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Evaluación del Juicio por Corrupción de Lula da Silva

Resoluciones Principales

• El proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva ha dividido a la sociedad y amenaza con crear un conflicto social que afectaría a la sociedad por décadas y que enfrentaría duramente al Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo.
• El Partido de los Trabajadores de Lula usa el proceso contra el expresidente como arma contra jueces y opositores, así como herramienta para avivar el descontento social y alimentar su base de votantes en detrimento de la salud democrática del país.
• La vuelta de Lula a la presidencia de Brasil, o la llegada al poder de una hipotética coalición de izquierdas, amenazaría no solo la democracia y la independencia del Poder Judicial en Brasil, sino que tendría consecuencias a nivel regional en cuanto reordenaría la aritmética ideológica del continente y del Mercosur en favor del socialismo latinoamericano que podría servirle al régimen de Nicolás Maduro para sobrevivir al aislacionismo internacional y perpetuar la crisis sociopolítica en Venezuela.

Introducción

El pasado 24 de enero de 2018, los tres magistrados de un Tribunal de Porto Alegre confirmaron la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su implicación en el caso Lava Jato, internacionalmente conocido como el caso Petrobras, y aumentaron su pena de nueve a doce años de prisión. El expresidente más popular de Brasil intenta agotar todos los recursos posibles ante la justicia para ganar tiempo y poder presentarse a las elecciones generales de octubre, donde va liderando la carrera según las encuestas, y librarse así de las penas una vez obtenga la inmunidad del cargo; una estrategia que ha quedado afectada por el auto del tribunal.

Contexto

El caso Lava Jato comenzó con investigaciones sobre el abastecimiento irregular en diversos puestos de lavado de coches, los acusados mostraron tener sospechosos vínculos con las más altas élites políticas y empresariales de Brasil. Es entonces cuando se destapa el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, que consistía en el lavado de dinero en estaciones de lavado de coches y gasolineras, y una red de sobornos a las élites políticas brasileñas que tenían lugar desde el gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso en 1997. La investigación alcanza a Lula cuando en noviembre de 2015, el jefe del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado es detenido por la policía y confiesa la implicación del expresidente en el caso. En ese momento comienza una profunda investigación por parte de la Fiscalía que lleva a acusar hasta en cinco ocasiones al expresidente por diversos cargos; pero no fue hasta la sexta, en julio de 2017, que el juez acusó a Lula por corrupción y lavado de dinero, cargos que conllevan a Lula a nueve años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Comienza entonces una cuenta atrás para el expresidente, que vislumbra las elecciones generales de octubre de 2018 y la inmunidad del cargo de presidente, como única fórmula para librarse de ir a prisión y emprende una ardua batalla legal para agotar todos los recursos posibles y retrasar la ejecución de la sentencia. El 24 de enero de 2018, el tribunal que revisaba en segunda instancia su caso, confirmó la culpabilidad de Lula y aumentó la pena de nueve a doce años de prisión, lo que deja al expresidente a las puertas de prisión, teniendo el recurso ante el Supremo Tribunal Federal como su último medio.

Análisis

El caso contra el expresidente Lula ha dividido profundamente a la sociedad brasileña. Parte de la población ve el proceso como una actuación correcta por parte de la Justicia contra el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, que inevitablemente se ha llevado por delante al expresidente por haber ocurrido durante sus mandatos, y por haberse lucrado personalmente aceptando un lujoso apartamento en el litoral brasileño a cambio de favores políticos. Pero gran parte de la población ve el caso como un exceso de la judicatura, que es cómplice de una persecución promovida por intereses políticos para borrar a Lula del mapa; esta parte de la población, de orígenes más humildes y sectores izquierdistas, ven los siete años de mandato de Lula como la mejor época del Brasil moderno, y razón no les falta, el Gobierno de Lula coincidió con la década de bonanza de la economía brasileña y el expresidente apenas tuvo que hacer reformas para recoger los frutos de dicha prosperidad; es más, durante su Gobierno se aumentaron las ayudas sociales y sacó a más de 30 millones de brasileños de la pobreza. El expresidente, proveniente de una familia humilde, dejó los estudios a los nueve años y comenzó a trabajar a los 14, conoce las dificultades de la clase baja y por ello es visto como la mejor defensa por las clases trabajadoras en Brasil; pero para otros representa un político de los de siempre, que sabe jugar a la política sin ofender al establishment y que ha usado el populismo más rancio para mantener su cuota de poder y enriquecerse personalmente.

