Condena internacional por la decisi\u00f3n del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de suprimir la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional y la adjudicaci\u00f3n de sus competencias a la Sala Constitucional del TSJ. La decisi\u00f3n fue tomada tras desobedecer la Asamblea la petici\u00f3n del TSJ de no juramentar a los diputados del Estado de Amazonas tras irregularidades en la votaci\u00f3n en las pasadas elecciones legislativas. La oposici\u00f3n acus\u00f3 al Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro de cometer un golpe de estado y movilizaron a sus seguidores en protestas por todo el pa\u00eds. La comunidad internacional conden\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal como un atentado a la democracia, con declaraciones tanto de Mercosur como de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, as\u00ed como de muchos pa\u00edses. Sin embargo, horas despu\u00e9s Maduro exhortaba al TSJ a reconsiderar la sentencia, y el tribunal acat\u00f3 invalidando su propia sentencia. Esto se debe, m\u00e1s all\u00e1 de la presi\u00f3n externa e interna hacia al r\u00e9gimen, al poco apoyo que recibi\u00f3 el ejecutivo por parte de sus aliados tradicionales, Cuba no se pronunci\u00f3 sobre la sentencia, Rafael Correa declar\u00f3 que \u201cEcuador no es Venezuela\u201d y solo el presidente de Bolivia, Evo Morales, sali\u00f3 en apoyo de su mayor aliado.<\/p>\n
El trasfondo de la situaci\u00f3n es, sin embargo, m\u00e1s complejo y se ha de prestar atenci\u00f3n hacia Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) la empresa estatal del petr\u00f3leo, de la cual dependen ampliamente las cuentas venezolanas, y que se encuentra en una profunda crisis desde el golpe de estado de Hugo Ch\u00e1vez en 2002. La salida de los expertos de la petrolera por motivos ideol\u00f3gicos llev\u00f3 a la empresa estatal a perder cuota de producci\u00f3n por la incompetencia de la nueva directiva, elegida a dedo, y ha acarreado la situaci\u00f3n l\u00edmite de estos \u00faltimos meses. En abril el PDVSA afronta el pago de 2.900 millones de d\u00f3lares que, de no ser pagados, pondr\u00edan en riesgo el Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro. El presidente acord\u00f3 una soluci\u00f3n con Rosneft, petrolera propiedad del Gobierno ruso, que le proporcionar\u00eda liquidez para afrontar los pagos, pero dicho acuerdo requer\u00eda de la aprobaci\u00f3n de la Asamblea que mostr\u00f3 su negativa a firmar cualquier asociaci\u00f3n para poner fin al Gobierno de Maduro. Esto llev\u00f3 a la sentencia del TSJ, dominado por chavistas, que inhabilit\u00f3 a la Asamblea y permiti\u00f3 al tribunal modificar el reglamento para permitir a PDVSA la creaci\u00f3n de empresas mixtas p\u00fablico-privadas sin aprobaci\u00f3n legislativa. De esta forma Maduro asegura el acuerdo con Rosneft y la supervivencia de su Gobierno, a pesar de que Rosneft todav\u00eda no ha tomado una decisi\u00f3n definitiva. Rusia consigue del acuerdo un 10% de participaci\u00f3n en la filial Petropiar presente en la Franja del Orinoco (un 70% propiedad del Estado y un 30% de Chevron), una de las zonas de producci\u00f3n petrol\u00edferas m\u00e1s prometedoras del mundo y, en caso de que PDVSA no afronte sus pagos, se adjudicar\u00eda la mitad de las acciones de Citgo, la filial venezolana en Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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