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La coca en Bolivia y su positivo modelo de erradicación ofrece alternativas de seguridad en países involucrados en los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico

Bolivia es el tercer productor de cocaína en el mundo, después de Perú y Colombia, y es un país que cuenta con uno de los programas de reducción de cultivos que ha ofrecido más inconformidades por parte del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. En Bolivia, como en Perú, el cultivo de coca no es ilegal, por el contrario la coca es considerada un producto tradicional y su cultivo también. Esta particularidad, que tiene varias implicaciones en las políticas de desarrollo alternativo que incentiva el país, ha significado que Bolivia establezca un máximo de hectáreas que pueden existir para ser utilizadas con fines industriales, medicinales y culturales.

En el mes de julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe en el que mostraba que los cultivos de coca en Bolivia habían disminuido en un 2% en el último año. Esto significa que entre el 2014 y 2015, el área total cultivada sólo disminuyo en 200 hectáreas y pasó de 20,400 a 20200. Actualmente, la legislación boliviana establece que el máximo de hectáreas que se pueden cultivar legalmente asciende a 12,000, lo que deja al país con más de 8000 hectáreas extra que pueden considerarse ilegales. Si bien, esta cifra no se acerca a las más de 40,000 hectáreas que la ONU reportó en Perú para el mismo periodo o las 96,000 en Colombia, Bolivia ha venido creciendo en protagonismo no sólo como productor sino como una zona de paso importante para el tráfico de drogas a Brasil, Argentina, e incluso países del medio oriente y África Occidental.

Las cifras sobre la producción de cocaína en Bolivia hablan sobre los cambios que está experimentando el narcotráfico en Sudamérica y el crimen organizado en la región, pero más importante, de la relevancia de transformar la lucha contra los cultivos de cocaína que hoy están en el centro de las políticas antidrogas, en planes de desarrollo alternativo.

La coca hoy en Bolivia

El que parece un casi insignificante movimiento en el número de hectáreas en Bolivia, esconde un cambio en las dinámicas de la industria en el país. Durante el mismo periodo de tiempo, las incautaciones de hoja de coca que se iban a destinar a finales ilegales, disminuyó en un 38% pasando a menos de 400 toneladas en 2015, mientras que la cantidad de cocaína (es decir, coca procesada) incautada en 2015 se duplicaron y pasaron de 4.5 toneladas en 2014 a 9.5 en 2015. Aunque la cantidad de drogas incautadas no es un indicador definitivo de la efectividad de la acción antidrogas del gobierno ni del aumento en la actividad criminal, nos da una idea cercana de la magnitud del tráfico en Bolivia.

En Bolivia, con el reciente anuncio de una modificación de la legislación antidrogas, ahora existiría una división importante entre el uso y tráfico de coca y cocaína de modo que las sanciones y las medidas para ambas partes de la cadena de producción de drogas se hace de forma diferenciada. En Bolivia, la política antidrogas se basa en un modelo experimental que no ha recibido un apoyo contundente de países como Estados Unidos que puso al país sudamericano en la lista negra por su falta de cooperación en la lucha antinarcóticos y la falta de controles sobre los mercados ilícitos de coca (lo que sacó a Bolivia de la lista de países que se beneficiaban de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA))  y desde el 2009 tuvo que retirar a la DEA del país suramericano por decisión del gobierno boliviano.

Mientras las relaciones con la política de lucha contra las drogas que defiende Estados Unidos se congelan, Bolivia se ha beneficiado de un aumento en la ayuda que recibe de la Unión Europea en el tema y fortalecer proyectos como el del desarrollo de cultivos alternativos. Aun así, el reciente aumento del tráfico de drogas en Bolivia y la presencia del crimen organizado de otros países como Colombia y México en el territorio boliviano en el control de la producción y el tráfico ha presionado para que se endurezcan las medidas en contra de esta industria.

Las medidas adoptadas, por cierto, incluyen operativos para controlar el tráfico aéreo en el país (con radares y la autorización de derribar aeronaves), las fronteras, en especial las que tiene Bolivia con Brasil y Perú (con iniciativas como la inauguración en junio del Centro de Inteligencia Policial para combatir el tráfico de drogas), y la intensificación en las tareas de erradicación de las hectáreas que se cultivan para la producción de narcóticos en lugares como parques naturales y reservas forestales.

Las tensiones de un modelo alternativo

El cambio en la política del gobierno boliviano ha estado acompañado de tensiones, especialmente en los casos en los que el gobierno ha empezado a erradicar forzosamente ciertos cultivos cuando se encuentran presentes en zonas que no están autorizadas para el cultivo. Como sucedió en el parque nacional Carrasco en diciembre del 2014, hoy no resulta extraño que el gobierno utilice a las fuerzas armadas y la policía para eliminar los árboles de coca. En el caso del Parque Nacional Carrasco, la decisión provocó una animada protesta por parte de las familias cocaleras presentes en los cultivos. Este tipo de enfrentamientos se pueden esperar cuando es el gobierno el que decide los límites entre el carácter legal e ilegal de los cultivos.

En su mayoría, el modelo de erradicación de drogas en Bolivia se concentra en las actividades de autocontrol que hacen los mismos cultivadores de coca y el sindicato local de cocaleros para deshacerse de los excedentes de producción y evita que el cultivo se propague y sea utilizado para la producción de cocaína. Por su parte, la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización se encarga de registrar los productos y certificar su legalidad. La apuesta, en gran medida, está puesta en aumentar los procedimientos de control burocrático mientras que se evita la fuerte presencia de programas agresivos y represivos de erradicación, como los que vio el país al principio del siglo.