En el PT saben de la popularidad de Lula entre el electorado, y han alentado el conflicto social para evitar la imputación del expresidente y su entrada en prisión, dado que es el único garante actual que permitiría al PT volver al Gobierno de Brasil. A su vez, el PT hace uso del proceso contra Lula como arma contra sus adversarios políticos y, según todas las encuestas, le ha servido para atraer a gran parte de la población a su causa. Una reciente encuesta muestra que Lula es el candidato favorito para ocupar el cargo de presidente con un 34% de los votos, seguido por el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, con un 17%, la líder ambientalista, Marina Silva (9%), el gobernador de Sao Paulo, Gerardo Alckmin (6%), y el exgobernador de Ceará, Ciro Gomes (6%). Sin embargo, de quedar Lula fuera de la carrera presidencial, Bolsonaro obtendría el 21% de los votos, seguido por Ciro Gomes (16%), Marina Silva (12%) y Gerardo Alckmin (8%).

A Lula solo le queda la opción de llevar su caso ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (SFT) y esperar que no se resolviese el caso antes del 15 de agosto, cuando podría inscribirse como candidato a la cita electoral, momento en que su caso pasaría a estar bajo jurisdicción del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ya ha anunciado que, con una condena por unanimidad en segunda instancia como la de su caso, descartarían su candidatura ipso facto, pero le otorgaría a Lula un segundo recurso ante el SFT cuya resolución podría llegar incluso entre la primera y la segunda ronda de las presidenciales, lo que complicaría aún más la crisis política brasileña.

Pronóstico

Hay una alta probabilidad de que Lula no pueda ser elegido presidente y esto es, en gran medida, fruto del reforzamiento que él mismo hizo del Poder Judicial durante sus mandatos para perseguir la corrupción, que ha resultado en una Justicia blindada y ampliamente independiente y resistente a los intereses políticos.

A pesar de que de cara a la galería el PT siga defendiendo férreamente la candidatura de Lula, llegando a asegurar que «unas elecciones sin Lula serían un fraude», internamente la ejecutiva del partido reconoce estar barajando otros nombres como el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, o el exgobernador de Bahía, Jacques Wagner. Pero el partido usará el tirón mediático de Lula para agitar al electorado de izquierdas y unir a los partidos de izquierdas para arrebatarle el Gobierno a Michel Temer. Esta alteración del electorado podría llevar a una mayor confrontación y división entre los brasileños, lo que podría dañar seriamente la convivencia social y marcar por décadas a la sociedad brasileña. El propio presidente Temer ya advirtió a los jueces que es preferible que Lula pueda presentarse a las elecciones y ser derrotado, que impedirle concurrir y facilitar un bloque de izquierdas cuyo único mandato ante sus votantes enfurecidos sea emprender una venganza sistemática contra el sistema judicial y la oposición.

Las consecuencias de una hipotética vuelta de Lula a la presidencia de Brasil, o de la llegada de un bloque de izquierdas alimentado por el rechazo hacia la Justicia por el encarcelamiento del expresidente, no solo sacudirían la convivencia en Brasil, sino que tendrían consecuencias regionales. La vuelta de la izquierda a Brasilia alteraría el régimen liberal de centroderecha que se ha ido extendiendo en Suramérica desde que Mauricio Macri ganase las elecciones en Argentina en 2015 y Temer ostentara el cargo de presidente de Brasil en 2016, seguidos por la vuelta de Sebastián Piñera a la presidencia de Chile. Esto alteraría la aritmética ideológica del Mercosur, uno de los mayores mercados comunes del mundo, en favor de un proteccionismo socialista que aumentaría todavía más cuando Bolivia obtenga el estatus de miembro de pleno derecho, algo que pondría en riesgo el papel de Mercosur a nivel mundial, arriesgando acuerdos de libre comercio que el bloque pudiese firmar, como el negociado actualmente con la Unión Europea, y supondría una deceleración económica de los países integrantes. Las consecuencias regionales podrían suponer incluso dar un balón de oxígeno al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pues el expresidente Lula ya se mostró muy crítico con la decisión de Mercosur de suspender al país caribeño, acusando a los demás países de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, país con cuyos dirigentes ha mostrado mucha afinidad y amistad en el pasado, lo que podría repercutir muy negativamente en la crisis sociopolítica venezolana y deteriorar todavía más la calidad democrática de Venezuela. El presidente argentino ya declaró durante el Foro Económico Mundial de Davos que espera que las reformas económicas sean continuadas sea cual sea el presidente elegido en Brasil, y que el mismo se comprometa con un Mercosur fuerte, pues hace años el Mercosur era la región más cerrada del mundo y eso no beneficia en nada a los ciudadanos.

