La manifestación social en Colombia pone de relieve la existencia de diferentes proyectos de desarrollo económico y social en el país

Para mediados de julio, el gobierno y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular han reportado que los acuerdos a los que llegaron en junio en materia de derechos humanos, derechos de las víctimas, política agraria y de propiedad de la tierra en Colombia se han cumplido con éxito.

Al final de mayo, la Cumbre Agraria organizó un paro nacional que presionó al gobierno nacional a comprometerse con estos acuerdos. Sin embargo, el paro de conductores de camiones que hoy en día tiene lugar en Colombia no ha recibido mismo trato con el gobierno nacional argumentando que este gremio está utilizando estrategias violentas de presión y ha declarado ilegal la protesta. La suerte diferente que han tenido las dos manifestaciones lleva a pensar que las tensiones sociales que existen entre las medidas económicas del gobierno y las agendas de las organizaciones sociales en el país no se solucionan de un modo simple. Es más, estas tensiones tienen importantes impactos en el ambiente de inversión en el país y ofrecen un panorama que debe ser tenido en cuenta por inversionistas en Colombia.

Las protestas de 2016

El 30 de mayo de 2016, diferentes organizaciones sociales y políticas en Colombia de campesinos que se dedican a las economías de subsistencia, afrocolombianos y distintos grupo étnicos, se reunieron en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y convocaron a un paro nacional que significó que durante varias semanas en el país se hicieran marchas y manifestaciones públicas, y bloqueos en diferentes carreteras en Colombia que impidieron el paso de mercancías, comida y suministros en el noroccidente y el suroriente del país. Los eventos estuvieron marcados por los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los manifestantes, la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía colombiana (ESMAD), no sólo en las vías y carreteras donde se presentaron los bloqueos, sino también en las zonas urbanas de Cali, Medellín, Manizales y Bogotá, entre otras, donde tuvieron lugar diferentes manifestaciones. Con más de 100 puntos de concentración, las actividades se extendieron por más de 7 departamentos, con una concentración de 10.000 personas en el departamento del Cauca alrededor de la Vía Panamericana, una de las conexiones comerciales más importantes del país y la única que comunica el suroccidente de Colombia.

Los eventos, produjeron desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible en las ciudades de Pasto y Popayán. Con 3 manifestantes muertos y más de 200 heridos, el día 12 de junio, los líderes de la Cumbre y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo que establecía el desbloqueo de las vías y varios mecanismos para que el gobierno nacional garantizara que no iba a interrumpir su interlocución con la Cumbre y que el establecimiento de varios mesas y espacios de trabajo entre el gobierno y la Cumbre Agraria para que se cumpliera lo acordado en temas de víctimas, paz, propiedad de la tierra y derechos humanos.

Las manifestaciones del paro nacional recogieron las inquietudes de varias organizaciones sociales en el país quienes protestaron por el modelo de desarrollo económico que se adelanta en el país, en especial el que ha venido impulsando el gobierno nacional con la aprobación de iniciativas como la ley ZIDRES (de la que ya hemos hablado en otros informes), el licenciamiento y financiación de proyectos agroindustriales y mineros, entre otras acciones. En el pliego de peticiones que hizo la Cumbre, se incluían otras peticiones como la evolución del ESMAD, el reconocimiento del derecho a la protesta y la existencia de garantías de protección a los derechos humanos para los movimientos sociales y la protesta social y política en el país. Las protestas del año 2016 fueron una consecuencia del anterior paro agrario convocado por la misma Cumbre Agraria en el año 2013, y frente a la que el gobierno nacional se había comprometido a trabajar para apoyar la consolidación de las zonas de reserva campesina, los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y las consultas previas que deben realizarse de manera obligatoria en los territorios donde se llevan a cabo proyectos extractivos o agrícolas de gran envergadura. Es importante tener en cuenta que Colombia es parte de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta previa a pueblos indígenas.

El debate y los acuerdos

Lo que para la Cumbre Agraria consistía en un rampante incumplimiento del gobierno, para los altos cargos de la administración central había sido un compromiso constante por parte del gobierno en cumplir con lo pactado en 2013. La diferencia entre las dos posturas significaba, básicamente, que mientras que para el gobierno central su participación en las reuniones con la Cumbre cubría la mayoría de sus obligaciones, para la Cumbre el asunto el cumplimiento de los compromisos del Estado consistía en una transformación en su postura y el modo en el que venía implementando su actual programa de desarrollo económico y social.

