Actualización regional (10 de mayo de 2017)

Una operación del ejército mexicano contra el robo de combustible deja 10 muertos, 4 de ellos militares, y 14 heridos en Palmarito, en el Estado de Puebla. La operación obedece al creciente aumento de robos de combustible en el «Triángulo Rojo» compuesto por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Quecholac; cuyo impacto económico a la empresa estatal Pemex está cifrado en US$5.000 millones desde el año 2012. El robo de combustible también supone importantes peligros para la población, como el caso de 2010 en San Martín Texmelucan, donde murieron 32 personas a causa de una explosión.

Puerto Rico declaró el pasado 3 de mayo la bancarrota por su incapacidad de controlar la astronómica deuda pública de la isla que aumenta a los US$70.000 millones. Esto implica que un tribunal federal estadounidense tomará las riendas de las negociaciones para reestructurar la deuda puertorriqueña y, a su vez, tomará el control de la economía de la isla previsiblemente para endurecer las medidas de austeridad que sufren los puertorriqueños desde hace años.

La polarización que sufrió Estados Unidos durante las pasadas elecciones permanece en la sociedad estadounidense, en especial con las estrictas políticas migratorias de Donald Trump que han visto a dos de los estados más poderosos y dispares promover leyes sobre inmigración completamente antagónicas. Texas, destacado bastión republicano, ha promulgado la ley SB4 que obliga a todas las fuerzas policiales a colaborar con la policía federal de inmigración para la expulsión de los inmigrantes indocumentados, llegando incluso a sancionar a aquellos agentes que no quieran preguntar a la población detenida por sus papeles, algo que será obligatorio a partir de ahora. California, núcleo junto a Nueva York de los demócratas, ha promulgado la ley SB54 que convierte a todo el Estado en santuario para los indocumentados y prohíbe a las fuerzas del orden colaborar con la policía federal de inmigración. De esta forma los dos estados con más frontera con México y con mayor población hispana afrontan, cada uno a su manera, las políticas migratorias del presidente Trump.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha inhabilitado a un gobernador más, a Liborio Guarulla, del Estado del Amazonas, que no podrá presentarse a ningún cargo público en los próximos 15 años. La inhabilitación deja en jaque a dos de los tres gobernadores opositores, haciendo ver que Maduro puede estar preparándose para convocar elecciones regionales. La decisión ocurre en unas semanas con duras protestas de la oposición contra Nicolás Maduro, al cual el mundo ha llegado a ver conversando con unas reses a las que ofreció ser miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que planea convocar próximamente.

Brechas en el poder judicial en Venezuela, mientras la fiscalía y el Ministerio Público juzgan a los opositores detenidos en base a la ley, sus órdenes no son acatadas por los funcionarios de prisiones que obedecen a cargos superiores que les indican no acatar las órdenes judiciales. Ya se han dado varios casos de conflicto en los que los juzgados ordenaban la liberación de varios de los detenidos en las multitudinarias protestas vividas en Venezuela, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presionaba a los policías para no liberar a los presos en un claro acto de represión política. La fiscalía tuvo su mayor discordancia con el oficialismo cuando el TSJ inhabilitó a la Asamblea Nacional, decisión que la fiscal general Luisa Ortega consideró «una quiebra del orden constitucional». Este acto de «traición» de la fiscalía, ha sido respondido por el chavismo con la puesta en marcha del Plan Zamora en el Estado de Carabobo, que conlleva aplicar la jurisdicción militar a civiles, saltándose de esta manera a la fiscalía, a la vez que da mayores poderes a la policía y la guardia nacional para extremar la vigilancia, patrullaje y detenciones masivas.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha expresado su preocupación por la creciente remilitarización de Nicaragua, su vecino del norte. El presidente destacó la estrecha colaboración nicaragüense con Rusia, país que ha donado US$80 millones para reforzar el ejército del país centroamericano, con el cual realiza ejercicios militares y que fue visitado por el presidente Vladimir Putin en 2014. Algo que contrasta con Costa Rica, que no posee fuerzas armadas desde 1948 y es considerado el país más pacífico, seguro y próspero de Centroamérica. Nicaragua siempre ha tenido unas tensas relaciones con Costa Rica, con la cual posee ciertas disputas territoriales, y a la que miran con menosprecio por su sistema político ampliamente democrático; pero las preocupaciones del presidente Solís obedecen a la creciente hostilidad nicaragüense, cuyo presidente Daniel Ortega ha anunciado la posibilidad de que Nicaragua reclame la provincia costarricense de Guanacaste ante la Corte Internacional de Justicia.