Evaluación del Juicio por Corrupción de Lula da Silva

Resoluciones Principales

• El proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva ha dividido a la sociedad y amenaza con crear un conflicto social que afectaría a la sociedad por décadas y que enfrentaría duramente al Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo.
• El Partido de los Trabajadores de Lula usa el proceso contra el expresidente como arma contra jueces y opositores, así como herramienta para avivar el descontento social y alimentar su base de votantes en detrimento de la salud democrática del país.
• La vuelta de Lula a la presidencia de Brasil, o la llegada al poder de una hipotética coalición de izquierdas, amenazaría no solo la democracia y la independencia del Poder Judicial en Brasil, sino que tendría consecuencias a nivel regional en cuanto reordenaría la aritmética ideológica del continente y del Mercosur en favor del socialismo latinoamericano que podría servirle al régimen de Nicolás Maduro para sobrevivir al aislacionismo internacional y perpetuar la crisis sociopolítica en Venezuela.

Introducción

El pasado 24 de enero de 2018, los tres magistrados de un Tribunal de Porto Alegre confirmaron la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su implicación en el caso Lava Jato, internacionalmente conocido como el caso Petrobras, y aumentaron su pena de nueve a doce años de prisión. El expresidente más popular de Brasil intenta agotar todos los recursos posibles ante la justicia para ganar tiempo y poder presentarse a las elecciones generales de octubre, donde va liderando la carrera según las encuestas, y librarse así de las penas una vez obtenga la inmunidad del cargo; una estrategia que ha quedado afectada por el auto del tribunal.

Contexto

El caso Lava Jato comenzó con investigaciones sobre el abastecimiento irregular en diversos puestos de lavado de coches, los acusados mostraron tener sospechosos vínculos con las más altas élites políticas y empresariales de Brasil. Es entonces cuando se destapa el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, que consistía en el lavado de dinero en estaciones de lavado de coches y gasolineras, y una red de sobornos a las élites políticas brasileñas que tenían lugar desde el gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso en 1997. La investigación alcanza a Lula cuando en noviembre de 2015, el jefe del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado es detenido por la policía y confiesa la implicación del expresidente en el caso. En ese momento comienza una profunda investigación por parte de la Fiscalía que lleva a acusar hasta en cinco ocasiones al expresidente por diversos cargos; pero no fue hasta la sexta, en julio de 2017, que el juez acusó a Lula por corrupción y lavado de dinero, cargos que conllevan a Lula a nueve años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Comienza entonces una cuenta atrás para el expresidente, que vislumbra las elecciones generales de octubre de 2018 y la inmunidad del cargo de presidente, como única fórmula para librarse de ir a prisión y emprende una ardua batalla legal para agotar todos los recursos posibles y retrasar la ejecución de la sentencia. El 24 de enero de 2018, el tribunal que revisaba en segunda instancia su caso, confirmó la culpabilidad de Lula y aumentó la pena de nueve a doce años de prisión, lo que deja al expresidente a las puertas de prisión, teniendo el recurso ante el Supremo Tribunal Federal como su último medio.

Análisis

El caso contra el expresidente Lula ha dividido profundamente a la sociedad brasileña. Parte de la población ve el proceso como una actuación correcta por parte de la Justicia contra el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, que inevitablemente se ha llevado por delante al expresidente por haber ocurrido durante sus mandatos, y por haberse lucrado personalmente aceptando un lujoso apartamento en el litoral brasileño a cambio de favores políticos. Pero gran parte de la población ve el caso como un exceso de la judicatura, que es cómplice de una persecución promovida por intereses políticos para borrar a Lula del mapa; esta parte de la población, de orígenes más humildes y sectores izquierdistas, ven los siete años de mandato de Lula como la mejor época del Brasil moderno, y razón no les falta, el Gobierno de Lula coincidió con la década de bonanza de la economía brasileña y el expresidente apenas tuvo que hacer reformas para recoger los frutos de dicha prosperidad; es más, durante su Gobierno se aumentaron las ayudas sociales y sacó a más de 30 millones de brasileños de la pobreza. El expresidente, proveniente de una familia humilde, dejó los estudios a los nueve años y comenzó a trabajar a los 14, conoce las dificultades de la clase baja y por ello es visto como la mejor defensa por las clases trabajadoras en Brasil; pero para otros representa un político de los de siempre, que sabe jugar a la política sin ofender al establishment y que ha usado el populismo más rancio para mantener su cuota de poder y enriquecerse personalmente.