Los acuerdos del 12 de junio incluyen varios elementos que vale la pena tener presentes:

• En el tema del reconocimiento a la protesta social y la protección de derechos humanos,el gobierno nacional junto a la Cumbre estableció mecanismos detallados para hacer una revisión profunda de la normatividad colombiana respecto a la protección de defensores de derechos humanos y activistas sociales, y para evaluar la situación de las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas y manifestaciones sociales del paro nacional de 2013 y 2016. En términos concretos, el Estado colombiano se comprometió a seguir estos casos concretos y a investigar y a juzgar a las personas detenidas para evitar que quedaran en limbos judiciales. Del mismo modo se comprometió a enviar comunicaciones a todas las oficinas del gobierno con instrucciones claras de respeto a las manifestaciones sociales.

• Frente a los puntos del pliego de la Cumbre en temas relativos a los proyectos impulsados por el gobierno central, el Estado se comprometió a revisar los procesos de legalización de predios que están pendientes y a establecer una comisión junto a la Cumbre Agraria para analizar los títulos, los contratos y las autorizaciones que se dan en el sector minero energético en el país. El gobierno nacional también se comprometió a organizar con su propio presupuesto varios foros de trabajo en todo el país para escuchar diferentes propuestas locales para el desarrollo del sector minero-energético. Del mismo modo, entre los acuerdos que se establecieron se decidió por la instalación de mecanismos particulares para la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina, zonas que no pueden ser parte de los proyectos agrícolas y energéticos del gobierno nacional y que son especialmente protegidas.

• En lo que refiere al proceso de paz que actualmente está finalizando exitosamente con las FARC en La Habana, y los esfuerzos de construcción de paz que se desprenden de su aprobación y discusión, la Cumbre logró que el gobierno se comprometiera a diseñar una estrategia de comunicación sobre el tema con las comunidades indígenas en el país y los campesinos y sus organizaciones. Del mismo modo, la Cumbre Agraria y el Estado serán miembros de la comisión que conforme un Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para influir y definir la estrategia de inversiones para las atenciones de diferencias comunidades étnicas en el país. La exitosa implementación de los acuerdos de paz depende en gran parte de medidas de difusión y participación ciudadana como las que se propone con los acuerdos entre la Cumbre y el gobierno colombiano.

OJO

El paro agrario puso sobre la mesa la importancia de escuchar y considerar las posiciones de las organizaciones sociales en el momento de planear y ejecutar planes de desarrollo económico y social. Más que eso, el paro también muestra la necesidad de cumplir con los compromisos que se adquieren con estas organizaciones, ya sea por parte del gobierno o las empresas, ya que, por un lado, su influencia parece ser cada más creciente y, por otro, demuestra que hay distintos proyectos de desarrollo en el país que requieren ser escuchados. La ejecución de proyectos productivos no sólo depende de decisiones técnicas o avales políticos, sino de la aprobación y participación de las comunidades involucradas, más cuando en varios lugares del país existen organizaciones sociales que después de varios años de trabajo han creado sus propias agendas y expectativas frente a este tipo de iniciativas.

Por otra parte, hay que destacar que la Cumbre Agraria y sus reclamos al gobierno nacional están relacionados con la consolidación de los reclamos de diferentes comunidades étnicas en el país que reclaman sus territorios para que, bien delimitados, les permita tener incidencia en la realización de proyectos económicos en las zonas cercanas a sus tierras. Lo mismo sucede con las Zonas de Reserva Campesina, otra figura legal que deberá ser reconocida y tenida en cuenta, como parte de los reclamos de las comunidades locales. En definitiva, el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana, y su importancia para diferentes grupos sociales en Colombia se ha transformado en exigencias para que el diseño de los planes de desarrollo económico y social en el país y su implementación cuenten con una fuerte participación de diferentes actores sociales, incluyendo pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos. Es fundamental queen este escenario las iniciativas de inversión en Colombia tengan en cuenta los reclamos y posiciones de las comunidades locales, ya que en esa dirección es en la que avance el clima de inversión en el país