Juegos olímpicos de Rio muestran las tensiones políticas y económicas que enfrenta Brasil

La clausura de los juegos olímpicos de Rio de Janeiro 2016 destacó por la ausencia de Michel Temer, el presidente provisional de Brasil que por el momento reemplaza a Dilma Rousseff en el cargo mientras se completa un juicio de destitución en contra de la presidenta. La ausencia de Temer, como lo han anotado varios periodistas y analistas políticos, quería evitar que la ceremonia de clausura fuera una oportunidad para las protestas que en su contra, y en contra de los escándalos de corrupción que hoy han llevado a varios de los miembros del gabinete provisional a ser investigados, han tenido lugar durante los juegos.

La inauguración que tuvo lugar el 5 de agosto presenció dos eventos importantes: por un lado, las protestas que tuvieron lugar en la zona de Copacabana, y por otro los abucheos que recibió Temer cuando declaró los juegos abiertos. Los eventos en torno a los olímpicos no fueron de menor importancia, las protestas en Copacabana obligaron a los organizadores del recorrido de la antorcha a desviarse, justo en la parte del recorrido en la que participarían personajes como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y varios líderes del sector empresarial en Brasil.

Sin embargo, este no fue ni el primero ni último incidente. El uso de los espacios de las competencias para manifestaciones en contra del gobierno Temer no fue extraño. De hecho, el Comité Olímpico Internacional presentó una petición ante un tribunal en Rio de Janeiro para que prohibiera las protestas en los eventos y espacios deportivos y fueran desalojadas por la policía. Aun así, el juez que decidió sobre el proceso mencionó que tal acción era imposible, ya que impedir la protesta era un modo de restringir el derecho a la libre expresión. Frente a esta decisión el Comité Olímpico y los medios de comunicación decidieron que ignorarían a los protestantes, como pasó el día de la competencia de la maratón femenina cuando, durante los últimos 10 kilómetros del recorrido, se exhibieron pancartas que exigían la salida de Temer del poder y se le acusaba de ser el protagonista de un golpe de Estado contra Rousseff. Las cámaras que cubrían el evento rápidamente evitaron las pancartas, aunque varias de ellas fueron exhibidas por manifestantes que se metieron sin autorización en el carril de la competencia.

¿Son sólo los olímpicos?

Los eventos en los olímpicos son una muestra de la situación política y económica de Brasil. El país enfrenta una de las devaluaciones más importantes de su moneda en toda su historia, y una reducción significativa en el porcentaje anual de crecimiento del PIB. Con la economía en recesión, un PIB en retroceso, el desempleo en aumento y una inversión privada a la baja, el panorama en el país ha cambiado en el último año, en particular para el gobierno del Partido de los Trabajadores liderado por Dilma Rousseff y su coalición.

De protestas en contra de las medidas de reducción del gasto público del gobierno de Rousseff, especialmente algunas que negaban un aumento en los salarios de los funcionarios públicos, y estipulaban un aumento de impuestos, ahora las manifestaciones se ofrecen en contra del régimen provisional envuelto en varios escándalos de corrupción. Temer ha sido acusado de recibir grandes sumas en un multimillonario caso de corrupción al interior de la empresa nacional de petróleos de Brasil – Petrobras y varios de los ministros que fueron nombrados en el mes de mayo para ocupar el gobierno provisional están siendo investigados.

Esta situación se suma a las protestas que habían tenido lugar en el país durante el mundial de futbol que tuvo lugar en el país en 2014, en contra de las medidas económicas del gobierno nacional en cabeza en el momento de Rousseff al final de su primer gobierno, de las grandes inversiones en infraestructura exclusiva para el evento y publicidad que acompañaron el campeonato y los aumentos en los costos de vida para los brasileños durante ese periodo.