En el PT saben de la popularidad de Lula entre el electorado, y han alentado el conflicto social para evitar la imputación del expresidente y su entrada en prisión, dado que es el único garante actual que permitiría al PT volver al Gobierno de Brasil. A su vez, el PT hace uso del proceso contra Lula como arma contra sus adversarios políticos y, según todas las encuestas, le ha servido para atraer a gran parte de la población a su causa. Una reciente encuesta muestra que Lula es el candidato favorito para ocupar el cargo de presidente con un 34% de los votos, seguido por el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, con un 17%, la líder ambientalista, Marina Silva (9%), el gobernador de Sao Paulo, Gerardo Alckmin (6%), y el exgobernador de Ceará, Ciro Gomes (6%). Sin embargo, de quedar Lula fuera de la carrera presidencial, Bolsonaro obtendría el 21% de los votos, seguido por Ciro Gomes (16%), Marina Silva (12%) y Gerardo Alckmin (8%).

A Lula solo le queda la opción de llevar su caso ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (SFT) y esperar que no se resolviese el caso antes del 15 de agosto, cuando podría inscribirse como candidato a la cita electoral, momento en que su caso pasaría a estar bajo jurisdicción del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ya ha anunciado que, con una condena por unanimidad en segunda instancia como la de su caso, descartarían su candidatura ipso facto, pero le otorgaría a Lula un segundo recurso ante el SFT cuya resolución podría llegar incluso entre la primera y la segunda ronda de las presidenciales, lo que complicaría aún más la crisis política brasileña.

Pronóstico

Hay una alta probabilidad de que Lula no pueda ser elegido presidente y esto es, en gran medida, fruto del reforzamiento que él mismo hizo del Poder Judicial durante sus mandatos para perseguir la corrupción, que ha resultado en una Justicia blindada y ampliamente independiente y resistente a los intereses políticos.

A pesar de que de cara a la galería el PT siga defendiendo férreamente la candidatura de Lula, llegando a asegurar que «unas elecciones sin Lula serían un fraude», internamente la ejecutiva del partido reconoce estar barajando otros nombres como el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, o el exgobernador de Bahía, Jacques Wagner. Pero el partido usará el tirón mediático de Lula para agitar al electorado de izquierdas y unir a los partidos de izquierdas para arrebatarle el Gobierno a Michel Temer. Esta alteración del electorado podría llevar a una mayor confrontación y división entre los brasileños, lo que podría dañar seriamente la convivencia social y marcar por décadas a la sociedad brasileña. El propio presidente Temer ya advirtió a los jueces que es preferible que Lula pueda presentarse a las elecciones y ser derrotado, que impedirle concurrir y facilitar un bloque de izquierdas cuyo único mandato ante sus votantes enfurecidos sea emprender una venganza sistemática contra el sistema judicial y la oposición.

Las consecuencias de una hipotética vuelta de Lula a la presidencia de Brasil, o de la llegada de un bloque de izquierdas alimentado por el rechazo hacia la Justicia por el encarcelamiento del expresidente, no solo sacudirían la convivencia en Brasil, sino que tendrían consecuencias regionales. La vuelta de la izquierda a Brasilia alteraría el régimen liberal de centroderecha que se ha ido extendiendo en Suramérica desde que Mauricio Macri ganase las elecciones en Argentina en 2015 y Temer ostentara el cargo de presidente de Brasil en 2016, seguidos por la vuelta de Sebastián Piñera a la presidencia de Chile. Esto alteraría la aritmética ideológica del Mercosur, uno de los mayores mercados comunes del mundo, en favor de un proteccionismo socialista que aumentaría todavía más cuando Bolivia obtenga el estatus de miembro de pleno derecho, algo que pondría en riesgo el papel de Mercosur a nivel mundial, arriesgando acuerdos de libre comercio que el bloque pudiese firmar, como el negociado actualmente con la Unión Europea, y supondría una deceleración económica de los países integrantes. Las consecuencias regionales podrían suponer incluso dar un balón de oxígeno al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pues el expresidente Lula ya se mostró muy crítico con la decisión de Mercosur de suspender al país caribeño, acusando a los demás países de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, país con cuyos dirigentes ha mostrado mucha afinidad y amistad en el pasado, lo que podría repercutir muy negativamente en la crisis sociopolítica venezolana y deteriorar todavía más la calidad democrática de Venezuela. El presidente argentino ya declaró durante el Foro Económico Mundial de Davos que espera que las reformas económicas sean continuadas sea cual sea el presidente elegido en Brasil, y que el mismo se comprometa con un Mercosur fuerte, pues hace años el Mercosur era la región más cerrada del mundo y eso no beneficia en nada a los ciudadanos.