Desde que en septiembre de 2015 las fuerzas independentistas obtuvieran la mayor\u00eda absoluta en esca\u00f1os, pero no en votos, en el Parlamento de Catalu\u00f1a, se aferraron a una agenda unilateral para proclamar la independencia de Espa\u00f1a, que fue contestada por las instituciones del Estado y que ha llevado a la situaci\u00f3n actual.<\/p>\n
La culminaci\u00f3n del proyecto independentista comenz\u00f3 el septiembre pasado cuando el Parlamento catal\u00e1n aprob\u00f3, en contra de los avisos del Tribunal Constitucional, que declar\u00f3 inconstitucional un refer\u00e9ndum de independencia as\u00ed como cualquier ley que sirviese para su celebraci\u00f3n, la Ley del Refer\u00e9ndum, que autorizaba al Gobierno de la Generalidad a convocar un refer\u00e9ndum de independencia, y la Ley de Transitoriedad Jur\u00eddica, que sustituir\u00eda a la legalidad espa\u00f1ola en caso de que ganase el \u00abs\u00ed\u00bb a la independencia.<\/p>\n
Tras el comienzo del golpe de estado orquestado por la Generalidad, que estableci\u00f3 el 1 de octubre como fecha para el refer\u00e9ndum, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a se propuso impedir la consumaci\u00f3n de dicha votaci\u00f3n, para lo cual orden\u00f3 a la Guardia Civil (GC), el Cuerpo Nacional de Polic\u00eda (CNP) y la polic\u00eda auton\u00f3mica catalana (los Mossos), requisar cualquier material relacionado con la votaci\u00f3n, as\u00ed como material propagand\u00edstico sobre el refer\u00e9ndum e impedir actos pol\u00edticos. Comienza entonces un rifirrafe entre el Gobierno de Espa\u00f1a y la Generalidad en el que se bloquean webs, se requisan multitud de materiales para la votaci\u00f3n y a la vez la Generalidad desobedece cualquier orden extendida desde el Gobierno o desde la Justicia, teniendo el Gobierno de Espa\u00f1a que tomar control total de las finanzas de la Comunidad Aut\u00f3noma para evitar el uso de dinero p\u00fablico para financiar dicho refer\u00e9ndum, y teniendo que desplazar a m\u00e1s de 10.000 agentes de la GC y CNP de otras regiones de Espa\u00f1a a Catalu\u00f1a por la desobediencia e inactividad de los Mossos para evitarlo.<\/p>\n
Los acontecimientos del 1 de octubre se podr\u00edan resumir como una jornada ca\u00f3tica en la cual la Generalidad aprob\u00f3 el censo universal que permit\u00eda a cualquier ciudadano votar en cualquier lugar donde hubiese una urna, lo cual llev\u00f3 a situaciones vergonzosas como una misma persona votando hasta cuatro veces, menores de edad ejerciendo el voto, o gente de otras regiones de Espa\u00f1a pudiendo votar si se encontraban en Catalu\u00f1a. Ante la inoperancia total de los Mossos, que desobedecieron la orden de la Justicia de detener la celebraci\u00f3n del refer\u00e9ndum, la GC y el CNP tuvieron que hacerse cargo de sus funciones e impedir, a veces mediante el uso de la fuerza por la resistencia de los manifestantes, la votaci\u00f3n en ciertos puntos electorales. La Generalidad hizo uso de esta violencia como propaganda, acusando al Gobierno de Espa\u00f1a de violar los derechos de los ciudadanos e inflando el n\u00famero de heridos durante las cargas policiales. Sin haber terminado el recuento, las autoridades catalanas anunciaron que hab\u00edan votado 2.286.217 personas, de las cuales el 90 por ciento hab\u00eda votado a favor de la independencia, lo cual legitimaba a la Generalidad a poner en marcha la Ley de Transitoriedad Jur\u00eddica y proclamar la independencia en 48 horas. La jornada electoral estuvo caracterizada por una falta total de rigor democr\u00e1tico, con gente votando varias veces, urnas llegando a los colegios electorales llenas de papeletas, y con un resultado que llegaba al 100,88 por ciento de votos.<\/p>\n
