Aumento de cultivos de coca en Colombia alertan sobre las economías políticas del post-conflicto

Si un tema ha sido importante para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas, es el cultivo de coca en Colombia. De hecho, uno de los principales objetivos de Plan Colombia fue reducir su número. Por eso, si hay un cambio importante en las cifras del área cultivada en Colombia, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos realice un comunicado sobre el tema. El reciente aumento en la cantidad de hectáreas de coca cultivadas en Colombia llevo precisamente a que el embajador de Estados Unidos en el país se refiriera al tema en marzo. Pero, más allá de las reacciones que generó en la prensa lo comunicado por el gobierno estadounidense, el cambio en las cifras de coca en Colombia, nos da más bien ideas sobre la economía política del narcotráfico que prevalece y crece en Colombia aún con la futura firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

el embajador de los Estados Unidos, las cifras de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca muestran que entre 2013 y 2015 la cantidad de hectáreas sembradas ha aumentado en un 42%. Según la cifra presentada, de las aproximadamente 80.000 hectáreas sembradas en 2013, pasamos a 159.000. Además de que los cultivos se han duplicado, según lo estimado por el gobierno estadounidense la producción potencial de cocaína ha aumentado de 250 toneladas métricas como se registró en 2014, a 420 toneladas métricas en 2015. Es decir, Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína en el mundo, de donde es exportada a Europa y Estados Unidos.

Aunque las cifras que se han presentado podrían llevar a pensar que la lucha antidrogas ha sido fallida, el aumento tiene que ver más con el cambio en la distribución de las plantaciones en el país. Es cierto que, desde mayo de 2015, el gobierno colombiano prohibió la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos y, desde entonces, como lo mencionó el embajador norteamericano en su comunicado, se han privilegiado otras estrategias como la erradicación manual. Pero esta prohibición correspondió más a consideraciones del impacto del glifosato para la salud y a una reformulación en la política antidrogas que al fin de la lucha contra los cultivos ilícitos en el país. En ese orden, los datos que publicó la Casa Blanca, nos dicen mucho sobre los retos que aparecerán en Colombia en los próximos años en regiones afectadas por el conflicto y vinculadas al narcotráfico. Es probable que las zonas donde los cultivos de coca han estado en aumento, van a ser las más afectadas por la presencia de economías ilegales y otras dinámicas después de la firma del acuerdo de paz.

Desde octubre de 2015, una nueva política antidrogas ha venido a reformular la estrategia que se había venido utilizando en los últimos años para disminuir el número de hectáreas cultivadas en el país. Uno de los seis puntos de esa estrategia incluye un capítulo de sustitución de cultivos y de erradicación voluntaria que, en últimas, quiere incentivar el desarrollo de otro tipo de cultivos y de otras apuestas productivas gobierno nacional con otras medidas como la aprobación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), la articulación de iniciativas agrícolas y agroindustriales en el país es parte de la agenda económica del post-acuerdo. La política antidrogas que ahora está siendo implementada estaría articulada a estos esfuerzos del Estado colombiano y, lo que genera más inquietud, se estaría poniendo en marcha en zonas del país que ahora se consideran de interés para otros proyectos agroindustriales como lo es Norte de Santander y ciertas áreas de la Orinoquía.

Según los datos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en 2015, para el año 2014 la mayoría de los cultivos en el país se encuentran concentrados en el sur del país, especialmente en los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, y en el Catatumbo. Según la misma oficina, la presencia de cultivos en estas zonas no es nueva, más bien lo que se ha visto es que la mayoría de los cultivos siguen presentes en los mismos lugares que en años anteriores y ahora se han venido cruzando con actividades de minería ilegal. Esto significa que en los últimos años ha aumentado la concentración de los cultivos, pero no su extensión por todo el país, justo en regiones con alta presencia de BACRIM, guerrillas y organizaciones de narcotraficantes.