Los olímpicos han sido protagonistas de este tipo de manifestaciones incluso antes del escándalo de la destitución de la presidenta, algunas potencialmente relacionas con violaciones de derechos humanos. Durante la construcción de la villa olímpica de Rio, varios de los habitantes de la zona de Vila Autodromo, protestaron por la presión que ejerció el gobierno de la ciudad de Rio para que los habitantes de esta zona deprimida se mudaran a otras zonas de la ciudad. Del mismo modo, durante los días anteriores a la ceremonia de apertura, la policía de Rio se declaró en huelga por retrasos en el pago sus salarios y la escasez de insumos, mientras que la misma policía fue acusaba de reprimir violentamente las protestas en contra de los juegos y los escándalos de corrupción en Rio y otras ciudades como Sao Paolo. Pero todos estos eventos están íntimamente relacionados con las contradicciones que atraviesa Brasil en el momento.

La economía de Brasil, seguridad y desigualdad

El actual gobierno de Temer está interesado en promover reformas para superar el déficit que consisten en la venta de activos y propiedades del Estado brasileño, y la reducción sostenida del gasto público que disminuiría el tamaño de la deuda del país, y promovería el crecimiento del país en contra de la recesión que experimenta desde hace dos años. Estas políticas, que han sido cuestionadas por su diametral oposición a las iniciativas económicas y sociales de los gobiernos de izquierda de de Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, pretenden devolverles la confianza a los inversionistas en el país y de paso fortalecer al Real brasilero frente al proceso de intensa devaluación que enfrenta.

Si bien este tipo de políticas implementadas por el gobierno Temer parecen haber tenido un efecto inmediato, con el Real lentamente en recuperación (su valor ha subido en un 25% en lo que va del año) y una proyección de aproximadamente 1,6% en el crecimiento del PIB de Brasil, los impactos de estas medidas y los escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno actual ponen en duda la capacidad institucional del gobierno de Brasil. Incluso, no es claro si estos resultados son atribuibles a Temer o a las medidas que había implementado Rousseff. La sesión para votar por la permanente destitución de Rousseff que se llevará acabo el último jueves del mes de agosto definirá en parte el tipo de políticas que implementará el gobierno de Brasil en los próximos años y la dirección que tomará el país latinoamericano que durante las últimas décadas ha sido un ejemplo en el subcontinente por su exitosa cruzada contra la pobreza por medio de fuertes políticas de protección social. A fin de cuentas, los resultados en términos de crecimiento del PIB de Brasil y del valor de la moneda nacional frente al dólar no dicen mucho sobre la situación económica del país si no se entiende el modo en que esos resultados son logrados y sostenidos y sus impactos sociales y políticos. La seguridad no es sólo asunto de los inversionistas cuya confianza pretende ganar el gobierno de Temer.

Las reducciones en los programas de protección social, las grandes inversiones en infraestructura para eventos internacionales, la depreciación de la moneda, los enfrentamientos periódicos entre la policía y los manifestantes y el aumento en los costos de vida, son síntomas que afectan en especial a los grupos sociales que han estado excluidos del boom económico brasilero de los últimos años. El modelo de crecimiento de Brasil centrado en aumentar la capacidad de consumo de los hogares y en la provisión de servicios sociales no ha escapado de los fenómenos de desigualdad que siguen siendo protagonistas en Latinoamérica. En Brasil, la exclusión de grupos de minorías, incluyendo indígenas y afrodescendientes y, de poblaciones vulnerables en el campo y la ciudad, está también cobrando factura.

Para tener en cuenta

Los escándalos de corrupción en Brasil, la marcada desigualdad regional y social, la tendencia a la baja en el precio internacional del petróleo, y el fortalecimiento del dólar americano, entre otros factores, han sido elementos importantes en la actual situación económica y política en Brasil. Parece que, como el mundial de futbol de 2014, los olímpicos sirvieron como oportunidad para pasarle una cuenta de cobro al gobierno de Brasil sobre las acciones del gobierno anterior y el gobierno provisional y hacerla visible frente al mundo entero. Es claro que la estrategia de utilizar las competencias deportivas internacionales como espacios propicios para evadir las discusiones políticas no ha sido útil en Brasil.

Es fundamental que las compañías e inversionistas interesados en Brasil tengan en mente que los resultados económicos del país no son el único elemento a tener en cuenta cuando se lleva a cabo algún tipo de inversión, sino también las prácticas institucionales y la posición de las comunidades locales frente a los proyectos de desarrollo. Así lo supo el sector de infraestructura que se vio envuelto en las protestas urbanas en contra de los juegos olímpicos de 2016 y el mundial de fútbol de 2014. El sector extractivo es particularmente vulnerable a poner su reputación en riesgo, ya que es la empresa nacional de petróleos de Brasil la que está relacionada con los mayores escándalos de corrupción que han afectado a los gabinetes presidenciales durante los últimos meses.