Asignación de licencias ambientales anima debate sobre las actividades del sector energético en Colombia después de firma de paz con las FARC

¿Por qué a mediados de abril el gobierno colombiano asignó una licencia para exploración de hidrocarburos y un mes después la suspendió? Esa es la pregunta que ronda en distintos círculos en Colombia que, por el momento, han tenido opiniones divididas sobre la asignación y la posterior suspensión de la licencia ambiental que había sido otorgada a Hupecol Operating Co. LLC. Pero el tema no se ha quedado sólo en una discusión sobre las aparentes contradicciones que se presentan en las decisiones que toma el gobierno colombiano. El debate de fondo, más bien, tiene que ver con el proyecto y modelo de desarrollo que el gobierno nacional pretende implementar en distintas regiones del país luego de la firma de los acuerdos de paz que se están negociando entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Para empezar, hay que mencionar que la zona en la que se presentó el sonado escándalo ha sido ni más ni menos que una de las zonas de mayor influencia de las FARC en sus 60 años de existencia. Es más, la zona se encontraba en San Vicente del Caguán, uno de los municipios que formaba parte del área que fue despejada por los militares colombianos y ocupada exclusivamente por las FARC durante el proceso de paz que tuvo lugar a finales de la década de 1990. La influencia del grupo en la zona, aún después del fin de ese proceso de paz hace 15 años y el inicio del proceso actual, sigue siendo alta y es tal que hoy en día todavía los pobladores locales del municipio de La Macarena (también parte de la zona de despeje de finales de los 90) están obligados a pagar una contribución a las FARC. Incluso, todavía se respetan ciertas reglas que fueron impuestas por las FARC como el hecho que el día de descanso de la semana sea el miércoles y no el domingo.

El reciente gesto del gobierno nacional de evaluar e incluso conceder una licencia para la exploración de hidrocarburos en la zona indicaría que este tiene importantes planes para las áreas que, con la aparentemente cercana desmovilización de los guerrilleros de las FARC, serían accesibles de manera segura para las empresas del sector extractivo. De hecho, el presidente de la compañía nacional de petróleos de Colombia, ECOPETROL,

Fue precisamente tres semanas antes de la fecha en la que el presidente de ECOPETROl hizo estas declaraciones, el 18 de marzo, que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA entidad encargada de entregar autorizaciones y permisos para el sector extractivo) autorizó a Hupecol para hacer exploración en zonas que hacen parte de la Serranía de la Macarena, en los municipios de La Macarena, (departamento del Meta) y San Vicente del Caguán, (departamento de Caquetá). Un mes después, el 15 de abril, el Ministerio de Medio Ambiente pidió que la licencia fuera revocada porque su asignación había desconocido que la zona hacía parte de un área en la existe una prohibición de la extracción de hidrocarburos  impuesta por la entidad encargada de la conservación ambiental en la región, la Corporación Autónoma Regional de la Macarena CORMACARENA. Cuatro días después, la ANLA revocó el permiso.

Durante el mes que transcurrió entre la emisión de la licencia y su cancelación, los habitantes de los municipios incluidos en la zona de exploración propuesta manifestaron constantemente su preocupación por las consecuencias que tendrían las perforaciones en los niveles de agua de los nacimientos y cuencas de los ríos Guayabero, Duda, Losada y Caño Cristales. Incluso, la gobernadora del departamento del Meta, se manifestó en contra de la exploración en la zona ya que el área es una de las de mayor diversidad en microclimas y ecosistemas en el país. Al final, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que todos estos reclamos eran sustentados y la asignación de la licencia fue sólo un error de la ANLA.

El debate que despertó la asignación y cancelación de la licencia provocó la indignación de la firma Hupecol, que insistió en que el revocamiento tenía que ver con un tema político y no con decisiones técnicas, y que no descartaban la posibilidad de demandar al Estado. La firma argumenta que con la revocatoria no toma en consideración los 3.000 millones de pesos (1 millón de dólares) que fueron invertidos en un estudio que tardó 5 años y declaraba que era viable la explotación petrolera en la zona. El presidente de la Asociación Colombiana de petróleo y varios analistas en el tema de minería se sumaron a la posición de Hupecol y también añadieron que tal posición pone en riesgo la confianza de inversionistas en el país en el futuro.