Los actuales cultivos que le han servido a las guerrillas, los paramilitares y muchos otros grupos armados para financiar sus actividades armadas en Colombia son todavía un tema pendiente en la agencia política del país. Aún con la firma de los acuerdos de paz, la existencia de estos cultivos solo nos dice que las negociaciones de paz no van a dar paso al final de la economía del narcotráfico. Varias consideraciones deben hacerse al respecto:

• Por un lado, aunque la nueva política antidrogas pueda considerarse un triunfo para diferentes asociaciones campesinas y autoridades políticas del sur de Colombia que desde la década pasada habían estado proponiendo métodos de erradicación manual, el escenario en el que se implementa puede terminar teniendo efectos negativos para las comunidades locales. La fuerte presencia de grupos armados en el sur del país y la potencial aplicación de medidas de construcción de infraestructura y de legalización de tierras para los habitantes locales genera escenarios en los que es posible y existen incentivos para la expropiación de tierras y la retaliación armada.

• Por otro lado, las consideraciones de la nueva política antidrogas ofrecen la posibilidad de hacer grandes inversiones en las zonas afectadas por estos cultivos. Las disputas por las rutas del narcotráfico, la expansión de los cultivos y el control de la minería ilegal que se esperan con la retirada de las FARC en varios municipios del país va a generar grandes tensiones y transformaciones en las relaciones que existen entre las instituciones del gobierno nacional y local, los grupos armados en la región y las poblaciones locales. Hace varios años durante el gobierno del presidente Uribe se implementaron medidas similares de consolidación de presencia del Estado y el involucramiento de los campesinos en redes de seguridad y control, que provocaron, en parte como un resultado inesperado, la movilización de los cultivos a regiones más remotas a donde se han movilizado los grupos involucrados en el narcotráfico. Este tipo de efectos expansivos pueden ser de esperar, más cuando uno de los actores armados involucrados, las FARC, quedará fuera del escenario.

OJO

Los proyectos agroindustriales que ha venido proponiendo y regulando el gobierno colombiano, los esfuerzos de sustitución de cultivos que están siendo implementados con la nueva política antidrogas y la presencia constante de grupos armados en estas zonas de cultivo son una fórmula explosiva para las regiones donde estas tres dinámicas se juntan.

Tal como lo ha manifestado el actual ministro para el post-conflicto Rafael Pardo, la sustitución de cultivos en Colombia va a estar articuladas con las políticas de paz que se están implementando y se implementarán en el país. El aumento de los cultivos muestra como las economías ilegales que han estado relacionadas con el conflicto colombiano en las últimas décadas van a continuar siendo un reto para las empresas que quieran hacer inversiones en proyectos agrícolas en el país o quieran participar de proyectos de minería. Cabe recordar que la existencia de cultivos ilícitos no es el único elemento que hace parte de estas economías sino también el comercio de armas, y el establecimiento de laboratorios de procesamiento y de corredores de seguridad a los que hay que prestar especial atención.  Otro tipo de actividades como la minería ilegal, que se llevan ahora a cabo en las regiones de cultivo de coca, tienen graves impactos sociales y ambientales que se traducen en falta de confianza hacia empresas del sector extractivo que en el futuro estén interesadas en trabajar en la zona.

Existen altos incentivos para que estos grupos sigan haciendo presencia en estas regiones, aunque el Estado promueva políticas territoriales para sustituir los cultivos y hacer mayor presencia institucional las regiones. Es importante entonces que las empresas tengan un conocimiento claro de cómo funcionan esas economías ilegales locales y que en lo posible se mantengan en alerta para no involucrarse en ellas. Sin embargo, vale mencionar que los procesos de sustitución ofrecen una posibilidad para empresas interesadas en el país para apoyar e invertir en las cooperativas locales que se crearán para ayudar a que estos campesinos puedan vender sus nuevos productos en el mercado. Los términos de esos acuerdos de cooperación serían fundamentales para la actividad de cualquier empresa en Colombia.