Tercer asesinato de una activista ambiental en Honduras aumenta presión para que EEUU investigue homicidios y abusos de derechos humanos antes de continuar con sus planes de ayuda económic

Honduras es un país centroamericano que se caracteriza por tener una de las tasas de homicidios más altas en el mundo, contar con la presencia de varias bandas criminales, un régimen débil de protección de derechos y la alta desconfianza de los ciudadanos en la capacidad de las autoridades de seguridad del Estado para llevar a cabo sus tareas de protección. Aunque este sea el balance usual de la situación de seguridad en el país, los recientes asesinatos a líderes sociales y políticos en el país han llamado la atención sobre el papel que estarían jugando las autoridades frente a esta creciente forma de violencia.

El 6 de julio, las autoridades confirmaron la muerte de Lesbia Janeth Urquía, una reconocida activista ambiental y miembro del Consejo Cívico del Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El COPINH es una organización social y política, indigenista y plurista de la zona sur-occidental de Honduras. Es una instancia que facilita el reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos (DESC) y lucha para mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas en el país.

Lesbia era una activa militante y dirigente comunitaria que trabajaba en la defensa de los derechos indígenas y el medioambiente. En los meses que precedieron su asesinato, la lideresa había protestado en en contra la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 en el municipio de San José, un proyecto en el que está directamente involucrada la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

Según la prensa, Urquía desapareció el 5 de julio en la mañana, cuando fue secuestrada en su pueblo mientras se ejercitaba. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un basurero en la municipalidad de Marcala, en el departamento de La Paz, aproximadamente a 120 kilómetros de la capital del país, Tegucigalpa. Según la evidencia, Urquía sufrió de un trauma en el cráneo y fue torturada. El 7 de julio el ministerio público de Honduras anunció que una comisión selecta investigaría el homicidio.

Este tipo de noticias no son novedosas en Honduras, y han sido recibidas con bastante cinismo tanto fuera como dentro del país. Según el ONG Global Witness, en la última década, aproximadamente 115 defensores ambientales fueron asesinados por estar en contra de algún tipo de proyecto hidroeléctrico, extractivo o agro-industrial. Muchos de estos proyectos cuentan con el apoyo de miembros del Congreso Nacional, como el de Gladys Aurora López. Honduras está convirtiéndose en un campo de muerte para los ecologistas y para los defensores de los derechos territoriales, culturales y sociales en distintas localidades del país. En la mayoría de los casos los homicidios quedaron impunes. En junio, el periódico británico The Guardian, publicó un artículo en el que una de las fuentes citadas acusaba a una rama del ejército de estar directamente vinculada con los homicidios.

La situación ya ha llegado a los pasillos de Washington. Desde 2010 los EEUU ha enviado USD200 millones en ayuda financiera para las fuerzas militares y la policía hondureña. Según las condiciones del acuerdo en el que se enmarca la provisión de estas ayudas, es primordial que el país cumpla con sus obligaciones de protección y defensa de derechos humanos y DESC. Hasta hoy los EEUU no ha investigado los asesinatos en contra de líderes sociales en Honduras, y en 2015 se comprometió a enviar más fondos para apoyar las acciones del Estado hondureño en contra de las bandas criminales y la violencia en el país. Sin embargo, la presión política ha llegado a las altas esferas el EEUU y en junio la congresista Georgia Hank Johnson propuso la ley Berta Cáceres sobre los derechos humanos en Honduras en el congreso de ese país, en la que se estipula que los EEUU deberá suspender su asistencia financiera a Honduras hasta que se investigue a fondo y se halle a los culpables de los recientes homicidios.

Cáceres

Las amenazas contra los defensores de derechos humanos ganaron notoriedad en marzo cuando la entonces lideresa del COPINH, Berta Cáceres, fue asesinada en su casa en la Esperanza. Cáceres fue una luchadora infatigable por los derechos de la tierra en el país, y desde su trabajo se opuso particularmente a la construcción de una represa hidroeléctrica y otros planes que pretendían vaciar el río Gualcarque, sagrado para varios grupos indígenas en la región. Su muerte causó indignación global y llamó la atención de diferentes actores acerca de las duras condiciones que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras. Su caso fue único en cuanto las investigaciones para dar con los responsables avanzaron muy rápidamente, probablemente por la presión internacional, y en mayo fueron detenidos el gerente de DESA (la empresa hidroeléctrica en contra de la que se encontraba Cáceres), un mayor del ejército y dos sicarios. El caso subraya la complejidad de la situación de seguridad en el terreno, y los vínculos que existen entre empresas privadas, el Estado hondureño y los grupos de criminales presentes.

El ambiente

La violencia contra las ecologistas ha empeorado desde 2009, particularmente después del golpe de estado – apoyado por los EEUU – contra el presidente Manuel Zelaya. Desde entonces el gobierno ha intentado mostrar un ambiente pro-negocio, abriendo la puerta a inversionistas sobre todo en el sector extractivo y agro-industrial. En este sentido, el gobierno hondureño ha aprobado la ejecución de proyectos en zonas ambientales sensibles sin los requisitos, controles y contrapesos que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos sociales, ambientales, culturales y económicos en las regiones afectadas.

Muchos inversionistas internacionales, tanto del sector privado como de instituciones internacionales, como los bancos de desarrollo, se han retirado de Honduras después de la presión que han recibido de sus propios accionistas y de la sociedad civil en general frente a los abusos de derechos humanos que yacen detrás de muchos proyectos. Invertir en proyectos donde no hay una estrategia que incorpora las comunidades locales ni una comprensión adecuada de la situación actual puede afectar gravemente la implementación de cualquier proyecto y la reputación de cualquier inversionista.

El Estado en Honduras está al punto de bancarrota y se encuentra desesperado por aumentar la inversión, con miras a cumplir con sus objetivos económicos y sociales. Aun así, la persecución a defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país está poniendo al Estado en peligro de perder su única fuente de fondos provenientes de EEUU, de impactar negativamente la imagen de los inversionistas que ya se encuentran presentes en el país y de desincentivar nuevas inversiones.