendente de Notariado y Registro de Colombia, estarían distribuidas en cinco regiones del país: La Guajira, Chocó, Norte de Santander, la Orinoquía y la Amazonía. Lo problemático con esta distribución es que en estas regiones del país se mezclan los reclamos por tierra de distintos grupos campesinos y las dinámicas del conflicto armado colombiano. De acuerdo a un análisis presentado por Verdad Abierta con datos de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones sociales en el país, en las cinco regiones, hacen presencia tanto la guerrilla como los miembros de bandas criminales y existen reclamos para la titularización colectiva de la tierra como Zonas de Reserva Campesina y otras como zonas agroalimentarias. Según lo dispuesto en la ley, no existe una restricción para que las zonas agroalimentarias o las Zonas de Reserva Campesina aún no constituidas no sean incluidas dentro de las Zidres, lo que las pondría dentro del mapa de las zonas donde tentativamente se implementarían estos proyectos productivos. La potencial implementación de estos proyectos y su choque con las iniciativas de organizaciones de campesinos locales por la propiedad y uso de la tierra junto a la presencia de grupos armados en las regiones suma a la tensión que existe frente a la posible implementación de la ley.

OJO

La ley Zidres abre la posibilidad para que empresas nacionales y extranjeras inviertan en diferentes proyectos productivos agroindustriales. Es importante que las empresas y organizaciones interesadas en participar de estas iniciativas consideren con cuidado los potenciales impactos de estas actividades en las regiones donde se llevarían a cabo. Aunque la ley sea declarada inconstitucional, el gobierno nacional ha insistido en su esfuerzo por implementar iniciativas agroindustriales en el país.

En el marco de un posible acuerdo de paz, es importante que, ya sea con la figura de las Zidres o de otra iniciativa que pueda ser implementada en el futuro, las inversiones de empresas extranjeras estén atentas en dos frentes desde la planeación de sus iniciativas. Por un lado, es indispensable que procuren mantener unas buenas relaciones con las comunidades y las organizaciones de campesinos que viven y trabajan en las regiones. Cada una de ellas tiene historias distintas de tenencia y uso de la tierra y es importante respetar los procesos sociales y políticos que están detrás de ellas para no poner a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad o subordinación frente a las decisiones que tome la empresa sobre el proyecto.

Por otro lado, es importante que las compañías presten mucha atención a las acciones de los actores armados en la zona. Algunos pueden aprovechar para que los procesos de titulación de la tierra les sirvan para acumular una gran cantidad de propiedades y luego re venderlas o, incluso, a ofrecer servicios o recibir solicitudes para que presionen a los campesinos que viven en la zona para que compren o vendan su propiedad.