Sin embargo, la cifra actual de cultivos que se consideran legales parece no ser suficiente para satisfacer el consumo de coca en Bolivia, lo que implicaría que deben aumentarse la cantidad de hectáreas legales de coca. Según lo que reportó el gobierno boliviano en el 2013 en un informe que pretendía reevaluar el tope de 12,000 hectáreas que habían sido definido en el año 2004, la cantidad debería aumentarse en casi 3,000, para alcanzar las 14,705 hectáreas que producirían suficiente para el mercado boliviano de coca. Las tensiones sobre el número de hectáreas que se necesitan en el sector legal ha tenido enfrentados al gobierno y al gremio cocalero en varias ocasiones, cuando los primeros han tratado de garantizar que la cifra llegue a 20,000.

En este panorama, el modelo que ha implementado el gobierno boliviano ha tenido que enfrentar diferentes presiones políticas en el país, de los cocaleros, por una parte, que exigen un aumento en las hectáreas, y de la oposición a su gobierno, que exige medidas más severas de erradicación. A pesar de estas tensiones, el esfuerzo ha sido valioso en cuanto ha disminuido los enfrentamientos violentos entre los agricultores y las fuerzas armadas y ha disminuido los incentivos para la aparición de complejas organizaciones criminales de gran escala tipo cartel en el país.

OJO

La estrategia de lucha contra las drogas en Bolivia que reconoce la legalidad de la coca ha sido reconocida en distintos niveles, incluso en la Organización de las Naciones Unidas en donde en el año 2013 aceptó que el país hiciera una excepción a lo contemplado en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (según la que el cultivo de coca es ilegal). Es muy importante reconocer que Bolivia es un país en el que el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas ha venido adquiriendo una gran importancia debido a la apertura de nuevas rutas hacia el atlántico por Brasil y el aumento del consumo dentro de Sudamérica.  Sin embargo, el modelo boliviano ha permitido que el control sobre la oferta de coca mantenga los precios de la hoja estables y haga menos rentable la producción de cocaína en el país, lo que se ha considerado un logro importante. Aun así, esta política no ha prevenido que el país se vuelva un corredor estratégico del narcotráfico y con el tiempo un mayor productor.

Los cambios en las rutas del narcotráfico ofrecen un reto para los negocios y empresas en Bolivia quienes deben enfrentarse a nuevos controles migratorios y de seguridad que están conectados con las nuevas políticas antidrogas en el país. Además, la presencia del crimen organizado, que ha venido reemplazando en pequeña escala a las pequeñas familias y grupos involucrados en el tráfico anteriormente, puede generar situaciones de seguridad en cuanto existe la posibilidad de que los grupos se instalen en el país y recurran a otras fuentes de financiación como la extorsión y el secuestro.

Finalmente, hay que destacar que los cambios en las políticas de seguridad no opacan los logros en la política de control de cultivos que ha permitido, más que la disminución en el área cultivada (que alcanzo a ser de más de un 30% entre el año 2010 y 2014), la generación de ingresos estables para los campesinos que se dedican legalmente a esta actividad y una fuente alternativa de desarrollo social y económico. Además, ha disminuido los incentivos para que aparezcan grandes grupos organizados que se encarguen de todo el negocio. Esta estrategia podría dar luces sobre los posibles roles que pueden asumir las empresas para incentivar proyectos de desarrollo de este tipo que permitan a la vez mantener controlada la cantidad de área cultivada de estupefacientes.

Referendo en Bolivia: Resultados preliminares muestran la primera derrota por Morales, y Bolivia se queda divido debido a la modificación de la constitución

El 21 Febrero Bolivia acudió a las urnas para decidir si el Presidente Evo Morales, presidente desde 2006, puede buscar su cuarto mandato oficial como líder del país en 2019 para prorrogar su presidencia hasta 2025.

Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral señalan el lunes 22 Febrero la primera derrota de Morales en su década como presidente. Con más de 72 % del voto contado, el campamiento ‘No’ tiene 56.5% mientras los del si tiene 43.2%. Mientras que los líderes de la oposición ya realizaron una prensa celebrando los resultados, Morales se quedó sorprendentemente en silencio. Según BBC Mundo el vicepresidente García Luna consideró que los festejos son prematuros, que las cifras se modificaron “ de una manera drástica”. Altas tensiones por la ansiedad provocada por la situación con el gobierno que respeta las decisiones del voto.

Después de una década de éxitos por Morales, el referéndum se ha convertido en la gran oportunidad para la oposición, aunque no han podido encabezar un liderazgo visible, y el único factor que les une a la oposición es su “no” a la reelección de Morales. A través de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) en gobierno desde 2006 Morales, ha celebrado épicos cambios sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los presidentes más populares.

Durante su década en el poder el ex dirigente sindicalista cocolero ha ofrecido estabilidad social y política, antes de su gestión entre 2001-2005, Bolivia tuvo 5 presidentes.

Pero el referendo subraya por tanto, que Bolivia apoya esta escéptica de una presidencia que pudiera durar casi dos décadas. Mientras tanto, el MAS está se enfrentando a una crisis de sucesión y también está perdiendo su apoyo en la región con el giro hacia la derecha. Con la victoria de Mauricio Macri en Argentina, y la crisis que está sucediendo en Venezuela, Morales se ha convertido en unos de los últimos bastiones de la izquierda en Latinoamerica, pero este referéndum señala que aun este presidente carismático y popular tiene límite.