El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, declar\u00f3 d\u00edas despu\u00e9s ante el Parlamento catal\u00e1n que asum\u00eda \u00abel mandato de que el pueblo de Catalu\u00f1a se convierta en un Estado independiente en forma de rep\u00fablica\u00bb para ocho segundos despu\u00e9s proponer \u00abque el Parlamento suspenda los efectos de la declaraci\u00f3n de independencia para que en las pr\u00f3ximas semanas emprendamos un di\u00e1logo\u00bb. Un di\u00e1logo que se transform\u00f3 en una exigencia al Gobierno de Espa\u00f1a de acordar mutuamente los t\u00e9rminos de la independencia o de un nuevo refer\u00e9ndum pactado, algo que llev\u00f3 al Gobierno Central a activar el art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola para destituir al Gobierno catal\u00e1n, disolver el Parlamento regional rebelde, y convocar elecciones auton\u00f3micas el 21 de diciembre para restaurar la legalidad en Catalu\u00f1a. Al verse los l\u00edderes independentistas sin salida, un d\u00eda antes de que se aplicase el art\u00edculo 155, votaron la Declaraci\u00f3n Unilateral de Independencia (DUI).<\/p>\n
Un d\u00eda despu\u00e9s de la DUI, el ya expresidente de la Generalidad, que no acepta su destituci\u00f3n por las autoridades espa\u00f1olas, se traslad\u00f3 con cinco exconsejeros de su Gobierno a Bruselas, con la pretensi\u00f3n de internacionalizar el conflicto. Los miembros del antiguo Gobierno catal\u00e1n que se quedaron en Espa\u00f1a fueron enviados a prisi\u00f3n de manera preventiva por riesgo de fuga y se les acusar\u00e1 de rebeli\u00f3n, sedici\u00f3n y malversaci\u00f3n de fondos. Cargos similares ser\u00e1n interpuestos contra la presidenta del Parlamento catal\u00e1n, Carme Forcadell, y los dem\u00e1s miembros de la Mesa que permitieron la votaci\u00f3n de la DUI, que permanecen en libertad vigilada. Ante la negativa del expresidente de la Generalidad de volver a Espa\u00f1a a declarar por los mismos cr\u00edmenes, la justicia espa\u00f1ola emiti\u00f3 una orden de busca y captura internacional contra el expresidente y exconsejeros que se refugian en Bruselas, donde pretenden ralentizar su extradici\u00f3n el m\u00e1ximo tiempo posible.<\/p>\n
Mientras tanto, cerca de 2.000 empresas se han marchado de Catalu\u00f1a por la inestabilidad pol\u00edtica, se rumorea que Barcelona ha dejado de ser la ciudad preferida para reubicar la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que se traslada de Londres por el Brexit, el Mobile World Congress ha amenazado con cambiar a Barcelona como su sede para el 2019 si Catalu\u00f1a no recupera la estabilidad, y se calcula que la crisis catalana supondr\u00e1 un coste de entre 2.000 y 12.000 millones de euros a la econom\u00eda espa\u00f1ola.<\/p>\n
Espa\u00f1a ha recibido el apoyo de toda la comunidad internacional y los medios de comunicaci\u00f3n, mientras el movimiento independentista ha fracasado en su intento de internacionalizar el conflicto y recabar apoyos. Pero los motivos que a\u00f1os atr\u00e1s llevaron a un auge del sentimiento nacionalista siguen presentes en la sociedad catalana, y es labor de ambas partes, Gobierno Central y la futura Generalidad, reparar el da\u00f1o hecho y atender a las necesidades catalanas dentro del Estado de Derecho, respetando la Constituci\u00f3n y la unidad de Espa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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