En medio de semejante discusión, varias voces se alzaron para decir que la idea ya generalizada de que la explotación de hidrocarburos sólo trae consecuencias negativas no es cierta y por tanto es errado basarse en esa generalización para llevar a cabo evaluaciones ambientales o informar las decisiones del Estado colombiano. Otras, como la del Alcalde del municipio de la Macarena, insistieron en que la asignación de esta licencia iba en contravía de los esfuerzos que ya han hecho los gobiernos locales para consolidar la región como de interés turístico y ambiental, que es el tipo de proyectos que otros altos funcionarios del gobierno, como el Ministro de Hacienda, consideran es indispensable incentivar en Colombia para el post-conflicto. De todo el debate, varios puntos deben destacarse:

1. Existen potenciales conflictos entre las decisiones que se toman en el nivel local y el nacional en Colombia. Si bien, CORMACARENA llevaba varios años en el diseño de un plan de protección del área, al parecer sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por el gobierno nacional en la asignación de la licencia.
2. Los diseños organizacionales en las instituciones ambientales del nivel nacional y la legislación colombiana pueden estar afectando la toma de decisiones a la hora de asignar licencias. Los cambios en las regulaciones para obtener licencias ambientales que redujeron el tiempo de 24 a solo 3 meses junto al sistema de contratación en la ANLA que hace pagos por obra terminada a sus empleados estarían estimulando que las licencias se aprueben sin una prudente consideración y evaluación.
3. La asignación de licencias ambientales y la distribución de las zonas de exploración petrolera en el país no sólo puede corresponder a evaluaciones técnicas sobre los tipos de usos del suelo, el control de los potenciales impactos ambientales o el cumplimiento de requisitos legales. Las actividades económicas y de inversión en distintas regiones del país tiene que tener en cuenta los reclamos y preocupaciones de las autoridades y comunidades locales y no pueden llevarse a cabo sin tener en cuenta sus opiniones y consideraciones.

OJO

La historia de Hupecol Operating Co. LLC en Colombia les proporciona varias pistas a las empresas interesadas en invertir e iniciar operaciones en el país. Como parece claro con las actividades del gobierno nacional, existente un interés en promover la asignación de licencias de exploración petrolera en zonas en las que el conflicto armado colombiano no la había permitido antes. Sin embargo, los nuevos escenarios a los que enfrenta la implementación de estos proyectos están configurados por las relaciones, tensiones, reclamos y expectativas ya presentes en estas regiones y que, en parte, se deben a las dinámicas locales que adquirió el conflicto colombiano en la localidad. Una de las líneas que ha marcado la posición de guerrillas como el ELN y las FARC en Colombia es su oposición a la puesta en marcha de proyectos de desarrollo basados en la extracción de hidrocarburos en el país, y esa posición recoge las inquietudes de muchos líderes, organizaciones y comunidades.

Esta situación implica que las compañías e inversionistas interesados en el país deben tener en cuenta las implicaciones políticas de sus actividades en Colombia. Aunque muchos miembros del sector petrolero han señalado que la revocatoria de la licencia manda una señal negativa, la revocatoria es más bien una señal sobre la falta de comprensión de las dinámicas políticas en las distintas localidades donde se hace o pretende hacer explotación petrolera. Como también lo muestra el debate técnico en el que Hupecol, el Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA se involucraron, todas las partes ofrecieron argumentos técnicos suficientes para sustentar sus posiciones, pero ese no es el punto central de la controversia. El punto versa sobre los aspectos políticos en juego. Sin duda, la falta de comunicación con las comunidades y autoridades regionales y locales en el momento del licenciamiento no permitió que Hupecol identificara que en la región ya se encontraba en trámite un proyecto para excluir su zona de interés de las áreas de posible explotación petrolera.

La ejecución de un proyecto económico, especialmente en zonas profundamente afectadas por el conflicto, depende de que en ella se encuentran articulados los intereses locales y se reconozcan no solo las decisiones del nivel nacional, sino también los intereses y dinámicas sociales, políticas y económicas del nivel local. Si bien, hay retos para el gobierno colombiano para armonizar las decisiones e intereses de los niveles nacional, regional y local, esto no implica que las empresas den sólo relevancia a los procedimientos del nivel nacional. Mantener buenas relaciones con las comunidades y una reputación adecuada que le de legitimidad y genere confianza entre las instituciones locales, las comunidades y las empresas e inversionistas interesados es imprescindible y una condición obligatoria.