Calificaciones del presidente de Honduras en cuanto a seguridad

Escrito por David Gagne. Este articulo apareció originalmente en y Insight Crime, fue publicado con permisión, versión original aquí.

Dado que Juan Orlando Hernández ya ha cumplido más de la mitad de su mandato presidencial en Honduras, InSight Crime hace una evaluación sobre la manera como ha abordado los más apremiantes problemas de seguridad que el país enfrentaba cuando él asumió el cargo.

Dos años pueden marcar una gran diferencia. Cuando Hernández llegó a la presidencia en enero de 2014, se decía que Honduras estaba al borde de convertirse en un Estado fallido.

Además de la pobreza generalizada y la crisis fiscal, la inseguridad imperante hizo de Honduras el país más violento del mundo sin estar en guerra. Las pandillas sembraban el caos en las calles, y las organizaciones criminales transnacionales transportaban enormes cantidades de drogas por todo el país —a menudo con la connivencia de funcionarios corruptos—. Fue en ese desfavorable clima de seguridad donde Hernández comenzó su mandato.

Dos años más tarde, la situación es bastante diferente. Honduras todavía tiene uno de los mayores índices de homicidios en Latinoamérica, y las pandillas continúan dominando barrios enteros, en tanto que las reformas institucionales avanzan a un ritmo lento. Sin embargo, las autoridades han desmantelado varios poderosos grupos del crimen organizado, las tasas de homicidio han disminuido, y recientemente el gobierno admitió la participación de un organismo internacional contra la impunidad que ayudará en la lucha contra el crimen y la corrupción.

Pero para tener un panorama más claro sobre los aspectos en los que la administración Hernández sobresale y aquellos en los que falla, a continuación InSight Crime califica de 1 a 5 cada uno de los tres retos de seguridad que ha enfrentado el presidente desde que asumió el cargo en enero de 2014, y señalados por nosotros en su momento.

Las organizaciones criminales transnacionales y la extradición: 4

En enero de 2014, Honduras era la principal escala de los cargamentos internacionales de la droga, y los grupos criminales transnacionales controlaban la mayor parte del producto —o quizá todo—. En ese entonces, el 87 por ciento de los aviones cargados de drogas provenientes de Suramérica pasaban por Honduras.

En los últimos dos años, sin embargo, la administración de Hernández le ha propiciado duros golpes a algunas de las más poderosas redes de narcotráfico que operan en Honduras. Las autoridades desmantelaron al liderazgo de Los Valle, una poderosa familia de narcotraficantes que tenía vínculos con los carteles mexicanos —y posiblemente con funcionarios hondureños—. Los líderes de otra familia de narcotraficantes, Los Cachiros, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos a principios de 2015.

El hampa hondureña se desarticuló aún más cuando César Gastelum Serrano, jefe de operaciones del cartel de Sinaloa en Centroamérica, quien operaba desde San Pedro Sula, fue detenido por las fuerzas de seguridad mexicanas en abril de 2015.

Estos y otros arrestos han debilitado las redes del narcotráfico, y los funcionarios militares estadounidenses dicen que Honduras ha pasado de ser el país de tránsito número uno en la región a ser el quinto desde que Hernández asumió el cargo.

«Uno de los principales logros del gobierno de Hernández ha sido la lucha contra las redes del crimen organizado», le dijo a InSight Crime Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), una coalición de la sociedad civil.

Tanto Rivera como Mark Ungar, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nueva York, coinciden en afirmar que el incremento en la cooperación de las autoridades hondureñas con las estadounidenses cumplió un papel importante en esta victoria contra el crimen organizado.

«Estos logros no hubieran sido posibles sin la colaboración de las agencias antinarcóticos estadounidenses y otras instituciones de seguridad», dijo Rivera.

La administración Hernández también ha actuado en cuanto a la extradición. En 2012, el expresidente Porfirio Lobo reformó la ley hondureña para permitir las extradiciones, pero no fue sino hasta mayo de 2014 cuando las autoridades enviaron el primer presunto narcotraficante para enfrentar un juicio en Estados Unidos. Pronto, muchos otros presuntos narcotraficantes fueron capturados y extraditados también.

El éxito de Hernández en cuanto a la captura de los narcotraficantes tiene, sin embargo, un aspecto menos favorable, cuando se yuxtapone con su incapacidad —o quizás su renuencia— a enfrentar a las élites políticas y económicas que tienen discretos vínculos con el hampa. Fue el gobierno de Estados Unidos, y no el hondureño, el que envió señales de alerta por toda la región en el mes de octubre pasado, al acusar de lavado de dinero a varios miembros de los Rosenthal —una de las familias hondureñas con mayor influencia política, que además lidera un poderoso conglomerado económico—.

El caso de los Rosenthal genera la preocupación de que las élites hondureñas estén tan cómodas que incluso no sientan la necesidad de ocultar sus relaciones ilícitas. Meses antes de la acusación por parte de Estados Unidos, el patriarca de la familia Jaime Rosenthal ledijo a InSight Crime que desde hacía mucho tiempo él tenía negocios con Los Cachiros, una familia que se solía dedicar a negocios ganaderos, y que logró acumular una fortuna de cerca de mil millones de dólares provenientes de las drogas.

Las autoridades hondureñas no deberían esperar avanzar mucho en su lucha contra las redes del crimen organizado mientras no comiencen a atacar a los individuos poderosos que desde las sombras están permitiendo y facilitando las actividades criminales. Mientras las élites corruptas continúen delinquiendo a plena vista, es poco probable que se dé un cambio fundamental en la dinámica general del hampa hondureña.

Maras y Mano Dura: 3.5

Pocos días antes de asumir el cargo, Hernández dijo que “la fiesta se les había acabado” a las pandillas callejeras del país. «Sé que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en este país», afirmó.

Ello no sucedió. Como InSight Crime descubrió durante una extensa investigación de campo en el año 2015, la MS13 está tratando de dejar de ser una pandilla callejera para transformarse en una organización criminal transnacional, aunque este cambio no se ha dado todavía. Por otra parte, su principal rival, Barrio 18, continúa ejecutando lucrativas operaciones de extorsión en las ciudades del país, con un alto grado de impunidad.

Aunque la amenaza de las pandillas no se ha reducido, el número de homicidios en Honduras ha disminuido considerablemente en los últimos dos años. Las autoridades registraron una tasa de homicidios de 57 por cada 100.000 habitantes en el año 2015, una disminución de más de 20 puntos con respecto al año antes de que Hernández asumiera el cargo y bastante por debajo de los 90 por cada 100.000 habitantes que se registraron en 2011 y 2012 (pdf). Por primera vez después de varios años, Honduras ya no es la capital mundial del crimen.

Será interesante ver si Honduras podrá seguir reduciendo su tasa de homicidios. No está claro hasta qué punto las pandillas callejeras son responsables de la violencia en Honduras, pero se cree que son el principal generador de la misma. Sería raro que en el país se diera una disminución sostenida de los homicidios sin que las autoridades desarrollen una estrategia más efectiva para abordar el fenómeno de las pandillas.

Durante su campaña, y ahora como presidente, Hernández ha estado a favor de «Mano Dura», una medida orientada a enfrentar las pandillas del país. Sin embargo, en lugar de debilitar las pandillas, esta estrategia sólo ha servido para fortalecerlas.

«Debido a la Mano Dura en los últimos años, los miembros de las pandillas fueron blanco de las autoridades por señas como los tatuajes o su vestimenta», le dijo a InSight Crime Mark Ungar, el profesor de la Universidad de Nueva York «[las pandillas] no prestaron atención y se hicieron más sofisticadas. Asistieron a la facultad de derecho, compraron propiedades… y después, en 2009, cuando los carteles avanzaron, estaban en la posición perfecta para cooperar con ellos”.

Ungar señaló que, aunque se ha dejado de usar la expresión Mano Dura, Hernández sigue recurriendo a los principios centrales de la estrategia. El presidente ha extendido el papel de la policía militar a la lucha contra el crimen en las zonas urbanas, e incluso ha intentado consagrar este organismo en la Constitución de Honduras.

Asimismo, Ungar agregó que Hernández ha concentrado la inteligencia en los organismos de seguridad hondureños de una manera más eficiente. Aunque esto les ha permitido a la policía y a los fiscales tener un mejor conocimiento de las redes criminales, también hay temores, según Ungar, por el aumento del nivel de confidencialidad dentro del gobierno.

«Las tácticas de mano dura no han sido abandonadas definitivamente, sino que han sido modificadas y ubicadas en el contexto de un paquete más amplio de la política», dijo.

Reforma institucional y saneamiento de la policía: Incompleto

Tal vez el problema de seguridad que por más tiempo ha afectado a Honduras son las débiles y corruptas instituciones del Estado. No sería razonable esperar que el presidente logre corregir una arraigada cultura de la corrupción y la impunidad en sólo 24 meses.

Pero el hecho de que Hernández haya sacado una calificación «incompleta» no sólo se debe a la enorme cantidad de voluntad política, recursos y tiempo que se requiere para esta tarea hercúlea. No, recibe un «incompleto» porque no queda claro si Hernández está plenamente comprometido con liberar al país de la corrupción.

Aunque ha habido signos alentadores.

En enero de 2016, Hernández permitió el inicio de operaciones de un organismo contra la impunidad respaldado por la Organización de Estados Americanos, conocido como Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Además, muchos de los narcotraficantes de quienes alguna vez se creyó que recibían protección de las élites políticas y económicas ya se encuentran en prisión, bien sea en Honduras o extraditados a Estados Unidos. Las autoridades también han abordado el tema de la reforma policial, destituyendo funcionarios corruptos o ineficientes, lo cual incluye más de 700 que salieron de las filas de la policía en diciembre de 2014. Sin embargo, existen dudas sobre la sinceridad de las campañas presidenciales de lucha contra la corrupción.

La MACCIH es un organismo menos fuerte que la comisión respaldada por Naciones Unidas denominada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desempeñó un papel decisivo en el descubrimiento de numerosas y sofisticadas redes criminales al interior del gobierno guatemalteco el año pasado. La aprobación de la MACCIH fue el resultado de una intensa presión nacional e internacional, y sus críticos han cuestionado si el organismo tendrá facultades suficientes para investigar la corrupción en el gobierno.

Quizá lo más preocupante es que ya hay señales de que cualquier intento de modificar el statu quo en Honduras podría enfrentar feroces resistencias. En abril de 2015, el principal investigador sobre un enorme escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social del país —cuyas revelaciones dieron origen a las protestas que llevaron a la creación de la MACCIH— se vio obligado a huir del país tras recibir amenazas de muerte.

Hernández también recibe calificaciones diversas en cuanto a la reforma policial.

Ungar le dijo a InSight Crime que considera que ha habido un «cambio fundamental» en el apoyo político al saneamiento de la policía, dado que Hernández es el primer presidente que ha «dejado muy claro que iba a purgar a la policía desde los niveles superiores». Honduras ha creado además una nueva academia de policía, enfocada en mejorar la relación entre la policía y la comunidad, dijo Ungar.

Pero las propuestas de Hernández aún no se traducen en acciones concretas.

«Es un gran primer paso, pero [la reforma policial] no se ha dado todavía», dijo Ungar.

De hecho, en enero de este año un grupo de la sociedad civil líder en Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró que los esfuerzos del país por sanear a la policía han «fracasado» debido al número de oficiales corruptos que permanecen en la institución. Rivera ha sido muy crítico en otras ocasiones, señalando que la retórica en torno a la reforma policial no ha tenido resultados tangibles.

Este resumen proporciona una panorama  de aquellos aspectos en los que Honduras ha logrado mejorar en materia de seguridad desde que Hernández asumió el cargo, y aquellos en los que todavía se puede mejorar. A pesar de algunos avances y retrocesos preocupantes, el país está en un camino más prometedor que el de hace dos años.

¿Pero estos avances de seguridad serán sostenibles? Habrá que hacer una revisión en dos años para saberlo.

*Este articulo apareció originalmente en Insight Crime y fue publicado con permisión, pero no necesariamente refleja la opinión de MS Risk.

Escrito por David Gagne, Insight Crime, vea la original aquí.